Alerta Perú (HUARAL) - REGIDOR INSULTA Y GOLPEA A PERIODISTA

El pasado 12 de marzo de 2010, Florencio Rebata Reyes, periodista de radio Vida Mix, en la provincia de Huaral, departamento de Lima, fue insultado y golpeado por Julián Molina Marín, regidor de la Municipalidad Provincial de Huaral.

El hecho ocurrió en el interior del local municipal. El periodista acudió a las oficinas de Imagen Institucional en busca de información y cuando se disponía a bajar las escaleras fue atacado por Molina. Este lo insultó y le propinó golpes de puños y patadas, llegando incluso a romperle el pantalón. Nadie de los que observó la violenta agresión le prestó auxilio.

Julio Luis Carhuachín Herrera, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú-Filial Huaral, refiere que el concejal agredió al periodista porque éste difundió a través de la radio informaciones críticas que cuestionaban su función pública.

A través de un pronunciamiento la ANP Filial Huaral, ha expresado su total rechazo e indignación ante el comportamiento indebido del regidor Julián Molina Marín.

"Viviendo en un régimen democrático tenemos que ser tolerantes con opiniones y discrepancias con altura, dado que con ello se ejerce el irrestricto derecho constitucional de opinión y de expresión, más cuando aquellos que ejercen función pública están sujetos a fiscalización y escrutinio público, de allí que ante cualquier controversia y/o exceso que pudiera ocurrir se deben desterrar métodos violentos de agresión e intimidación y sólo se debe actuar conforme lo dictamina el ordenamiento jurídico nacional y supranacional. Nadie puede tomar justicia por sus propias manos", se difunde en el comunicado.

La agresión fue denunciada ante la comisaría de Huaral. Rebata Reyes solicitó, además, garantías personales para el resguardo de su integridad física, tras haber sido amenazado por Molina de volver a golpearlo.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / www.ofip.blogspot.com, E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe, ofip.peru@gmail.com

ECUADOR : Condena polémica de un periodista en un contexto general de tensión entre las autoridades y la profesión

RSF Amériques/RSF Americas ameriques@rsf.org

Español
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa + enlace vídeo
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La condena por "injurias calumniosas" contra Emilio Palacio, periodista del diario El Universo, dictada el 26 de marzo de 2010, que contempla tres años de prisión y 10,000 dólares por costos legales, va en contra de la tendencia general a la despenalización de los delitos de prensa en el continente. Asimismo, parece tan desproporcionada como inoportuna, ya que tiene lugar precisamente cuando se debate la futura Ley de Comunicación.
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Editorialista virulento, opositor del presidente Rafael Correa, Emilio Palacio publicó en agosto de 2009 en el sitio Web de El Universo un artículo de opinión (http://www.eluniverso.com/2009/08/27/1/1363/camilo-maton.html) que vituperaba al presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán. Al sentirse ofendido e insultado, éste consiguió que un tribunal de Guayaquil condenase al periodista a una pena de cárcel.
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La reacción de Camilo Samán puede comprenderse dada la violencia del artículo que le criticaba. Además, se trata de una decisión de primera instancia, es decir, la aplicación de la condena no se hará efectiva hasta que el tribunal de apelación emita su dictamen. No obstante, esta sentencia ratifica el principio de una sanción penal efectiva para los delitos de prensa, cuando una condena financiera ajustada al perjuicio moral bastaría. El encarcelamiento como castigo por este tipo de delito contraviene la jurisprudencia interamericana que Ecuador debe respetar como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Finalmente, la encarcelación constituye una forma de presión e intimidación contra una profesión, y no tiene razón de ser en un Estado de derecho. En el país hay un periodista encarcelado por este motivo: Milton Chacaguasay Flores (http://www.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=33858).
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Por ello, esperamos que la despenalización de los delitos de prensa figure en el proyecto de la Ley de Comunicación, que se debate actualmente en la Asamblea Nacional. Este texto representa importantes progresos en materia de pluralismo. La instauración de un verdadero marco legal para los medios de comunicación educativos y comunitarios es una prueba de ello. La consolidación del estatus de periodista responde también a algunas peticiones de quienes ejercen la profesión. En diciembre pasado los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional llegaron a un acuerdo que excluía que el futuro Consejo de Comunicación pudiese suspender a un medio de comunicación.
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En nuestra opinión, los puntos más problemáticos conciernen a las sanciones previstas en caso de que se cometa un delito de prensa, así como a la censura preventiva ejercida por el Estado sobre algunos contenidos. Esta última disposición implica la contrapartida de una verdadera regulación de los mensajes oficiales o de los anuncios gubernamentales ("cadenas"). César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, denunció en una entrevista reciente, el uso abusivo y a veces discriminatorio de este tipo de mensajes. Ver el vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=TPhsNZCv-WI
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Benoit Hervieu
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Asesinatos selectivos en Córdoba: La verdad de WILLIAN SALLEG Y FAMILIA

adriana vega divinah230@hotmail.com
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EL ASESINATO DEL PERIODISTA Clodomiro Castilla, perpetrado el viernes pasado en la ciudad de Montería, Córdoba, difícilmente puede considerarse un hecho aislado, fruto de la intolerancia que se vive en algunos rincones del país. Unos años antes de que dos sicarios acabaran con su vida, a escasos 200 metros de un CAI de policía, Castilla ya había sido víctima de diversas amenazas telefónicas.
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Su casa había sido ultrajada, sus mascotas violentadas y él mismo informó de presuntos planes para asesinarlo. Quienes insisten, de muy buena fe, en que este es un acto más de violencia, acaso un ajuste de cuentas, omiten todo el prontuario de denuncias que protagonizó el periodista.
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Desde su trabajo como locutor para la emisora Voz de Montería y director y propietario de la revista El pulso del tiempo, Castilla no guardó silencio ante el ambiente delictivo presente en Córdoba. Atacó la corrupción y la malversación de fondos locales, se enfrentó a quienes detentaban el poder en la gobernación y denunció nexos entre el paramilitarismo y la política local. De sus pesquisas no se escapó ni el director del periódico El Meridiano de Córdoba, William Salleg, de quien el periodista reveló una familiar conversación con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
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No es extraño, por lo mismo, que El Meridiano de Córdoba le diera un cubrimiento tan desafortunado al asesinato. Al día siguiente de los hechos, el periódico les dio prelación a los diversos ingresos de Castilla a la cárcel Las Mercedes. Según la nota, un informe de la Policía Nacional le habría solicitado al Ministerio del Interior y Justicia la elaboración de una valoración médica y psiquiátrica "debido a sus cambios de personalidad". Y si ello no fuera suficiente, se citan los testimonios de "varias personalidades de Córdoba" que se habrían referido al periodista como un hombre "con problemas de drogadicción", hecho que nunca fue desmentido por Castilla, recuperado de sus adicciones. En síntesis, antes que un obituario, el periódico ofreció el perfil de un sujeto con antecedentes criminales, loco y drogadicto.
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Después de tan explícita descalificación, el interés en que el crimen no quede impune, explicitado por el propio presidente Uribe con el ofrecimiento de recompensas, debería traducirse en que las autoridades judiciales ordenen el traslado a otras ciudades de los procesos judiciales a los que Castilla les hizo seguimiento. No basta con dar con el paradero de los asesinos; también es imprescindible que se conozcan las razones que llevaron a su silenciamiento. Esta no es una víctima más de la intolerancia. Tras su asesinato se esconde una estrategia que se explica en el incremento sostenido de los índices de violencia en Córdoba. Contrario a las declaraciones gubernamentales, las bandas criminales que hacen hoy presencia en el departamento no están exentas de ejercicios de control territorial de carácter puramente paramilitar.
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No hay que perder de vista, por lo mismo, que dos días después del asesinato de Clodomiro Castilla, 16 personas fueron masacradas en Puerto Libertador y Montelíbano. Se sabe, además, de la incursión de la guerrilla en la zona y de sus luchas con bandas criminales por el control de las rutas del narcotráfico. Ya antes, en 2009, una líder de los desplazados que reclamaba las tierras que les fueron usurpadas fue asesinada, y también han sido hostigados diversos defensores de las víctimas. Aunque es prematuro establecer conexiones entre estos hechos, todo indica que en Córdoba la guerra continúa.
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WILLIAM SALLEG PADRE E HIJO, EN LOS AÑOS OCHENTA, FIGURARON COMO NARCOTRAFICANTES Y MIEMBROS DEL CARTEL DE CALI Y FUERON LOS QUE DISCECARON LA CIENEGA DE MARTINICA, JARAQUIEL Y OTROS HUMEDALES Y AMPLIARON SUS FINCAS CON ESOS DESPOJOS A LA NATURALEZA Y LUEGO SACARON A SANGRE Y FUEGO A MUCHOS CAMPESINOS DE ESA REGION. ESTA ES UNA DENUNCIA A NIVEL MUNDIAL Y ESOS SON LOS QUE EL PRESIDENTE CALIFICO COMO HOMBRES INSIGNES EN EL CAMPO DE LAS LETRAS Y COMO EMPRESARIOS, POR TENER UN PERIODICO AL SERVICIO DE LAS MAFIAS.

