El 21 de mayo de 2013, en la provincia de Huaraz, la jueza Rosana Luna León, titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Ancash, condenó a dos años de prisión suspendida al periodista Alcides Peñaranda Oropeza, director del diario y la revista Integración, en la querella criminal que le interpuso el presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, por supuesto delito de difamación.
La autoridad jurisdiccional, cuestionada por medios locales por su reciente nombramiento, tras ser descalificada en una primera evaluación, le ordena al periodista cumplir reglas de conducta y un pago de 10 mil nuevos soles por concepto de reparación civil en favor de la autoridad.
La defensa del periodista, interpuso recurso de apelación por considerar el fallo contrario a Derecho, pues los hechos que menciona la autoridad como supuesto daño a su honor no han sido probados como tal, ni la autoridad jurisdiccional sometió la controversia a una debida ponderación entre la libertad de expresión y el derecho al honor tratándose de funcionarios públicos, tal como manda el ACUERDO PLENARIO N° 3-2006/CJ-116. Por tanto, al no existir motivación en la sentencia se vulneró un principio legal y la garantía del supuesto condenado.
El Presidente del Gobierno Regional de Ancash, luego que el diario Integración cumpliera con informar a la opinión pública sobre la existencia de supuestos hechos de corrupción que involucrarían su gestión, demandó al periodista acusándole de lesionar su honor y buen nombre ya que –según refiere- es una autoridad ejemplar.
En las publicaciones, se hacen críticas y se opina estrictamente sobre la función pública de la autoridad y no sobre su conducta privada. Además, se difundió información publicada en el semanario Hildebrandt en sus Trece, en relación a una supuesta protección del Ministerio Público local a la autoridad. Por esta y otras publicaciones el director de ese medio, César Hildebrandt y la reportera Melissa Pérez, también fueron querellados por la autoridad.
En este caso, el 25 de abril del presente, la Jueza del 25° Juzgado Penal de Lima, Fernanda Ayasta Nassif, emitió sentencia absolutoria para los periodistas. Entre otros fundamentos, se tomó en cuenta que "…la protección del afectado se relativizará cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de relevancia pública, quienes en aras del interés general en juego, deben soportar ciertos riesgos a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones de ese calibre –más aún si esas expresiones importan una crítica política, en tanto éstas se perciben como de los derechos de participación política."
Por otro parte, el 13 de mayo, al finalizar una sesión de audiencia en el caso de Peñaranda Oropeza, la periodista Yolanda Quito Camones, gerente del diario Integración fue golpeada por un grupo de personas allegadas al presidente regional. Minutos antes Wilson Vásquez, conductor del vehículo oficial que transporta a la autoridad intentó atropellarla.
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