"RED MUNDIAL PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION"

Periodista turco condenado por ofender a Erdogan by Ana María De Luis Otero

Can Dündar, periodista turco, será condenado por ofensas al presidente Recep Tayyip Erdogán, según informó su abogado Bülent Utju. El periodista que es redactor jefe del diario Cumhuriyet, tendrá que pagar unos diez mil dólares de multa por ello.

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Ana María De Luis Otero | abril 28, 2016 en 2:27 pm | Etiquetas: Can Dündar, Erdogan, Periódico Cumhuriyet, Periodismo | Categorías: NOTICIAS, Periodismo | URL: http://wp.me/p3hYSD-i2c

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Estados Unidos pide a Cuba la liberación del periodista cubano preso

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Periodistas en Español

Estados Unidos pide a Cuba la liberación del periodista cubano preso by Ana María De Luis Otero

Estados Unidos ha pedido el pasado martes, 26 de abril, al gobierno de Cuba, la liberación del periodista cubano, José Antonio Torres, condenado en 2011 a 14 años de prisión por espionaje.

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Ana María De Luis Otero | abril 28, 2016 en 3:29 pm | Etiquetas: Cuba, Diario Granma, José Torres,libertad de prensa, Periodismo | Categorías: NOTICIAS, Periodismo | URL: http://wp.me/p3hYSD-i2f

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"RED MUNDIAL PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION"

Cabe recordar que el último 18 de abril el periodista, ex editor de Diario 16, recibió una sentencia de 1 año y 8 meses de prisión suspendida. Asimismo, se le dictaminó pagar una reparación de S/100 mil al exmandatario Alan García.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
hace 14 horas

Nuestra Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su preocupación por la condena penal emitida ontra el periodista Fernando Valencia Osorio, director del Diario16, por los delitos de difamación agravada por la difusión de publicaciones en perjuicio del ex presidente de la República del Perú Alan García el pasado 18 de abril en Perú. El juicio se originó en 2013 cuando Diario 16 tituló su portada con la frase “Los ladrones tienen que estar en la cárcel y no e...

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La demanda se produjo a raíz de una portada del Diario 16 del 1 de marzo de 2013, en la cual aparecía el titular “Ladrones a la cárcel y no en el poder”. Sin embargo, en dicha página quedaba en claro que el autor de esas declaraciones era Ollanta Humala, esto por el texto “Humala arremete contra gobierno aprista”.

CIDH expresa su preocupación por condena contra periodista peruano Fernando Valencia

"RED MUNDIAL PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCÓN"

Foto: Diario 16

Este lunes la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la condena contra el periodista peruano Fernando Valencia, quien fue denunciado por el expresidente Alan García por difamación.

PUEDE LEER.  Por caso de periodista Fernando Valencia, IDL acudirá a instancias internacionales 

Por medio de un comunicado, dicho organismo internacional dio a conocer que "el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público es desproporcionada y vulnera la libertad de expresión"

"Llamamos al Estado de Perú a apegarse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin interferencias indebidas", señalan.

La Relatoría Especial manifiesta preocupación por una condena penal por difamación contra periodista en Perú

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Comunicado de prensa R52/16

25 de abril de 2016

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal emitida el 18 de abril por el Séptimo Juzgado Penal de Lima, Perú, contra el periodista Fernando Valencia Osorio, director del Diario 16, por los delitos de difamación agravada por la difusión de publicaciones en perjuicio del ex presidente de la República del Perú Alan García Pérez.

Según la información disponible, El tribunal condenó a Valencia Osorio a un año y ocho meses de prisión (en suspenso) y al pago de una multa de 1.900 soles (unos 580 dólares estadounidenses). El tribunal también impuso al comunicador el pago al ex mandatario de una reparación civil equivalente a 100.000 soles (unos 30.000 dólares estadounidenses). De acuerdo con la información obtenida, el periodista tiene cinco días tras notificación de la sentencia para apelar.

El juicio se originó en 2013 cuando el Diario 16 y otros medios de comunicación reprodujeron declaraciones del actual presidente de la República, Ollanta Humala, durante la inauguración de una obra de infraestructura en la región de San Martín. En dicha ocasión, Humala hizo manifestaciones críticas hacia quienes habían ejecutado la obra en los siguientes términos: “Hoy inauguramos un puente, pero éste se debió hacer hace dos años, cuando se tenía la carretera de Evitamiento. ¿Para qué la tenían si faltaba un puente?”. En el mismo discurso el primer mandatario hizo referencia a una serie de obras de saneamiento en marcha y solicitó controlar “que vayan bien, que no entreguen a empresas que pagan coimas y se paralizan a medio hacer (…) los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en sitios de poder”. Distintos medios de comunicación interpretaron que estas críticas, por la referencia temporal que hizo el presidente, estaban dirigidas al gobierno anterior presidido por Alan García. El Diario 16 tituló la mencionada cobertura en la portada con la frase “Los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en sitios de poder” y se destacó la fotografía del ex presidente. Alán García entonces demandó penalmente a Valencia Osorio por los delitos de difamación, dado que a su juicio el actual presidente no lo había mencionado en su discurso y vincularlo –del modo que fue hecho en el caso concreto de Diario 16– dañó su reputación e imagen.

La jurisprudencia interamericana en reiteradas oportunidades ha reconocido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en ellos, el derecho a investigar y difundir informar por esa vía hechos de interés público. La Comisión ha establecido que “[e]l tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública". 

En una sociedad democrática y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios o de quienes aspiran a serlo están sujetos a un escrutinio mayor por la prensa y la opinión pública. Ello implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión y que los funcionarios públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica.

Como ha sostenido la Corte en diversas decisiones, los jueces, al evaluar situaciones en las que puedan caber posibles responsabilidades ulteriores debe ponderar el respeto a los derechos a la honra y la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés público y el efecto disuasivo de sanciones penales sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, en el caso de figuras públicas encumbradas siempre es posible tener mayor acceso a los medios de información para responder a las críticas y ofrecer explicaciones.

La CIDH, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión. Al respecto, el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH en el año 2000, establece que "la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".

En este sentido, la Comisión hace un llamado al Estado de Perú a apegarse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin interferencias indebidas, y a la sociedad en su conjunto a estar informada y, en consecuencia, promover la modificación de su legislación interna en materia de figuras penales que son utilizadas para penalizar expresiones de interés público o sobre funcionarios públicos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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