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miércoles, julio 27, 2011

ANP: DICTAMEN QUE DESPENALIZA PARCIALMENTE DELITO DE DIFAMACIÓN ES POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

ANP: DICTAMEN QUE DESPENALIZA PARCIALMENTE DELITO DE DIFAMACIÓN ES POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) saluda la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la República del dictamen que modifica las penas aplicadas al delito de difamación y establece que esos casos serán sancionados con penas de multa y prestación de servicios a la comunidad y ya no con pena privativa de la libertad conforme rige en el actual artículo 132 del Código Penal.

Sin embargo, para la ANP dicha reforma aún es insuficiente pues debe ser establecida la plena despenalización del citado delito agravado, así como el delito de injuria y calumnia de los artículos 130 y 131 del Código Penal, conforme al estándar internacional establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las reiteradas recomendaciones efectuadas por la CIDH en tal sentido.

En el texto del dictamen aprobado se mantienen penas propias de los delitos como es la prestación de servicios a la comunidad entre 80 a 156 jornadas, que pueden convertirse en pena efectiva en caso de incumplimiento; y además se establecen sanciones desproporcionadas de 200 a 365 días multa.

La ANP reitera, una vez más, su antigua demanda de la despenalización total y definitiva de tales delitos y que estos pasen a ser competencia de los juzgados civiles, en caso de que efectivamente se hubiera causado daño al honor o intimidad de las personas.

Como organización gremial representativa de los periodistas peruanos, en cumplimiento de nuestros acuerdos congresales, en reiteradas oportunidades nos hemos dirigido a las autoridades competentes y a la ciudadanía denunciando el uso malicioso y abusivo de las querellas judiciales para amedrentar a los periodistas, ocultar las denuncias e investigaciones sobre casos de corrupción y de actuaciones poco transparentes de la Administración.


En razón a ello, hacemos un abierto llamado a los congresistas de la República, recientemente juramentados, para que el Poder Legislativo, en uso de sus funciones, proceda de una vez por todas a la despenalización plena de dichas conductas, que pasa por modificar lo establecido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado que prescribe que "(.) Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común".

Para la ANP la permanencia de las figuras delictivas de la injuria, calumnia y difamación en el Código Penal, considerados como típicos delitos de prensa, sigue constituyendo una grave amenaza a la prensa fiscalizadora, víctima frecuente de la prepotencia de quienes mal ejercen el poder político, quienes buscan silenciar la crítica mediante el abuso de recursos jurídicos incompatibles con una sociedad moderna, democrática y constitucional.



27 de julio del 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

sábado, julio 23, 2011

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.

Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.

En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.

Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.

La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.





Lima, 23 de julio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE




ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.

Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.

En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.

Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.

La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.



Lima, 23 de julio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

lunes, julio 18, 2011

FIAN Honduras: JUSTICIA LABORAL PARA LOS PERIODISTAS HONDUREÑOS

Leonel Casco Gutierrez clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com

¿QUIÉN DEFIENDE LOS DERECHOS DE LOS PERIODISTAS EXPLOTADOS Y REPRIMIDOS?

Los derechos laborales son irrenunciables, no se pueden disminuir, restringir o negar según lo establecido en el artículo 127 y 128 de la constitución, pues son garantías sociales, protegidas y reguladas por el código del trabajo y los convenios internacionales de la OIT, por lo que la compañera Lenis Fajardo debe solicitar una inspección laboral a esta empresa de comunicación, en vista de que al firmar sucesivamente contratos adquirió permanencia laboral y no puede ser despedida sin la debida justificación por las causales establecidas en el artículo 112 del código del trabajo.

DEBER DE RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES
Toda empresa sea de un empresario de Derecha o disfrazado de Izquierda esta obligado a respetar los derechos y garantías constitucionales del trabajo y el Estado a través de la Secretaría del Trabajo debe amparar tales derechos, por lo que a partir de este caso, debería de servir para iniciar un estudio a través de una supervisión laboral no solamente de Radio Globo, donde sabemos que los trabajadores de la Comunicación no se les paga los salarios establecidos en el ARANCEL DEL PERIODISTA E IGUAL EN ALGUNOS ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL, tampoco los afilian al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y mucho menos cotizan al Instituto de Previsión del Periodista. Son diversos medios de comunicación hablados, escritos y televisados que incurren en estas violaciones, obligando a los y las periodistas a tener que venderse como mercaderes ante los políticos y empresarios corruptos para obtener publicidad y beneficiarse con un porcentaje del 20 y 30% de la misma, quedándose el empresario del medio o el Director del programa con la mayor cantidad, lo que les sirve para andar en carrazos de lujo, mientras los reporteros y camarógrafos andan a pie y ha jalón como me consta.

Estas son las bonanzas que el Estado les confiere al otorgarles frecuencias y licencias de operación hasta por 20 años y creo que ahora es hasta por 50 años, los que les da poder y por eso le temen a los movimientos sociales y políticos que plantean rescatar o reivindicar estos bienes propiedad del Estado para ponerlos al servicio de la sociedad en general y como PODER MEDIÁTICO son capaces hasta de hacer caer gobiernos, promover golpes de Estado y campañas des informativas, desmovilizadoras, calumniadoras, manipuladoras de la población, generando división y polarizaciones para mantenernos sometidos ante la oligarquía a quién le sirven y forman parte.

NECESIDAD DE ASISTENCIA JURÍDICA LABORAL
Públicamente pido a los abogados laboristas de la resistencia, como el compañero Leopoldo Enrique Romero Banegas, Miguel Zelaya y otros que apoyen y asesoren en esta materia a la periodista Lenis Fajardo y se siente un precedente judicial con esta empresa en la que tarde o temprano cada uno de los actuales periodistas, igual que los directores de programas seguirán siendo víctimas de los intereses egoístas y financieros del propietario.

PROMOVER UNA INVESTIGACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO LABORAL DE LOS PERIODISTAS EN LOS MEDIOS

Así mismo podemos pedir a la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), instancia que no tiene compromisos con sectores empresariales, para hacer una investigación especial de la situación laboral de los y las periodistas en los principales medios de comunicación del país, tal como lo han hecho con las diversas empresas de seguridad, las empresas de comidas rápidas afiliadas al grupo INTUR, quienes evaden impuestos y algunas empresas maquiladoras que niegan los derechos de maternidad y seguridad social de las mujeres.

