Veracruz – México.- Cada pueblo tiene los gobernantes que merecen: Moco por baba

Cada pueblo tiene los gobernantes que merecen dice un proverbio. Moco por baba, así fue el cambio de Autoridades en Veracruz – México, de Fidel Herrera Beltrán a Javier Duarte de Ochoa, ambos violadores de los Derechos Humanos de los periodistas, investidos posiblemente con mucho ofrecimiento y demagogia a un pueblo ávido de cambios y lleno de necesidades, dos abyectos personajes que abusó el primero y ahora hace lo mismo el segundo aprovechándose de su investidura y pretenden servirse de un cargo al que accedieron para servir.

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Un pueblo engañado y frustrado en sus aspiraciones de surgir y encontrar Justicia en la el tiempo espacio histórico y que solo suma causas pérdidas con autoridades como las que ostentan cargos que les sirven para pretender catapultarse para la mas alta magistratura de su país, pero que sin embargo sufrirán el rechazo de la población desengañada de tanto falso ofrecimiento, de tanta mentira y corrupción, la agresión sufrida por Martin Serrano, periodista, director de Diario Tribuna de Veracruz – México es solo una mas de larga lista de acontecimientos nefastos sucesivos y continuos desde la anterior gestión y ahora heredados por la actual, igual de corrupta y reprobable, enemiga de la prensa libre y comprometida con el pueblo y sus luchas.

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Recordemos que la corrupción es la lacra que corroe las bases de nuestra sociedad, la destruye en sus aspiraciones de progreso, contamina a su juventud y desmoraliza a su población, retardando los logros a los que tiene derecho.

Alerta Perú (SANTA) - POLICÍAS AGREDEN A PERIODISTAS DURANTE RUEDA DE PRENSA DE JEFE DE ESTADO

El 14 de enero de 2011, en la provincia del Santa, departamento de Ancash, los periodistas Josué Ibarra, del diario La Industria; Edwin Azaña, corresponsal de América Televisión; Nancy Arellano, corresponsal del Canal N, así como, Guillermo Napa, camarógrafo del Canal 25, fueron agredidos físicamente por miembros de la Policía Nacional del Perú.

El hecho ocurrió en la Urbanización Buenos Aires, en el distrito de Nuevo Chimbote. Los periodistas se encontraban cubriendo incidencias de la visita del presidente de la República, Alan García Pérez, quien inspeccionaba la construcción de un "Plan de Viviendas" iniciado en la gestión de Valentín Fernández Bazán, ex alcalde de Nuevo Chimbote y candidato a la reelección por el partido Aprista Peruano (PAP) en las elecciones municipales pasadas.

Momentos antes, el mandatario había ofrecido a los periodistas una rueda de prensa. La agresión se produjo al final de ésta, cuando los comunicadores sociales, en una práctica cotidiana en este tipo de actividad, se acercaron para intentar dialogar con el Jefe de Estado. En ese instante fueron violentamente repelidos por un cordón policial de aproximadamente treinta efectivos. La orden represiva -según se les informó- provino del jefe de la delegación policial de la Urbanización Buenos Aires, comandante PNP José Chavarri Casas.

El camarógrafo de Canal 25, Guillermo Napa, fue golpeado en el cuello con una vara por uno de los policías. El impacto le causó una lesión con incapacidad física para el trabajo. Otro de los policías impactó con su escudo el cuerpo de Josué Ibarra, del diario La Industria, además, de patearlo en la pierna izquierda. La periodista Nancy Arellano, de Canal N, recibió un fuerte golpe en el pecho. También, agredieron a Edwin Azaña, de América Televisión.

Los periodistas, en entrevista con el jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP Miguel Núñez Polar, exigieron una explicación sobre la violenta actitud de los policías. Núñez calificó el incidente "como gajes del oficio". Sin embargo, ante la presión de los agredidos prometió investigar y sancionar a los responsables del ataque.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú.

Teléfono (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493.

Web: http://www.anp.org.pe / www.ofip.blogspot.com , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

A las autoridades estatales y federales

A las autoridades estatales y federales

27 de Enero del 2011

Intempestivamente, hoy a medio día entraron a las instalaciones de este medio de comunicación en Jalapa, Veracruz, dos personas con vestimenta informal que se dijeron agentes federales y responder a los nombres de Luis Díaz (alto, cara alargada, quijada pronunciada, delgado, tez apiñonada) y Javier Gutiérrez (estatura mediana, robusto, pelo cano, moreno) respectivamente, quienes con insistencia preguntaban por personal de la publicación y acto seguido fotografiaron las identificaciones de quienes los atendieron.

Pedían informes sobre una denuncia en Pánuco y mencionaron ser de la "Fiscalía de la Libertad de Expresión".

Sin cumplir ningún protocolo, los señalados permanecieron en el lugar intimidando a los colaboradores del periódico. Al final indicaron el número de teléfono 55 53 46 31 53En razón de que existen antecedentes de ataques a nuestra labor informativa, enérgicamente demandamos la indagación que se impone, así como el esclarecimiento de hechos constitutivos de delito que hemos denunciado y permanecen empantanados en todas las instancias de administración de justicia desde hace tiempo.

A t e n t a m e n t e

TRIBUNA.mx

Ccp/ Opinión Pública

Sitio web: http://www.tribuna.mx/

Susana Piedra propone en Ecuador recuperar el periodismo como una profesión de servicio

ARC (Andes).- Susana Piedra, quien dirige el Colegio de Periodistas de Pichincha desde el 5 de enero de 2011, cree que es necesario que los periodistas retomen la orientación de la profesión hacia el servicio, situación que, a su criterio, se ha perdido en los últimos años.

Contraria a la postura de que la mejor ley de prensa es la que no existe -esgrimida por directivos de medios, articulistas de opinión y sectores de oposición- la dirigente gremial considera que sí es necesario un cuerpo legal que regule los excesos de la prensa y la actividad periodística.

Sin embargo, no está de acuerdo en que se haya incluido en el referéndum convocado por el presidente de la República una pregunta relacionada al establecimiento de la Ley, porque ya consta en la Constitución vigente: "Debe haber una ley de comunicación, está establecido ya en la transitoria primera (de la Constitución), incluso está como una obligatoriedad que únicamente se la debe cumplir, no debería ir como una pregunta", dijo.

Susana Piedra cree también que es necesario un Consejo que regule la difusión de contenidos "porque como comunicadores somos quienes estamos monitoreando y vemos que los medios muchísimas veces no cumplen con su responsabilidad social".

No obstante, no está de acuerdo en que la conformación de este ente tenga presencia mayoritaria del Gobierno, sino que participen representantes de los gremios periodísticos, que tengan vinculación con la actividad.

Además que se establezcan observatorios ciudadanos para que controlen los contenidos de los medios.

Sobre la responsabilidad ulterior, que constaría en la ley propuesta por el Ejecutivo, Piedra dijo que esta figura ya existe, pero que lamentablemente no se ha aplicado.

En este aspecto, el criterio de la presidenta del Colegio de Periodistas difiere de lo que opinan algunos comunicadores. Ella cree que debería ser la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, la entidad competente que haga cumplir la responsabilidad ulterior.