Alerta Perú (PADRE ABAD) - ALERTAN A PERIODISTA QUE PAGARON A SICARIOS PARA MATARLO

Desde el Penal de Pucallpa, comunicaron al periodista Alfredo Zamora Nolly, conductor del programa "Poder Popular", de radio LEGT, en la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, que alguien contrató sicarios para matarlo.

El 25 de marzo de 2010, aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde, una llamada telefónica a su celular le indicó que "una gente" había recibido un adelanto de 3 mil nuevos soles para eliminarlo.

"Una gente de Huánuco me llamó para hablarme de una plata y de una "chamba". Les pregunté cuál era la "chamba" y me dieron tu nombre. Alguien les contrató para eliminarte, ya dieron 3 mil nuevos soles de adelanto y el resto al acabar la "chamba". Les dije que tú colaboras con los presos. Puede que "cierren la plata", pero quien quiere matarte contratará otra gente, así que cuídate", le dijo la voz.

El periodista, además de realizar investigaciones periodísticas hace labor social. Refiere por ello, que conoce la voz de quien le llamó, pues muchas veces ha ayudado a los internos de ese penal.

Zamora, no sabe quien podría tener intención de eliminarlo, ni tiene certeza si lo expresado por el informante sea cierto o no. Refiere, que en los últimos días ha denunciado irregularidades en la ejecución del Proyecto Especial de Control y Reducción de los cultivos de coca en la Región Ucayali; ha cuestionado la ejecución de obras y compra de productos realizadas por el Gobierno Regional presuntamente sobrevaluadas; asimismo, ha hecho eco de una denuncia de la comunidad de Puerto Azul contra el empresario Tomás Benavente, concesionario del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) a quien acusan de tala indiscriminada de árboles y de contaminar los ríos. De igual modo, denunció a policías que robaron 20 mil dólares a un empresario ganadero. Policías que vienen siendo investigados penalmente.

La Asociación Nacional de Periodistas Filial Aguaytía, ha expresado su rechazo y preocupación ante lo que significa una posible sentencia de muerte contra el comunicador, un hecho grave que las autoridades locales deben tomar en cuenta para investigar. Asimismo, como medida preventiva debe otorgarse inmediatamente las garantías de seguridad al periodista y su familia.

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Las fuerzas del orden, las principales agresoras de la prensa: Cepet y Artículo XIX

Nelly Olivos nelly24olivos@yahoo.com.mx
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* Existe un subregistro en el total de agravios contra periodistas * Tienen conocimiento de casos donde los afectados decidieron no denunciar * Temen o no tienen confianza en las autoridades para sancionar a los responsables
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En el tan llevado y traído tema de las agresiones a periodistas y medios de comunicación, el pasado febrero se presentaron dos informes; uno realizado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y otro por la organización Artículo XIX.
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Si bien es cierto que ambos informes poseen diferencias metodológicas, es necesario reconocer los puntos en común y los hechos no parecen mentir: existe un incremento generalizado en los casos de agravios a comunicadores y los principales agresores son las fuerzas de seguridad del Estado.
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Las autoridades se han dado a la tarea de descalificar cuanto informe presentan las organizaciones civiles en torno al tema de los agravios a la libertad de expresión, argumentan la diferencia en los registros de estos casos, así como carecer de una metodología única; pero la verdad es que tales argumentos no consideran el problema de fondo: la impunidad.
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El informe de la FEADP
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Antes de concluir el 2009, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP),
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Alerta Perú (UTCUBAMBA) - OTORGAN PREMIO INTERNACIONAL "LIBERTAD DE EXPRESIÓN" A RADIO LA VOZ DE BAGUA

El 25 de marzo del 2010, Radio La Voz de Bagua fue galardonada con el Premio Internacional Libertad de Expresión, distinción otorgada por Index on Censorship, organización británica que promueve la libertad de expresión en el mundo.
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En Inglaterra, un jurado encargado de seleccionar el país y medio para el premio resolvió otorgar el galardón a Radio La Voz de Bagua Grande, en homenaje a su lucha consecuente en defensa de la libertad de expresión.
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Catalina Cortez, funcionaria de Rory Peck Trust, organización que vela por los periodistas perseguidos o en problemas derivados por la violación del derecho a la libertad de expresión y de prensa, fue la encargada de recibir el premio en representación del periodista Carlos Flores Borja, director de radio La Voz.
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Radio La Voz compartió la preselección, con medios de Yemén y Turquía.
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Tras conocer del premio, en comunicación telefónica con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Flores Borja señaló que el premio reconoce en sí mismo la lucha que viene librando en Bagua tras el cierre de la radio en junio del 2009.

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En contraposición a lo afirmado por Javier Villa Stein, presidente de la Corte Suprema y Javier Velásquez Quesquén, presidente del Consejo de Ministros, el periodista aseguró que en el Perú no existe plena libertad de expresión, toda vez que la clausura de Radio La Voz de Bagua Grande y TV Oriente son un claro ejemplo de abuso de poder que coarta dicha libertad.

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Si requiere tomar contacto con el periodista Carlos Flores Borja sírvase escribirle al e-mail: radiolavozutcubamba@yahoo.com o telefónicamente comuníquese al (+51 1) 474063

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VENEZUELA : Arrestados dos opositores por unas declaraciones en público : “¿Qué está permitido decir acerca del país y su presidente?”