PROHIBICIÓN DE CELEBRAR CONTRATOS CON EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
El Estado de Honduras a través del gobierno central y gobiernos locales, deberían de prohibir la celebración de contratos de publicidad con toda aquella empresa de comunicación que no tenga un certificado de cumplimiento de las garantías y derechos laborales, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de proteger a cada uno y una de las trabajadoras de la comunicación, lo que debería ser coordinado con el Colegio de Periodistas de Honduras y la Asociación de Prensa.

INTERVENCIÓN DE LA OIT
Con este reportaje del Periodista hondureño Ronnie Huete, queda clara la necesidad de que los periodistas hondureños tengan que organizarse mejor en asociaciones alternas, afiliarse a centrales obreras y solicitar la intervención de la OIT, para que elabore estudios in situ y formule recomendaciones al Estado de Honduras sobre la materia.


Leonel Casco Gutierrez

Procurador de los Derechos Humanos

Cel. 9892-6935

sábado, julio 16, 2011

ANP REPUDIA ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN AREQUIPA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) repudia públicamente los actos de violencia ocurridos el último 10 de julio, en el distrito de Uchumayo, departamento de Arequipa, contra los periodistas Miguel Ángel Avendaño, director de prensa de radio La Exitosa; Melgar Valdivia, reportero de Viva TV; Fernando Villafuerte Yábar, reportero de América TV y Julio Angulo, reportero gráfico del diario La República.


Los comunicadores sociales fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de trabajadores y del servicio de serenazgo del municipio del distrito de Uchumayo, a los que se sumó un grupo de personas desconocidas, quienes perpetraron este incalificable hecho contra los informadores quienes se encontraban cumpliendo con su deber profesional en forma independiente y sin intervenir en los conflictos sociales que estaban ocurriendo en el lugar.

En dicha ocasión los periodistas atacados trataban de dar cobertura informativa a una asamblea popular convocada por el Frente de Defensa de Uchumayo para ventilar las denuncias de corrupción contra el alcalde de la localidad, Vidal Pinto Paredes. El primero en ser atacado fue el periodista Miguel Ángel Avendaño quien decidió entrevistar a un grupo de personas que se encontraban frente a la plaza donde se realizaba la asamblea, celebrando una reunión paralela en favor del alcalde y con intención de impedir el pedido de vacancia.

Al aproximarse al grupo y sin ninguna justificación o motivo los periodistas fueron insultados y golpeados acusados parcialización y de ser contrarios al cuestionado alcalde Pinto Paredes. El grupo agresor, sin entender explicaciones, ni respetar su evidente condición de periodistas, decidieron en el extremo de tan arbitraria y sorpresiva reacción, no sólo insultarlos y golpearlos, sino inclusive, destruyeron la cámara fotográfica que portaba el reportero Julio Angulo, del diario La República.

La ANP ante actos de tal gravedad, en los que para defender a una autoridad se recurre a conductas delictivas como son el agredir, golpear, insulta y vejar a las personas sin ningún derecho ni motivo, impidiéndoles, incluso, de manera intencionada, el ejercer las actividades propias de su quehacer profesional, demanda a las autoridades policiales y al Ministerio Público una pronta y efectiva investigación a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si para perpetrar dicho ataque existió orden o disposición de alguna persona o funcionario, en particular.

Para la ANP este incalificable ataque constituye un grave atentado contra la libertad de expresión, pues mediante tales actos se ha tratado de amedrentar y silenciar a los periodistas, quienes se limitaban a cubrir la información de un acontecimiento que era de interés para la comunidad.




16 de julio del 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Perú - La Libertad: Falleció director de revista “Muchik”

CORREO

Redacción multimedia - web@epensa.com.pe


El creador de los premios "Muchik de Oro" y de la revista Muchik, Luis Fernando Gurmendi Sánchez, falleció el último martes a los 58 años de edad. Según sus familiares fue un repentino paro cardíaco el que apagó su vida en la Unidad de Emergencias del hospital Belén.


Al entusiasta organizador y hombre de prensa se le recuerda por haber trabajado muchos años en Hidrandina, así como por las premiaciones a los emprendedores más resaltantes de La Libertad gracias al reconocimiento "Muchik".

Hasta siempre Fernando.

Nota de redacción: Fernado Gurmendi fue un gran ser humano, mejor amigo, muy decente, muy colaborador, amable y de muchisima simpatia. En el medio periodistico, los que lo conocimos lamentamos su perdida.

jueves, julio 14, 2011

ANP RECHAZA PROYECTO DE LEY QUE CRIMINALIZA LABOR DE PERIODISTAS

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su público rechazo al proyecto de ley presentado por la Corte Suprema de Justicia, que penaliza la difusión de comunicaciones obtenidas a través de la interceptación telefónica ilegal, por considerar que dicha iniciativa establece una forma de censura previa que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión personal como colectiva.

Esta iniciativa, propia de regímenes autoritarios que coartan la libertad de prensa mediante acciones de fuerza o normas legales, maniata y criminaliza la labor de los periodistas convirtiendo la tarea de informar en una de las conductas más peligrosas de la sociedad, de una gravedad similar a la de los crímenes atroces, pues se sanciona con penas desproporcionadas y absurdas, que van de seis a diez años, a quienes difundan a través de la prensa audios procedentes de la interceptación telefónica. Esto es que se orienta a sancionar y atemorizar drásticamente a los periodistas, promoviendo una cultura del silencio y el secretismo.

Para la ANP pretender que la actividad informativa y el derecho de expresión puedan depender de la aprobación, decisión o arbitrio de los jueces es concederle al Poder Judicial facultades que son contrarias a la Constitución y a las disposiciones sobre libertad de expresión que garantizan las normas internacionales y regionales sobre derechos humanos, cuya doctrina y jurisprudencia rechazan todo tipo de censura y control previo.

La ANP mantiene su negativa y rechazo a la aprobación de dicho proyecto que plantea modificar el artículo 162 del Código Penal, por considerarlo no sólo atentatorio a los derechos que tienen todas las personas a la libertad de expresión sino, además, porque no se ha ponderado la naturaleza de la labor informativa que cotidianamente devela actos de inconducta pública, la actuación impune de las mafias de la corrupción, el narcotráfico y demás formas delictivas de carácter mafioso organizado, que precisamente descargan su odio y violencia contra los periodistas que descubren y denuncian sus crímenes. En razón a ello la modificación planteada constituye en el fondo una grave limitante para el libre ejercicio de la profesión periodística, más aún en un país como el nuestro que requiere de una prensa que no se encuentre amordazada.

