BOLETÍN DE PRENSA . FUNDALEX SE SOLIDARIZA CON LAURA CASTELLANOS Y DEMANDA SU DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN . México, D. F., a 4 de junio de 2010 . Con temor y desconcierto vive desde 2007 la periodista Laura Castellanos, quien continúa siendo asfixiada y amedrentada como consecuencia de sus reportajes sobre grupos armados y movimientos radicales.
La Fundación para la Libertad de Expresión hace patente su solidaridad con Laura Castellanos, demanda su derecho a la libertad de expresión y manifiesta su compromiso de acudir a las instancias correspondientes para darle la cobertura institucional necesaria, a fin de preservar su seguridad física y el goce de sus derechos fundamentales.
"El hacer sentir que tienen acceso a mí, el hacerme sentir vulnerable y prácticamente decirme queremos silenciar tu trabajo", afirma Castellanos, la hace vivir en la zozobra diaria.
La también escritora de los libros "México Armado" y "Corte de Caja", presentó el pasado 31 de mayo una denuncia ante el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, Gustavo Salas Chávez y el día siguiente, 1 de junio, fue atendida por Andrés Calero Aguilar, Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH.
La denuncia ante la Fiscalía fue puesta en defensa de su derecho por la libertad de expresión, luego de que la madrugada del 10 de mayo, mientras realizaba la promoción de sus libros fuera de México, sujetos no identificados ingresaron en su departamento y manipularon objetos personales, llevándose consigo información periodística contenida en una libreta de apuntes.
"Hay otros detalles que por razones legales me pidieron no comentar. Pero sí puedo decir que éste es el incidente que de manera más directa deja el mensaje más grave, el haber ingresado a mi intimidad, el hacerme sentir vulnerable", acotó.
El pasado miércoles, durante una reunión con el fiscal Salas Chávez, el presidente de la Fundalex, Armando Prida Huerta, hizo hincapié en el caso de Laura Castellanos, así como en el de los periodistas muertos y desaparecidos en los meses recientes, con el compromiso de la Fiscalía de que no sólo están siendo atendidos, sino que pronto habrá resultados.
El acoso a Laura Castellanos inició tras la publicación de "México Armado" que salió a finales del año 2007 y de "Corte de Caja" que salió pocos meses después, mismo que contiene una entrevista con el subcomandante Marcos.
La periodista denunció que "en otros momentos ha habido una presencia que ha rondado mi edificio" pero que lo del allanamiento a su casa ha sido –hasta ahora- la manera más directa de amordazar su trabajo. "Buscan inhibirme y silenciarme", señaló la periodista.
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), siempre preocupada por la defensa de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en México, se manifiesta a favor de salvaguardar el derecho del libre ejercicio periodístico de Laura Castellanos y de todos los periodistas y exige al Estado la garantía del mismo.
Es importante que no sólo el gremio periodístico se solidarice a esta causa sino también la sociedad en general y en conjunto hacer un cerco que proteja y ponga fin al acoso del que son víctimas los periodistas del país.
"En la medida en que los medios de manera solidaria y sensible se abran no sólo a cubrir las ejecuciones de los periodistas, sino también cualquier tipo de intimidación o amenaza, en esa medida se podrá parar este tipo de acciones", exclamo Laura Castellanos, para finalizar diciendo que los periodistas "no queremos ser nota de un día o de 48 horas y ya". -o0o-
CONTACTO: Renato Consuegra
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Fecha: 2010/6/4
Español
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
4 de junio de 2010
HondurasCerca de un año después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las maniobras represivas emprendidas contra la prensa de oposición y comunitaria siguen vigentes. Lo demuestra el asalto militar y policiaco del que fue blanco la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande 97.1 FM la mañana del 3 de junio de 2010, en la península que lleva el mismo nombre, en el sur del país. Con una orden de captura de cinco dirigentes campesinos, unos 300 soldados y policías invadieron la comunidad y redujeron a su medio de comunicación al silencio. Una cinta de plástico amarillo que dice "escena del crimen" rodea el local de la pequeña radio, señala la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
La ocupación militar de un medio de comunicación antes de su cierre es característica de los procedimientos empleados durante el golpe de Estado. De esta manera Radio Progreso fue sacada del aire apenas una horas después del derrocamiento de Manuel Zelaya (http://es.rsf.org/honduras-radio-progreso-victima-del-golpe-23-11-2009,35065.html).
El mismo método se empleó en el cierre de la radiodifusora Radio Globo y del Canal 36-Cholusat durante el estado de sitio que siguió en septiembre –tras el retorno clandestino al país del presidente depuesto–, y en las requisiciones de antenas de la red de cable para censurar a la prensa extranjera (http://es.rsf.org/honduras-cierre-de-dos-medios-y-represion-29-09-2009,34613.html).
¿Cómo explicar esta vez tal despliegue si no por la voluntad de hacer callar a todo precio la voz de las comunidades que enfrentan un grave conflicto agrario? ¿Qué significa esa cinta amarilla rodeando la radio si no la criminalización de un población a través de su medio de comunicación? Ya sea que La Voz de Zacate Grande haya pagado las consecuencias del conflicto principal o que la radio haya sido el principal objetivo de esta operación (http://es.rsf.org/honduras-un-septimo-periodista-es-asesinado-21-04-2010,37101.html), se trata de un acto de censura política y de una violación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, la legislación hondureña no cumple todavía con los estándares internaciones en materia de medios de comunicación comunitarios.
La Voz de Zacate Grande nació el 14 de abril pasado. La radio defiende la causa de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). Los representantes de esta organización fueron acusados por el magnate de la agroindustria Miguel Facussé Barjum de "usurpación de tierra" y de "fraude fiscal". Esta era la razón por la que la pequeña radiodifusora estaba en la mira de la justicia local, que emitió una orden de arresto contra cinco dirigentes de la ADEPZA. El cierre de la radio se llevó a cabo en el marco de la ejecución de esa orden judicial.
La situación del pluralismo y de la libertad de prensa en Honduras, de por sí deteriorada tras el golpe de Estado, se ha agravado después de la toma de posesión del nuevo gobierno, el 27 de enero de 2010. Así, en este primer semestre el país se ha convertido en uno de los más peligrosos del planeta para la seguridad de periodistas. En espacio de un mes y medio seis periodistas y un locutor han sido asesinados. Ningún avance judicial real ha permitido aún esclarecer el asesinato de ninguno de ellos. Cierto, acaba de ser emitida una orden de arresto contra cuatro individuos identificados como los autores materiales e intelectuales del asesinato de David Meza Montesinos, el 11 de marzo pasado en la Ceiba, en la costa atlántica. Por el contrario, ¿qué ha pasado con el de su colega Nahum Palacios Arteaga, asesinado tres días después de recibir amenazas atribuidas al ejército? (http://es.rsf.org/honduras-asesinan-a-tiros-a-un-tercer-16-03-2010,36716.html).
El caso de Nahum Palacios Arteaga es el único que figura en nuestro barómetro debido a que se confirmó que está ligado a la profesión. No obstante, constatamos que las autoridades excluyen sistemáticamente todo nexo entre esos atentados gravísimos a la libertad de expresión y la violencia política que azota el país desde hace un año. ¿Qué responden las autoridades a las dos resoluciones tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 3 de mayo y el 2 junio pasados, solicitándoles asegurar la protección de 15 periodistas de Radio Progreso amenazados, entre ellos el sacerdote jesuita y director de la estación, Ismael Moreno, y la jefa de redacción Karla Rivas? Radio Progreso y su personal son perseguidos por la línea política y editorial del medio.
Nos mantenemos en contacto con esas personas. Su protección es responsabilidad del Estado. Las autoridades hondureñas no pueden esperar que su país se reintegre próximamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) si siguen negando o, peor, en complicidad en ciertos casos. Ellas deberían aceptar el principio de una comisión de investigación internacional independiente.
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Benoit Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk
Reporters sans frontières
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Reporters sans frontières assure la promotion et la défense de la liberté d'informer et d'être informé partout dans le monde. L'organisation, basée à Paris, compte neuf bureaux à l'international (Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, Montréal, New York, Stockholm, Vienne et Washington DC) et plus de 140 correspondants répartis sur les cinq continents.
Reporters Without Borders promotes and defends the freedom to be informed and to inform others throughout the world. Based in Paris, it has nine international offices (Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Montreal, New York, Stockholm, Vienna and Washington DC) and more than 140 correspondents in all five continents.
Reporteros sin Fronteras promueve y defiende la libertad de informar y de ser informado en cualquier lugar del mundo. La organización, ubicada en París, cuenta con nueve oficinas a nivel internacional (Berlín, Bruselas, Ginebra, Madrid, Montreal, Nueva York, Estocolmo, Viena y Washington DC) y más de 140 corresponsales en los cinco continentes
"RED MUNDIAL PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION" . Gobernador no movió ni un dedo ante esta grave denuncia .
¿Y el Ombudsman?
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Ayer sufrieron un atentado en Pánuco dos colaboradores del medio de comunicación TRIBUNA, quienes fueron ilegalmente privados de la libertad, heridos gravemente, y providencialmente lograron escapar de sus captores. El responsable Ricardo García Guzmán, alcalde de esa localidad y enemigo del Gobernador ¿se coludieron?
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Declara el Director de Tribuna Martin Serrano Herrera
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Ellos realizaban trabajos al interior y exterior de las instalaciones del periódico en aquella localidad del norte de Veracruz cuando fueron atacados a mansalva.
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Los hechos tuvieron verificativo alrededor de las 18 horas, y cuando eran golpeados con saña, desde el teléfono de uno de ellos un sujeto gritando obscenidades me comunicó que los tenían sometidos, que los iban a matar y a mí también por haber ido a instalar TRIBUNA a esa municipalidad.
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Ahora no fue el gobernador sino un enemigo del gobernador el que nos atacó.. Pero el gobernador no mueve un dedo... o sea que de cierta manera le hicieron el favor de ayudarlo atacándonos..
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Declara el Presidente de: RED MUNDIAL PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION
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El día de hoy recibimos esta grave denuncia y recurriremos nuevamente a la ONU, como ya lo hiciéramos en pasada vez por el caso TRIBUNA, estos crímenes no pueden quedar impunes y la opinión pública mundial no puede quedarse callada ante tanta infamia en contra de un medio informativo como es TRIBUNA de Veracruz – México. Basta ya, ni una mas, ese debe de ser el grito de guerra de todos los periodistas del mundo en contra de los ataques y atentados que sufren los hombres de PRENSA, indefensos, cuya única arma es la pluma, la grabadora, la cámara fotográfica o la de TV. En nosotros esta no permitir esta clase de abusos y violaciones a los derechos humanos consagrados en la carta de la ONU y por ley humana propia. ¡¡¡BASTA YA!!!
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NOTA DE REDACCIÓN: Instamos a todos los medios del mundo a hacer eco de estas líneas y denunciar mundialmente este lamentable hecho, que no hace mas que sumarse a tantos en el mundo. ¡¡¡BASTA YA!!!
IM 189E/08 y/o 002/2009/PC C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR P r e s en t e. Ahora vengo a señalar el ataque despiadado, a tubazos, que ayer sufrieron en Pánuco dos colaboradores del medio de comunicación que dirijo, quienes fueron ilegalmente privados de la libertad, heridos gravemente, y providencialmente lograron escapar de sus captores. Ellos realizaban trabajos al interior y exterior de las instalaciones de mi periódico en aquella localidad del norte de Veracruz cuando fueron atacados a mansalva. Los hechos tuvieron verificativo alrededor de las 18 horas, y cuando eran golpeados con saña, desde el teléfono de uno de ellos un sujeto gritando obscenidades me comunicó que los tenían sometidos, que los iban a matar y a mí también por haber ido a instalar TRIBUNA a esa municipalidad. De acuerdo con información de mis fuentes periodísticas pero sin que me conste fehacientemente, supuestamente los atacantes son gente vinculada al, o fue enviada por el, alcalde Ricardo García Guzmán, personaje que varias veces ha sido señalado de homicidio a punto de ser consumado contra colegas de otros medios de comunicación. Por lo que pido a esta autoridad que considerando la gravedad de este hecho efectúe las diligencias necesarias y de urgencia proceda. A t e n t a m e n t e Jalapa-Enríquez, Veracruz. Martes 1 de junio del 2010 __________________________ Martín Serrano Herrera Ccp/ Opinión Pública y autoridades
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Español : http://es.rsf.org/IMG/pdf/RSF_Informe_Medio_Ambiante.pdf
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Informe
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"Investigaciones de alto riesgo: Deforestación y contaminaciones"
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En vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, Reporteros sin Fronteras hace público el informe "Investigaciones de alto riesgo: Deforestación y contaminaciones". Las exacciones contra los periodistas que se interesan por las degradaciones del medio ambiente están en aumento en todo el mundo. Los reporteros y blogueros que investigan a los responsables de esas dos calamidades – destrucción de las selvas y contaminaciones industriales – están particularmente expuestos. Gracias a su red de corresponsales en todo el mundo, Reporteros sin Fronteras ha reunido información sobre incidentes ocurridos en Indonesia, Argentina, El Salvador, Gabón, la India, Azerbaiyán, China y Marruecos. Detrás de las amenazas, siempre se ocultan empresas, mafias y funcionarios corrompidos por el dinero de las minas y la explotación forestal.
Leer el informe integralmente : http://es.rsf.org/IMG/pdf/RSF_Informe_Medio_Ambiante.pdf
Último incidente constatado, la paliza que le dio hace dos semanas un militar indonesio al periodista Ahmadi en la provincia de Aceh. El oficial le reprocha la publicación de un artículo sobre su implicación en un tráfico ilegal de madera. El nombre de este reportero se añade a una larga lista de profesionales de los medios de comunicación en el punto de mira por su trabajo sobre la deforestación, representando ésta al menos un 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
. En este informe publicado en inglés, francés y español, Reporteros sin Fronteras denuncia la responsabilidad de los gobiernos vietnamitas o chinos en graves casos de ataques a la libertad de prensa, privando de esta forma a la opinión pública de información crucial sobre casos de contaminación o deforestación. Por ejemplo, el informe describe la manera con la que el gobierno de Hanói intentó acallar cualquier tipo de debate acerca del impacto ambiental de minas de bauxita explotadas por una empresa china. En Argentina, una investigación sobre el terreno permitió establecer que los periodistas se veían presionados por partidarios y adversarios de un proyecto minero al mismo tiempo.
Varias empresas mineras (Aluminium Corp Of China, las canadienses Yamana Gold y Pacific Rim, China Mettalurgical Group), grupos petroleros (Shell, Addax o Synopec) y del sector papelero (Sinar Mas, Riau Andalan Pulp and Paper) y también empresas francesas (Bolloré o Areva) se citan en este informe por su papel directo o indirecto en casos de intimidaciones o censura.
Se trata del segundo informe publicado por la organización sobre este tema. En septiembre de 2009, el informe de investigación "Periodista medioambientalista : un combate peligroso" detallaba unos quince casos de periodistas y blogueros asesinados, agredidos, encarcelados, amenazados de muerte o bien censurados por tratar problemas ambientales en Rusia, Camboya, Bulgaria y también en Brasil.
Reporteros sin Fronteras reitera el llamamiento que ya lanzó durante la conferencia de Copenhague: "Los medios de comunicación son necesarios para reunir y difundir la información al público. En lo que atañe a los desafíos del cambio climático, los medios de comunicación ayudan a establecer diagnósticos creíbles e independientes sobre la situación del planeta. Sus análisis son cruciales para ayudar a los responsables a adoptar políticas y normas que permitirán obtener el cambio esperado."
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Vincent Brossel
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Al menos hay 60 periodistas detenidos en Israel Reporteros sin Fronteras reitera su llamamiento urgente a las autoridades israelíes para que pongan en libertad a los periodistas que acompañaban a la flotilla humanitaria con destino a Gaza. Según las últimas informaciones conseguidas por la organización, a bordo se encontraban al menos 60 periodistas. ''Recordamos que los periodistas estaban allí para llevar a cabo su trabajo de cobertura de los acontecimientos. En absoluto puede confundírseles con activistas. Ahora están a punto de expulsar a 300 pasajeros mientras que los periodistas siguen detenidos. Pedimos a las autoridades israelíes la puesta en libertad de todos los periodistas detenidos así como la restitución de su material que, de momento, tienen confiscado los militares'', ha declarado la organización. 300 pasajeros de la flotilla, que actualmente se encuentran en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, van a ser expulsados hoy mismo. Entre ellos hay varios periodistas. Reporteros sin Fronteras ha sabido también que el corresponsal Abbas Nasser y el camarógrafo Issam Zaatar, del equipo de Al-Jazeera, fueron expulsados ayer de Israel. Reporteros sin Fronteras tiene constancia de 16 periodistas internados en el centro de detención de Be'er Scheva : Svetoslav Ivanov, Valentin Vassilev, (canal de televisión búlgaro BTV), Muna Shester, (Kuwait News Agency), Talat Hussain, (Aaj TV), Paul McGeough, Kate Geraghty, (Sydney Morning Herald). Mario Damolin, (Frankfurter Allgemeine Zeitung), David Segarra, (teleSUR) Ayse Sarioglu (Taraf), Murat Palavar, Hakan Albayrak, (Yeni Safak), Sümeyye Ertekin, Ümit Sönmez, Ersin Esen (TVNET), Ashwad Ismail y Samsul Kamal Abdul Latip, (Astro Awani).
Reporteros sin Fronteras ha intentado varias veces ponerse en contacto con ellos, por el momento sin éxito. ________
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Español Reporteros sin Fronteras Comunicado de prensa/Actualización 1 de junio de 2010
ISRAEL/GAZA Cortada la comunicación con la prensaReporteros sin Fronteras pide a las autoridades israelíes que faciliten la lista de periodistas detenidos en el asalto e indiquen el lugar en que se encuentran internados. Se sabe de al menos 15 periodistas extranjeros que iban a bordo de la flotilla humanitaria, y a los que se sigue sin poder acceder directamente. • El reportero Svetoslav Ivanov y su camarógrafo Valentin Vassilev, del canal búlgaro de televisión BTV. • Muna Shester de la agencia KUNA (Kuwait News Agency). • Talat Hussain, presentador paquistaní de Aaj TV. • El corresponsal Paul McGeough y la periodista gráfica Kate Geraghty, del Sydney Morning Herald. • Abbas Nasser y su camarógrafo Isaam Zaatar, de Al-Jazeera. • Mario Damolin, freelance que trabaja para el Frankfurter Allgemeine Zeitung. (Según las últimas informaciones, Mario Damolin estaría detenido en Be'er Scheva). • David Segarra de teleSUR. • Ayse Sarioglu, reportero del diario Taraf. • Murat Palavar, reportero del diario islamista Yeni Safak (Nuevo Alba). • La jefa del servicio extranjero de TVNET Sümeyye Ertekin, el productor de programas Ümit Sönmez y el camarógrafo Ersin Esen. Por otra parte, el equipo de Al-Jazeera fue agredido por unos ciudadanos israelíes el 31 de mayo de 2010 tras la rueda de prensa del Ministro de Defensa israelí, celebrada en el puerto de Ashdod, sobre el asalto a la flotilla humanitaria. Resultó herido el periodista Walid Al-Omri, director de la oficina de Al-Jazeera en los Territorios Palestinos. La agresión fue una consecuencia de las virulentas críticas contra el canal qatarí, aparecidas en medios israelíes. -------- 31.05.10 - El ejército israelí impide a la prensa contar el asalto Reporteros sin Fronteras condena firmemente los intentos de censura que han acompañado el asalto israelí del 31 de mayo de 2010 a la flotilla humanitaria que, con destino a la Franja de Gaza, llevaba a bordo 750 militantes pro palestinos y varios periodistas. ''Denunciamos el asalto que tuvo como resultado un grave balance en vidas humanas. Una actuación desmesurada que ha puesto en peligro a los periodistas que ejercían su misión informativa desde la flotilla. Pedimos a las autoridades israelíes que pongan en libertad a los periodistas retenidos y permitan que los profesionales de los medios tengan acceso libre a Gaza. La comunidad internacional necesita justamente tener información sobre lo que pasa en ese territorio palestino'', ha declarado la organización. La flotilla, conocida como ''flotilla de la libertad'', iba cargada de material humanitario y bienes de consumo, destinados a la población de Gaza que sufre el bloqueo israelí desde hace cerca de cuatro años. Al menos 19 pasajeros resultaron muertos y 36 heridos. "Cientos de soldados israelíes están atacando la flotilla y el capitán de nuestro barco se encuentra gravemente herido", había contado poco antes el corresponsal de Al-Jazeera, Abbas Nasser, en la última llamada que hizo al canal qatarí antes de que se interrumpiera brutalmente la comunicación. En el ataque al convoy humanitario detuvieron a dos periodistas búlgaros de la televisión BTV. Según los medios de comunicación búlgaros se trata del reportero Svetoslav Ivanov y su camarógrafo Valentin Vassilev. También se encontraba a bordo de la flotilla Talat Hussain, presentador de Aaj TV. De momento no se tienen noticias suyas. Las autoridades israelíes han prohibido entrar en Gaza a todos los periodistas. Por otra parte, en la mañana del 31 de mayo de 2010 la radio pública israelí anunció que las autoridades del país habían prohibido difundir cualquier información relativa a los muertos y heridos, trasladados a hospitales de Israel, como consecuencia del abordaje de la flotilla que se encontraba en ruta hacia Gaza. La censura se levantó hacia el mediodía. ----------------- Benoit Hervieu
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El 25 de mayo de 2010, en la provincia de Lamas, departamento de San Martín, Iván Tello Hidalgo, director del programa "La Revista Semanal" que transmite radio Millenium, fue agredido físicamente por el policía municipal Gautiel Reátegui. Ataque promovido por Abner Panduro Coral y Anderson Vargas, ambos regidores de la Municipalidad Provincial de Lamas.
El hecho ocurrió en el local del Movimiento Político Nueva Amazonía, ubicado en la Plaza de Armas. El periodista cubría incidencias de una reunión partidaria y su presencia incomodo al dirigente de Nueva Amazonía y actual alcalde de Lamas, Víctor Cifuentes Rojas, quien pronunciaba su discurso. El regidor Panduro Coral a través del micrófono exigió su expulsión, exaltando los ánimos de los presentes.
"El regidor Panduro Coral dijo "vamos a botarlo" y Vargas empujó a un simpatizante contra mi persona motivando la agresión. Reátegui me propinó una patada en la pierna y en medio de forcejeos e insultos me sacaron del local", denunció el periodista.
El comunicador presume, que la agresión es en represalia por criticar la gestión del alcalde de Lamas, además, por una entrevista que hizo en su programa a Hayler Vargas, principal oponente de Víctor Cifuentes en las elecciones internas del partido que declaró públicamente en su contra. El periodista refiere, que la autoridad fue invitado al programa para hacer sus descargos, pero no acudió.
Tello Hidalgo denunció la agresión en la Comisaría de Lamas. Manifestó, además, que el principal líder del Movimiento Político Nueva Amazonía y, presidente de la Región San Martín, César Villanueva Arévalo, le expresó las disculpas del caso. ---Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/www.ofip.blogspot.com , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe, ofip.peru@gmail.com
IFEX Action Alert Network Alerta
26 mayo 2010 FUENTE: Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión
(OLA/IFEX) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la Petición 142 del 8 de febrero de 2003, presentada por los familiares de los periodistas Jorge Sedano Falcón, Jorge Luís Mendivil Trelles, Willy Retto Torres, Pedro Sánchez Gavidia, Eduardo de la Piniela Palao, Amador García Yanque, Félix Gavilán Huamán y Octavio Infante García, asesinados junto al guía Juan Argumedo García, el 26 de enero de 1983 en la comunidad campesina de Uchuraccay, provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho.
En su informe Nº 62/10, del 24 de marzo de 2010, la CIDH indica que los peticionarios alegaron violación por parte de la República del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los familiares responsabilizan al Estado peruano de las muertes por una supuesta participación directa de militares en los hechos. Igualmente, acusan a las autoridades judiciales de no investigar la presunta participación de fuerzas del orden en la muerte de los periodistas, entre otras irregularidades en los juicios penales abiertos.
En su defensa ante la CIDH, el Estado peruano afirmó que el proceso penal fue conducido con amplia participación de los familiares de los periodistas muertos, arrojando exclusiva responsabilidad a los comuneros de Uchuraccay, y no así de agentes del Estado. Indicó que los sucesos del 26 de enero de 1983 se inscribieron en un contexto de violencia a causa de una guerra interna provocada por la subversión. Señaló, que en el proceso judicial visto en última instancia se condenó a 2 comuneros de Uchuraccay. Añadió que se adoptaron medidas legislativas y de otra índole en honor a la memoria de los periodistas fallecidos.
La CIDH asume competencia y admite la petición conforme al artículo 44 de la Convención Americana, en razón de que los peticionarios están facultados para presentar la denuncia. Las presuntas victimas se encontraban bajo la jurisdicción del Estado peruano a la fecha de la masacre. Las violaciones de derechos que se alegan y que protege la Convención Americana se llevaron a cabo dentro de territorio peruano, y el gobierno está obligado a respetar y garantizar estos derechos, tras haber ratificado dicha Convención el 28 de julio de 1978.
Asimismo, para la CIDH el transcurso de más de 27 años de la muerte de las presuntas victimas sin que se haya culminado el proceso penal respectivo es suficiente para concluir que hubo retardo injustificado en la decisión judicial, conforme a lo establecido en el artículo 46. 2. c de la Convención Americana.
El 26 de enero de 1983, los ocho periodistas y el guía fueron asesinados cuando se dirigían a la localidad de Haychao, para realizar una investigación periodística que presuntamente comprometía a las fuerzas del orden en eliminaciones forzadas a miembros de comunidades campesinas. Al llegar a la comunidad de Uchuraccay, fueron asesinados presuntamente por comuneros e instigados por miembros de la Marina de Guerra del Perú. Tras el asesinado se nombró una Comisión Especial, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa. El grupo se instaló el 5 de febrero de 1983 y un mes después entregó su informe al gobierno de Fernando Belaunde Terry. La Comisión concluyó que la masacre fue obra de los comuneros.
El 30 de enero de 1983 en Huamanga, el juez ad hoc Juan Flores Rojas, inicio una lenta investigación. Al cumplirse el plazo fijado por la ley para el término de la instrucción, solicitó dos ampliaciones. En su informe final, concluyó que eran 17 los comuneros acusados en la masacre, pero que no tenía apoyo para cumplir con las capturas, así como para concretar otras diligencias relacionadas con las investigaciones.
Tras una serie de irregularidades registradas en Ayacucho, a pedido de los familiares de las víctimas, el 25 de noviembre de 1985, el caso pasó a la jurisdicción de Lima. El 9 de marzo de 1987, el Octavo Tribunal Correccional de Lima condenó a Dionisio Morales Pérez, Mariano Concepción Ccasani Gonzáles y Simeón Auccatoma Quispe, a pena privativa de la libertad de diez, ocho y seis años, respectivamente, por el delito de homicidio simple. Los familiares presentaron recurso de nulidad.
El 15 de junio de 1988, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptó resolución definitiva. Aumentó la pena a dos de los condenados y adecuó el tipo penal imputado inicialmente por la de homicidio calificado. La CSJ dispuso remitir los actuados al Juez Instructor de Turno de la provincia de Huanta en Ayacucho a fin de que se iniciara investigación penal contra miembros del Ejército, Marina, Policía de Investigaciones y Guardia Civil del Perú, como autores de los delitos contra la administración de justicia y contra los deberes de función y profesionales.
A la fecha, no existe información de diligencia alguna al respecto. Testigos e inculpados murieron misteriosamente a lo largo del proceso y los presuntos autores intelectuales nunca fueron investigados.
Para mayor información:
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