viernes, diciembre 30, 2011
29 PERIODISTAS ASESINADOS Y EXTREMA PRECARIZACIÓN LABORAL EN LATINOAMÉRICA
Asociación Nacional de Periodistas del Perú anp@amauta.rcp.net.pe
Informe FEPALC 2011:
;29 PERIODISTAS ASESINADOS Y EXTREMA PRECARIZACIÓN LABORAL EN LATINOAMÉRICA
Durante el 2011 han sido asesinados 29 periodistas en América Latina y el Caribe, según reporte presentado por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). México, con 10 crímenes y Honduras, con seis, son los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en la región.
Los otros países con víctimas son Brasil (3), Perú (3) Colombia (1), El Salvador (1), Guatemala (1), Haití (1), Panamá (1) Paraguay (1) y República Dominicana (1).
Esta cifra representa casi un tercio del total de periodistas fallecidos en razón de su profesión en el mundo.
México se ha convertido en el territorio más peligroso para el ejercicio periodístico, en el que los esfuerzos de la propia comunidad internacional para implementar mecanismos no han tenido resultados efectivos. Esto porque las autoridades mexicanas no expresan voluntad de esclarecer los crímenes y suelen atribuirlos gratuitamente a la inseguridad ciudadana descartando cualquier vinculación de los hechos con la denuncia periodística.
Para la FEPALC, también, genera especial alarma el clima de violencia que se vive en Honduras, donde además de los crímenes se han registrado múltiples atentados contra la integridad física de los comunicadores sociales y la infraestructura de diversos medios de comunicación. Uno de los hechos que generó mayor consternación en el gremio fue el ataque contra la sede del diario La Tribuna que dejó gravemente herido a un vigilante.
Preocupa de manera particular a la FEPALC el alto índice de impunidad en la región que ensombrece aún más la desaparición física de los periodistas. El 98 por ciento de crímenes aún no han sido resueltos. Las investigaciones de dichas muertes, en el mejor de los casos, sólo llegan a determinar al actor directo, al sicario que cumple la orden de matar, pero no se llega a un nivel superior de responsabilidad, ni a relacionar las denuncias periodísticas con las secuelas de muertes.
Para la FEPALC la impunidad en la que se mantien los crímenes está institucionalizando una cultura de la autocensura y el silencio, propia de aquellas sociedades en las que no hay garantías a la vida, integridad física ni condiciones de trabajo dignas para las y los trabajadores del sector.
Sobre este último particular la FEPALC denuncia la precarización laboral en los que se ejerce la profesión periodística. En el 2011 se han registrado despidos masivos en Brasil y Chile -donde ha continuado la hostilidad contra los trabajadores tras el cierre de la edición impresa del diario La Nación-. También en Argentina, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, se han cancelado empleos y se ha acosado y perseguido a quienes se organizan sindicalmente.
En el caso particular de Perú, el acoso laboral más crítico se produjo durante el proceso electoral presidencial, los primeros seis meses del año. Un numeroso grupo de periodistas fueron despedidos -de manera frontal o mediante la figura de "no renovación de contratos"-, en Lima y al interior del país una serie de programas fueron retirados del aire por presiones político-publicitarias.
Al presentar este balance anual la FEPALC les recuerda a los presidentes latinoamericanos en pleno que es deber de los Estados prevenir e investigar los asesinatos, secuestros, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Asimismo cautelar el derecho a un trabajo digno y decente.
La FEPALC, al cierre de este 2011 e inicio de un nuevo año, reafirma su compromiso de mantener movilizados a sus sindicatos afiliados en América Latina con el fin de estar vigilantes y denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades físicas y laborales de las que son víctimas nuestros colegas y cautelar el derecho a la libertad de expresión, como derecho natural de las personas y los pueblos.
31 de diciembre de 2011
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC
FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 14 países de la región
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP); Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC,
a través del e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: http://www.fepalc.org/
Periodistas asesinados en Latinoamérica-Caribe 2011 (29)
México (10)
Honduras (6)
Brasil (3)
Perú (3)
Colombia (1)
El Salvador (1)
Guatemala (1)
Haití (1)
Panamá (1)
Paraguay (1)
República Dominicana (1)
MEXICO (10)
Luis Emanuel Ruiz Carrillo (La Prensa) - 24 de marzo
José Luis Cerda Meléndez (Televisa) - 30 de marzo
Noel Lopez Olguín, (Noticias de Acayucan/DiarioLa Verdad) - 31 de mayo
Pablo Ruelas Barraza, (El Diario del Yaqui-El Regional de Sonora) - 13 de junio
Miguel Angel López Velasco, (Notiver) - 20 de junio
Yolanda Ordaz de la Cruz (Notiver) - 26 de julio
Humberto Millán Salazar (Radio Fórmula Diario digital A-Discusión) - 24 de agosto
Marcela Yarce Víveros (Revista Contralínea) - 1 de setiembre
Rocío González Trápaga (Ex reportera Televisa) - 1 de setiembre
María Elizabeth Macías Castro (Primera Hora y Nuevo Laredo en vivo) - 24 de setiembre
HONDURAS (6)
Héctor Francisco Medina Polanco (TV Omega Visión) - 10 de mayo
Luis Ernesto Mendoza Cerrato (Canal 24) - 19 de mayo
Adán Benitez (Canal 45) - 4 de julio
Nery Jeremías Orellana (Radio Comunitaria Jocondera) - 14 de julio
Medardo Flores (Radio Uno) - 8 de setiembre
Luz Marina Paz Villalobos (Cadena Hondureña de Noticias) - 6 de diciembre
BRASIL (3)
Luciano Leitao Pedrosa (TV Vitoria-Radio Metropolitana) - 9 de abril
Auro Ida (Olhar Direto) - 22 de julio
Gelson Domingos (TV Bandeirantes) - 6 de noviembre
PERÚ (3)
Julio César Castillo Narváez (Radio Ollantay) - 3 de mayo
Pedro Alfonso Flores Silva (Canal 6) - 8 de setiembre
José Oquendo Reyes (BTV Canal 45) - 14 de setiembre
COLOMBIA (1)
Luis Eduardo Gómez (El Heraldo de Urabá) - 30 de junio
EL SALVADOR (1)
Alfredo Hurtado (TV Canal 33) - 25 de abril
GUATEMALA (1)
Yansi Roberto Ordoñez Galdámez (Canal 14 - TV Municipal) - 19 de mayo
HAITÍ (1)
Louis-Charles Jean-Richard (Radio Kiskeya) - 9 de febrero
PANAMÁ (1)
Darío Fernández (Radio Mi Favorita) - 6 de noviembre
PARAGUAY (1)
Merardo Alejandro Romero Chávez (Radio La Voz de Itakyry) - 3 de marzo
REPÚBLICA DOMINICANA (1)
José Agustín Silvestre de los Santos (Revista y programa TV La Voz de la Verdad) - 2 de agosto
Otros trabajadores de los medios
BRASIL (3)
Valério Nascimento (Panorama Geral) - 3 de mayo
Edinaldo Filgueira (Jornal da Serra) - 15 de junio
Valderlei Canuto Leandro (Programa Señal Verde - Radio Frontera) - 1 de setiembre
MÉXICO (1)
Rodolfo Ochoa - (Técnico de TV Canal 9) - 9 de febrero
ANP: 189 AGRESIONES A PERIODISTAS EN PERÚ EN EL 2011
ANP: 189 AGRESIONES A PERIODISTAS EN PERÚ EN EL 2011
Un total de 189 atentados, entre ellos tres crímenes, se cometieron contra los periodistas peruanos en el 2011 (casi uno cada dos días), de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Se reportan 93 casos de agresiones físicas y verbales. Le siguen la amenazas y hostigamiento (49), presiones administrativas (21), presiones jurídicas (13) y las trabas al ejercicio de la profesión periodística (5).