Para la ANP es el periodista, guiado por los principios de la ética profesional, quien debe evaluar la trascendencia de la información de interés público, en tanto corresponde al juez administrar justicia contra aquellos que actúan al margen de la ley interceptando ilícitamente la privacidad de las comunicaciones.



14 de julio del 2011



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

martes, julio 12, 2011

Justicia para los periodistas mexicanos asesinados y desaparecidos

México D.F., 7 de diciembre (OCLACC).- Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) convocan al gremio periodístico, a las organizaciones políticas y a la sociedad civil a participar del foro Justicia para los Periodistas Asesinados y Desparecidos con la finalidad de rechazar la impunidad que padecen los periodistas mexicanos desde hace una década.

El foro abierto al público, en el que participarán familiares, amigos y personas cercanas a las víctimas, se llevará a cabo este 10 de diciembre de 2011 en la ciudad de México, frente al monumento a Francisco Zarco, a las 10:00 horas.

Entre los asistentes se contará con la presencia de Alan García, funcionario de la oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. Reporteros sin Fronteras estará representada por Benoît Hervieu, responsable del despacho Américas de la organización.


El evento contará también con la participación de Rafael Pineda, "Rapé", uno de los caricaturistas de la campaña "¡Basta de Sangre!" -
"No + sangre"

Según Reporteros sin Fronteras, México se encuentra entre los países más peligrosos para la libertad de información.

La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los 80 asesinatos registrados en contra del gremio desde el año 2000, a los cuales se suman 14 desapariciones registradas desde el año 2003. Esta situación se ha intensificado y agravado aún más desde la ofensiva federal contra el narcotráfico, emprendida en diciembre de 2006 bajo la administración del presidente Felipe Calderón, cuyo balance humano se eleva ahora a 50,000 muertos. El foro "¡Justicia para los Periodistas Asesinados y Desparecidos!", se realiza en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 y que consagra el derecho de todo ciudadano de informar, ser informado, vivir en libertad, paz, seguridad y gozar de una justicia en condiciones de igualdad.

Las mafias y los carteles, figuran en México, y en otras partes del mundo, como la principal fuente de peligro físico para los periodistas. Sin embargo la ofensiva federal que debía responder a esa amenaza ha incurrido en excesos y, "en última instancia esta estrategia ha probado su fracaso tanto en México como en los países donde ha sido aplicada", afirman los organizadores del foro.La iniciativa de Reporteros sin Fronteras y del CEPET espera integrarse al vasto movimiento ciudadano que demuestra que la sociedad civil mexicana no ha renunciado a defender los valores fundamentales de una democracia.

Los organizadores hacen un llamado a los periodistas, los defensores de los derechos humanos, las personalidades del mundo de la cultura, el derecho y la política, a unirse al foro que acontecerá este 10 de diciembre de 2011 en el monumento a Francisco Zarco, en la ciudad de México, Distrito Federal, de las 10:00 a las 13:00 horas para decir: "¡No a la impunidad!"


Fuente: Reporteros sin Fronteras

lunes, julio 11, 2011

Alerta Perú (CHEPÉN) - JUEZA CONDENA A PERIODISTA A DOS AÑOS DE PRISIÓN SIN CORRECTA VALORACIÓN DE PRUEBAS

El 6 de julio de 2011, en la provincia de Chepén, departamento La Libertad, María Elizabeth Zulueta Cabrera, jueza del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chepén - Pacasmayo, condenó a dos años de prisión al periodista Hans Francisco Andrade Chávez, por el presunto delito de difamación agravada.En la resolución, además, se fija el pago de 4 mil nuevos soles por concepto de reparación civil y ciento veinte días multa descontados del veinticinco por ciento de su ingreso promedio diario. También, se le ordena que se rectifique y desagravie públicamente al supuesto ofendido -Juan José Vásquez Romero, subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén- por el mismo medio de comunicación televisivo por un espacio de dos días, con los costos totalmente asumidos por él. Asimismo, se le impuso costas en ejecución de sentencia y se cumpla con la inscripción de la condena, vale decir antecedentes penales. Zulueta Cabrera, concluyó que las transcripciones de un video donde sólo existen críticas y opiniones sobre la conducta e imagen del funcionario público, son suficiente prueba para condenar al periodista, sin tomar en cuenta, la causa debidamente justificada y que manda la ley, esto es el ejercicio legítimo del derecho de información, expresión y opinión del periodista sobre un hecho cierto y público.Hans Francisco Andrade Chávez, quien conducía el noticiero de América Noticias en Chepén, entrevistó a varias personas, entre ellas, a Carla Beatriz Rodríguez Herrera, coordinadora del partido político Alianza por el Progreso, en esa jurisdicción, quien denunció públicamente a Juan José Vásquez Romero de haberla amenazado de muerte en plena vía pública y en presencia de testigos. Tras informar sobre el caso, el subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén querelló al periodista, adjuntando como medio de prueba el video cercenado de la entrevista, donde sólo aparece el comunicador, más no los entrevistados.La denunciante, además, no sólo fue entrevistada por Andrade Chávez, sino por otros periodistas. El hecho veraz es consignado en una declaración jurada, un pedido de garantías personales y, testimonios de descargo presentados en el juicio. Sin embargo, para la jueza es "totalmente irrelevante si las atribuciones que realizó el querellado son verdaderas o falsas", contradiciendo reglas de ponderación del Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República, de carácter vinculante, en conflictos como el presente caso. El periodista no sólo ha sido condenado, sino que el 16 de marzo pasado, por presiones ante la gerencia de la central de América TV, en Lima, dejó de conducir el noticiero.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.

Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/, http://www.ofip.blogspot.com/ , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

miércoles, julio 06, 2011

CARTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL PERÚ AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ELECTO OLLANTA HUMALA TASSO

Lima, 05 de julio del 2011

Señor
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional Electo de la República
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:


Es grato dirigirnos a usted, en representación de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con el objeto de expresar nuestro respetuoso saludo, en vísperas de la asunción del mandato presidencial que le ha encomendado el pueblo soberano y, al mismo tiempo, para hacer de su conocimiento la posición gremial que tenemos como comunicadores en medios de prensa, respecto a los derechos sociales y económicos regulados por ley, actualmente irrespetados en el sector público y en el sector privado, así como en lo pertinente al uso que debe hacerse del espectro electromagnético, importante patrimonio de la Nación que administra por ley el Estado, pero que presenta vacíos y muestra una estructura jurídica discriminadora.