RSF Amériques/RSF Americas ameriques@rsf.org

Español

Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
26 de marzo de 2010

Venezuela

Los arrestos por unas declaraciones hechas en público de dos opositores notorios del presidente Hugo Chávez, añadidas a las nuevas intenciones gubernamentales en materia de regulación de Internet (http://www.rsf.org/La-publicacion-de-falsas-noticias.html), suscitan inquietudes en cuanto al futuro de la libertad de expresión en Venezuela. El trágico amalgama de las autoridades entre una crítica o un ataque verbal y un acto de "conspiración contra el Estado" plantea ahora la pregunta: ¿qué se puede decir todavía acerca del país y su presidente?Invitado a expresarse el 8 de marzo de 2010 en la cadena privada Globovisión, el ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, declaró que "Venezuela se había convertido en centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico". El 21 de marzo, durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la isla de Aruba, Guillermo Zuloaga, denunció entre otras cosas que "no se puede hablar de libertad de expresión de verdad cuando un gobierno utiliza su fuerza para reprimir medios, para cerrar medios, cuando hay más de 2000 cadenas (http://www.rsf.org/Demasiadas-frecuencias-para-un.html), cuando un Presidente de la República utiliza la fuerza que tiene y la autoridad que tiene para manipular la opinión pública".

Acusado por sus declaraciones de "instigación pública a delinquir", de "conspiración" y de "difusión de información falsa", Oswaldo Álvarez Paz está encarcelado desde el 22 de marzo. Se expone a una condena de dos a dieciséis años de prisión. Por su parte, Guillermo Zuloaga, arrestado y luego puesto en libertad provisional con prohibición de salir del país, el 25 de marzo, se puede enfrentar a una condena de seis a treinta meses de prisión por "ofensa al Jefe del Estado" (tal condena se aumenta de un tercio en caso de declaración pública) y de dos a cinco años de cárcel por "causar pánico en la colectividad por medio de informaciones falsas difundidas por la prensa".

La calificación del delito es dos veces infundada en el caso de Oswaldo Álvarez Paz. Pues ¿dónde se sitúan la "instigación a delinquir" y la "conspiración" en las palabras que pronunció? La acusación de "causar el pánico en la colectividad" tampoco tiene fundamento en el procedimiento abierto contra Guillermo Zuloaga en vista de sus declaraciones. La "ofensa al Jefe del Estado", herencia monárquica abandonada o suprimida en la mayoría de los países democrático, es sinónimo de una condena casi automática. La cuestión de la competencia territorial de una jurisdicción también se plantea si se admite que Guillermo Zuloaga no hizo las declaraciones en territorio venezolano. Se tendría que haber acudido a la justicia de la isla de Aruba.

El dueño de Globovisión, pendiente de otros procedimientos judiciales, arrastra un incómodo pasado por su apoyo al golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, junto con otros jefes de prensa. No obstante, nunca fue juzgado ni tampoco condenado en un momento en que el delito de "conspiración" parecía fundamentado.

"Bombardear la red"

Una vez más, el ajuste de cuentas políticas sirve de argumento a una retomada de poder del paisaje mediático en un momento en que el gobierno enfrenta dificultades y descontento. El presidente Hugo Chávez pretende ahora que ese control se extienda a Internet, donde debe inaugurar su blog.

El Jefe del Estado tiene todo el derecho a crear un blog. ¿Sin embargo, realmente es necesario justificar tal conducta prometiendo un "bombardeo en la red"? El vocabulario guerrero de un presidente que supuestamente debe garantizar la paz civil se parece mucho a las "instigaciones" que este les imputa a sus opositores.

Sobre todo, la ofensiva prometida por los poderes públicos en Internet tiene lugar después de publicarse comentarios falaces en el sitio Web Noticierodigital, rápidamente retirados del foro. No se trataba de artículos de la redacción del sitio Web, cuya buena fe no se cuestiona. El control, injustificado y anunciado de la Red, está a imagen de una voluntad de influencia total sobre los medios de comunicación: inútil y peligroso. Es imposible impedir por completo la difusión de noticias falsas. Y en este caso, ¿cuál es el criterio definitivo de verdad?

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Benoit Hervieu
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Alerta Perú ( ILO) - PERIODISTA QUERELLADO POR CONSEJERO REGION SUSTENTARÁ ALEGATO ANTE PODER JUDICIAL

El 29 de marzo del 2010 la defensa del periodista Enrique Flores Lazo, director del diario La Región, en la provincia de Ilo, departamento de Moquegua, sustentará su alegato en la querella criminal por supuesto delito contra el honor iniciada en su contra por el Consejero Regional de Moquegua, Renato Ascuña Chavera.
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En la querella admitida por el Primer Juzgado Unipersonal de Ilo, el 13 de noviembre pasado, se acusa al periodista de realizar una campaña de desprestigio en contra del político, tras la divulgación de informes periodísticos y críticas sobre presuntos hechos contrarios a su conducta funcional. Tal el caso de darle difusión al Acuerdo Regional N° 25-2009-GR/GRM, que ordenó su suspensión al cargo de Consejero Delegado y Consejero Regional del Gobierno Regional por indisciplina e incumplimiento de funciones.
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Flores Lazo, ha manifestado en su defensa que "el querellante ha olvidado su calidad de funcionario público, lo que permite una estrecha fiscalización de la labor que realiza y lo obliga a un intachable conducta moral".
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"Nosotros hemos difundido informaciones sobre hechos de interés público sustentadas con documentos. Informaciones de tipo objetivo, de hechos que han sucedido y que contradicen una buena gestión administrativa de los recursos de la población. No tenemos ánimo de dañar a nadie, nuestro interés, ha sido estrictamente periodístico", enfatizó el periodista.
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La Asociación Nacional de Periodistas –Filial Ilo, mediante comunicado expresó su respaldo al periodista y rechazó las "pretensiones del Consejero Regional, que busca, silenciar a un medio de comunicación y evitar que la prensa fiscalice la función pública de las autoridades".
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En el comunicado la ANP-Ilo agrega que este hecho constituye una amenaza a la libertad de expresión y de información, elementos esenciales de una sociedad democrática y condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros que debe reconocerla, incluso cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete.

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Galardona UNESCO a radio comunitaria de Veracruz: La Voz de los Campesinos, creada hace 32 años, fue la primera de su tipo en México.

Afp
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París. La UNESCO galardonó a la radio comunitaria veracruzana La Voz de los Campesinos con el premio de comunicación rural que le entregará el 24 de marzo en París, informó hoy lunes esa organización.
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El premio, dotado de 20 mil dólares, recompensa actividades meritorias e innovadoras cuyo objeto sea mejorar la comunicación en el seno de comunidades rurales, en particular si están situadas en países en desarrollo, precisó en un comunicado la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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La Voz de los Campesinos, creada hace 32 años en el estado de Veracruz, fue la primera radio comunitaria indígena del país.
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La emisora se esfuerza por promover un intercambio interactivo con las comunidades para que los oyentes intercambien sus historias, sus costumbres y su música por medio de las ondas. La emisora contribuye además a promover los derechos colectivos de las comunidades indígenas de Veracruz.
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Sus programas se difunden en español y en otras tres lenguas indígenas (otomí, nahua y tepehua) y cubren una audiencia potencial de 100.000 personas que viven en 400 pueblos y aldeas, siempre según la UNESCO.
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La Voz de los Campesinos es miembro de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Amenazas finales

EL NACIONAL - Lunes 22 de Marzo de 2010Opinión/8

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Opinión

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El Editorial

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La SIP y Venezuela

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Amenazas finales L a agencias internacionales pudieron comprobar ayer en la isla de Aruba, con informes pormenorizados en sus manos, que la libertad de expresión está expuesta a fundados y definitivos peligros, al punto de que, como recoge un despacho de la AP el alerta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el mandatario venezolano "ha asumido como prioridad la eliminación de la prensa independiente".