Piedra cuestiona también que algunos periodistas hayan asumido una posición abierta en contra del referéndum, que debe pasar aún por el filtro de la Corte Constitucional.

Por ello, el Colegio de Periodistas organizará foros y debates con la participación de actores que defienden la convocatoria a consulta y con quienes se oponen, para que sea la ciudadanía, finalmente, la que escoja hacia donde inclinarse.

Pero, sostiene, "el caso de un comunicador, un informador, debe ser neutro. Debe dejar que sea la ciudadanía la que escoja".

Sobre los retos del periodismo en la actualidad dijo que la era digital ha obligado a acelerar los procesos de comunicación y sumarse a la inmediatez, paralelamente a la responsabilidad.

Frente a este reto cree que hay que retomar el principio que el periodismo es una profesión de servicio que, a su criterio, se ha dejado de lado debido a la imposición de las políticas editoriales en las empresas de comunicación que obligan al periodista a sumarse a posiciones con las que en muchas veces no está de acuerdo.

Censura en Egipto: La policía detiene a periodistas extranjeros

Soazig Dollet.- Reporteros sin Fronteras (RSF) condena la detención de cuatro periodistas franceses que cubrían las protestas de este 28 de enero de 2011 en El Cairo. La organización considera inaceptable la multiplicación de los obstáculos al derecho a informar.

Cuatro periodistas franceses fueron detenidos en la madrugada cuando se disponían a cubrir las manifestaciones con motivo de la oración del viernes en el centro de El Cairo. Karen Lagon (Le Journal du Dimanche), Adrien Jaulmes (Le Fígaro), el fotoperiodista Albert Facelly (de la agencia Sipa) y un periodista de Paris Match. Fueron puestos en libertad por la tarde, según las declaraciones del editor de Le Figaro y AFP.

Desde el 25 de enero pasado, muchos profesionales de la información de Egipto fueron atacados y detenidos. Además, los equipos de la CNN, la BBC y Al-Jazeera fueron atacados por policías vestidos de civiles que destruyeron sus equipos.

En la noche del 27 de enero de 2011, las autoridades egipcias cerraron Internet en las principales ciudades, así como la red de telefonía móvil. Hasta el momento, los teléfonos móviles e Internet, especialmente a través de redes sociales Facebook y Twitter, han desempeñado un papel clave en la movilización de los egipcios, quienes protestan desde el pasado 25 de enero para exigir la salida del Presidente Hosni Mubarak, haciéndose eco de la revolución de Túnez.

"Mediante el bloqueo de Internet, atacando y deteniendo a periodistas, ya sean egipcios o extranjeros, el gobierno egipcio no sólo quiere romper la organización de protestas en Egipto, sino también la difusión de esta información en el extranjero. Ahora es virtualmente imposible saber lo que realmente sucede en suelo egipcio. Las autoridades están organizando un apagón casi total de la represión del movimiento de protesta popular", ha dicho Jean-François Julliard, secretario general de RSF.

Censura en Youtube: Cuba emplaza a RSF para que denuncie la clausura de Cubadebate

PL.- Cuba ha denunciado ante los estados miembros de la Unesco el cierre efectuado por Google al canal de Cubadebate en Youtube y emplazó a Reporteros Sin Fronteras (RSF) a abandonar su silencio al respecto y denunciar esta censura.

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Durante un Coloquio Internacional sobre la libertad de expresión celebrado en la sede de la entidad de Naciones Unidas en París, la embajadora de la isla caribeña ante la Unesco, María de los Ángeles Florez, criticó al secretario general de RSF, Jean-Francois Julliard, por el silencio ante la interrupción efectuada por Google al canal Youtube operado por el sitio Cubadebate.

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Expresamos nuestra preocupación sobre la censura que hace el buscador y su ataque a la libertad de expresión contra Cubadebate en un país bloqueado donde el acceso a Internet llega vía satélite y el cual no tiene recursos para tener sus propios servidores, acotó.

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La máxima representante diplomática de la Isla en la UNESCO deploró que Google también neutralizara el acceso a más de 400 videos puestos por Cubadebate en el canal desde su lanzamiento en 2006.

Radios Comunitarias: Frank la Rue denuncia la criminalización en México

PES.- El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank la Rue, ha manifestado su preocupación por la criminalización contra las radios comunitarias en el Estado de Veracruz en México.

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Según la información que se conoce, el comunicador José Maza de la Radio Comunitaria "Radio Diversidad" de la comunidad campesina Paso de Macho en Veracruz, fue aprehendido el pasado lunes 17 en un proceso penal en su contra por la utilización de la frecuencia de radio sin el permiso correspondiente.

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En este sentido, el Relator de la ONU ha manifestado "El uso de una frecuencia no autorizada, no debiera constituir delito, sino una falta administrativa, por lo que los Estados no deben criminalizar este acto"

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"Este procedimiento judicial representa un mal precedente para los esfuerzos que se realizan para despenalizar este tipo de hechos", recalcó La Rue, quien añadió que "pese a las previsiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados frecuentemente limitan o restringen la libertad de expresión arbitrariamente, incluso recurriendo a leyes penales o acciones civiles, a fin de silenciar el disenso o la crítica".

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El Relator Especial urgió al Estado mexicano a tomar en cuenta los instrumentos internacionales relacionados con el ejercicio de este derecho, particularmente el Pacto Internacional.

La FEP condena el hachazo al empleo en la BBC y en el grupo Prisa-El País .

PES.- La Federación Europea de Periodistas ha declarado hoy que "las decisiones tomadas en el Reino Unido y España para eliminar miles de empleos en los medios de comunicación tendrán también un impacto devastador en la calidad del periodismo".

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Esta semana, el mayor medio audiovisual público del mundo, la BBC, anunció que casi un millar de empleos de su servicio exterior y de su servicio en línea serán suprimidos. En Madrid, la empresa PRISA, propietaria del principal diario español, El País, y que opera en 22 países, declaró que reducirán 2.500 empleos en distintas empresas del grupo.

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"Es devastador para el periodismo de calidad", ha declarado Arne König, presidente de la FEP, "porque muestra que tanto el sector público como el privado eliminan empleos en el periodismo, sin tener en cuenta –además- las consecuencias que eso tiene para el pluralismo, la libertad de prensa y la democracia".

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La FEP expresó su apoyo total a sus afiliados, la NUJ, en el Reino Unido; CCOO, FeSP y FAPE, en España, que han denunciado los recortes. La FEP teme que esos despidos puedan impulsar nuevas reducciones de empleo en un panorama que tampoco resulta halagüeño para el periodismo en otros países.

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"Estos despidos contienen una mezcla de objetivos políticos y empresariales, pero no logran otra cosa que profundizar en la crisis de los medios en Europa", ha declarado König. "Debemos cambiar la dirección que llevamos mediante acciones a todos los niveles, incluyendo la defensa del periodismo como bien público".

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La NUJ, del Reino Unido, ha declarado que "al recortar esos servicios el gobierno reduce también la influencia británica en el resto del mundo. Los recortes dañan al periodismo objetivo y de calidad en todo el mundo". La BBC es una fuente de información para muchos medios de comunicación en muchos países, afirma la FEP.

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Entre los sindicatos españoles afiliados a la FEP, la FeSP ha dicho en un comunicado que "PRISA también es líder en fórmulas de despido de personal o en formas de transferir a los trabajadores las consecuencias de una gestión megalómana; consecuencias de las que se salvan los responsables del desaguisado".

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Por su parte, FSC-CCOO recuerda también que el pasado mes de diciembre Prisa cerró el canal de televisión CNN + y anunció más despidos en 5 días, diario económico del grupo.

Medios públicos de comunicación: El PP cerraría Radiotelevisió de Mallorca

PES.- La Asociación de Productoras Audiovisuales de las Illes Balears (APAIB) ha publicado un comunicado de rechazo al anuncio hecho en IB3 Ràdio por el presidente del PP en Balears, José Ramón Bauzà, sobre la posibilidad de que su partido elimine la Radiotelevisió de Mallorca en el caso de que gobierne en el Consell Insular.
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Según la APAIB, Bauzà afirmó que lo que deben hacer los populares es "hacer las cosas bien hechas, tomar medidas con sentido común y recortar", y desde la APAIB se pide prudencia "ante este tipo de declaraciones populistas" y se exige al Partido Popular "un estudio meticuloso de la situación de esta televisión antes de tomar decisiones precipitadas, ya que este ente crea muchos puestos de trabajo y dinamización para el sector audiovisual".
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También pide la Asociación que se tenga en cuenta "al sector audiovisual como una actividad que bien gestionada es fundamental para el desarrollo económico de las islas y al potencial de las nuevas tecnologías para el impulso de un nuevo modelo de crecimiento de nuestra comunidad. Para ello, necesitamos la protección y la colaboración de las instituciones en la defensa de su proyección y el fomento de sus posibilidades de futuro".

Libertad de expresión en México: Convenio Fundalex y UNAM para combatir el miedo, el autoritarismo y la ignorancia .

PES.- La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un acto en el rector, José Narro Robles, llamó a llevarlo al terreno de las acciones para combatir en México "el miedo, el autoritarismo y la ignorancia que agreden el derecho a la libre expresión, así como a fortalecer los valores laicos y éticos hoy tan deteriorados".

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Armando Prida, presidente de Fundalex, señaló a su vez que la institución que dirige se sustenta en hechos y en este caso "se irá del convenio al compromiso, del compromiso a la acción y de la acción a la solución para empezar a cambiar México, puesto que sin libertad de expresión ningún ser humano puede llamarse libre".

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"La libertad de expresión nos permitirá fortalecer la justicia, la seguridad, la paz y el progreso nacional a través de la construcción de sociedades más libres, participativas, plurales, democráticas y respetuosas, utilizando la educación como piedra angular para lograrlo, así como autoridades más transparentes en el desarrollo de su gestión y consientes de la importancia de salvaguardar este derecho como elemento esencial para alcanzar acuerdos y cumplir con las responsabilidades adquiridas ante la ciudadanía, lo mismo que periodistas más capacitados para informar con verdad, sustento y la responsabilidad social que les corresponde", dijo Prida.

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En el acto celebrado en la Rectoría de la UNAM estuvieron presentes el abogado general de la Universidad de México, Luis Raúl González Pérez y el coordinador de Comunicación Social, Enrique Balp, así como los miembros de la Fundalex: René Avilés Fabila, José Martínez Mendoza, Mariano Morales, María del Pilar Cano, Armando López Aguirre y David Villanueva.

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El rector Narro Robles destacó que "estamos viviendo un grave problema de deterioro de valores laicos, de valores cívicos que tenemos que ayudar a fortalecer; necesitamos generar mucha gente que sueñe con tener un mundo mejor, que sueñe con tener una mayor convivencia, que sueñe que nuestro país puede tener una sociedad mucho más parecida, mucho más equitativa, mucho más tranquila y que muchos de los problemas que tenemos estén resueltos".

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Agregó que el sistema de valores no debe estar regido por el dinero como signo de éxito, así como también destacó la urgencia por "tener una mayor equidad en la distribución particularmente del ingreso nacional del uso de los recursos naturales nacionales, que esos tienen que ser para el servicio no de unos cuantos, sino de la mayoría en el país".

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Luego de ponderar el derecho a la libre expresión como el segundo detrás del derecho laico a la vida, porque el de pensar no nos lo quita nadie, expresó que se debe combatir a sus enemigos como son el miedo, el autoritarismo en cualquiera de sus facetas, así como la ignorancia.

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Afirmó que hoy la sociedad mexicana tiene miedo, pero más terrible aún es el lamentable nivel de educación, pues mientras se le mantenga "no podemos estar tranquilos; como decía, la ignorancia es un enemigo de la libertad de expresión".

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El doctor Narro agregó que la suma de trabajo, de esfuerzo, de intereses, de convicciones de la Fundalex con los intereses y convicciones de la Universidad "nos puede hacer que hagamos muchas cosas a favor de la sociedad".

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En educación, la Fundalex desarrolla un modelo para el fortalecimiento de los valores ciudadanos, que será uno de los principales temas por avanzar en esta nueva relación, aun cuando la fundación ha realizado varios foros internacionales con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM, finalizó Prida.

ALERTA MUNDIAL.- Perú: Reportero Grafico de La Industria sufre cobarde agrsión por parte de policias en Lima

Miguel Patiño Bottino

Denunciamos que el reportero gráfico Juan Carlos Ávila ( La Industria) sufrió hoy lunes 10 una cobarde agresión por parte de policías apostados en el local del Jurado Especial Lima Centro (cuadra 5 de la avenida Mariátegui).

Uno de los efectivos empleó el borde de su escudo de metal como arma de ataque para inferirle un profundo corte ...en el brazo derecho a Juan Carlos, que debió detener la hemorragia aplicándose un torniquete en la sede del organismo. Nadie lo auxilió allí.

Más temprano, otro colega periodista también fue agredido por policías en las afueras de la carceleta del Poder Judicial. Exigimos que el ministro del Interior ponga fin a este trato contra la prensa. Salir a ofrecer disculpas luego no es la solución. Agradecemos a los colegas que se solidarizaron con Juan Carlos y salieron en su defensa.

El mencionado hombre de prensa debe de dar cuenta inmediatamente al Ministerio del Interior peruano de dicho acontecimineto mediante la linea directa del mismo el 0800-16-0-16 y mediante este llegar a las mas altas esferas del poder esta queja para que se tomen las medidas correctivas del caso.

Esta alerta es responsabilidad de Red Mundial Periodistas Contra el Crimen Organizado y la Corrupcion

Para mayor información contactar a E-mail: periodistascontraelcrimen@gmail.com Web: http://periodistascontraelcrimen.blogspot.com/

Libertad de expresión, derecho al olvido, derechos de autor, Google y enlaces a películas

"No invocarás la libertad de expresión en vano"

Este debiera ser el título de esta entrada, pero por aquello del posicionamiento en los buscadores he compuesto un título por agregación que al final no dice nada.

No pretendo más que mostrar mi sorpresa por la ligereza con la que se quieren tapar todas las vergüenzas con el manto de la libertad de expresión.

Ante el riesgo de cierre, los agregadores de enlaces a películas dicen que ellos se limitan a ejercer la libertad de expresión.

Ahora el muy poderoso Google poco menos que amenaza con poner al Reino de España en la lista negra de los violadores de la libertad de expresión, porque la Agencia de Protección de Datos les requiere para que dejen de enlazar a publicaciones (principalmente boletines oficiales) en los que aparecen personas que quieren que sus referencias no sean recuperables.

En el primer caso estamos ante un conflicto entre libertad de información y derechos de autor. En el segundo, en un conflicto entre el derecho a la información y un nuevo desarrollo del derecho a la vida privada, el derecho al olvido, que corresponde a cualquier particular en relación a sus actividades sin trascendencia pública.

Prensa y Justicia sometidos a consulta popular en Ecuador

Análisis de Gonzalo Ortiz (IPS/ Quito).- Empujado por una alta popularidad, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, plantea un referéndum y consulta popular con diez preguntas, entre las cuales se desatacan las referidas a reorganizar el sistema judicial y a crear un Consejo de Regulación de los medios de comunicación.

La convocatoria a las urnas, que será la quinta impulsada por Correa, es para el segundo trimestre de este año con un cuestionario que deberá ser calificado por la Corte Constitucional.

Una vez que la Corte las califique, para lo que tiene 45 días a partir de la presentación hecha este lunes, plazo que con seguridad resultará excesivo, el mandatario izquierdista dictará un decreto convocando al referéndum y el Consejo Nacional Electoral estará en la obligación de realizarlo en...

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Censura en Ecuador: El CPJ rechaza la requisa de equipos informáticos a Vanguardia

Karen Phillips.- Los equipos informáticos y de comunicación pertenecientes a la revista de noticias crítica Vanguardia han sido incautados por autoridades ecuatorianas tras un allanamiento policial efectuado un mes atrás. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha concluido que el embargo constituye represalia por la posición editorial de la revista e insta a las autoridades a devolverlos a los editores.

El 17 de diciembre, miembros armados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) irrumpieron en las oficinas de Vanguardia en Quito, retuvieron a los empleados, y embargaron algunos de los bienes, incluyendo 35 discos duros, contó su editor Juan Carlos Calderón al CPJ. Las autoridades informaron que la acción fue parte de un procedimiento de desalojo que involucraba a sus oficinas pertenecientes al estado.

Una orden emitida por un organismo del estado resolvió que Gran Tauro, la empresa editora de Vanguardia, tenía tres días de plazo para pagar 14.560 dólares que supuestamente debía. Pero Calderón aclaró que el desalojo fue ejecutado de inmediato. La revista pagó la suma total que supuestamente debía a principios de enero, pero los funcionarios no han reconocido la recepción de los fondos.

Vanguardia y el grupo de prensa local Fundamedios creen que la incautación de los bienes fue ilegal y desproporcionada. El 21 de diciembre, a petición de Vanguardia, el juez de Guayas Ángel Rubio ordenó que se le permitiera al personal de la revista efectuar una copia de sus discos duros, que contenían información periodística importante. Aun no han podido obtener copias de los discos duros a pesar de haberlo intentado tres veces, Calderón indicó al CPJ. "Sospechamos que el gobierno o algún funcionario está interesado en nuestra información", agregó.

Calderón y Fundamedios creen que las acciones contra Vanguardia nacen de sus investigaciones exhaustivas sobre corrupción oficial. Vanguardia sigue publicando desde nuevas oficinas.

"El decomiso del equipo de Vanguardia parece destinado a paralizar a este medio independiente y crítico", ha señalado Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Instamos a las autoridades a devolver la propiedad de la revista y permitir que Vanguardia funcione sin obstrucción".

Wikileaks: las fuentes de información de Assange van pasando por el juzgado

PES.- Un tribunal de Zurich ha condenado hoy al ex empleado de banca Rudolf Elmer a una multa de 7.200 francos suizos (unos 5.500 euros) y le ha suspendido durante dos años, por violación del secreto bancario. La fiscalía pedía una pena de ocho años de cárcel y el pago de una multa de 2.000 francos. Elmer es el personaje que el pasado lunes entregó, en Londres y con periodistas y cámaras de testigos, al fundador de Wikileaks, Julian Assange, dos CD's con información detallada de 2.000 clientes -personas y sociedades- de cuentas bancarias suizas que practican la evasión fiscal.

Elmer, quien trabajó durante ocho años en las Islas Caimán como director de la entidad financiera suiza Julius Baer, tuvo sus quince minutos de gloria en el club de prensa internacional Frontline cuando, junto a Assange, explicó a los periodistas que su intención es que el gran público conozca los delitos que se cometen a través de las cuentas offshore en los paraísos fiscales.

El ex banquero no facilitó los nombres de las personas sospechosas de delitos fiscales pero declaró al periódico suizo Sonntag que en las listas "figuran cerca de cuarenta políticos y millonarios de Estados Unidos, Suiza, Alemania y Gran Bretaña". Otras fuentes hablan también de hombres de negocios paquistaníes. Con ello, Elmer espera, al menos, hacer tambalearse al sistema bancario suizo. En su página web, el ex banquero asegura que lleva cinco años intentando demostrar que el fraude fiscal es "el mayor robo de nuestro tiempo".

Antes de que se pronunciara el fallo, Elmer se declaró ante el tribunal "decepcionado" por la falta de ética del negocio financiero y dijo que la empresa -que le ha acusado de estar llevando a cabo una vendetta personal porque cuando le despidieron en 2002 no recibió la indemnización que pidió- le había ofrecido cerca de 400.000 euros a cambio de su silencio. También aseguró que no ha recibido ni un céntimo.

Al conocer el fallo dijo que su intención es llevar "el escándalo de los paraísos fiscales" hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ley de Imprenta en Bolivia: Los profesionales de la comunicación festejan sus 86 años como patrimonio del periodismo

PES.- Las organizaciones de trabajadores de la prensa y medios de comunicación social de Bolivia rinden homenaje a la Ley de Imprenta al cumplirse este 19 de enero de 2011 el 86 aniversario de su promulgación y reafirman en un comunicado el "sólido compromiso de defenderla como Patrimonio Jurídico-Legal del Periodismo Nacional", declarado en la reunión de Huatajata de 1998.

La Ley de Imprenta constituye el instrumento legal más idóneo para juzgar los delitos de imprenta, requiriendo únicamente un reglamento que extienda su alcance a los medios de comunicación audiovisuales y digitales y actualice los montos de multa pecuniaria establecidos, señalan las organizaciones.

Además, demandan al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional "mantener y respetar la plena vigencia de esta Ley como lo establecen los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el marco de los estándares internacionales sobre Derechos Humanos y Libertad de Expresión de los que Bolivia es signataria. Asimismo, evitar que intereses contrarios a la libertad de prensa y expresión intenten mutilarla, anularla o sustituirla por otra que pretenda poner al periodismo independiente al servicio de gobiernos de turno".

En el comunicado se convoca a todos los periodistas y medios de comunicación social del país a "movilizarse contra cualquier propósito de desconocer o ignorar esta norma, como sucedió con los nefastos artículos 16 y 23 de la noble Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación".

Y concluyen que, citando a Franz Tamayo, "el periodista auténtico jamás olvide el propio respeto del que, necesariamente, se desprende el respeto para con los demás. Sólo respetándose y respetando a los otros se sirve el noble oficio; y sólo en tal respeto plenario se puede gozar y usar la plena libertad de pensamiento y expresión, libertad que es signo del hombre de veras libre y del país de veras civilizado. El resto, barbarie".

Suscriben el comunicado la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Boliviana Radiodifusoras (ASBORA)

Libertad de prensa en México: Aprehenden a integrante de radio comunitaria en Veracruz

Aleida Calleja.- Agentes de la policía ministerial adscrita la Procuraduría General de la República (PGR) han ejecutado una orden de aprehensión contra José Maza, integrante de la emisora comunitaria Radio Diversidad, ubicada en la comunidad campesina de Paso del Macho en Veracruz al este de México.

La detención es parte del proceso penal que se inició cuando Radio Diversidad fue cerrada el 11 de marzo de 2009 mediante un operativo de la PGR respondiendo a una orden de registro librada por un juez penal federal, por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales por la utilización de la frecuencia de radio sin el permiso correspondiente. De acuerdo con el expediente, la denuncia inicial fue interpuesta por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) en enero de 2009

Para poder enfrentar el proceso en libertad, José Maza deberá presentar una garantía de veintidós mil pesos mexicanos (aproximadamente dos mil dólares). De igual manera otros integrantes de la radio comunitaria, Juan José Hernández y Paola Ochoa, continúan enfrentando un proceso penal en su contra como parte de la misma acusación, la cual será debidamente impugnada en su momento por parte de AMARC México quien lleva su defensa legal.

Este caso se suma al de otras radios comunitarias que han sufrido persecuciones penales similares. La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa –pena proporcional para cumplir el objeto de la ley, que es recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias por parte del Estado mexicano.

El acoso penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.

Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han afirmado que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.

Para AMARC ALC es lamentable que el gobierno actual haya iniciado y mantenga una línea represiva a través de la vía penal para la radiodifusión no autorizada, incumpliendo el compromiso que ha hecho ante organismos internacionales para no continuar con esta política. En la actual situación de violencia que vive México, especialmente en contra de comunicadores, dicha política no solamente es desproporcionada, sino que afecta gravemente la ya tan minada libertad de expresión en este país.

Por tanto, AMARC ALC exige al Estado mexicano el cese estos procesos de persecución penal e implemente acciones que posibiliten a las comunidades ejercer su derecho a la libertad de expresión por medio de la radiodifusión comunitaria.

*Aleida Calleja es directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC ALC

Periodistas en Guatemala: Jorge Toledo y Norman Rodas agredidos por integrantes del Partido Patriota .

PES.- La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha emitido un comunicado de condena por las agresiones físicas y verbales perpetradas en contra de los periodistas Jorge Toledo y Norman Rodas, por integrantes del equipo de comunicación social del Partido Patriota, en la cabecera departamental de Quiché, después de una conferencia de prensa en la sede de esa agrupación política.
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Ante esta flagrante violación al derecho de la libre emisión del pensamiento así como a la garantía de la vida de los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Política de la República, la Asociación de Periodistas de Guatemala, como máxima entidad de prensa del País, manifiesta en el comunicado:
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PRIMERO, su repudio y enérgica condena ante el atentado en contra de nuestro compañero Carlos Alberto Hernández Jacinto y exige al Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Organismo Judicial, el esclarecimiento inmediato de los hechos así como la aplicación de la Ley con todo el peso y rigor a los responsables.
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SEGUNDO, que este hecho criminal que viola totalmente el sagrado derecho de informar y ser informado, no sea un caso más que se ampara dentro de la impunidad.
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TERCERO, que estos abusos por parte de integrantes de partidos políticos en contra de periodistas que cumplen con su derecho constitucional de informar y ser informado, no pasen a ser una estadística más de sucesos similares que día a día se suman al incontrolable alto grado de violencia que azota, en general, a la ciudadanía guatemalteca.
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CUARTO, que se garantice el respeto y la plena seguridad para el ejercicio periodístico en cualquier ámbito del territorio nacional.
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QUINTO, que las autoridades de cualquier nivel respeten Nuestra Carta Magna y se subordinen al ordenamiento legal porque NADIE es superior a la Ley.
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SEXTO, solidaridad al gremio de prensa departamental, ante las amenazas y agresiones que se ciernen en contra de los profesionales de la información en el interior del País.
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SÉPTIMO, que la comunidad internacional esté alerta y vigilante ante la vulnerabilidad que enfrentan los comunicadores sociales en Guatemala.

BBC indemnizará por sacar a una presentadora de 50 años de la pantalla

PES ..PES.- La BBC deberá indemnizar a una expresentadora de sus informativos, Miriam O'Reilly, quien planteó una demanda cuando la empresa empezó a cambiar a los profesionales de más de cuarenta años y ha obtenido ahora una sentencia favorable que, además de suponerle una indemnización, obligará a los directivos de la compañía a revisar los procedimientos de selección.

Miriam O'Reilly fue una de las cuatro presentadoras despedidas hace dos años y decidió emprender acciones legales contra la BBC, en lugar de aceptar la oferta de un acuerdo de entre £ 75.000 y £ 100,000, argumentando ante un tribunal laboral discriminación por razones de sexo y edad.

Según informa The Guardian, O'Reilly tenía amplia experiencia en programas de la BBC Radio, pero descartó también volver con otro programa a ese medio porque trataron deliberadamente de avergonzarla por querer seguir en pantalla a su edad: "He trabajado 25 años en la BBC y no esperaba terminar de esta manera"

El tribunal ha seguido detenidamente los procesos de selección del personal que aparece en pantalla en la BBC y este veredicto es probable que lleve a una revisión de los procedimientos de selección en toda la industria televisiva, y aparezcan a partir de ahora más personas mayores (y mujeres) en la pantalla.

El exdirectivo de la BBC Jay Hunt dijo al tribunal que "nunca consideró la apariencia en la decisión de aparecer en la televisión” porque le “parecería ofensivo". Sin embargo, aceptó la sugerencia del abogado de O'Reilly, Heather Williams, QC, de que hay una "diferencia notable" en la forma en que "la apariencia física es un problema para las mujeres que no es para los hombres".

"En el prime time, es mucho más común ver a hombres que estén arrugados o con sobrepeso, o que de una u otra manera no pueden ser descritos como físicamente atractivos" dijo Williams

Libertad de expresión en Panamá: AMARC ALC pide que no se criminalicen las críticas al Presidente .

Aleida Calleja*.- Este 5 de enero los diputados José Muñoz Molina y Agustín Sellhorn, integrantes de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presentaron al Presidente de la Asamblea Panameña un anteproyecto de Ley que "adiciona un artículo al Código Penal para tipificar el delito de vilipendio contra servidores públicos de cargos de elección".