Lo anterior, de otro lado, se articula con una firme conducta de carácter institucional, que nos obliga a respetar y hacer respetar los estatutos y los acuerdos congresales de esta organización, cuya trayectoria acrisolada a lo largo de ininterrumpidos 83 años, tiene el soporte de 89 asociaciones provinciales y 9 mil afiliados en todo el territorio nacional y cuyas luchas gremiales por hacer de la información un derecho del pueblo, tal como hicieron ayer sus fundadores, entre ellos Germán Lazarte, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui, no tienen punto final, en tanto la sociedad misma evoluciona y se retroalimenta cívicamente afrontando la multiplicidad de los cambios sociales, propios de la existencia humana.

Antes de presentar una relación sucinta de nuestra posición en asuntos gravitantes para el país, debemos recalcar que la presente no es una comunicación ceñida por adhesiones u oposiciones. Va más allá de ese candor circunstancial que se da con frecuencia en la realidad política y tiene, más bien, un propósito informador a fin de que forme parte de la agenda del gobierno a instalarse constitucionalmente el 28 de julio del año en curso:

I. Derechos sociales y económicos de los periodistas:

A partir de 1990, los trabajadores periodistas y en general los trabajadores, sufren las consecuencias de una severa política de ajuste estructural, promovida políticamente para afirmar las bases de un modelo económico sustentado en la primacía del mercado. Los trabajadores han sido los más afectados por la perversidad del proceso, con la consiguiente descalificación de la fuerza de trabajo. Las modificaciones regulatorias han facilitado el incumplimientos de las normas de carácter laboral y el continuo descenso del valor de las remuneraciones, condiciones sociales y niveles de empleo.

II. La información de interés público y el uso del espectro radioeléctrico:

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- permiten integrar al ser humano, cualquiera sea el tiempo o distancia que le separen. También hay avances considerables, en materia de tratados internacionales y legislaciones de diversos rangos normativos en otras latitudes ajenas a la nuestra, que fortalecen los derechos humanos de la información y de la comunicación. Esto no sucede en nuestro país. Al contrario se niega la posibilidad de superar criterios autoritarios o monopólicos. Esto ocurre con la actual ley de radio y televisión y su aplicación en el uso del espectro radioeléctrico. La marginación de sectores trascendentes de la sociedad que deberían de participar con voz propia en el debate y en el desarrollo de una convivencia democrática, es antidemocrático. El poder político vigente cuida las espaldas de un poder económico que concentra en forma unipolar el derecho ciudadano a informar y ser informado, con frecuencia desvirtuando la verdad.

III. La despenalización de los delitos de prensa:

Las estadísticas, sobre todo a partir de 1990, señalan con frialdad una constante persecución contra periodistas que investigan y revelan actos de corrupción en la administración pública, criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas, querellándoles por supuestos delitos contra el honor. El objetivo es acallarlos, haciendo uso de normas hoy obsoletas, conforme lo expresan los informes de la Comisión para la Libertad de Prensa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú discrepa con el silencio del Estado al respecto, más aún cuando existen mecanismos menos gravosos que, con igual eficacia, conllevarían a resarcir el derecho al honor vulnerado y en tanto, también, se concibe en estos tiempos el derecho penal como instrumento de control social que debe estar reservado a actos ilícitos que atentan contra la integridad física y la vida principalmente, así como contra los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio del Estado o lo que atentan contra la salud pública y los denominados de lesa humanidad, como las ejecuciones forzadas entre otros similares. La despenalización de los delitos de prensa significaría el reconocimiento ciudadano al trabajo periodístico que no se limita a informar, toda vez que ahora opina, analiza y critica en todo cuanto es de interés público.

IV. El diálogo social, clave del desarrollo humano:

Lo social es lo humano. Es la clave central en la agenda de toda la problemática política, económica, ética y cultural del nuevo desarrollo. Para ese logro es importante el diálogo y la concertación. No existe otro camino. Lo distinto sería la represión que solo engendra más violencia y la discriminación que descalifica a los ciudadanos porque carecen de poder económico o poder político. La ANP considera que la ausencia de diálogo y de concertación es la causa de la subsistencia de una mayoría de gente condenada a la pobreza crítica, a la miseria, a la exclusión social, a la degradación más radical de su dignidad. Por eso demanda del nuevo administrador del Estado el diálogo horizontal con todos los sectores de la población, sin marginaciones. Que no se repita lo que ya se ha hecho repudiable costumbre en el sector de la prensa, donde el gobierno cree que su único interlocutor válido es el empresariado adinerado de los medios de comunicación masiva.

Señor Presidente Electo, es cuanto podemos decir en esta misiva, haciéndole recordar que así como es peligroso dejar la guerra sólo en manos de quienes disparan los cañones, también es peligroso que el futuro social y económico del país quede sólo en manos de quienes no tienen otro Dios que el dinero.


Atentamente,

Roberto Mejía Alarcón
Presidente

Zuliana Lainez Otero
Secretaria
General

lunes, julio 04, 2011

Alerta Perú (CAMANÁ) - ALCALDE QUERELLA A PERIODISTAS Y LOS DECLARA PERSONAS "NO GRATAS" AL MUNICIPIO


Los periodistas Marco Antonio Turpo Cari y Carlos Astete Espinoza, de radio Juventud, en la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, fueron querellados por difamación agravada por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, Víctor Antonio Chávez de la Cadena, quien solicita tres años de pena privativa de libertad y una reparación civil solidaria ascendente a medio millón de soles (aproximadamente 180 mil dólares).


El reciente 21 de junio el Segundo Juzgado Unipersonal en lo Penal de Camaná resolvió admitir la querella interpuesta por la autoridad provincial quien aduce lesión a su honor por las opiniones vertidas por los comunicadores sociales sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de obras de desagüe, hipotecas de bienes inmuebles propiedad del municipio y por dar lectura a actas de sesión del Consejo Municipal, que por naturaleza tienen carácter público.


El periodista Turpo Cari asegura que el alcalde, a fin de interponer la querella, ha editado audios en los que registra opiniones de la población y se las ha atribuido.