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La SIP es un organismo que congrega a propietarios, editores y periodistas del continente y que, cada día, se abre más a la participación de todos los sectores de la sociedad interesados en discutir acerca de los peligros que emboscan la libertad de prensa, ya sea desde el poder como desde los propios integrantes de la industria de la comunicación. Esta óptica de la SIP constituye un paso valeroso y rotundo en la defensa de la libertad de expresión en todas sus formas y maneras.

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A la reunión de la SIP en Aruba no sólo acudieron los invitados y representantes de los medios del continente, desde Estados Unidos a Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y Venezuela, por nombrar escasamente a algunos, sino que, en un gesto que enaltece a la Sociedad Interamericana de Prensa, abrió sus puertas a sus críticos, los recibió con todo el respeto posible y les dio el trato amigable y pacífico tan necesario en este momento de tantas confrontaciones.

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Lo cierto es que quienes llegaron en vuelos especiales desde Venezuela con la intención bolivariana de arrinconar a la SIP y denunciar la campaña del imperio contra el gobierno chavista se quedaron con los crespos hechos, porque la Sociedad Interamericana de Prensa les dio un espacio para el debate, para la discusión de ideas diferentes y enfrentadas, para escuchar atentamente al otro y meditar y expresar una respuesta que no esté basada en la cólera ni motivada por el odio al contrario, sino en la capacidad de mediar entre pensamientos distintos que pueden nutrirse mutuamente.

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No importa si los muchachos oficialistas que viajaron a Aruba (no sabemos si costearon el pasaje y la estadía de su bolsillo) hayan, quizás, perdido esta batalla. Pero lo que sí comprobaron ante sus bolivarianos amigos intransigentes es que la oposición sí reconoce las ganas de discutir y dialogar como propone justamente el gobernador de Lara, Henri Falcón.

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Esta corriente de discutir y dialogar es la que los integrantes del entorno íntimo de Chávez quieren evitar, porque significaría su propia desgracia.

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En Aruba, como es de rigor, se trató esa herida abierta, sangrante y que no cicatriza, y que significa la nueva amputación de la capacidad de trasmitir y de informar ejercida por el Gobierno contra Radio Caracas Televisión Internacional. Tal como lo dice el informe leído por el director del Correo del Caroní, David Natera, "el cierre definitivo de la señal de RCTV forma parte de un proceso de atropellos que comenzó en 2007, cuando fuerzas militares se apoderaron de sus instalaciones".

"Huid de la tierra donde un solo hombre controla los poderes, porque es tierra de esclavos".
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Simón Bolívar

Alerta Perú (AREQUIPA) - DESCONOCIDOS ATACAN A PERIODISTA DE PERÚ TV

El periodista Roberto Segura Lizárraga, de la unidad de investigación de Perú TV y director del semanario "El Quinto Poder", en Arequipa, fue objeto de una brutal golpiza por dos desconocidos.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 10 de marzo de 2010, a las 15:00 horas, en los exteriores de un conocido restaurante ubicado en la Avenida Dolores. El periodista se retiraba del lugar donde fue citado por el padre de Eloy Chicata, médico cuestionado en Perú TV por una presunta negligencia médica, que –según denuncia- le ocasionó ceguera a un paciente.

Segura Lizárraga fue violentamente interceptado por dos sujetos. Uno de ellos lo atacó por la espalda derribándole al suelo. Allí, recibió varios golpes de patadas. Ninguno le habló, sólo se limitaron a golpearlo. El progenitor del oftalmólogo –refiere el comunicador- presenció el hecho y nunca solicitó auxilio.

"No me asaltaron, no me quitaron nada, sólo me patearon sin decir nada. Yo pude ver que el señor sólo observaba la agresión, nadie vino a mi auxilio. En un momento empecé a defenderme y es cuando, los sujetos se dieron a la fuga", dijo.

El periodista, objeta la actitud del padre del médico, no sólo por haberlo expuesto a peligro al no solicitar ayuda, sino por resistirse a acompañarlo a la comisaría para presentar la denuncia.

El periodista fue atendido en emergencias del Hospital de Essalud en Yanahuara, donde quedó internado, por la gravedad de la lesión ocasionada por los golpes.

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PRESENTACIÓN DEL LIBRO PUBLICIDAD OFICIAL DE ERNESTO VILLANUEVA

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Alerta Perú (HUAURA) - MIEMBROS DE SEGURIDAD DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ANDAHUASI ATACAN A BALAZOS A PERIODISTAS

El 15 de marzo de 2010, sujetos que prestan seguridad al grupo Bustamante, accionistas de la empresa azucarera Andahuasi, dispararon contra los periodistas Jorge Sasanibar, del diario Enfoque; Carlos Faustino, del diario Chasqui y Eduardo Solís de Cable Más Noticias, en la provincia de Huaura, departamento de Lima

Los periodistas al promediar las 3 de la tarde se aproximaron al sector Cerro Montero, en el distrito de Santa María, para indagar sobre un camión que transportaba azúcar en forma clandestina. En el lugar, desde un bus, varios sujetos que escoltaban un camión, los atacaron con armas de fuego.

Los hombres armados, tras descender del vehículo, los persiguieron disparándoles directamente al cuerpo. Los periodistas corrieron para huir del lugar y salvar sus vidas.

"Están muy asustados y desconcertados porque podrían haber perdido la vida. A uno de ellos le pasó una bala muy cerca del pie", dijo el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Filial Huacho, Jhonny Fernández, quien dio cuenta del ataque a la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista – OFIP.

Actualmente, existen pleitos legales entre el grupo Bustamante y el grupo Wong, accionistas de la empresa que pretenden su administración. El grupo Bustamante –posesionada dentro de la empresa en forma violenta desde el 14 de mayo del 2009-, ha sido denunciado por su contraparte por venta clandestina de azúcar.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe, ofip.peru@gmail.com

RESUELVEN JUICIO CONTRA RIVERA FLORES Y GRANADOS CHAPA, MAÑANA

DIFUNET comunicado_de_prensa@prodigy.net.mx

COMUNICADO DE PRENSA RESUELVEN JUICIO CONTRA RIVERA FLORES Y GRANADOS CHAPA

Mañana 18 de marzo el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal, que preside el Magistrado Gonzalo Jiménez Arredondo, resolverá un complicado proceso jurídico que definirá si el recurso de amparo puede ser utilizado en contra del ejercicio de la libertad de expresión o si, por el contrario, tutela a quienes la ejercen.

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Iniciado el 6 de agosto de 2004, el proceso tuvo su origen en la publicación del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, que es autoría del periodista y escritor Alfredo Rivera Flores y cuyo contenido motivó la inconformidad del político hidalguense, Gerardo Sosa Castelán.

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Las afirmaciones de la investigación contenidas en el libro provocaron que Sosa Castelán alegara daño moral a su persona y que por ese motivo iniciara una demanda contra Rivera Flores y quienes colaboraron con él: el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; el editor Miguel Ángel Porrúa; el diseñador Enrique Garnica Ortega; la empresa Libraria S. A. de C. V. y el fotógrafo, Héctor Rubio Traspeña.