El anteproyecto añade el artículo 439-A al Código Penal para establecer que "Quien infundadamente ofenda, ultraje o vilipendie públicamente al Presidente de la República o a cualquier servidor público que sirvan cargos de elección popular, será sancionado con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana."

Tal propuesta equivale a reactivar el desacato, y de aprobarse, Panamá contravendría los estándares internacionales en materia de libertad de expresión los cuales desde hace más de quince años han establecido que: "el uso de tales poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. Las leyes que penalizan la expresión de ideas que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con la libertad de expresión y pensamiento consagrada en el artículo 13 y con el propósito fundamental de la Convención Americana de proteger y garantizar la forma pluralista y democrática de vida."

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Por tanto, AMARC ALC une su voz al de otras organizaciones que han demandado al Estado panameño que se abstenga de aprobar una modificación que limitaría injustificadamente el derecho a la libertad de expresión y marcaria un grave retroceso en materia de libertad de expresión en ese país.

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*Aleida Calleja es directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación AMARC ALC

Wikileaks: a mayor secretismo menor democracia .

María Pía Matta*.- Las reacciones de diferentes gobiernos ante la divulgación de información pública por parte de Wikileaks ignoran el necesario debate sobre el derecho de los ciudadanos a conocer las acciones de sus gobiernos, y la asociación mundial de radios comunitarias AMARC denuncia por ello el clima de censura y represión que afecta a los gestores y administradores de Wikileaks.

Resulta muy preocupante que en un clima hostil al debate sobre la libertad de expresión, se hayan desarrollado acciones que no reconocen el valor de la información como parte de los derechos fundamentales y que vulneran el derecho de las y los ciudadanos a tener libre acceso y conocimiento de asuntos públicos.

AMARC como una asociación mundial, que reúne a radios comunitarias de todos los continentes cree necesario enfocar esta discusión en el tema del acceso a la información como un derecho fundamental para el desarrollo de la democracia.

Nos llama poderosamente la atención que los mismos gobiernos que promueven la transparencia como valor de la convivencia democrática hoy repriman la difusión de antecedentes sobre la gestión pública que amplían el conocimiento ciudadano de las acciones del poder. En ese sentido resulta indispensable que los gobiernos reconozcan que tecnologías como Internet suponen espacios de control de la gestión pública y deben ser usadas como instrumentos para el buen gobierno y la transparencia. Esto debe llevar a cambiar la cultura del secreto que domina en las políticas de estado de las principales potencias. Se debe reconocer que las y los ciudadanos tienen el derecho de establecer formas de interacción con la gestión de sus gobiernos que amplíen los ámbitos del dominio público.

Solidarizamos con quienes liberan información reservada referida a violaciones a los derechos humanos que cometen los estados, ya que dichas acciones revindican el derecho de la ciudadanía de actuar en defensa de la plena vigencia del estado de derecho.

Creemos que es un deber de los estados abstenerse de acciones de censura indirecta ejercidas como resultado de la presión sobre proveedores de servicios asociados al desarrollo de los medios o bloqueando el libre acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación.

Afirmamos que es imprescindible que existan regulaciones claras que protejan a las y los comunicadores de represalias relacionadas con el ejercicio del derecho a la comunicación. Estas regulaciones deben basarse en el reconocimiento del derecho a la información y a la opinión de todos los miembros de una sociedad y deben constituir en la información un bien público protegido por los principios reconocidos en el derecho internacional.

Las radios comunitarias sabemos de acciones de censura y represión. Hemos aprendido que cuando se acalla un medio de comunicación toda la sociedad pierde la posibilidad de una convivencia en libertad. También sabemos que la censura es inútil porque no se pueden acallar todas las voces de una ciudadanía organizada que busca expresarse. Por eso instamos a la comunidad internacional a detener la censura a escala global contra Wikileaks y establecer el pleno respeto de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

*María Pía Matta es presidenta de Amarc

Protección de fuentes: el Gobierno de EEUU ordena a Twitter entregar información sobre seguidores de WikiLeaks .

Summer Harlow (Knight Center).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una citación a Twitter para que facilite información sobre personas y cuentas vinculadas al sitio de denuncia WikiLeaks, informaron el Christian Science Monitor y el diario El País.

La Jornada reportó que la orden busca información sobre las alertas enviadas por personas vinculadas actualmente o en el pasado con WikiLeaks, incluidos la parlamentaria de Islandia Birgitta Jónsdóttir, el investigador Jacob Appelbaum, Rop Gonggrijp, y el fundador del sitio, Julian Assange, quien ha perdido apoyo entre los periodistas estadounidenses.

El Departamento de Justicia también busca información sobre la cuenta de Twitter de WikiLeaks y sus seguidores, así como los datos sobre el soldado Bradley Manning, quien está detenido bajo sospechas de haber filtrado documentos clasificados a WikiLeaks.

"Toda esta extraordinaria investigación 'criminal' se deriva de la publicación de información clasificada por parte de Wikileaks que muestra lo que el gobierno estadounidense está haciendo: algo que los periodistas de investigación, por definición, hacen todo el tiempo", escribió Glenn Greenwald en un artículo en la revista electrónica Salon.

En una declaración a Reuters, WikiLeaks dijo que "condena enérgicamente este acoso de los individuos por parte del gobierno de Estados Unidos".

El abogado de Assange, Mark Stephens, aseguró que la citación proporcionaría a los fiscales información sobre más de 634.000 personas que siguen la cuenta de Twitter de WikiLeaks y agregó que información similar ha sido solicitada de Google, Facebook, y la unidad de Skype en eBay, informó Bloomberg. Para más temas de libertad de expresión relacionados con Twitter y Facebook, ver los mensajes de la cuenta de Twitter del Centro Knight sobre libertad de expresión en redes sociales.

La citación para Twitter es el más reciente golpe de la guerra en contra de las filtraciones de información que emprendió la administración del presidente Barack Obama. El ex agente de la CIA Jeffrey Sterling fue acusado la semana pasada de filtrar información sobre la seguridad nacional.

Libertad de expresión en Bolivia: Periodistas condenan el reglamento de la ley contra el racismo y la discriminación

PES.- Las organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa de Bolivia señalan en un comunicado que la aprobación del reglamento de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación promulgado por el presidente Evo Morales "no hace otra cosa que legitimar el carácter punitivo de la mencionada ley cuyo objetivo central, como ya lo habíamos afirmado, es el control del trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación y constituye un grave atentado a la libertad de expresión, de opinión y de prensa".

Además, añaden, "viola la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y atenta contra el derecho al trabajo de los periodistas y de los trabajadores de la prensa".
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A juicio de las asociaciones, "el Gobierno usa el eufemismo de la inhabilitación temporal de funcionamiento de los medios de comunicación para ocultar su intención política de amordazar a la prensa y penalizar la labor de periodistas que, según al artículo 23 de la mencionada ley, serán procesados penalmente como cualquier delincuente, sin tomar en cuenta que según la Ley de Imprenta, en plena vigencia, según el presidente Evo Morales, los delitos de prensa se procesan en un Tribunal de Imprenta".
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Con estos argumentos, los periodistas bolivianos sostienen que "al igual que la ley que le dio origen, el reglamento promulgado por el Órgano Ejecutivo, atenta contra la Constitución Política del Estado que consagra los derechos al trabajo, a la libertad de expresión y de información, sin censura ni ningún tipo de restricción".
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Sostienen además que este reglamento "también viola el artículo 107 de la Constitución que establece claramente que los medios de comunicación y periodistas fiscalizan su labor por medio de la autorregulación, mecanismo que ha sido puesto en práctica entre otras instancias a través de los tribunales de ética periodística con resultados comprobables mucho antes de la aprobación de la Ley 045".
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El comunicado concluye que "el reglamento constituye un nuevo acto de desconocimiento flagrante a convenios internacionales de derechos humanos que establecen que el trabajo de la prensa debe ejercerse sin ninguna restricción política".
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Suscriben el comunicado la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), y la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora).

Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia el acoso del gobierno estadounidense en contra de WikiLeaks y de sus colaboradores

Lucie Morillon.- .En efecto, un tribunal del distrito de Alexandria (Virginia), dirigió el 14 de diciembre de 2010 una conminación a Twitter, firmada por la jueza Theresa Buchanan, en la que pide información "pertinente" sobre los usuarios que podrían estar relacionados con el sitio Web Wikileaks, en el marco de una "investigación criminal en curso".

La información solicitada, desde el 1 de noviembre de 2009 a la fecha de emisión de la conminación, concierne a Julian Assange, fundador de Wikileaks, Bradley Manning, sospechoso de pasar los cables diplomáticos al sitio Web, Rop Gonggrijp, ex colaborador de Wikileaks, Jacob Appelbaum, programador estadounidense, y Brigitta Jonsdottir (@birgittaj), diputada islandesa y ex voluntaria de Wikileaks.

"Tras las presiones ejercidas sobre Paypal, Visa, MasterCard y Amazon, el gobierno estadounidense aumenta el ensañamiento contra Wikileaks y sus colaboradores. El gobierno federal busca a toda costa abrir una investigación criminal, lamenta Reporteros sin Fronteras. Tal forma de proceder representa 'un grave perjuicio' a la protección de datos personales por parte de la administración Obama, quien afirmó en varias ocasiones ser favorable a la libertad de expresión en línea".

En una carta dirigida al presidente Obama y al fiscal general Eric Holder, Reporteros sin Fronteras ya solicitó a las autoridades estadounidenses que renunciasen a perseguir a Wikileaks y a sus colaboradores, argumentando que la "publicación de información – aunque fuera clasificada – por parte de Wikileaks y de los cinco medios de comunicación asociados, constituye una actividad periodística de información al público y por lo tanto se acoge a la Primera Enmienda". Así pues, Reporteros sin Fronteras pide al gobierno estadounidense, en nombre de los principios constitucionales fundamentales, que renuncie a conseguir estos datos personales y que cierre esta investigación.

Mark Stephens, uno de los abogados de Julian Assange, afirma que esta nueva acción traduce "la desesperación de los Estados Unidos por pillar a toda costa" a su cliente por "crimen".

La magnitud de la información solicitada por la justicia estadounidense es impresionante. Vienen incluidos: las grabaciones de tweets o conversaciones entre usuarios, direcciones IP, email y postal de las personas incriminadas, así como las formas y fuentes de pago, en particular con los datos bancarios. Al acceder a los intercambios entre usuarios y a la opción de cogestioń de algunas cuentas, las autoridades estadounidenses tienen la posibilidad de hacer mayor su campo de "sospechosos" en el caso Wikileaks.

Reporteros sin Fronteras saluda la iniciativa de Twitter al informar a los usuarios del procedimiento en curso. En un primer momento, las autoridades le ordenaron a Twitter que mantuviese la información en secreto y que no avisasen a los usuarios concernidos. Después de lo que parece ser una "batalla jurídica", Twitter consiguió el permiso, el 5 de enero de 2011, para avisar a los internautas incriminados. El Sitio Web afirmó que sin la existencia de un procedimiento jurídico por parte de los usuarios concernidos para oponerse al requerimiento de los Estados Unidos, o bien sin un acuerdo amistoso en un plazo de diez días, estará obligado a entregar los datos.

La diputada islandesa Brigitta Jonsdottir afirmó que nunca entregaría tal información de forma "voluntaria" a la justicia estadounidense. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, declara : "Espero que no se piensen que soy tan ingenua como para publicar en mi cuenta Twitter mensajes importantes o que me podrían incriminar". Y afirmó haberse puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés, y haber solicitado una cita con el embajador de Estado Unidos en Reykjavik. El ministro de Interior islandés declaró que la forma de proceder de los estadounidenses llega a ser "grave e inquietante".

Wikileaks considera que se podrán haber dirigido conminaciones similares a Facebook y Google, los cuales de momento no han comentado el caso. La página en Facebook del sitio Web cuenta ya con más de 1,5 millones de "fans" y su cuenta en Twitter interesa a más de 600.000 internautas.

Censura en Honduras: una contrata eléctrica estatal sabotea radios comunitarias

PES.. Aleida Calleja*.- Este miércoles 5 de enero dos personas con uniforme del Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (Semeh) entraron en las oficinas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), amenazaron de muerte a integrantes de la organización y cortaron la luz eléctrica a las radios comunitarias Guarajambala y la Voz Lenca.
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Posteriormente los agresores continuaron con las amenazas gritando: “hay que cortarle la luz a estos revolucionarios hijos de puta, ya no queremos oír esas radios”. Además, se produjeron agresiones físicas al envestir con un vehículo a integrantes del Copinh que estaban en el callejón frente a la oficina.
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Las personas amenazadas son Juan Vásquez, Leonel Andino, Cruz Alfaro del Equipo de Operadores y de Comunicación, igualmente a Salvador Zúniga, Telma Hernández y Bertha Cáceres y agredieron físicamente al compañero Nestor Sorto.
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Estas agresiones se suman a otras que han ocurrido en contra de medios comunitarios e independientes en las últimas dos semanas en Honduras, tales como la detención arbitraria, persecución y agresiones físicas cometidas en contra de dos corresponsables de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, ocurridas el 15 de diciembre por parte de integrantes de un operativo combinado que incluyó al Ejército y la Fuerza Nacional. En este caso aun se encuentra abierta la investigación penal en contra de las periodistas que deben presentarse a audiencia este 11 de enero de 2011.

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También, el 4 de enero una integrante de la radio virtual Honduras Insurrecta, miembro del Movimiento Nueva Democracia, sufrió un robo a su casa mediante el cual le fue sustraída la computadora. La denuncia fue interpuesta por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) sin que hasta el momento existan avances en la investigación.

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Las dos primeras agresiones se agravan dado que provienen directamente de autoridades estatales o de personas vinculadas con ellas. Al estar plenamente identificados los agresores, ambas investigaciones debieran agilizarse y tener resultados expeditos. Por tanto, AMARC ALC hace un nuevo llamado al Estado Hondureño a fin de que cese todo acto de intimidación y hostigamiento en contra de integrantes de medios comunitarios e independientes, al tiempo que investigue, sancione y repare el daño de forma inmediata.

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*Aleida Calleja, directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación AMARC

ALC

http://www.periodistas-es.org/medios-de-comunicacion/censura-en-honduras-una-contrata-electrica-estatal-sabotea-radios-comunitarias

Libertad de prensa en Ecuador: la ‘auditoría social’ pone a los medios de comunicación en la mira .

PES ..AR (Andes).- El contexto de la comunicación en Ecuador cambió en los últimos años, coinciden analistas y comunicadores, que valoran como el surgimiento de medios de comunicación de carácter público ha sometido a las grandes empresas de prensa –tradicionalmente influyentes al punto de contribuir a la caída de varios gobiernos- a la evaluación permanente de la gente.

Existe una virtual auditoria social en el país, situación que incomoda a un gran número de periodistas otrora acostumbrados a ser “referentes morales” y a torcer, de acuerdo a las conveniencias, la opinión pública, señalan varias fuentes informativas.

“En este momento los medios de comunicación y el periodismo en Ecuador están sujetos a un debate por el público”, dijo Francisco Herrera Aráuz, periodista de extensa trayectoria, quien se desempeña como director del periódico digital Ecuadorinmediato.

En declaraciones a Anades, Herrera sostiene que esta situación se da en parte por lo que ha hecho el presidente de la República, Rafael Correa, quien, desde que asumió su mandato en 2007, ha sido un fuerte crítico de la mediocridad y falta de objetividad de ciertos medios y comunicadores.

Otro de los aspectos que han contribuido a aumentar la desconfianza hacia la prensa, de acuerdo a Herrera, es porque el público ha sufrido “experiencias difíciles de asimilar”.

“Los medios de comunicación han sido parte de los tres golpes de estado que se han dado en el Ecuador (contra Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), y eso es destruir la democracia. Eso ha generado una especie de complicidad censurada y criticada por la gente”, sostuvo.

El consultor en medios Rodrigo Jordán considera que en los actuales momentos el periodismo atraviesa por un proceso de auditoría social. Esto nace a raíz de la incursión de los medios públicos, en un ámbito que era dominado por las empresas privadas, lo que ha generado un clima de confrontación, “al periodismo no le gusta mucho que le observen cómo hace sus prácticas”.

Herrera expresó su preocupación y cuestionó que en los medios de comunicación privados, a nombre de la libertad de expresión, se está “amparando, sojuzgando, anticipando, previniendo y salvaguardando la comisión de verdaderas irregularidades que perjudican el cumplimiento de las leyes en el país”.

Cita que le parece grave que un medio reclame, y se escude en la libertad de expresión, cuando se reclama, por ejemplo, el cumplimiento de los derechos de sus trabajadores.

“Conozco el caso de emisoras en algunas provincias que como se les ocurrió cobrarles el agua, la luz y el teléfono se lanzaron contra las empresas. Y lanzaron una campaña que casi termina en incendio de las empresas porque les querían cobrar”, relató.

“Lamentablemente crecimos con una generación que abusó de ese poder y lo convirtió en una especie de forma de vida. Así han pervivido los medios de comunicación en Ecuador, a mí me parece deplorable”, sentenció Herrera.

Casos

El 17 de diciembre, la Unidad de Gestión del Fideicomiso AGD No Más Impunidad embargó los bienes de la Revista Vanguardia, cuyos directivos adeudaban 14.000 dólares por trece meses de arriendo. Esto fue denunciado como una represión política y atentado a la libertad de expresión por la “linea crítica” del semanario hacia el Gobierno.

En otro caso, la Corporación Aduanera (CAE) denunció que el diario El Comercio habría pretendido evadir el pago de tributos al declarar el ingreso de enciclopedias exentas de impuestos cuando en realidad se trataba de cuadernos. El Comercio pretendió desaduanizar pagando apenas 667 dólares, cuando en realidad debía cancelar 63.000, dijo entonces Xavier Cadenas, gerente encargado de la CAE.

El 17 de noviembre de 2010, Fundamedios, organización que “vigila” supuestas agresiones contra la prensa, publicó una alerta sobre este caso y expuso que “algunos medios en propiedad del Estado” habían emprendido una campaña de desprestigio contra el matutino.

Cabe indicar que ningún diario del país, que normalmente abogan por la transparencia, se hizo eco de la supuesta evasión de impuestos.

Otro caso en el que se quiso esconder la irresponsabilidad personal escudándose en la calidad de periodista, es el de Bernardo Abad, presentador del segmento de la comunidad en Teleamazonas.

Abad fue capturado el 6 de diciembre por el incumplimiento en el pago de una pensión de alimentos. La orden de apremio fue emitida por la jueza novena de la Niñez y Adolescencia de Guayas, Daysi Aveiga, debido a la deuda que asciende a 44.500 dólares.

En el Juzgado Noveno reposa la denuncia hecha por la periodista radial Loly Páramo, quien reclama dicha cantidad para su hijo, de ocho años, que según ella tuvo con Abad.

Finalmente, Abad con ayuda de amigos logró cancelar lo adeudado y recuperó su libertad. Sin embargo, en declaraciones a la prensa denunció que agentes de seguridad del Estado participaron de su traslado de Quito a Guayaquil, lo que le pareció “sospechoso”.

“Perros guardianes del status quo”

La objetividad de los medios está en debate por estos días. La gente sospecha que éstos se han alejado de la gente y se han acomodado junto al poder financiero.

El pasado 7 de diciembre durante una conferencia magistral en Quito, Ignacio Ramonet, connotado periodista, director de Le Monde Diplomatique, expuso que los medios hoy, en algunas circunstancias, no solo han dejado de defender al ciudadano sino que a menudo actúan contra el pueblo.

Eso se ha evidenciado, dijo, en el enfrentamiento que se desarrolla actualmente en algunos países de América Latina, entre ellos Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela.

Particularizó el caso de este último país donde después de que la oposición política fue barrida, los grupos mediáticos locales de prensa, radio y televisión más importantes del país se lanzaron en una guerra contra la legitimidad democrática que representa el gobierno del presidente Hugo Chávez.

“Se piense lo que se piense del presidente Chávez y de su gobierno, hay que constatar que contra ellos los medios, en manos de unos cuantos privilegiados, utilizaron y siguen utilizando toda la artillería, las manipulaciones de las mentiras, de las falsedades, para intentar intoxicar las mentes de los ciudadanos en una guerra ideológica abierta para defender sus privilegios y oponerse a toda reforma social de la riqueza del país”, subrayó.

Agregó que el caso de Venezuela, que no es nuevo, es ejemplar de esta nueva situación internacional en la que unos grupos mediáticos enfurecidos, asumen abiertamente su nueva función de perros guardianes del orden económico establecido y su nuevo estatuto de poder antipopular y anticiudadanos.

“Estos latifundistas mediáticos no se asumen solo como poder mediático sino, sobre todo, como poder ideológico que trata de contener las reivindicaciones populares y que ambiciona apoderarse del poder político”, indicó.