El alcalde argumenta que los periodistas han vertido versiones malintencionadas, insultantes y carentes de toda veracidad, utilizando términos impropios, adjetivos ofensivos que atentan contra la moral y la buena imagen de las autoridades municipales.


Lo inexplicable es que teniendo oportunidad de aclarar lo que la autoridad califica como versiones malintencionadas, el alcalde hizo caso omiso al reiterado pedido formal de información sobre las obras de alcantarillado del municipio, solicitud presentada por los comunicadores, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el 15 de abril y 30 de mayo.


En la querella también han sido consignada, bajo la figura de tercera civil responsable, la dueña de la Radio Juventud, Ana Valeriano Fuentes.


Hace algunos meses (21 de marzo del 2011) los periodistas Turpo Cari y Astete Espinoza, mediante acuerdo de Concejo 028-2011-MPC-C fueron declarados personas "no gratas" al Municipio provincial argumentándose que utilizaban libertinamente la libertad de prensa para atacar el honor de las personas, poniendo en evidente peligro la formación moral, psicológica y social de la niñez y la ruptura de las relaciones humanas de los que hermanadamente viven en Camaná
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web:
http://www.anp.org.pe
/ www.ofip.blogspot.com, E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

domingo, julio 03, 2011

Alerta Perú (CHEPÉN) - INTENTAN DILATAR JUICIO ORAL EN PERJUICIO DE PERIODISTA QUERELLADO POR DIFAMACIÓN

Alegando fallas técnicas en el registro auditivo de la audiencia del reciente 27 de junio en la que testificaron personas en favor del periodista Hans Francisco Andrade Chávez, querellado por difamación agravada por Juan José Vásquez Romero, funcionario de la municipalidad de la provincia de Chepén el asistente del Juzgado Penal Unipersonal Supranacional de Chepén-Pacasmayo pretendió forzar a la jueza a repetir el juicio oral ante ausencia de una grabación que permita una transcripción completa.

Carlos Salvador Cuneo Tafur, asistente de la audiencia advirtió que "la grabación obtenida reproducía un ruido que le impedía escuchar lo que las partes habían mencionado". Esto, a pesar, que el material de otras personas presentes en la sala observaban un registro auditivo y visual nítido.

En razón a ello, y tras la decisión inicial de la jueza de reprogramar la audiencia para volver a examinar a los testigos claves en este proceso, el querellado Hans Andrade Chávez presentó ante la jueza copias de la grabación de la sesión, tanto en imagen y voz, registradas por periodistas que asisten al juicio oral.
Tras corroborar la conformidad del material y considerando que los testigos viven fuera de la ciudad, la autoridad jurisdiccional aceptó el audio proporcionado y dispuso lectura de sentencia para este lunes 4 de julio.

Hans Francisco Andrade Chávez, comunicador social, quien conducía el noticiero de América Noticias en esa ciudad, fue querellado, el pasado 31 de marzo, por el presunto delito de difamación agravada por Juan José Vásquez Romero, subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén.

El querellante acusa al periodista de lesionar su honor y buena imagen al cuestionar y criticar su calidad de funcionario público. Esto por las opiniones expresadas por el periodista tras la entrevista realizada a Carla Beatriz Rodríguez Herrera, coordinadora de un partido político, quien acusaba al funcionario público de haberla amenazado de muerte.

Para el querellado dicha noticia era de legítimo interés público y no tenía el ánimo doloso de lesionar honor ajeno. Esta información, además, fue publicada por todos los medios de comunicación de la ciudad.
Beatriz Rodríguez, precisamente, testigo de descargo, ratificó su denuncia ante la jueza.

El periodista ha denunciado el hecho como un claro ejemplo de presión jurídica que vulnera su derecho de libre expresión, opinión y crítica.

Hans Andrade Chávez, ha señalado, además, haber sido víctima de hostigamiento, primero cuestionándose su ejercicio legal de comunicador y luego atentando contra su derecho al trabajo. Esto último, porque por presiones ante la gerencia de la central de América TV, en Lima, el 16 de marzo el noticiero que dirigía fue sacado del aire.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / www.ofip.blogspot.com, E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

domingo, junio 26, 2011

FIP: abierto el proceso para seleccionar un secretario general adjunto

PES.- El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas y el Comité Director de la Federación europea de periodistas (FEP) han abierto el proceso de selección de un nuevo Secretario General Adjunto de la FIP-Secretario general de la FEP que se establecerá en Bruselas para dedicar el 50% del tiempo para a función, bajo la autoridad del Secretario General de la FIP y del Comité Directivo de la FEP.

La persona seleccionada debe tener las siguientes habilidades:

1. Experiencia y conocimiento considerable del sindicalismo, una capacidad contrastada para dirigir e inspirar.
2. Experiencia y conocimientos sobre periodismo y cuestiones generales relacionadas con los medios de comunicación y los periodistas en todo el mundo.
3. Experiencia en la dirección de campañas y la negociación con instituciones.
4. Conocimientos y experiencia sobre cómo gestionar de modo efectivo los recursos humanos de una organización, así como capacidad para motivar a equipos y gestionar simultáneamente varios proyectos.
5. Capacidad para desarrollar e implementar planes financieros, así como de gestionar recursos y obtener financiación y fuentes de ingresos.
6. Comunicación escrita y verbal profesional y habilidades de relación interpersonal. Capacidad de comunicarse e interactuar con funcionarios de todos los niveles, así como de trabajar de manera efectiva con los afiliados.
7. Conocimientos sobre técnicas de comunicación y relaciones públicas y capacidad para elaborar y entregar informes y presentaciones.
8. Fluidez en inglés y francés o alemán. La fluidez en el segundo idioma será considerada una ventaja.

Ver funciones a desempeñar en ambos puestos y presentar la candidatura antes del 31 de julio de 2011, si se cumplen lo siguientes requisitos: Ser miembro de un sindicato o tener una experiencia en un sindicato como cargo con dedicación parcial o a tiempo completo. Haber trabajado como periodista. Estar dispuesto a trasladarse a una distancia razonable de la sede de la FIP/FEP en Bruselas.

El secretario general suscribirá un contrato abierto, que incluye un período de prueba de seis meses, con un salario mensual de 4.600 € abonados de conformidad con el sistema salarial belga. Los beneficios adicionales se abonarán de conformidad con las disposiciones del convenio de trabajo de la Federación Internacional de Periodistas.