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Autor y colaboradores respondieron con una solicitud de amparo, dada la fuerza de las relaciones políticas que Gerardo Sosa ha cultivado a lo largo de su carrera en el desempeño de la Rectoría de la Universidad de Hidalgo, como diputado federal y la presidencia del PRI en Hidalgo, lo que lo convierte en cercano del gobierno priísta de esa entidad y un personaje con muchos recursos para influir en las resoluciones judiciales.

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Sorprendentemente, ante el recurso promovido por el escritor Rivera Flores, periodista Granados Chapa, el editor Miguel Ángel Porrúa, el diseñador Garnica Ortega y fotógrafo Rubio Traspeña, el político Sosa Castelán hizo lo mismo y se amparó contra una resolución del juez que eventualmente dejaría sin efecto su alegato de daño moral.

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Esas acciones y otras irregularidades en el proceso, que incluyen el cambio de jueces, no han hecho sino retrasarlo seis años y que tardó los primeros cuatro para que se obtuviera la primera sentencia, no obstante que este primer paso debía tardar no más de ocho meses.

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Así, mañana está por definirse si los juicios por daño moral se convierten en una forma indirecta de inhibir la libertad de expresión a través de juicios interminables que coaccionan a los periodistas.

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De acuerdo con la abogada Perla Gómez Gallardo, quien este caso emblemático que documentará para proponer las adecuaciones legislativas correspondientes por parte de la Fundación para la Libertad de Expresión y el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa, “las manifestaciones vertidas en el libro objeto de este litigio se refieren a hechos ciertos y conocidos, por lo que no se ataca su honor (de Sosa Castelán) o vida privada”.

-o0o-

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CUBA : “No existen tabúes cuando rige la represión”: Reporteros sin Fronteras hace un llamado al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva

RSF Amériques/RSF Americas ameriques@rsf.org
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Español
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
17 de marzo de 2010
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Cuba
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Señor Luiz Inácio Lula da Silva
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Presidente de la República Federal de Brasil
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Palacio de Planalto, Brasilia, D.F.
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Señor Presidente,
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El trágico fallecimiento de Orlando Zapata Tamayo, el 23 de febrero pasado, suscitó que los disidentes cubanos dirigieran sus demandas a usted, que se encontraba en La Habana cuando el opositor sucumbió en prisión después de 80 días de huelga de hambre. Algunos de ellos le reprocharon el haber expresado demasiado tarde su "pesar" por este drama. Sin embargo, su reacción alimentó la esperanza de que usted se convirtiera en mediador frente a las autoridades cubanas en lo que respecta a los prisioneros de conciencia, como lo demuestra el correo de un nuevo "Comité Orlando Zapata", recibido el 9 de marzo en la embajada de Brasil en La Habana.
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Reporteros sin Fronteras, organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de prensa, apoya esta demanda y le exhorta a que, más allá de sus reservas, le dé seguimiento. Brasil y el resto de países latinoamericanos son los únicos que pueden influir en la posición del régimen cubano en materia de derechos humanos y de libertad de información. La muerte de Orlando Zapata Tamayo quizá le sensibilice de manera especial, pues usted mismo fue un oponente político víctima de la dictadura de su país. Usted quiso respetar un principio fundamental de la diplomacia brasileña, que implica evitar toda injerencia directa en los asuntos internos de otros países. Pero, ¿es que un llamado al respeto de los principios universales fundamentales -derecho a expresarse libremente, derecho de circular libremente, derecho de no temer por sus opiniones o escritos- constituye una injerencia dirigida y discriminadora? En diálogo con España, que preside actualmente la Unión Europea, las autoridades cubanas se comprometieron al respeto de esos principios y firmaron en febrero de 2008 dos pactos de la Organización de las Naciones Unidas relativos a los derechos civiles y políticos. Ahora, esas mismas autoridades se niegan a ratificarlos, ¿por qué?
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Al igual que nosotros, Usted condenó, con razón, las graves violaciones de los derechos humanos cometidas después del golpe de Estado en Honduras, en junio de 2009. Brasil también acogió en su embajada a un presidente elegido democráticamente y derrocado por la fuerza. Los golpistas hondureños lo acusaron de haber intervenido, cuando usted actuó contra una injusticia. ¿Debería hacer lo mismo por Cuba donde 200 personas están privadas de su libertad por el solo hecho de pensar de una manera distinta a la de sus dirigentes ? Entre ellos hay 25 periodistas, bloguers e intelectuales -incluido nuestro corresponsal, Ricardo González Alfonso, condenado a 20 años de prisión la "Primavera negra" de marzo de 2003- que deben cumplir grandes condenas sólo por haber informado fuera del control del Estado. ¿Cómo un gobierno que trabaja a favor de la libertad de expresión y del acceso de sus ciudadanos a la información podría permanecer sordo a este llamado?
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Durante mucho tiempo Cuba fue un símbolo en América Latina. La revolución de 1959 puso fin a una dictadura. El país sufre desde hace medio siglo un embargo absurdo, injusto para la población cubana, pero útil para el régimen. Recientemente, en una misión en Haití, que debe mucho a la presencia brasileña, pudimos constatar la eficacia de las brigadas médicas cubanas -un orgullo nacional-, que socorrieron a la población víctima del sismo. Sin embargo, esas realidades no compensan de ninguna manera la suerte que las autoridades de La Habana infligen a sus oponentes. Tampoco excusan las brutalidades y las humillaciones cometidas contra los periodistas, militantes, sindicalistas y sus familias. No justifican en ningún caso la imposibilidad para los cubanos de acceder libremente a la Internet o de viajar sin autorización. Subrayar esta otra realidad cubana es exponerse a la propaganda odiosa de esos que, creyendo proteger el honor del país, defienden los métodos de un régimen que carece de argumentos.
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El porvenir de Cuba y de sus instituciones concierne a los cubanos. Las violaciones de los derechos humanos en Cuba conciernen a la comunidad internacional y a la conciencia universal, como en cualquier otro país donde esos derechos son pisoteados. Para que sea respetado, el régimen cubano debe ser respetable. Ese es el sentido de la resolución votada casi unánimemente por el Parlamento Europeo el 11 de marzo pasado, incluidas todas las corrientes políticas.
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Es urgente. En memoria de Orlando Zapata Tamayo y a nombre de la liberación de los presos de conciencia, el periodista Guillermo Fariñas Hernández realiza una huelga de hambre. Nosotros lo incitamos a suspenderla, pero él se dice preparado a morir. Otros disidentes harán lo mismo en ausencia de un mínimo esfuerzo de las autoridades cubanas y si persiste el silencio de los países hermanos de América Latina. ¿Cómo responde el gobierno al desamparo de estas personas ? Ensañándose en manchar su reputación. El continente americano, hoy comprometido con la unidad y la integración regional, ha padecido las dictaduras y la represión. Las democracias latinoamericanas no pueden permitir que esta situación perdure en Cuba sin tener alguna reacción. En el triste séptimo aniversario de la "Primavera negra", no hay más símbolo cubano. No hay más tabú cubano.
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Agradeciendo la respuesta que dará Usted a esta carta, que me comprometo a publicar con su autorización, le envío Señor Presidente mis saludos más cordiales.
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Jean-François Julliard
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Secretario General de Reporteros sin Fronteras
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Benoit Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk
Reporters sans frontières
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SIP consternada por asesinato de periodistas hondureños