Asimismo, la OFIP registra tres violaciones al secreto de las comunicaciones, dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.
En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (76), seguido por funcionarios civiles (50); elementos desconocidos (33); policías/militares/ seguridad/serenazgo (23), y propietarios/empresarios o directivos de medio (7).
Cajamarca, Lima y Arequipa, con más agresiones a periodistas
La región Cajamarca con 45 ataques a la prensa, Arequipa con 23 y Lima con 21, resultaron en el 2011 las zonas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú. No menos peligrosas fueron Ancash con 19 atentados, la región Loreto con 14 y Lambayeque con diez.
Entre las provincias más peligrosas Coronel Portillo registra siete atentados, mientras en Huamanga y Jaén se produjeron seis atentados respectivamente.
Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Utcumbamba, donde se cometieron cinco atentados, cuatro en Huancayo, Huaraz y San Martín,y tres en Cusco, Celendín, y Maynas.
Dos atentados ocurrieron en Ascope, Bagua, Cañete, Camaná, Chincha, Chepén, Espinar, Islay, Piura, Puno, San Román, y uno en Cajabamba, Casma, Caravelí, Espinar, Huánuco, Huara, Lambayeque, Loreto-Nauta, Morropón, Pisco, Satipo, San Ignacio, Tocache, Tumbes, Trujillo, y Virú, de acuerdo con la OFIP.
Un total de 89 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 49 que laboran en la prensa escrita, 48 en la radial, y tres de la prensa digital.
De ese total, según el balance fueron blancos de atentados 139 varones; 30 mujeres y 20 medios de comunicación.
De manera particular la ANP denunció el asesinato de los periodistas Julio César Castillo Narváez, conductor del programa "Noticiero Ollantay", de radio Ollantay, en La Libertad (3 de mayo); Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo "Visión Agraria" de canal 6, en Ancash (8 de setiembre) y José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45, en Ica (14 de setiembre).
Entre las tentativas de homicidio, la de mayor riesgo se registró en noviembre, en Puno. El periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal en Juliaca del diario La República, fue baleado por cuatro encapuchados. Los delincuentes le dispararon en la pierna dos veces.
Especial preocupación y rechazo del gremio causó el encarcelamiento del periodista Paul Garay Ramírez, querellado por difamación por el fiscal provincial de Coronel Portillo. Tras permanecer más de 6 meses en prisión recuperó su libertad en octubre de este año.
Entre las querellas por difamación emprendidas contra periodistas que han denunciado actos de corrupción han merecido especial atención y seguimiento los casos de Teobaldo Meléndez Fachín (Alto Amazonas) y Hans Andrade Chávez (Chepén).
A consecuencia de ello, y continuando con una tarea emprendida hace casi una década, la ANP lanzó una campaña nacional por la despenalización de los delitos de prensa. Esto porque las querellas sólo buscan amedrentar a quienes revelan hechos de corrupción y otros delitos en la administración pública.
Un total de 189 atentados, entre ellos tres crímenes, se cometieron contra los periodistas peruanos en el 2011 (casi uno cada dos días), de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Se reportan 93 casos de agresiones físicas y verbales. Le siguen la amenazas y hostigamiento (49), presiones administrativas (21), presiones jurídicas (13) y las trabas al ejercicio de la profesión periodística (5).
Asimismo, la OFIP registra tres violaciones al secreto de las comunicaciones, dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.
En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (76), seguido por funcionarios civiles (50); elementos desconocidos (33); policías/militares/ seguridad/serenazgo (23), y propietarios/empresarios o directivos de medio (7).
Cajamarca, Lima y Arequipa, con más agresiones a periodistas
La región Cajamarca con 45 ataques a la prensa, Arequipa con 23 y Lima con 21, resultaron en el 2011 las zonas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú. No menos peligrosas fueron Ancash con 19 atentados, la región Loreto con 14 y Lambayeque con diez.
Entre las provincias más peligrosas Coronel Portillo registra siete atentados, mientras en Huamanga y Jaén se produjeron seis atentados respectivamente.
Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Utcumbamba, donde se cometieron cinco atentados, cuatro en Huancayo, Huaraz y San Martín,y tres en Cusco, Celendín, y Maynas.
Dos atentados ocurrieron en Ascope, Bagua, Cañete, Camaná, Chincha, Chepén, Espinar, Islay, Piura, Puno, San Román, y uno en Cajabamba, Casma, Caravelí, Espinar, Huánuco, Huara, Lambayeque, Loreto-Nauta, Morropón, Pisco, Satipo, San Ignacio, Tocache, Tumbes, Trujillo, y Virú, de acuerdo con la OFIP.
Un total de 89 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 49 que laboran en la prensa escrita, 48 en la radial, y tres de la prensa digital.
De ese total, según el balance fueron blancos de atentados 139 varones; 30 mujeres y 20 medios de comunicación.
De manera particular la ANP denunció el asesinato de los periodistas Julio César Castillo Narváez, conductor del programa "Noticiero Ollantay", de radio Ollantay, en La Libertad (3 de mayo); Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo "Visión Agraria" de canal 6, en Ancash (8 de setiembre) y José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45, en Ica (14 de setiembre).
Entre las tentativas de homicidio, la de mayor riesgo se registró en noviembre, en Puno. El periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal en Juliaca del diario La República, fue baleado por cuatro encapuchados. Los delincuentes le dispararon en la pierna dos veces.
Especial preocupación y rechazo del gremio causó el encarcelamiento del periodista Paul Garay Ramírez, querellado por difamación por el fiscal provincial de Coronel Portillo. Tras permanecer más de 6 meses en prisión recuperó su libertad en octubre de este año.
Entre las querellas por difamación emprendidas contra periodistas que han denunciado actos de corrupción han merecido especial atención y seguimiento los casos de Teobaldo Meléndez Fachín (Alto Amazonas) y Hans Andrade Chávez (Chepén).
A consecuencia de ello, y continuando con una tarea emprendida hace casi una década, la ANP lanzó una campaña nacional por la despenalización de los delitos de prensa. Esto porque las querellas sólo buscan amedrentar a quienes revelan hechos de corrupción y otros delitos en la administración pública.
Cerrando el año, en el mes de diciembre, la ANP hizo un abierto llamado al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, para observar la ley que penaliza la difusión de audios producto de las interceptaciones telefónicas, ya que la misma impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.
Lima, 29 de diciembre del 2011
Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP
Secretaria general ANP
.
Para recibir el informe completo, caso por caso, o detalle de alguna información en particular sírvase entrar en contacto con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú a los teléfonos 4270687 - 4278493; RPM # 619979; móvil 997291898 o e.mail: anp@amauta.rcp.net.pe
Para recibir el informe completo, caso por caso, o detalle de alguna información en particular sírvase entrar en contacto con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú a los teléfonos 4270687 - 4278493; RPM # 619979; móvil 997291898 o e.mail: anp@amauta.rcp.net.pe
miércoles, diciembre 28, 2011
Titulares de informaciones publicadas en Periodistas en español
Periodistas-es abonados@periodistas-es.org
Periodistas-es: ayúdanos con las estadísticas e incluye Periodistas en Español entre tus página de inicio en:
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Fecha: Titulares del 28 de diciembre de 2011
PRENSA RTV:
Reporteros
. Periodismo en España: El Congreso retirará la credencial a fotógrafos que capten mensajes privados de los diputados
Asesinado en Colombia el periodista Holmes Marín Mera Vargas
jueves, diciembre 22, 2011
ANP FUNDAMENTA EN CARTA A PRESIDENTE OLLANTA HUMALA RAZONES POR LAS QUE DEBE OBSERVAR DENOMINADA "LEY MORDAZA"
Asociación Nacional de Periodistas del Perú anp@amauta.rcp.net.pe
Lima, 22 de diciembre del 2011
Estimados/as compañeros/as:
Tenemos a bien compartirles la carta que hemos remitido esta mañana al presidente de la República, Sr. Ollanta Humala Tasso, instándole a observar la denominada "Ley Mordaza". En la misiva exponemos las razones de nuestra posición institucional.
Para la ANP hay fundamentos de peso para rechazar en todos sus extremos esta ley: es innecesaria si lo que se quiere es proteger la intimidad porque ella se encuentra cautelada por la propia Constitución Política; no obedece a exigencias sentidas en la sociedad y muy por el contrario va en contracorriente a las recomendaciones de organismos internacionales; agrega mayores riesgos y dificultades al ejercicio periodístico, convirtiendo a los periodistas en sujetos activos del tipo penal; restringe la difusión de inconductas que sin ser hechos delictivos son de interés público e impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.
Lo único sensato que cabe ahora es la observación presidencial y su devolución al Congreso de la República, por defectos de forma y fondo.
Por ello, esperamos que en el nuevo debate que se inicie en el Congreso sean convocados gremios y demás organizaciones de la sociedad civil interesados en aportar en debate tan trascendental. Para la ANP no existen razones que legitimen ni justifiquen variar el tratamiento vigente del art. 162 del Código Penal
Fraternalmente,
Zuliana Lainez
Secretaria general ANP
.
Lima, 21 de diciembre del 2011
Señor
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
Palacio de Gobierno.-
Señor Presidente:
Tenemos a bien dirigirnos a usted para expresar nuestro respetuoso saludo gremial y, al mismo tiempo, con el objeto de hacerle conocer la posición institucional de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización con personería jurídica, representativa de trabajadores periodistas agrupados en 89 asociaciones provinciales, respecto al proyecto de ley que modifica el artículo 162 del Código Penal y que, a nuestro juicio, constituye una seria amenaza contra el Derecho Constitucional a "las libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimentos algunos, bajo las responsabilidades de ley".
Habiendo sido aprobado el referido proyecto y estando a la espera de su promulgación por su digno despacho, la ANP , cuya trayectoria a lo largo de 83 años está signada por la defensa de la libertad de información como derecho del pueblo, solicita la observación presidencial y su devolución al Congreso de la República, por adolecer de defectos técnico-legales, que a continuación se señalan:
.
I.- NO JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA PENAL DEL ART. 162.-
.
Cuestiones genéricas:
.
La justicia penal sanciona conductas graves y protege derechos de importancia social e histórica.
Debe responder a necesidades sociales imperiosas que no encuentran otros canales de solución o tutela.
Tal como sugiere la doctrina moderna, los tipos penales deben legitimarse por la defensa de intereses colectivos, la seguridad nacional o el agravio y perjuicio de sectores vulnerables, entre otros.
Lima, 22 de diciembre del 2011
Estimados/as compañeros/as:
Tenemos a bien compartirles la carta que hemos remitido esta mañana al presidente de la República, Sr. Ollanta Humala Tasso, instándole a observar la denominada "Ley Mordaza". En la misiva exponemos las razones de nuestra posición institucional.
Para la ANP hay fundamentos de peso para rechazar en todos sus extremos esta ley: es innecesaria si lo que se quiere es proteger la intimidad porque ella se encuentra cautelada por la propia Constitución Política; no obedece a exigencias sentidas en la sociedad y muy por el contrario va en contracorriente a las recomendaciones de organismos internacionales; agrega mayores riesgos y dificultades al ejercicio periodístico, convirtiendo a los periodistas en sujetos activos del tipo penal; restringe la difusión de inconductas que sin ser hechos delictivos son de interés público e impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.
Lo único sensato que cabe ahora es la observación presidencial y su devolución al Congreso de la República, por defectos de forma y fondo.
Por ello, esperamos que en el nuevo debate que se inicie en el Congreso sean convocados gremios y demás organizaciones de la sociedad civil interesados en aportar en debate tan trascendental. Para la ANP no existen razones que legitimen ni justifiquen variar el tratamiento vigente del art. 162 del Código Penal
Fraternalmente,
Zuliana Lainez
Secretaria general ANP
.
Lima, 21 de diciembre del 2011
Señor
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
Palacio de Gobierno.-
Señor Presidente:
Tenemos a bien dirigirnos a usted para expresar nuestro respetuoso saludo gremial y, al mismo tiempo, con el objeto de hacerle conocer la posición institucional de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización con personería jurídica, representativa de trabajadores periodistas agrupados en 89 asociaciones provinciales, respecto al proyecto de ley que modifica el artículo 162 del Código Penal y que, a nuestro juicio, constituye una seria amenaza contra el Derecho Constitucional a "las libertades de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimentos algunos, bajo las responsabilidades de ley".
Habiendo sido aprobado el referido proyecto y estando a la espera de su promulgación por su digno despacho, la ANP , cuya trayectoria a lo largo de 83 años está signada por la defensa de la libertad de información como derecho del pueblo, solicita la observación presidencial y su devolución al Congreso de la República, por adolecer de defectos técnico-legales, que a continuación se señalan:
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I.- NO JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA PENAL DEL ART. 162.-
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Cuestiones genéricas:
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La justicia penal sanciona conductas graves y protege derechos de importancia social e histórica.
Debe responder a necesidades sociales imperiosas que no encuentran otros canales de solución o tutela.
Tal como sugiere la doctrina moderna, los tipos penales deben legitimarse por la defensa de intereses colectivos, la seguridad nacional o el agravio y perjuicio de sectores vulnerables, entre otros.
.
Cuestiones especificas:
,
En el presente caso no existen razones que legitimen ni justifiquen variar el tratamiento vigente del art. 162 del Código Penal.
Resulta innecesaria la reforma pues no obedece a exigencias sentidas en la sociedad y muy por el contrario va en contracorriente a las recomendaciones de organismos tan importantes como las Relatorías para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, que aconsejan que los llamados delitos de prensa se ventilen en el fuero civil.
Carece de justificación pues en el actual Código Penal. se encuentra debidamente amparada la protección de la intimidad personal.
.
II.- LA REALIDAD ACTUAL DE LA LABOR PERIODÍSTICA.
.
Las dificultades del ejercicio del periodismo en el Perú de hoy, en particular del periodismo de investigación.
Los atentados y agresiones. A la fecha la ANP ha registrado casi 200 casos de agresiones a periodistas durante el 2011 en todo el territorio nacional.
Las coacciones judiciales mediante las querellas –30 durante los dos últimos años-.
La impunidad de los crímenes -más de 60 casos en las tres últimas décadas, tres de ellos este 2011-.
La cuestionada ampliación del tipo delictivo aprobado por el Congreso agrega mayores riesgos y dificultades al ejercicio periodístico, convirtiendo a los periodistas en sujetos activos del tipo penal.
Cuestiones especificas:
,
En el presente caso no existen razones que legitimen ni justifiquen variar el tratamiento vigente del art. 162 del Código Penal.
Resulta innecesaria la reforma pues no obedece a exigencias sentidas en la sociedad y muy por el contrario va en contracorriente a las recomendaciones de organismos tan importantes como las Relatorías para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, que aconsejan que los llamados delitos de prensa se ventilen en el fuero civil.
Carece de justificación pues en el actual Código Penal. se encuentra debidamente amparada la protección de la intimidad personal.
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II.- LA REALIDAD ACTUAL DE LA LABOR PERIODÍSTICA.
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Las dificultades del ejercicio del periodismo en el Perú de hoy, en particular del periodismo de investigación.
Los atentados y agresiones. A la fecha la ANP ha registrado casi 200 casos de agresiones a periodistas durante el 2011 en todo el territorio nacional.
Las coacciones judiciales mediante las querellas –30 durante los dos últimos años-.
La impunidad de los crímenes -más de 60 casos en las tres últimas décadas, tres de ellos este 2011-.
La cuestionada ampliación del tipo delictivo aprobado por el Congreso agrega mayores riesgos y dificultades al ejercicio periodístico, convirtiendo a los periodistas en sujetos activos del tipo penal.
.
III.- EL OBJETIVO DE LA REFORMA: SANCIONAR LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
.
Primer fundamento: Oposición y contradicción entre derecho a la intimidad y derecho a la libertad de expresión.
Segundo fundamento: Existencia de la intimidad personal como un absoluto que alcanza a la difusión de las interferencias, sin tomar en cuenta que la exteriorización de las conductas y su vinculación interpersonal y social, hace considerar la existencia de un interés superior, vale decir el interés público.
Tercer fundamento: Mediante la limitación de la difusión y permitir el acceso en exclusivo a lo delictivo e ilegal, se desconoce la diversidad de valoraciones que admiten las conductas de las personas, de los funcionarios y personajes públicos en general, destacando que la actuación de determinadas personas pueden tener interés público para los demás ciudadanos y en determinados casos afectar derechos y libertades.
.
IV.- DEFICIENTE TÉCNICA LEGISLATIVA UTILIZADA.
.
La reforma resulta innecesaria por encontrarse establecida la defensa de la intimidad y la promisión de las interferencias en la Constitución Política del Perú y en el Código Penal.
Se utilizan conceptos jurídicos indeterminados que se remiten a otras normas extrapenales.
V.- OBSERVACIONES FORMALES: TRÁMITE INADECUADO Y ANTIDEMOCRÁTICO
El texto del proyecto de Ley de reforma penal se consultó únicamente a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no al Defensor del Pueblo, la Corte Suprema y otros entes estatales competentes.
Se ha impuesto la "cultura del secretismo". Se ha marginado a los gremios y asociaciones de los periodistas, así como a las instituciones que cautelan la defensa y protección de los derechos humanos y, en general, a aquellas que deberían de participar con sus opiniones respecto a una ley que afecta la libertad de prensa.
III.- EL OBJETIVO DE LA REFORMA: SANCIONAR LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
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Primer fundamento: Oposición y contradicción entre derecho a la intimidad y derecho a la libertad de expresión.
Segundo fundamento: Existencia de la intimidad personal como un absoluto que alcanza a la difusión de las interferencias, sin tomar en cuenta que la exteriorización de las conductas y su vinculación interpersonal y social, hace considerar la existencia de un interés superior, vale decir el interés público.
Tercer fundamento: Mediante la limitación de la difusión y permitir el acceso en exclusivo a lo delictivo e ilegal, se desconoce la diversidad de valoraciones que admiten las conductas de las personas, de los funcionarios y personajes públicos en general, destacando que la actuación de determinadas personas pueden tener interés público para los demás ciudadanos y en determinados casos afectar derechos y libertades.
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IV.- DEFICIENTE TÉCNICA LEGISLATIVA UTILIZADA.
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La reforma resulta innecesaria por encontrarse establecida la defensa de la intimidad y la promisión de las interferencias en la Constitución Política del Perú y en el Código Penal.
Se utilizan conceptos jurídicos indeterminados que se remiten a otras normas extrapenales.
V.- OBSERVACIONES FORMALES: TRÁMITE INADECUADO Y ANTIDEMOCRÁTICO
El texto del proyecto de Ley de reforma penal se consultó únicamente a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no al Defensor del Pueblo, la Corte Suprema y otros entes estatales competentes.
Se ha impuesto la "cultura del secretismo". Se ha marginado a los gremios y asociaciones de los periodistas, así como a las instituciones que cautelan la defensa y protección de los derechos humanos y, en general, a aquellas que deberían de participar con sus opiniones respecto a una ley que afecta la libertad de prensa.
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VI.- OBSERVACIONES DE FONDO
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El texto aprobado coarta diversos artículos de la Constitución Política del Perú referidos a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a la información de interés público.
Impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.
Vulnera precedentes jurisprudenciales:
a) En el plano interno: La doctrina del Tribunal Constitucional, a propósito del "Caso Alberto Quimper", aclaró sobre la permisibilidad y legalidad de la difusión de contenidos de escuchas ilícitas, considerando el interés público;
b) En el plano internacional: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la decisión de difundir materiales obtenidos de modo irregular es responsabilidad de los periodistas, a quienes corresponderá su ponderación, sin ser sometidos a control previo o aprobación por ninguna autoridad.
VII- ALTERNATIVAS EN DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Considerando que el gobierno constitucional postula la lucha frontal contra la corrupción, es responsabilidad del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo, principal aliado en ese cometido.
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A tal efecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, afiliada a la Federación Internacional de Periodistas, solicita formalmente:
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a) La observación y devolución del texto del proyecto de ley, conocida como "Ley Mordaza", al Congreso de la República.
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b) La intervención del Presidente Constitucional de la República, dentro de las facultades prescritas en el Estado de Derecho, para promover activamente el libre ejercicio de la profesión periodística, dentro de los principios y valores de respeto a la dignidad de la persona humana, concordado con el derecho de los ciudadanos a la información de interés público, tomando como fundamento la posición de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
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c) En ese cometido, hace recordar la necesidad de despenalizar los delitos de prensa, siguiendo las recomendaciones de la doctrina moderna para que se juzguen en el fuero civil.
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Esperando ser atendidos en nuestra petición, hacemos propicia la oportunidad para expresar a usted las muestras de nuestra más alta consideración.
Atentamente, .
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Roberto Mejía Alarcón
Presidente ANP
Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP
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El texto aprobado coarta diversos artículos de la Constitución Política del Perú referidos a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a la información de interés público.
Impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.
Vulnera precedentes jurisprudenciales:
a) En el plano interno: La doctrina del Tribunal Constitucional, a propósito del "Caso Alberto Quimper", aclaró sobre la permisibilidad y legalidad de la difusión de contenidos de escuchas ilícitas, considerando el interés público;
b) En el plano internacional: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la decisión de difundir materiales obtenidos de modo irregular es responsabilidad de los periodistas, a quienes corresponderá su ponderación, sin ser sometidos a control previo o aprobación por ninguna autoridad.
VII- ALTERNATIVAS EN DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Considerando que el gobierno constitucional postula la lucha frontal contra la corrupción, es responsabilidad del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo, principal aliado en ese cometido.
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A tal efecto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, afiliada a la Federación Internacional de Periodistas, solicita formalmente:
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a) La observación y devolución del texto del proyecto de ley, conocida como "Ley Mordaza", al Congreso de la República.
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b) La intervención del Presidente Constitucional de la República, dentro de las facultades prescritas en el Estado de Derecho, para promover activamente el libre ejercicio de la profesión periodística, dentro de los principios y valores de respeto a la dignidad de la persona humana, concordado con el derecho de los ciudadanos a la información de interés público, tomando como fundamento la posición de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
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c) En ese cometido, hace recordar la necesidad de despenalizar los delitos de prensa, siguiendo las recomendaciones de la doctrina moderna para que se juzguen en el fuero civil.
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Esperando ser atendidos en nuestra petición, hacemos propicia la oportunidad para expresar a usted las muestras de nuestra más alta consideración.
Atentamente, .
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Roberto Mejía Alarcón
Presidente ANP
Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP
miércoles, diciembre 21, 2011
martes, diciembre 20, 2011
Alerta Perú (AREQUIPA) - POLICÍAS AGREDEN A REPORTERO DE RADIO MELODÍA
El 12 de diciembre de 2011, en la provincia de Arequipa, departamento del mismo nombre, el reportero Serafín Ticona Ayala, de radio Melodía, fue agredido por efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú.
El hecho se registró cuando el reportero transmitía las incidencias de un accidente de tránsito en las calles Perú con Nicolás de Piérola, en el distrito de Mariano Melgar, donde falleció una persona. En protesta, pobladores de la zona quemaron el auto del conductor que provocó el accidente, quien fue detenido.
Los efectivos policiales, quienes arremetían contra la turba, al darse cuenta que el reportero daba cuenta a su medio de los hechos, rompieron el parabrisas de la unidad móvil que transportaba al hombre de prensa. Seguidamente los policías intentaron despojar de su teléfono móvil al comunicador subiéndolo a la fuerza a un patrullero.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha expresado su rechazo a este nuevo hecho de agresión contra la prensa responsabilidad de miembros de la Policía Nacional del Perú, conducta que lesiona la integridad física de los periodistas, daña la propiedad ajena y, fundamentalmente, busca impedir la cobertura periodística de un hecho de interés público.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor iformación contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/ / ; E mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com
Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/ / ; E mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com
Alerta Perú (TRUJILLO) - AUTORIDADES DE PODER JUDICIAL HOSTIGARON A PERIODISTA MIENTRAS CUBRÍA AUDIENCIA PÚBLICA
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El 5 de diciembre de 2011, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, la periodista Juana Salirrosas Angulo, directora de la revista "Semanario Liberal", fue hostigada por el presidente y secretario de la Sala Especializada Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes le solicitaron de forma reiterativa sus credenciales de prensa y su título profesional de periodista cuando cubría una audiencia pública.
El 5 de diciembre de 2011, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, la periodista Juana Salirrosas Angulo, directora de la revista "Semanario Liberal", fue hostigada por el presidente y secretario de la Sala Especializada Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes le solicitaron de forma reiterativa sus credenciales de prensa y su título profesional de periodista cuando cubría una audiencia pública.
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La periodista se encontraba en el recinto de la Sala Penal, donde se realizaba un juicio contra el alcalde de Chepén, Wilfredo Quesquén Terrones, acusado de colusión y peculado, cuando Luis Zapata Leyva, secretario de la Sala, la abordó exigiéndole la entrega de sus documentos, los mismos que fueron entregados a Guillermo Morales Galarreta, presidente de la Sala, quien de inmediato ordenó que desalojara el lugar aduciendo que no había pedido permiso para cubrir la información.
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La periodista abandonó el interior de la Sala pero continuó haciendo su trabajo desde la puerta, pues el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal y defensor de la legalidad, había consentido que ella se quedara.
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Al término de la sesión, el secretario nuevamente se le acercó y volvió a pedirle sus credenciales que fueron entregadas nuevamente al presidente, quien ordenó esta vez que fotografiaran a la periodista, manifestando que lo hacía por seguridad ya que habían extorsionadores en la zona.
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Pese al acoso sufrido Salirrosas Angulo ha estado presente cubriendo las sesiones de audiencia de este juicio contra el alcalde Quesquén Terrones acusado de colusión y peculado en agravio de la municipalidad de Chepén, por presuntas irregularidades en el pago por los estudios para la ejecución de la obra de ampliación y mejoramiento del mercado La Parada. El fiscal solicita 8 años de pena privativa de la libertad para la autoridad.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/ / ; E mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com
La periodista se encontraba en el recinto de la Sala Penal, donde se realizaba un juicio contra el alcalde de Chepén, Wilfredo Quesquén Terrones, acusado de colusión y peculado, cuando Luis Zapata Leyva, secretario de la Sala, la abordó exigiéndole la entrega de sus documentos, los mismos que fueron entregados a Guillermo Morales Galarreta, presidente de la Sala, quien de inmediato ordenó que desalojara el lugar aduciendo que no había pedido permiso para cubrir la información.
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La periodista abandonó el interior de la Sala pero continuó haciendo su trabajo desde la puerta, pues el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal y defensor de la legalidad, había consentido que ella se quedara.
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Al término de la sesión, el secretario nuevamente se le acercó y volvió a pedirle sus credenciales que fueron entregadas nuevamente al presidente, quien ordenó esta vez que fotografiaran a la periodista, manifestando que lo hacía por seguridad ya que habían extorsionadores en la zona.
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Pese al acoso sufrido Salirrosas Angulo ha estado presente cubriendo las sesiones de audiencia de este juicio contra el alcalde Quesquén Terrones acusado de colusión y peculado en agravio de la municipalidad de Chepén, por presuntas irregularidades en el pago por los estudios para la ejecución de la obra de ampliación y mejoramiento del mercado La Parada. El fiscal solicita 8 años de pena privativa de la libertad para la autoridad.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
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jueves, diciembre 08, 2011
COMUNICADO ANP: SOBRE SENTENCIA A PERIODISTA TEOBALDO MELÉNDEZ FACHÍN
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace pública denuncia sobre la errónea e injusta sentencia dictada contra el periodista Teobaldo Meléndez Fachín por el Tercer Juzgado Mixto y Juzgado Penal Universal de Alto Amazonas, Yurimaguas, condenándolo a 3 años de pérdida de libertad suspendida y al pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil por supuesto delito de difamación agravada.El citado periodista, director del informativo Ribereña Noticias, ha sido sentenciado por el referido juzgado el 7 de noviembre de 2011 a la pena máxima de prisión suspendida de 3 años que establece el artículo 132 del Código Penal y, asimismo, a la impagable suma de 30 mil nuevos soles en concepto de reparación civil por supuesto agravio al honor y prestigio del alcalde de la provincia de Alto Amazonas, Yurimaguas, Juan Daniel Mesía Camus.
La condena contra el comunicador social, además de injusta y drástica, resulta desproporcionada, pues se basa en una errónea interpretación de una información periodística emitida ofende la honorabilidad del alcalde, cuando en realidad el periodista ha cumplido con su deber de informar y la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía diversos datos, hechos, informaciones y comentarios que revelan, en su conjunto, que existen fundamentos para concluir en la falta de transparencia y la existencia de indicios de actos de corrupción en la actuación y gestión del citado alcalde, mas no sobre la intimidad personal de dicha autoridad.
Tales denuncias periodísticas pretenden ser acalladas utilizando el manido y reiterado abuso de las querellas judiciales por parte de los funcionarios públicos cuestionados, que tienen como objeto silenciar a la prensa crítica y de investigación, como una forma de represalia destinada a atemorizar al periodista y a que éste desista de continuar con dicha tarea informativa, lo cual se confirma, en el presente caso, con la sentencia mencionada, la misma que impone el máximo de la pena y una reparación civil excesiva y desproporcionada, que no es común sea aplicada en materia, ni siquiera en casos que afectan en forma grave otros intereses jurídicos de mayor entidad, por lo que en extremo, resulta también intimidatoria y una forma de censura a la libertad de prensa.
En particular se debe denunciar que en la sentencia se condiciona el cumplimiento efectivo de la pena máxima de tres años de pérdida de libertad, al inmediato pago de la reparación civil de 30 mil nuevos soles a un trabajador de la información, a un comunicador que vive de su trabajo dependiente y cuya fortuna no es precisamente la que se debió tener en consideración al momento de aplicar el principio de ponderación, que debe informar al juzgador en este tipo de decisiones pecuniarias, pues resulta obvio que el periodista sentenciado y de seguro ningún periodista peruano en la actualidad, puede garantizar el cumplimiento de dicho pago indemnizatorio, lo que significa que la posibilidad de cumplimiento de la condena efectiva, que ha sido suspendida, resulta ser una amenaza cierta en caso de incumplirse con el referido pago de la reparación civil.
La ANP manifiesta su solidaridad con el periodista Teobaldo Meléndez Fachín y ratifica que la sentencia dictada es, a todas luces, equivocada, injusta y desproporcionada, porque no se considera que el referido informador ha actuado dentro de la ley y ejercido su derecho a la libertad de prensa, pues únicamente se ha limitado a cumplir con su deber profesional de informar a la ciudadanía y manifestar su opinión sobre los hechos y circunstancias anómalas existentes en el ejercicio de la función pública en la Municipalidad; esto es, que no existe voluntad e intención de ofender y faltar el respeto en la persona del querellado, ni vulnerar su derecho a la intimidad, ni de éste ni de su familia, porque finalmente el único interés que ha tenido y tiene es el de cautelar que los funcionarios públicos y las autoridades, como el alcalde querellante, cumplan sus obligaciones con responsabilidad, eficiencia y, sobre todo, en forma honesta como respuesta a la confianza que les dio el electorado y, en particular, por la importancia que tiene para la ciudadanía que las autoridades elegidas administren los fondos públicos y bienes de la Municipalidad con transparencia, evitando cualquier posibilidad de corrupción. Por ello y por las razones expuestas, consideramos justificadas las denuncias y el interés en que tales hechos reseñados se investiguen y continúen a pesar de la sentencia dictaminada.
La ANP considera que la querella en mención y su negativo resultado de condena a un periodista, es parte de la cadena de acciones judiciales y denuncias que se plantean en la actualidad con inusitada frecuencia en los tribunales peruanos por autoridades y funcionarios públicos, con el exclusivo objeto de impedir las criticas propias de un Estado democrático moderno, las que a diferencia de los ciudadanos corrientes, deben tolerar cuestionamientos a su actuación y, en cambio, tienen la obligación de informar y rendir cuentas a la ciudadanía; y asimismo, señalar que las querellas por difamación agravada son utilizadas por quienes pretenden ocultar actos de corrupción e inconducta funcional, utilizando indebidamente al Poder Judicial para continuar con dichas prácticas e imponer la impunidad y la censura directa que les permita seguir desarrollando sus actividades ilegales y enriquecimiento indebido que afecta no sólo a la ciudadanía sino también al fortalecimiento de la democracia y que en el caso del periodista Teobaldo Meléndez Fachín es una razón más para insistir en nuestra petición al Congreso de la República en la inmediata derogatoria de los delitos de prensa, en la que persiste y se encuentra empeñada la ANP desde hace más de una década.
Roberto Mejía Alarcón
Presidente CEN-ANP
Presidente CEN-ANP
Titulares de informaciones publicadas en Periodistas en español
Periodistas-es abonados@periodistas-es.org
Periodistas-es: ayúdanos con las estadísticas e incluye Periodistas en Español entre tus página de inicio en:
La ANP manifiesta su solidaridad y apoyo institucional al periodista Armando Huamán, quien fue agredido y amenazado de muerte el 6 de diciembre actual y demanda garantías para su vida y una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido.
El periodista, quien sorprendió al alcalde del distrito de El Carmen, José Alberto Soria Calderón, bebiendo licor en un bar de las afueras de la ciudad de Chincha, fue atacado a golpes de puño y puntapiés por sujetos que formarían parte del cuerpo de seguridad del citado burgomaestre. El comunicador social, a quien le dieron un golpe con una botella de cerveza que le ocasionó cortes y lesiones, fue atendido de urgencia en el Hospital de Chincha.
En el mismo instante del ataque y agresión los sujetos le reiteraron al hombre de prensa las amenazas de muerte que había recibido con anterioridad como represalia por haber cuestionado la actuación del alcalde en cuestión sobre quien pesan diversos cargos de corrupción y enriquecimiento indebido, con motivo de las tareas de reconstrucción de la zona luego de ocurrido el terremoto del año 2007.
El Colegio de Periodistas, el Sindicato de Iberoamericana Radio Holdings y profesionales de las comunicaciones, que han sido víctimas de violencia durante las manifestaciones públicas, solicitaron este viernes al fiscal nacional, Sabas Chahuán Sarrás, el nombramiento de un fiscal que investigue de manera especial las agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y camarógrafos en el contexto de las movilizaciones sociales que enfrenta el país.
Expresaron su preocupación por la violencia de que son objeto durante la cobertura periodística de las movilizaciones. Los gremios explicaron que la agresión y detención sufrida por el periodista de Radio ADN, Esteban Sánchez, en la manifestación de rechazo al acto en honor a Miguel Krassnoff, el día 21 de noviembre, es sólo la muestra de una práctica sistemática cada vez que se producen incidentes entre la población y las fuerzas policiales.
En la reunión fue entregado un informe preliminar que registra 30 casos de profesionales golpeados a la fecha, la mayoría arrestados en el ejercicio de su trabajo y con su material periodístico sustraído o destruido por personal policial. Aunque en menor cantidad, también se cuentan casos perpetrados por ciudadanos no uniformados, los que consideramos igualmente graves.
Las situaciones descritas impactan no sólo en la integridad física de los profesionales, sino en un valor fundamental en democracia, el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos chilenos a informarse oportuna, diversa y verazmente tanto de las movilizaciones, actos, protestas, operativos policiales, disturbios o sobre cualquier evento considerado de interés público. Es una limitación a estos derechos fundamentales.
Solicitamos al fiscal nacional considerar los antecedentes y determinar el nombramiento de un fiscal que investigue y sancione a quienes resulten responsables para que estos graves hechos no queden impunes.
Con todo, expresamos que la preocupación se extiende, con aún mayor alarma, a todos los casos de agresión y detención injustificada de manifestantes, muchos de los cuales se encuentran documentados por el Instituto de Derechos Humanos y Asesorías Ciudadanas.
Las denuncias pueden ser enviadas a: agresionprensa@gmail.com
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Fecha: Titulares del 8 de diciembre de 2011
PRENSA RTV:
Reporteros
. Libertad de expresión: lista de periodistas presos llega a su mayor número en 15 años
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:
Libertad de expresión
. Caricaturista sirio Ali Ferzat Premio RSF-Le Monde pour la liberté de la presse
Medios de comunicación
. Sonia García galardonada por su trabajo: El infinito viaje de las botellas de vidrio
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Fecha: Titulares del 8 de diciembre de 2011
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Medios de comunicación
. Sonia García galardonada por su trabajo: El infinito viaje de las botellas de vidrio
Periodistas marchan contra la violencia
Tegucigalpa, Honduras, 8 de diciembre (OCLACC).- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) convocó a sus miembros para una marcha, este viernes 9 de diciembre, en la que protestarán contra el asesinato de comunicadores, la violencia que vive el país y la impunidad.
Los marchantes también exigirán respeto a la libertad de expresión y expresarán su condena y repudio por el asesinato de la periodista Luz Marina Paz, el pasado martes en Tegucigalpa, junto a su acompañante Delmer Canales.
Paz y Canales fueron asesinados por desconocidos que se conducían en una motocicleta.
Con Paz suman 17 los periodistas asesinados en Honduras entre 2010 y lo que va de 2011.
El CPH condenó esta semana un atentado contra el diario La Tribuna, propiedad del expresidente de Honduras Carlos Flores, el pasado lunes, en el que resultó herido un guardia de seguridad de esa casa editora, lo mismo que las amenazas de que están siendo víctima periodistas de otros medios locales.
El organismo de los comunicadores recomendó a sus miembros que en la marcha vistan de camisa blanca.
La protesta iniciará en un bulevar al oriente de Tegucigalpa, pasará frente a la Casa Presidencial y terminará frente a la Casa de las Naciones Unidas.
El miércoles, en otro atentado similar al de la periodista Paz, fue asesinado el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico Alfredo Landaverde, lo que ha provocado un repudio generalizado en el país centroamericano, que vive una agitada ola de violencia.
Fuente: Agencias
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miércoles, diciembre 07, 2011
FEPALC CONSTERNADA POR ASESINATO DE PERIODISTA HONDUREÑA
Asociación Nacional de Periodistas del Perú anp@amauta.rcp.net.pe 
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresa su consternación por el asesinato de la periodista Luz Marina Paz, presentadora del programa Tres en la Noticia que emitía a diario la Cadena Hondureña de Noticias, en Tegucigalpa, Honduras.
Para la FEPALC genera especial preocupación el clima de violencia que se vive en dicho país centroamericano contra los comunicadores sociales. A la fecha han sido asesinados seis periodistas y se han registrado múltiples atentados contra su integridad física y la infraestructura de diversos medios de comunicación. El más reciente el protagonizado contra la sede del diario La Tribuna que dejó gravemente herido a un vigilante.
Para la FEPALC Honduras es después de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región. No sólo por la violencia contra quienes tienen el deber de informar, sino además por la alta tasa de impunidad que le siguen a estos crímenes.
La FEPALC hace un enérgico llamado al Estado hondureño para que despliegue sus mayores esfuerzos para detener esta ola de violencia insana y garantice a los familiares de los periodistas, sus colegas y sus organizaciones la plena identificación y sanción para los enemigos de la prensa independiente.
Para nuestra organización regional causa especial preocupación la tasa de crímenes contra periodistas registradas desde que asumió el poder Porfirio Lobo. A la fecha tenemos contabilizados más de una docena de asesinatos. Por ello y ante el agravamiento de las condiciones para el ejercicio periodístico la FEPALC le recuerda al presidente en funciones, que es deber de los Estados prevenir e investigar los asesinatos, secuestros, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Al crimen contra Luz Marina Paz le antecedieron Héctor Francisco Medina Polanco (TV Omega Visión) victimado el 10 de mayo; Luis Ernesto Mendoza Cerrato (Canal 24), el 19 de mayo; Adán Benitez (Canal 45), el 4 de julio; Nery Jeremías Orellana (Radio Comunitaria Jocondera), el 14 de julio y Medardo Flores (Radio Uno) asesinado el 8 de setiembre.
En razón a ello la FEPALC reafirma su compromiso de mantener movilizados a sus 14 sindicatos de periodistas en América Latina con el fin no sólo de estar vigilantes y denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades de las que son víctimas nuestros colegas, sino además, para obligar a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos a cumplir con ese deber. No queremos reportar la muerte de ningún otro periodista ni en Honduras, ni en la región.
7 de diciembre de 2011
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC
------------
FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 14 países de la región
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC, a través del e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: http://www.fepalc.org/
Síguenos en twitter: @fepalc
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresa su consternación por el asesinato de la periodista Luz Marina Paz, presentadora del programa Tres en la Noticia que emitía a diario la Cadena Hondureña de Noticias, en Tegucigalpa, Honduras.Para la FEPALC genera especial preocupación el clima de violencia que se vive en dicho país centroamericano contra los comunicadores sociales. A la fecha han sido asesinados seis periodistas y se han registrado múltiples atentados contra su integridad física y la infraestructura de diversos medios de comunicación. El más reciente el protagonizado contra la sede del diario La Tribuna que dejó gravemente herido a un vigilante.
Para la FEPALC Honduras es después de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región. No sólo por la violencia contra quienes tienen el deber de informar, sino además por la alta tasa de impunidad que le siguen a estos crímenes.
La FEPALC hace un enérgico llamado al Estado hondureño para que despliegue sus mayores esfuerzos para detener esta ola de violencia insana y garantice a los familiares de los periodistas, sus colegas y sus organizaciones la plena identificación y sanción para los enemigos de la prensa independiente.
Para nuestra organización regional causa especial preocupación la tasa de crímenes contra periodistas registradas desde que asumió el poder Porfirio Lobo. A la fecha tenemos contabilizados más de una docena de asesinatos. Por ello y ante el agravamiento de las condiciones para el ejercicio periodístico la FEPALC le recuerda al presidente en funciones, que es deber de los Estados prevenir e investigar los asesinatos, secuestros, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Al crimen contra Luz Marina Paz le antecedieron Héctor Francisco Medina Polanco (TV Omega Visión) victimado el 10 de mayo; Luis Ernesto Mendoza Cerrato (Canal 24), el 19 de mayo; Adán Benitez (Canal 45), el 4 de julio; Nery Jeremías Orellana (Radio Comunitaria Jocondera), el 14 de julio y Medardo Flores (Radio Uno) asesinado el 8 de setiembre.
En razón a ello la FEPALC reafirma su compromiso de mantener movilizados a sus 14 sindicatos de periodistas en América Latina con el fin no sólo de estar vigilantes y denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades de las que son víctimas nuestros colegas, sino además, para obligar a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos a cumplir con ese deber. No queremos reportar la muerte de ningún otro periodista ni en Honduras, ni en la región.
7 de diciembre de 2011
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC
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FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 14 países de la región
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC, a través del e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: http://www.fepalc.org/
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ANP DENUNCIA OLA DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN EL SUR DEL PAÍS
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), tras repudiar en la víspera la brutal agresión a un grupo de periodistas que cubrían una manifestación ciudadana en la provincia de Cañete, denuncia, veinticuatro horas después, un nuevo ataque físico y amenaza de muerte en la ciudad de Chincha, esta vez contra el corresponsal de Frecuencia Latina en dicha jurisdicción.
La ANP manifiesta su solidaridad y apoyo institucional al periodista Armando Huamán, quien fue agredido y amenazado de muerte el 6 de diciembre actual y demanda garantías para su vida y una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido.
El periodista, quien sorprendió al alcalde del distrito de El Carmen, José Alberto Soria Calderón, bebiendo licor en un bar de las afueras de la ciudad de Chincha, fue atacado a golpes de puño y puntapiés por sujetos que formarían parte del cuerpo de seguridad del citado burgomaestre. El comunicador social, a quien le dieron un golpe con una botella de cerveza que le ocasionó cortes y lesiones, fue atendido de urgencia en el Hospital de Chincha.
En el mismo instante del ataque y agresión los sujetos le reiteraron al hombre de prensa las amenazas de muerte que había recibido con anterioridad como represalia por haber cuestionado la actuación del alcalde en cuestión sobre quien pesan diversos cargos de corrupción y enriquecimiento indebido, con motivo de las tareas de reconstrucción de la zona luego de ocurrido el terremoto del año 2007.
Para la ANP este nuevo ataque busca silenciar e imponer censura a la labor fiscalizadora que realiza el citado periodista en beneficio del interés público y de la comunidad. Resulta evidente que la agresión y las amenazas de muerte y represalias contra el informador están vinculadas con las denuncias y trabajo de investigación que efectúa y que motiva nuestra preocupación.
Ante la gravedad de los hechos la ANP demanda la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público a fin de que efectúe una investigación sobre las causas, intereses y personas que puedan haber intervenido, en forma directa e indirecta en la grave agresión señalada y las amenazas de muerte que denunciamos. Por ello, solicitamos que oportunamente los autores y cómplices sean sancionados ejemplarmente, pues se encuentra en cuestión el respeto por la vida y el libre ejercicio de la libertad de prensa.
La ANP manifiesta que es necesaria una actuación firme y decidida de las autoridades competentes para poner coto a tales atentados contra los periodistas en la zona, pues en el presente año 2011 la ciudad de Chincha ha sido testigo de múltiples agresiones, amenazas de muerte y atentados contra la vida de diversos comunicadores sociales.
Lima, 7 de diciembre del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Alerta Perú (SATIPO) - GERENTE MUNICIPAL AMENAZA DE MUERTE A PERIODISTA RADIAL
El 1 de diciembre de 2011, en la provincia de Satipo, departamento de Junín, el periodista Fernando Santos Rojas, quien conduce el programa Libertad de Prensa, de radio Revolución, fue amenazado de muerte por el gerente municipal de dicha jurisdicción, Luis Felipe Quintana López.
El ataque ocurrió cuando el periodista conducía su programa. El funcionario llegó a las instalaciones de la emisora ubicada en la calle Julio C. Tello Nº 750, presuntamente portando un arma de fuego. Tras ingresar, amenazó al hombre de prensa con desaparecerlo. "Con insultos y gestos, cogiéndose de la cintura donde parecía tener un arma, me dijo que era hombre muerto", denunció Santos.
Santos aseguró, también, que le emplazó a ingresar a la cabina de la emisora y ser entrevistado, pero éste se retiró.
A través del programa Libertad de Prensa, el comunicador había informando sobre presuntas irregularidades en la administración municipal de César Augusto Merea Tello, alcalde de Satipo, gestión a la cual pertenece el gerente municipal.
La Asociación Regional VIII de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que conforman las asociaciones provinciales de Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica, mediante comunicado público expresó su solidaridad con el periodista, repudió la conducta del funcionario municipal e instó a las autoridades a investigar el caso.
.Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
Alerta Perú (HUAMANGA) - PERIODISTA ES QUERELLADO POR ASESOR DE PRESIDENTE REGIONAL
En la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, la autoridad jurisdiccional del 4to Juzgado Penal, citó para el próximo 13 de diciembre de 2011, al periodista Ascencio Canchari Sulca, articulista del diario La Calle, para que ofrezca declaración instructiva en la querella interpuesta por Magno Sosa Rojas, asesor del gobierno regional de Ayacucho.
El hombre de prensa fue acusado por el asesor del presidente regional Wilfredo Oscorima Nuñez, de haberlo difamado, luego que en una publicación relacionada con la construcción de un hospital, criticó y cuestionó no sólo la gestión de la autoridad política sino, también, la conducta ética en el trabajo de asesoramiento profesional de Sosa Rojas.
El periodista en el artículo objeto de la querella hace alusión al comportamiento profesional del asesor de prensa.
Sosa Rojas argumenta que la publicación le causa inmenso daño personal y empresarial, por lo que solicita se condene al periodista a la máxima pena, exigiendo, además, una indemnización de cien mil soles (aproximadamente 36 mil dólares americanos).
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
lunes, diciembre 05, 2011
ANP DEMANDÓ EN LA CORTE SUPREMA DESPENALIZAR DELITOS DE PRENSA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú reiteró este lunes último, ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el clamor de los periodistas y de amplios sectores de la sociedad civil, que plantea la despenalización de los llamados delitos de prensa y que los mismos se ventilen en el fuero civil, tal como recomienda la doctrina jurídica moderna.
El presidente de la ANP, Roberto Mejía Alarcón, explicó que en cada una de las asociaciones provinciales de periodistas del territorio nacional, se ha llegado a la conclusión que las querellas por supuesto delito de prensa, por un lado tratan de amedrentar a quienes revelan corrupciones y otros delitos en la administración pública, y por otra parte se han convertido en maniobras que afectan el libre ejercicio de la profesión y el derecho a la libertad de prensa.
La delegación del gremio decano de la prensa estuvo acompañada del letrado, Dr. Julio Falconí Gonzáles, el mismo que hizo referencia a las limitaciones que existen en la investigación de los recientes asesinatos que han sido victima tres periodistas, por el hecho de informar y denunciar a las malas autoridades.
Falconí Gonzáles subrayó que las causas penales y las investigaciones de dichas muertes sólo llegan a determinar al actor directo, al sicario que cumple la orden de matar, pero no se llega a un nivel superior de responsabilidad, ni a relacionar las denuncias periodísticas con las secuelas de muertes.
En su oportunidad el presidente de la ANP puso de manifiesto que esta campaña por la despenalización iniciada hace diez años por el gremio, lamentablemente no ha sido debidamente escuchada por las autoridades de turno y que esto obliga a tener que redoblar esfuerzos, pues se trata de situaciones graves que se deben atajar en forma inmediata, para evitar lo que viene sucediendo a los periodistas en México, Colombia y Guatemala, donde campea la impunidad.
En representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César San Martín Castro, la comisión se entrevistó con la asesora, letrada Dra. Fanny Uchuya Donayre, quien adelanto que en la Corte Suprema existe un criterio favorable para despenalización.
El presidente de la ANP, Roberto Mejía Alarcón, explicó que en cada una de las asociaciones provinciales de periodistas del territorio nacional, se ha llegado a la conclusión que las querellas por supuesto delito de prensa, por un lado tratan de amedrentar a quienes revelan corrupciones y otros delitos en la administración pública, y por otra parte se han convertido en maniobras que afectan el libre ejercicio de la profesión y el derecho a la libertad de prensa.
La delegación del gremio decano de la prensa estuvo acompañada del letrado, Dr. Julio Falconí Gonzáles, el mismo que hizo referencia a las limitaciones que existen en la investigación de los recientes asesinatos que han sido victima tres periodistas, por el hecho de informar y denunciar a las malas autoridades.
Falconí Gonzáles subrayó que las causas penales y las investigaciones de dichas muertes sólo llegan a determinar al actor directo, al sicario que cumple la orden de matar, pero no se llega a un nivel superior de responsabilidad, ni a relacionar las denuncias periodísticas con las secuelas de muertes.
En su oportunidad el presidente de la ANP puso de manifiesto que esta campaña por la despenalización iniciada hace diez años por el gremio, lamentablemente no ha sido debidamente escuchada por las autoridades de turno y que esto obliga a tener que redoblar esfuerzos, pues se trata de situaciones graves que se deben atajar en forma inmediata, para evitar lo que viene sucediendo a los periodistas en México, Colombia y Guatemala, donde campea la impunidad.
En representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César San Martín Castro, la comisión se entrevistó con la asesora, letrada Dra. Fanny Uchuya Donayre, quien adelanto que en la Corte Suprema existe un criterio favorable para despenalización.
sábado, diciembre 03, 2011
Periodistas piden fiscal para investigar agresiones a la prensa durante manifestaciones
El Colegio de Periodistas, el Sindicato de Iberoamericana Radio Holdings y profesionales de las comunicaciones, que han sido víctimas de violencia durante las manifestaciones públicas, solicitaron este viernes al fiscal nacional, Sabas Chahuán Sarrás, el nombramiento de un fiscal que investigue de manera especial las agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y camarógrafos en el contexto de las movilizaciones sociales que enfrenta el país.Expresaron su preocupación por la violencia de que son objeto durante la cobertura periodística de las movilizaciones. Los gremios explicaron que la agresión y detención sufrida por el periodista de Radio ADN, Esteban Sánchez, en la manifestación de rechazo al acto en honor a Miguel Krassnoff, el día 21 de noviembre, es sólo la muestra de una práctica sistemática cada vez que se producen incidentes entre la población y las fuerzas policiales.
En la reunión fue entregado un informe preliminar que registra 30 casos de profesionales golpeados a la fecha, la mayoría arrestados en el ejercicio de su trabajo y con su material periodístico sustraído o destruido por personal policial. Aunque en menor cantidad, también se cuentan casos perpetrados por ciudadanos no uniformados, los que consideramos igualmente graves.
Las situaciones descritas impactan no sólo en la integridad física de los profesionales, sino en un valor fundamental en democracia, el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos chilenos a informarse oportuna, diversa y verazmente tanto de las movilizaciones, actos, protestas, operativos policiales, disturbios o sobre cualquier evento considerado de interés público. Es una limitación a estos derechos fundamentales.
Solicitamos al fiscal nacional considerar los antecedentes y determinar el nombramiento de un fiscal que investigue y sancione a quienes resulten responsables para que estos graves hechos no queden impunes.
Con todo, expresamos que la preocupación se extiende, con aún mayor alarma, a todos los casos de agresión y detención injustificada de manifestantes, muchos de los cuales se encuentran documentados por el Instituto de Derechos Humanos y Asesorías Ciudadanas.
Las denuncias pueden ser enviadas a: agresionprensa@gmail.com
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