Una vez nombrado, el candidato debe firmar el contrato de empleo antes de que se confirme la oferta.

Las personas interesadas en presentar su candidatura o solicitar más información deben dirigirse en prioridad a: job@ifj.orgEsta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 31 de julio de 2011 a las 12 de la medianoche
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viernes, junio 24, 2011

ANP SALUDA RESOLUCIÓN DE TC QUE TUTELA DERECHOS DE RADIO ILO

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) saluda la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que tutela los derechos de Radio Ilo, emisora que en abril del 2010 fue víctima de un inusitado e ilegal allanamiento a sus instalaciones. Dicha sentencia sienta un importante precedente en la defensa de la libertad de expresión y del quehacer de los periodistas frente a la actuación arbitraria de los funcionarios y autoridades públicas.


La ANP recuerda la irrupción a las instalaciones de Radio Ilo como uno de los hechos más funestos del periodismo en dicha provincia. El 28 de abril del 2010 un equipo de fiscales intervinieron las oficinas de la radio sin una previa notificación ni autorización judicial alguna. En aquella oportunidad los fiscales adjuntos, acompañados de efectivos policiales, ingresaron de forma violenta a la cabina de transmisión durante la transmisión en vivo del programa "Ilo en la Noticia". La intención era apoderarse e impedir la difusión de un audio que contenía la confesión de un ex funcionario de la municipalidad provincial de Ilo que daba cuenta de irregularidades en la gestión del entonces alcalde de la provincia.

El pretexto de la intervención fiscal y policial fue motivada por una supuesta protección de la identidad del testigo protegido, cuando en realidad el nombre e identidad del mencionado ex funcionario municipal denunciante había sido difundido con anterioridad por diversos medios de comunicación, siendo inexistente tal objeto de protección, resultando que en el fondo se trataba de impedir la difusión de dicho material periodístico.


El periodista agraviado, Enrique Lazo Ramírez, con pleno respaldo gremial de la ANP, formuló en su momento la queja por coacción a la libertad de expresión y al libre ejercicio del trabajo periodístico y solicitó se sancione ejemplarmente a quienes incurrieron en actos que contravienen con los deberes y responsabilidades del Ministerio Público.


Pese a las evidencias y pruebas existentes la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua dictó resolución declarando que no era admisible la demanda de Habeas Corpus Preventivo interpuesta por la parte agraviada.


En razón a ello, la ANP destaca la importancia de la resolución del Tribunal Constitucional que ha decido revocar la resolución de la citada sala de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, y ha declarado nulo lo actuado, debiendo admitirse a trámite la demanda.


Para el gremio de los periodistas peruanos la decisión del Tribunal Constitucional corrobora que las autoridades locales actuaron sin haber efectuado la investigación necesaria que permita determinar si se había producido o no la alegada afectación de derechos.


La ANP destaca la importancia del contenido de la resolución dictada por el TC que permitirá ejercer la defensa de los derechos en términos de igualdad, aún cuando los infractores sean fiscales y policías, resguardando las garantías procesales y los derechos y libertades de los ciudadanos.




Lima, 24 de junio 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP CONDENA AGRESIÓN A PERIODISTAS EN HUANCAYO Y DEMANDA INVESTIGACIÓN




La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condena las agresiones de las que fueron víctimas un grupo de periodistas que daban cobertura informativa a una protesta de estudiantes de la Universidad del Centro, en la ciudad de Huancayo, en el frontis de dicho centro de estudios.

La ANP ve con enorme preocupación no sólo la violencia con que se reprimió a los estudiantes sino, además, los insultos y amenazas proferidos por efectivos policiales contra los periodistas que se encontraban en dicho lugar cumpliendo estricta labor informativa.


Llama la atención la directa y decidida actuación de agredir a los periodistas físicamente y también de arrebatar sus cámaras fotográficas y filmadoras con el objeto de destruir el material registrado y ocultar las imágenes grabadas por los reporteros
Víctor Munive (Panamericana Televisión), Jesiel Sauñi (RPP), Junior Meza (Diario Primicia) y Efraín Rojas (Ideeleradio).

La ANP denuncia la desproporcionada e ilícita actuación de las fuerzas del orden en las citadas circunstancias y llama la atención por direccionar los ataques contra los periodistas y agredirlos con el objeto de impedir su labor. El gremio ve, con especial preocupación, el retorno de prácticas que constituyen un directo ataque a la libertad de información, como lo es la destrucción del material periodístico. Dichas conductas están explícitamente prohibidas, incluso, en conflictos armados.

Frente a la gravedad de los hechos la ANP demanda al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de la Nación una inmediata investigación y sanción de las agresiones y reclama determinar las responsabilidades de los efectivos de la Policía Nacional del Perú que decidieron impedir las labores profesionales de los periodistas apropiándose y destruyendo material de trabajo destinado a informar a los ciudadanos sobre hechos de interés público.



24 de junio 2011






COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

martes, junio 21, 2011

OTRO PERIODISTA ASESINADO EN MÉXICO: ¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?

OTRO PERIODISTA ASESINADO EN MÉXICO:
¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?


La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) tras expresar su permanente consternación ante la extrema violencia contra los periodistas en México demanda, una vez más, una acción efectiva del Estado mexicano que parece inerte ante los crímenes.

La FEPALC está convencida que el caldo de cultivo de estos asesinatos es que tienen garantizada la impunidad. Es terrible que a la fecha, con más de un centenar de colegas asesinados en los últimos 10 años, no haya ningún responsable en la cárcel. Es más nefasto constatar que en la mayoría de los crímenes de los últimos años el episodio que anticipa al asesinato es una amenaza que terminada siendo desestimada por las autoridades.

Tal es el caso del colega Miguel Ángel López Velasco, periodista y columnista del diario digital Notiver, quien fue acribillado en su domicilio, en el estado de Veracruz, el último 20 de junio, junto a su esposa y su hijo, Misael López Solana, quien desempañaba labor de reportero gráfico para el mismo medio.

López Velasco cubría temas de seguridad y narcotráfico, por lo que la FEPALC demanda que se privilegie la pista profesional en la investigación del crimen.
Esta explícita solicitud responde al hecho real que las autoridades locales, en todos los casos registrados a la fecha, parecen empeñadas en desvincular los crímenes del ejercicio profesional. Nos preguntamos, entonces, ¿quiénes y por qué matan a nuestros compañeros?. Queremos respuestas.