MIAMI, EE.UU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su profunda repulsa por la espiral de violencia que azota al periodismo en Honduras y México, países donde en lo que va de año fueron asesinados siete comunicadores.
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El pasado domingo fue asesinado a balazos en Honduras el periodista Nahún Palacios, de 33 años, el tercer caso registrado en marzo.
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La SIP, con sede en Miami, reclamó además mayor diligencia a las autoridades en el esclarecimiento de los crímenes cometidos.
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Palacios, quien había denunciado amenazas de muerte, era director de "Canal 5″ y de un noticiero en Radio Tocoa, en el litoral Atlántico de Honduras.
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El periodista fue asesinado en una emboscada en Tocoa, a 400 kilómetros al norte de la capital hondureña, crimen en el que resultaron heridos de gravedad su novia y otra persona que les acompañaba.
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El vehículo en el que viajaba presentó más de 40 impactos de bala y el cuerpo del periodista una treintena.
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Palacios es el segundo periodista asesinado en esa zona del país en menos de una semana. El 11 de marzo fue ultimado David Meza, mientras que el 1 del mismo mes murió en Tegucigalpa Joseph Hernández Ochoa.
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En México, donde la violencia del crimen organizado sigue golpeando, fue asesinado este año Evaristo Pacheco Solís, reportero del semanario "Visión Informativa", de Chilpancingo, en el estado de Guerrero.
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Con este crimen son ya cuatro los asesinatos de periodistas cometidos este año en México, con un total de 43 desde 2005, trece de los cuales ocurrieron en 2009.
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"No cabe dudas de que estamos ante una de las horas más trágicas del periodismo latinoamericano", señaló en un comunicado el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre.
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Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, de Miami, agregó que el aumento de la violencia evidencia que los "Gobiernos necesitan poner mayor empeño en las investigaciones y procurar reformas legales y judiciales que permitan combatir la violencia y este círculo vicioso de la impunidad".
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Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, dijo que se percibe un "alto grado de frustración en todas las asociaciones defensoras de los derechos humanos y de libertad de prensa por el alto grado de violencia".
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Tanto Aguirre como Rivard anunciaron que el tema de la violencia contra los periodistas y sobre las estrategias para contrarrestarla será tema principal de la reunión semestral de la SIP a realizarse en Aruba a partir de este viernes y hasta el 22 de marzo.

EFE
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Naranja de prensa

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2010: Unidad de los trabajadores de prensa
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Por 30% de aumento de salarios

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Contra la burocracia

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Por la recuperación de nuestro sindicato

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Ni con el gobierno, ni con el monopolio de Clarín: Con los trabajadores del diario
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Una solicitada denominada "Carta Abierta a los trabajadores de Clarín" con la firma de FATPREN, el Foro de la Comunicación y otras organizaciones kirchneristas apareció en varios diarios el 29 de enero. La misma interpela a los trabajadores de Clarín por colaborar con "la furiosa e irracional campaña de debilitamiento, desprestigio y derrocamiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzada por el directorio del grupo y su CEO, el señor Héctor Magneto".
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Los hijos "adoptivos" de Clarín
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El juez Conrado Bergesio se tomó siete años para ordenar que Felipe y Marcela –adoptados ilegalmente por la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble- se sometieran a la prueba de ADN para probar si son hijos de desaparecidos. Lo hizo después de que la Cámara de Apelaciones de San Martín le exigiera realizar la prueba "en forma inmediata y sin más dilaciones".
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Viva la lucha de Crónica
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La gran lucha de los trabajadores de Crónica terminó. Después de siete días de paro total, de una gran resistencia en la puerta del diario enfrentando el calor, la lluvia y a la patota de la patronal, la lucha de los compañeros le puso un límite a la pretensión patronal de despedir a 24 trabajadores y quedar en una posición de fuerza de cara al futuro.
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Acuerdo en Crítica
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Los trabajadores versus la patronal, el Estado y la burocracia de la Utpba
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Luego de varios meses de lucha, los trabajadores del diario Crítica firmaron un acuerdo con la patronal que tendrá vigencia hasta marzo de 2011. En virtud del convenio, los compañeros recibirán 250 pesos no remunerativos hasta marzo de 2010, adicionales a los 250 que venían cobrando desde abril de 2009.
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La nueva: el redactor junior
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Desde que comenzó el fenómeno denominado "periodismo digital", las patronales de los medios han aprovechado para avanzar sobre las conquistas de prensa. Los trabajadores de las .com sufren de manera descarnada la flexibilización laboral y la polifunción, siendo obligados no solo a escribir notas, sino en la mayoría de los casos a cortar audio, video y fotos.

Condenan a periodista

Voto por Alan Simón

Juezas Cecilia Polack y Altabás Kajatt fallan a favor de hijo de Alan García y contra periodista de La Primera

Una vez más una sala judicial volvió mostrar su parcialidad con el poder. Esta vez se trata de la Primera Sala Penal de Reos Libres que, en opinión divida, ratificó la condena contra el periodista de esta casa editora, Efraín Rúa, en el proceso por difamación entablado por el hijo del presidente Alan García, Alan Simón García Nores.
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Al periodista se le sentencia al pago de 10 mil soles en favor de Alan Simón por denunciar la venta irregular de las tierras de la Comunidad San Pedro de Lloc a la empresa Gandules. En la nota publicada el 20 de julio de 2008, Rúa escribió: “Lo curioso es que tras la venta, el primogénito del mandatario, Alan Simón, fue visto en Pacasmayo ofertando ‘trabajo’ a quienes le daban el visto bueno a Gandules, lo que generó un sinnúmero de suspicacias, tal como lo reveló el presidente de las rondas campesinas de San Pedro de Lloc, Alfredo Arrivasplata”.
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Es decir, se limitó a publicar la denuncia, haciendo uso del derecho a la libertad de información, pero para las magistradas Cecilia Pollack y Paloma Altabás Kajatt el periodista “faltó en el deber de diligencia que recae sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que trasmite como ‘hechos’ haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos”.
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Pollack, cuyas simpatías por los apristas son conocidas en el Poder Judicial, indicó que el periodista debió “cotejar la información con la empresa aludida” y que, al no hacerlo, incurrió en acción dolosa o “animus difamandi”. Es decir, para ella lo más importante era defender a los denunciados por los comuneros y no a quienes les habían quitado sus tierras. Tampoco era importante llamar la atención sobre la presencia del hijo de Alan García en la zona.
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Dra. Liliana Placencia: No se probó la difamación
Tomando como argumento el texto de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la magistrada Liliana Placencia se pronunció por la exculpación del periodista, señalando que nadie puede ser “arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento” y rescatando el derecho colectivo “a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.
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La magistrada afirmó que ambos derechos deben ser garantizados plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos en la Convención.
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El ejercicio equilibrado del derecho de expresión y opinión fomenta la transparencia de las actividades estatales, razón por la que debe existir un margen reducido para cualquier restricción de la libertad de información, apuntó.
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En su voto en minoría, la magistrada Placencia Rubiños señala que “no ha quedado plenamente acreditada la intención y ánimo de perjudicar el honor del querellado García Nores” y que no se ha podido comprobar que el querellado “haya realizado afirmaciones difamatorias contra el accionante”.
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Y añade que las afirmaciones “dentro del contexto y circunstancias en que fueron expresados, no evidencian la existencia de un animus difamandi requisito exigible para que se configure este tipo penal –puesto que los términos vertidos son el resultado de la exteriorización de un concepto de un tercero ajeno al proceso-“, es decir, la declaración del dirigente Alfredo Arrivasplata.
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Otra versión
Las doctoras Pollack y Altabás no toman en cuenta la versión de los comuneros, una versión que también fue recogida por la revista “Somos” de El Comercio, sin que los abogados de Alan Simón hayan movido un dedo contra los responsables de la publicación. Entonces, preguntamos: ¿dónde está la difamación? ¿En qué ofertó trabajo a los comuneros?
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Luis Nava
Hace unas semanas fuentes del Poder Judicial revelaron las visitas de emisarios de Carlos Nava, secretario de la Presidencia , y de César Vega Vega, presidente de la Corte Superior , a las oficinas de la Sala Penal de Reos Libres.

Alerta Perú (HUAMANGA) - PERIODISTAS SON AGREDIDOS POR FAMILIARES DE MAESTROS DENUNCIADOS POR CORRUPCIÓN

Rocío Campos, periodista del Diario Correo, edición Ayacucho; Paola Collazos, corresponsal de Canal N de Lima; Marco Huillcahuari, del diario La Calle de Ayacucho; y, William Morán, periodista de radio Rumba, de Huanta, fueron agredidos e impedidos de realizar su trabajo periodístico, en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

El ataque ocurrió el 11 de marzo del 2010, en la puerta del Palacio de Justicia de Ayacucho, cuando personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), trasladaba a la cárcel de Yanamilla a un grupo de maestros procesados por corrupción por el juez William Pantoja Chihuan, del Quinto Juzgado Penal de Huamanga.

Los periodistas registraban imagénes de los detenidos, pero, fueron violentamente impedidos por sus familiares. Una mujer jaló del cabello a Campos, al mismo tiempo, un sujeto forcejeó con ella para quitarle su cámara fotográfica. El mismo sujeto, golpeó en la mano a Collazos para hacer caer la filmadora que portaba. Un grupo de mujeres, aprovechó la situación para atacar a la periodista, propinándole varios golpes en el cuerpo y el rostro.

Los periodistas, Huillcahuari y Morán, también, recibieron patadas y puñetes de parte de la turba. El ataque fue denunciado ante la Comisaría de Huamanga.

El 7 de marzo, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho realizó un examen para la contratación de docentes. El Fiscal Alfonso Carrillo, ese día, ordenó la detención de Silvia Ochoa Vallejo, Melisa Oncebay Tipe, Freddy Mejía Palomino, Pedro Ciro Perlacios García, Jesús Morales Salcedo, Juan Barrón Munaylla, Alfredo Gutiérrez Cáceres, Cenio Cconocc Roca, Wilber Barrientos Flores y Olimpio Vargas Torre, por haber encontrado en su poder los resultados del examen. El hecho involucra a funcionarios y servidores públicos de ese sector en la región.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

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HONDURAS : Asesinan a un periodista de la región atlántica tras amenazas atribuidas al narcotráfico

RSF Amériques/RSF Americas ameriques@rsf.org
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Español

Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
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A diez días de la muerte de Joseph Ochoa, del Canal 51 (http://www.rsf.org/Un-periodista-asesinado-no-debe.html), David Meza Montesinos se convierte en el segundo periodista hondureño asesinado en lo que va del año.

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Periodista de la radio local El Patio, corresponsal del canal Abriendo Brecha y de la estación nacional Radio América, David Meza fue asesinado a balazos durante una emboscada la noche del 11 de marzo de 2010 en La Ceiba, en la costa atlántica. Periodista polémico, la víctima había recibido tres semanas antes amenazas de muerte, tras difundir información sobre el narcotráfico.

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En ausencia de un móvil claro, solicitamos a las autoridades responsables de la investigación explorar en prioridad esta pista. Las mafias de la droga representan una de las principales amenazas de la prensa en el continente. El litoral atlántico hondureño es una plaza muy importante del narcotráfico.

La prensa del país ha lamentado la muerte de David Meza, de 51 años de edad, quien trabajó para El Patio durante 30 años y debía su popularidad a la cobertura de eventos deportivos y a su papel como enviado especial en Estados Unidos después del huracán Katrina. Él fue el único representante de la prensa hondureña en Nuevo Orleáns.

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La situación es alarmante en Honduras, los atentados contra los derechos humanos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 se suman a una fuerte inseguridad. En ese sentido, es desafortunado el nombramiento, el 8 de marzo de 2010, del ex general Romeo Vásquez Velásquez como directivo de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel.

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Es inadmisible que este hombre no responda por las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo su mando durante el golpe de Estado, en el que él fue un actor clave. Ahora, se comete esta falta política de nombrarlo dirigente de Hondutel, cuando es difícil olvidar el papel de censura del ejército en el momento del golpe. Es una muy mala señal enviada a los medios de comunicación de oposición, que no es congruente con la intención del presidente Porfirio Lobo, de reconciliación al interior del país.

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Benoit Hervieu
Despacho Américas / AmericasDesk
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ANP SE PRONUNCIA SOBRE DECLARACIONES VERTIDAS POR AURELIO PASTOR SOBRE AMÉRICA TELEVISIÓN

PRONUNCIAMIENTO

SIN LIBERTAD DE PRENSA, NO HAY DEMOCRACIA

Ante las desatinadas declaraciones vertidas por el ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso, respecto a la transferencia empresarial de América Televisión, canal 4, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa lo siguiente:

1.- Su rechazo al planteamiento formulado por el mencionado funcionario público, por cuanto constituye una abierta amenaza a la libertad de prensa en el país, libertad garantizada por la Constitución Política del Estado.

2.- Le hace recordar al señor Pastor Valdivieso que la Carta Política dice de manera puntual que "es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación".

3.- Alerta al gremio de la prensa para que al margen de cualquier otra diferencia, aúne fuerzas y voluntades de manera fime y sólida para impedir que cualquier maniobra política tenga como fin coactar el derecho a la libertad de expresión en el país.

4.- Demanda del Poder Judicial una declaración firme sobre este asunto de vital importancia para la afirmación de la democracia y el funcionamiento cabal de los poderes del Estado conforme a lo prescrito por la Constitución Política del Estado.

Lima, 11 de marzo del 2010

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Libertad de Prensa Q.E.P.D.

Carlos Rivera Paz

Cuando un periodista muere defendiendo su verdad, nunca muere. Pero logran sepultarlo cuando prevalece la impunidad. Desgraciadamente, el 95% de los crímenes contra periodistas en América Latina quedan irresueltos.
El de Alberto Rivera engrosa la lista

La Tercera Sala Penal de Lima absolvió al ex alcalde de Pucallpa Luis Valdez. Se trata de una sentencia absolutoria (en mayoría) en el proceso seguido contra Luis Valdez Villacorta por el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández.

Rivera fue ultimado con arma de fuego en la puerta de su vidriería, porque era comerciante además de periodista. El hecho ocurrió el 21 de abril del 2004. No pudo llegar a Radio Frecuencia Oriental, donde conducía un programa.

Desde aquel día todas las evidencias apuntan en una sola dirección: el entonces alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, contra quien el hombre de prensa inició una campaña en octubre del 2003 para denunciarlo por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

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Los autores materiales estan condenados

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Poco tiempo después del asesinato, los autores materiales fueron detenidos y procesados en la Corte de Justicia de Ucayali, en dos procesos diferentes. El 7 de febrero Martín Flores Vásquez, Roy Culqui Saurino, Tercero Samuel Gonzales Pinedo, Edwin Pérez Pinedo y Ángel Mendoza Casanova, y el 2 de agosto del 2006 Lito Fasabi Pisango y Álex Panduro, fueron condenados como autores del asesinato del periodista Rivera Fernández. Las declaraciones iniciales de todos ellos permitían concluir que fue Luis Valdez Villacorta quien les ordenó matar al periodista.

Impuesta la condena a los perpetradores materiales, quedaba sin embargo una pregunta por absolver: ¿Cuál era el móvil del asesinato?; esto es, ¿qué razón había llevado a alguno de los condenados a eliminar al periodista? Había pues que juzgar a quien emitió la orden.

El proceso contra Valdez Villacorta

Diferentes acontecimientos que demostraban la evidente relación entre Valdez Villacorta y los magistrados de la Corte de Ucayali llevaron a la Corte Suprema de Justicia, a pedido de la parte civil, a trasladar el caso contra Valdez a la Corte de Lima, para que rindiera allí el juicio oral.

Y así fue. A mediados de junio del 2009 se inició, en la Tercera Sala Penal de Reos de Lima, el juicio oral contra Luis Valdez Villacorta y Solio Ramírez Garay por el asesinato del periodista Alberto Rivera. El proceso judicial se estaba desarrollando con cierta regularidad hasta que el 15 de octubre del 2009, de manera inesperada y sorprendente, la mencionada Sala Penal decidió quebrar el juicio porque el fiscal había llegado 10 minutos tarde a la sesión de ese día.

Dos semanas después se reprogramó el juicio oral, gracias a la presión de la parte civil y de los medios de comunicación. El 30 de octubre se reinició el proceso desde fojas cero. Y fue entonces cuando comenzaron las irregularidades. Para empezar, el tribunal quería terminar el juicio antes de fin de año: tenía la intención de hacer en dos meses lo que no se había podido hacer en cinco.

Es preciso destacar que en ambos juicios el aporte probatorio del Ministerio Público, representado por el fiscal superior Ramiro Salinas, y de la parte civil, ha sido contundente, porque hemos presentado pruebas documentales y testimonios directos e indirectos que, juntos, demuestran sin ápice de duda que el crimen de Rivera se ejecutó como consecuencia de su actividad periodística y que la persona que emitió la orden fue Luis Valdez Villacorta.

Las irregularidades

Aun así, ha quedado bastante claro el empeño del tribunal por eliminar las evidencias presentadas por la fiscalía y la parte civil.
Pruebas al canto.

Durante el interrogatorio del abogado de la parte civil al acusado Valdez Villacorta, el tribunal impidió que se le pregunte por una denuncia presentada por él contra el periodista Rivera Fernández, a quien acusó ante el Ministro de Justicia como una persona que fomentaba actividades subversivas. El documento daba fe del encono de Valdez contra Rivera apenas semanas antes del asesinato. Ése es, para nosotros, un móvil.
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Además, el tribunal descartó la entrevista grabada entre la periodista María Elena Hidalgo, del diario La República, y Ángel Mendoza Casanova, en la que éste revelaba que fue Valdez quien pagó por el crimen. El tribunal esgrimió un argumento increíble: dijo que se trataba de prueba prohibida. Si así fuera, ningún vladivideo podría haber sido usado como evidencia.

También se negó el tribunal a que la fiscalía utilizara las declaraciones de los perpetradores materiales, que se habían presentado en este proceso como testigos. La existencia de ciertas contradicciones entre ellos hizo que el tribunal concluyera que se trataba de una prueba inválida, en flagrante desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que autoriza el uso de las declaraciones iniciales de los testigos siempre y cuando sean coherentes y puedan ser corroboradas con otras evidencias, como en efecto ocurrió en este caso. Los integrantes del tribunal —aunque usted no lo crea— dijeron que desconocían esa jurisprudencia vinculante de la Suprema, y el asunto quedó ahí.

Finalmente, decidieron desconocer el valor probatorio de un documento presentado por la parte civil, que contiene estadísticas de los periodistas asesinados en la región (México, Colombia, Brasil) por el narcotráfico. El tribunal declaró que no tenía ninguna relación con el caso, no obstante que la parte civil lo presentó para dar cuenta de que el crimen de Rivera era uno más de este tipo de asesinatos.

Ante estas irregularidades, el 14 de diciembre y el 19 de enero el IDL presentó quejas ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) contra el presidente de la Tercera Sala Penal de Reos Libres, Aguinaga Moreno, y contra sus integrantes, los magistrados Carrera Conti y Malson Urbina La Torre. En estas circunstancias, el último 1 de febrero la OCMA anunció que habría investigación, pero que el pronunciamiento de fondo lo haría luego de la sentencia, cuando estuviera en capacidad de observar el nivel de afectación de las inconductas funcionales perpetradas sobre el objetivo del proceso judicial.

La sentencia absolutoria y la impunidad

Para la fiscalía y la parte civil, no obstante las irregularidades señaladas, el proceso ha arrojado una respuesta efectiva: Alberto Rivera Fernández fue asesinado porque, en cumplimiento cabal de sus actividades periodísticas en la ciudad de Pucallpa, había denunciado de manera sistemática al entonces alcalde de esa ciudad, Luis Valdez Villacorta, por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

Además, las evidencias expuestas en el proceso habían demostrado que desde el mes de enero del 2004 se había iniciado un plan criminal destinado a eliminar al incómodo periodista, plan que contenía denuncias contra Rivera por hechos que no había cometido, así como sistemáticas y persistentes amenazas de muerte contra él. Pero como nada de eso lo silenció, el 21 de abril del 2004 decidieron matarlo. También se ha demostrado que la única persona que tenía un “legítimo y justificado interés” para ordenar la muerte del periodista era Luis Valdez Villacorta.

Desconociendo todas estas pruebas, la sentencia en mayoría, firmada por los magistrados Aguinaga Moreno y Carrera Conti, declaró que no había pruebas que vincularan a Valdez Villacorta con el asesinato de Rivera Fernández. Por increíble que parezca, la sentencia arguye que no se puede juzgar a una persona por meras sospechas, ya que no había sido demostrado que el asesinato tuviera relación con las constantes denuncias del periodista, con el argumento de que no hay un documento judicial (sentencia) que demuestre que Valdez Villacorta tiene alguna relación con el narcotráfico. De esta manera, el muy peligroso mensaje que se envía al país es que los periodistas no podrán denunciar públicamente a alguien vinculado a actividades ilícitas si no tienen las pruebas concluyentes -como una sentencia del Poder Judicial- que demuestre lo que denuncian.
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¿Son ésas las reglas del ejercicio de la libertad de expresión en un régimen democrático? Parece que por ahora, y seguramente por un buen tiempo, el crimen del periodista quedará en la impunidad.
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La carretera Federico Basadre es una cuchillada que corta la ciudad. Allí se encuentra el cementerio donde Alberto Rivera no logra descansar en paz.

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