La FEPALC tras condenar este nuevo hecho de violencia con la mayor firmeza, se suma a la acción del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), su organización afiliada, que persiste en reclamar con todo derecho que el Estado cumpla con su deber de prevenir e investigar los crímenes, secuestros, intimidaciones y amenazas, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

Demandamos, además, poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la vida y seguridad de los periodistas, en particular, quienes reportan desde lugares señalados de alta peligrosidad para el ejercicio periodístico.

El asesinato de Miguel Angel López eleva a seis la cifra de colegas victimados en lo que va del 2011. A ello se suma la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del diario Novedades de Acapulco, en el estado de Guerrero, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de junio último, paradójicamente fecha en que en México se celebraba el Día de la Libertad de Expresión.



21 de junio 2011

Celso Schroder
Presidente FEPALC

Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)


Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).


Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC, a través del
e-mail:
fepalc.derechoshumanos@gmail.com
, o visite la web: www.fepalc.org


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FEPALC DEMANDA INMEDIATA LIBERTAD DE PERIODISTA PERUANO ENCARCELADO HACE DOS MESES

FEPALC DEMANDA INMEDIATA LIBERTAD DE PERIODISTA PERUANO ENCARCELADO HACE DOS MESES

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) demanda la inmediata libertad del periodista peruano Paul Segundo Garay Ramírez, recluido en un centro penitenciario desde hace dos meses, por considerar que ha sido sentenciado a pena efectiva de prisión sin ponderarse debidamente las pruebas presentadas en su contra en la querella que por difamación le inició el titular del Ministerio Público del departamento de Ucayali.

El hecho que un periodista esté en prisión por una querella por difamación nos reclama la atención a un tema mayor, que es la inmediata necesidad de adecuar el ordenamiento legal peruano a lo que dicta la doctrina mundial que prescribe al ámbito civil todo proceso emprendido por presunta difamación. Para la FEPALC, lo importante es resarcir el derecho al honor lesionado y no centrarse en el castigo al periodista.

Continuar penalizando el delito contra el honor significa perseguir criminalmente a las personas y periodistas por razón de sus expresiones y opiniones, lo que resulta absurdo en una sociedad moderna, donde la libertad de expresión y opinión debe imperar en un Estado democrático y de Derecho.

Para la FEPALC la sentencia contra el periodista Garay Ramírez es desproporcionada, desmedida e inhibitoria, más cuando se trata de un proceso en el que se encuentra incurso un funcionario público, expuesto al escrutinio y la crítica ciudadana. Blindar a quienes ejercen función pública constituye un atentado al principio de igualdad de todos ante la ley e impone una cultura del silencio desfavorable al ejercicio periodístico y atentatorio contra el derecho ciudadano a saber. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) precisa que las libertades de información y opinión son los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.

En razón a ello, la FEPALC acompaña en todas sus acciones a su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que ha iniciado una campaña gremial para lograr la libertad de Paul Garay Ramírez y hace un llamado público al titular del Poder Judicial peruano, Dr. César San Martín Castro, para que invoque una correcta administración de justicia donde no se criminalice la crítica y se respete el debido proceso sin excesos.


21 de junio 2011

Celso Schroder
Presidente FEPALC

Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC


Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP) Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC, a través del
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PERÚ: CAMPAÑA GREMIAL POR LA LIBERTAD DE PERIODISTA PAUL GARAY RAMÍREZ, RECLUDIO EN PENAL DE PUCALLPA DESDE HACE DOS MESES

Estimados/as compañeros/as:

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha iniciado una campaña gremial por la libertad del periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa radial La Voz del Pueblo, transmitido en la emisora radial La Exitosa, en la provincia de Coronel Portillo.

El comunicador social está recluido en el penal de Pucallpa, desde hace dos meses, tras ser querellado por difamación por Agustín López Cruz, Fiscal Provincial en dicha jurisdicción, en razón de diversos comentarios referidos a las actividades profesionales del citado magistrado.

El periodista ha sido condenado a tres años de prisión efectiva y a pagar la suma de 20 mil nuevos soles (U$ 7,300 aprox) por concepto de reparación civil.

La situación del periodista Paul Segundo Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente aplicándosele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal medida de gravedad. Durante la tramitación del proceso el periodista adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaba en el delito materia de querella. Paul Garay Ramírez ha apelado la sentencia.

En razón a ello les hacemos un llamado solidario a remitir comunicaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César San Martín Castro, e.mail: presidente@pj.gob.pe, con copia a la ANP: anp@amauta.rcp.net.pe
, solicitando un debido proceso y expresando su queja por el sistemático uso y abuso de querellas judiciales contra los periodistas que amenazan en convertirse en verdaderos instrumentos de intimidación y censura.
Hay necesidad de exhortar a las autoridades a que liberen al periodista Garay Ramírez, que revoquen la sentencia por difamación y adecúen la legislación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que considera las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación.

Anexamos una ayuda memoria sobre el caso a fin de que dispongan de mayor línea argumentativa en esta causa.

Fraternalmente,

Roberto Mejía Alarcón
Presidente ANP

Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP


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CONDENAN A PERIODISTA A TRES AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA POR CRITICAR A FISCAL DE PUCALLPA


El periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa "Voz del Pueblo", de radio La Exitosa y "Polémica" que difunde la televisora Visión 47, en la provincia de Coronel Portillo, fue condenado a tres años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 20 mil nuevos soles.


Garay Ramírez fue recluido en el Penal de Pucallpa el 19 de abril del 2011.

El periodista fue sentenciado por haber criticado al fiscal Agustín López por archivar, sin darle seguimiento, dos casos de corrupción. Como prueba de la supuesta difamación sólo se presentó una breve grabación radiofónica. Paul Garay Ramírez ha desmentido que la voz grabada fuera la suya y, sobre todo, ha confirmado que él no trabajaba entonces para la radio de la que procedía la grabación.

La condena que contiene la sentencia resulta de la opción del juzgado por sobredimensionar las frases injuriosas que se afirma han sido expresadas por el periodista, pero que en realidad son frases de las que éste ha negado ser autor y aún cuando aquello hubiera ocurrido, son calificaciones que se originarían por la inconducta previamente denunciada por el citado hombre de prensa, tanto las de nivel funcional como las personales vinculadas a la imagen que debe exhibir un representante del Ministerio Público.

Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) este fallo deja visible la desigual consideración de intocable a la persona de un funcionario público, de un fiscal, al que se debe proteger no sólo de agravios y ofensas, sino de críticas, observaciones y opiniones hechas por los periodistas. En la sentencia se sugiere que la condición de fiscal del querellante convierte la infracción en un delito de mayor gravedad al que se pudiera haber inferido a cualquier otro ciudadano, en cuyo caso seguramente el fallo no hubiera sido dictado con la drasticidad que el comentado cuando se trata de un periodista.

Los hechos mencionados reflejan una realidad que no ha sido debidamente evaluada por el juzgado, el periodista hoy encarcelado no ofrece ningún tipo de peligrosidad social, no huye, ni se oculta de la justicia, etc., razón por la cual el proceso y la sentencia tienen más un carácter de represalia y de intimidación, para que no se publique ningún tipo de crítica, que de tramitar una querella por los canales constitucionales.

jueves, junio 16, 2011

ANP DEMANDA GARANTÍAS PARA TRABAJO DE LA PRENSA

ANP DEMANDA GARANTÍAS PARA TRABAJO DE LA PRENSA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante los acontecimientos ocurridos en Canal 5, Panamericana Televisión, a propósito de la orden de detención del dirigente aimara Walter Aduviri y el despliegue policial para detenerlo en las instalaciones de dicha teledifusora de la ciudad de Lima.

Ante esta situación de conflicto social y de tensión entre la población civil y las fuerzas policiales, demandamos a las autoridades nacionales, decisiones firmes basadas en un razonamiento ponderado y a los dirigentes del Frente de Defensa de la Zona Sur de Puno, asumir que todo acto de violencia es contrario a los principios del Estado de Derecho y que la única manera de respetar y proteger sus intereses es sentarse a negociar buscando el bienestar de todos los peruanos y peruanas.

Tanto la preocupación de nuestro gremio y su exhortación obedecen a hechos de la misma naturaleza, que en los últimos meses se están incrementando en lugares como Chimbote, en donde la autoridad regional no tiene escrúpulos para ordenar la agresión a los periodistas y en Satipo, donde el periodista Alex Veliz Solano, de Studio 99, recientemente fue atacado en la cabina de locución por el dirigente político Alfonso Huamaní, por citar dos casos entre otras 54 agresiones físicas y amenazas registradas en los primeros seis meses del año en curso.

Por otro lado y dado que tales hechos significan una amenaza constante para que la ciudadanía no se vea perjudicada en su derecho a la información de interés público y que los periodistas y los medios cumplan su delicada función sin mayor riesgo, la ANP exige de los funcionarios de los Poderes del Estado, el fiel cumplimiento de las normas constitucionales y políticas preventivas de conflictos sociales que, en modo alguno, prive a los ciudadanos del derecho a informar y ser informado.


Lima, 16 de junio de 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP DEMANDA INVESTIGAR ACTUACIONES JUDICIALES EN PERJUICIO DE RADIO LA VOZ DE BAGUA


ANP DEMANDA INVESTIGAR ACTUACIONES JUDICIALES EN PERJUICIO DE RADIO LA VOZ DE BAGUA


La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que significa la reapertura de un proceso penal contra tres periodistas de radio La Voz de Bagua, por el Segundo Juzgado Penal de la provincia de Utcubamba.

La ANP manifiesta públicamente su solidaridad y apoyo a los periodistas afectados.

La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas decidió revocar la resolución del juez de la Investigación Preparatoria del Segundo Juzgado de Utcubamba, por la que se declaró fundada la Excepción de Improcedencia de Acción interpuesta a la imputada Aurora Doraliza Burgos de Flores en el procedimiento seguido por el delito contra el patrimonio en la figura de hurto agravado en agravio del Estado.

Dicha revocatoria significa una errónea decisión que no considera elementos de la realidad y pone en el centro del debate un tema que ya se había considerado esclarecido y resuelto, en razón de que las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones habían reconocido el error de haberse procedido a clausurar la radio y se devolvía dicho medio a sus propietarios. Efectivamente, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones clausuró radio La Voz, medida que duró 14 meses, procediéndose a la devolución en agosto del año 2010, reconociéndose públicamente haberse cometido un error y disculpándose de lo que constituía un atentado contra la libertad de expresión, declarando extinguidos los procesos iniciados contra los periodistas.

La devolución de dicha radio y las correspondientes satisfacciones a quienes se habían perjudicado injustamente por considerar que intervinieron en los sucesos lamentables de la Curva del Diablo-Bagua, no se han visto reproducidos en sede judicial, esto es, que no tuvo su oportuna consecuencia en el archivamiento del proceso, pues por propia decisión de la denunciante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconocía la existencia de acto arbitrario inicial, no sólo social y políticamente, sino que además ilícito inexistente que, no obstante, mantiene innegables consecuencias para el proceso, pues de esa forma se omite incorporar un elemento probatorio que deja sin sustento fáctico o realidad, los hechos en el delito investigado y por los que injustamente se acusa a los periodistas.

Debemos observar que la decisión de la sala es coincidente con el anuncio de los voceros del gobierno, de culpabilizar a terceros de los lamentables hechos ocurridos en aquella ocasión, y entre ellos se extendió la sospecha de responsabilidad a la prensa radial, en La Voz de Bagua, cuando en realidad aquello no ha sucedido y se confirma ahora que se trató de una grotesca y falsa acusación; y ello continúa a pesar de que el gobierno rectificó su error y, por tal razón, autorizó la reapertura de la radioemisora al no existir motivo o causal para sancionar a los propietarios y periodistas de la misma; de lo que se concluye que no existe conducta ilícita si se esclarecen los hechos y se rectifican errores debe considerarse que las decisiones administrativas que motivaron la denuncia igualmente carecen de realidad y fuerza probatoria como para continuar con el procedimiento de juzgar y condenar a los acusados.

Ante la grave situación expuesta, resultante de la cuestionada resolución, la ANP manifiesta su más enérgica protesta y solicitamos a los órganos competentes del Poder Judicial una investigación de tales desconcertantes actuaciones judiciales que deciden en contra de la realidad y que causan preocupación, pues constituyen grave vulneración al derecho del libre ejercicio de la profesión periodística y a la libertad de expresión, piedra angular de la democracia.



16 de junio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL