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miércoles, julio 27, 2011

ANP: DICTAMEN QUE DESPENALIZA PARCIALMENTE DELITO DE DIFAMACIÓN ES POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

ANP: DICTAMEN QUE DESPENALIZA PARCIALMENTE DELITO DE DIFAMACIÓN ES POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) saluda la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la República del dictamen que modifica las penas aplicadas al delito de difamación y establece que esos casos serán sancionados con penas de multa y prestación de servicios a la comunidad y ya no con pena privativa de la libertad conforme rige en el actual artículo 132 del Código Penal.

Sin embargo, para la ANP dicha reforma aún es insuficiente pues debe ser establecida la plena despenalización del citado delito agravado, así como el delito de injuria y calumnia de los artículos 130 y 131 del Código Penal, conforme al estándar internacional establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las reiteradas recomendaciones efectuadas por la CIDH en tal sentido.

En el texto del dictamen aprobado se mantienen penas propias de los delitos como es la prestación de servicios a la comunidad entre 80 a 156 jornadas, que pueden convertirse en pena efectiva en caso de incumplimiento; y además se establecen sanciones desproporcionadas de 200 a 365 días multa.

La ANP reitera, una vez más, su antigua demanda de la despenalización total y definitiva de tales delitos y que estos pasen a ser competencia de los juzgados civiles, en caso de que efectivamente se hubiera causado daño al honor o intimidad de las personas.

Como organización gremial representativa de los periodistas peruanos, en cumplimiento de nuestros acuerdos congresales, en reiteradas oportunidades nos hemos dirigido a las autoridades competentes y a la ciudadanía denunciando el uso malicioso y abusivo de las querellas judiciales para amedrentar a los periodistas, ocultar las denuncias e investigaciones sobre casos de corrupción y de actuaciones poco transparentes de la Administración.


En razón a ello, hacemos un abierto llamado a los congresistas de la República, recientemente juramentados, para que el Poder Legislativo, en uso de sus funciones, proceda de una vez por todas a la despenalización plena de dichas conductas, que pasa por modificar lo establecido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado que prescribe que "(.) Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común".

Para la ANP la permanencia de las figuras delictivas de la injuria, calumnia y difamación en el Código Penal, considerados como típicos delitos de prensa, sigue constituyendo una grave amenaza a la prensa fiscalizadora, víctima frecuente de la prepotencia de quienes mal ejercen el poder político, quienes buscan silenciar la crítica mediante el abuso de recursos jurídicos incompatibles con una sociedad moderna, democrática y constitucional.



27 de julio del 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

sábado, julio 23, 2011

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.

Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.

En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.

Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.

La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.





Lima, 23 de julio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE




ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.

Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.

En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.

Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.

La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.



Lima, 23 de julio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

lunes, julio 18, 2011

FIAN Honduras: JUSTICIA LABORAL PARA LOS PERIODISTAS HONDUREÑOS

Leonel Casco Gutierrez clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com

¿QUIÉN DEFIENDE LOS DERECHOS DE LOS PERIODISTAS EXPLOTADOS Y REPRIMIDOS?

Los derechos laborales son irrenunciables, no se pueden disminuir, restringir o negar según lo establecido en el artículo 127 y 128 de la constitución, pues son garantías sociales, protegidas y reguladas por el código del trabajo y los convenios internacionales de la OIT, por lo que la compañera Lenis Fajardo debe solicitar una inspección laboral a esta empresa de comunicación, en vista de que al firmar sucesivamente contratos adquirió permanencia laboral y no puede ser despedida sin la debida justificación por las causales establecidas en el artículo 112 del código del trabajo.

DEBER DE RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES
Toda empresa sea de un empresario de Derecha o disfrazado de Izquierda esta obligado a respetar los derechos y garantías constitucionales del trabajo y el Estado a través de la Secretaría del Trabajo debe amparar tales derechos, por lo que a partir de este caso, debería de servir para iniciar un estudio a través de una supervisión laboral no solamente de Radio Globo, donde sabemos que los trabajadores de la Comunicación no se les paga los salarios establecidos en el ARANCEL DEL PERIODISTA E IGUAL EN ALGUNOS ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL, tampoco los afilian al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y mucho menos cotizan al Instituto de Previsión del Periodista. Son diversos medios de comunicación hablados, escritos y televisados que incurren en estas violaciones, obligando a los y las periodistas a tener que venderse como mercaderes ante los políticos y empresarios corruptos para obtener publicidad y beneficiarse con un porcentaje del 20 y 30% de la misma, quedándose el empresario del medio o el Director del programa con la mayor cantidad, lo que les sirve para andar en carrazos de lujo, mientras los reporteros y camarógrafos andan a pie y ha jalón como me consta.

Estas son las bonanzas que el Estado les confiere al otorgarles frecuencias y licencias de operación hasta por 20 años y creo que ahora es hasta por 50 años, los que les da poder y por eso le temen a los movimientos sociales y políticos que plantean rescatar o reivindicar estos bienes propiedad del Estado para ponerlos al servicio de la sociedad en general y como PODER MEDIÁTICO son capaces hasta de hacer caer gobiernos, promover golpes de Estado y campañas des informativas, desmovilizadoras, calumniadoras, manipuladoras de la población, generando división y polarizaciones para mantenernos sometidos ante la oligarquía a quién le sirven y forman parte.

NECESIDAD DE ASISTENCIA JURÍDICA LABORAL
Públicamente pido a los abogados laboristas de la resistencia, como el compañero Leopoldo Enrique Romero Banegas, Miguel Zelaya y otros que apoyen y asesoren en esta materia a la periodista Lenis Fajardo y se siente un precedente judicial con esta empresa en la que tarde o temprano cada uno de los actuales periodistas, igual que los directores de programas seguirán siendo víctimas de los intereses egoístas y financieros del propietario.

PROMOVER UNA INVESTIGACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO LABORAL DE LOS PERIODISTAS EN LOS MEDIOS

Así mismo podemos pedir a la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), instancia que no tiene compromisos con sectores empresariales, para hacer una investigación especial de la situación laboral de los y las periodistas en los principales medios de comunicación del país, tal como lo han hecho con las diversas empresas de seguridad, las empresas de comidas rápidas afiliadas al grupo INTUR, quienes evaden impuestos y algunas empresas maquiladoras que niegan los derechos de maternidad y seguridad social de las mujeres.

PROHIBICIÓN DE CELEBRAR CONTRATOS CON EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
El Estado de Honduras a través del gobierno central y gobiernos locales, deberían de prohibir la celebración de contratos de publicidad con toda aquella empresa de comunicación que no tenga un certificado de cumplimiento de las garantías y derechos laborales, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de proteger a cada uno y una de las trabajadoras de la comunicación, lo que debería ser coordinado con el Colegio de Periodistas de Honduras y la Asociación de Prensa.

INTERVENCIÓN DE LA OIT
Con este reportaje del Periodista hondureño Ronnie Huete, queda clara la necesidad de que los periodistas hondureños tengan que organizarse mejor en asociaciones alternas, afiliarse a centrales obreras y solicitar la intervención de la OIT, para que elabore estudios in situ y formule recomendaciones al Estado de Honduras sobre la materia.


Leonel Casco Gutierrez

Procurador de los Derechos Humanos

Cel. 9892-6935

sábado, julio 16, 2011

ANP REPUDIA ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN AREQUIPA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) repudia públicamente los actos de violencia ocurridos el último 10 de julio, en el distrito de Uchumayo, departamento de Arequipa, contra los periodistas Miguel Ángel Avendaño, director de prensa de radio La Exitosa; Melgar Valdivia, reportero de Viva TV; Fernando Villafuerte Yábar, reportero de América TV y Julio Angulo, reportero gráfico del diario La República.


Los comunicadores sociales fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de trabajadores y del servicio de serenazgo del municipio del distrito de Uchumayo, a los que se sumó un grupo de personas desconocidas, quienes perpetraron este incalificable hecho contra los informadores quienes se encontraban cumpliendo con su deber profesional en forma independiente y sin intervenir en los conflictos sociales que estaban ocurriendo en el lugar.

En dicha ocasión los periodistas atacados trataban de dar cobertura informativa a una asamblea popular convocada por el Frente de Defensa de Uchumayo para ventilar las denuncias de corrupción contra el alcalde de la localidad, Vidal Pinto Paredes. El primero en ser atacado fue el periodista Miguel Ángel Avendaño quien decidió entrevistar a un grupo de personas que se encontraban frente a la plaza donde se realizaba la asamblea, celebrando una reunión paralela en favor del alcalde y con intención de impedir el pedido de vacancia.

Al aproximarse al grupo y sin ninguna justificación o motivo los periodistas fueron insultados y golpeados acusados parcialización y de ser contrarios al cuestionado alcalde Pinto Paredes. El grupo agresor, sin entender explicaciones, ni respetar su evidente condición de periodistas, decidieron en el extremo de tan arbitraria y sorpresiva reacción, no sólo insultarlos y golpearlos, sino inclusive, destruyeron la cámara fotográfica que portaba el reportero Julio Angulo, del diario La República.

La ANP ante actos de tal gravedad, en los que para defender a una autoridad se recurre a conductas delictivas como son el agredir, golpear, insulta y vejar a las personas sin ningún derecho ni motivo, impidiéndoles, incluso, de manera intencionada, el ejercer las actividades propias de su quehacer profesional, demanda a las autoridades policiales y al Ministerio Público una pronta y efectiva investigación a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si para perpetrar dicho ataque existió orden o disposición de alguna persona o funcionario, en particular.

Para la ANP este incalificable ataque constituye un grave atentado contra la libertad de expresión, pues mediante tales actos se ha tratado de amedrentar y silenciar a los periodistas, quienes se limitaban a cubrir la información de un acontecimiento que era de interés para la comunidad.




16 de julio del 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Perú - La Libertad: Falleció director de revista “Muchik”

CORREO

Redacción multimedia - web@epensa.com.pe


El creador de los premios "Muchik de Oro" y de la revista Muchik, Luis Fernando Gurmendi Sánchez, falleció el último martes a los 58 años de edad. Según sus familiares fue un repentino paro cardíaco el que apagó su vida en la Unidad de Emergencias del hospital Belén.


Al entusiasta organizador y hombre de prensa se le recuerda por haber trabajado muchos años en Hidrandina, así como por las premiaciones a los emprendedores más resaltantes de La Libertad gracias al reconocimiento "Muchik".

Hasta siempre Fernando.

Nota de redacción: Fernado Gurmendi fue un gran ser humano, mejor amigo, muy decente, muy colaborador, amable y de muchisima simpatia. En el medio periodistico, los que lo conocimos lamentamos su perdida.

jueves, julio 14, 2011

ANP RECHAZA PROYECTO DE LEY QUE CRIMINALIZA LABOR DE PERIODISTAS

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su público rechazo al proyecto de ley presentado por la Corte Suprema de Justicia, que penaliza la difusión de comunicaciones obtenidas a través de la interceptación telefónica ilegal, por considerar que dicha iniciativa establece una forma de censura previa que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión personal como colectiva.

Esta iniciativa, propia de regímenes autoritarios que coartan la libertad de prensa mediante acciones de fuerza o normas legales, maniata y criminaliza la labor de los periodistas convirtiendo la tarea de informar en una de las conductas más peligrosas de la sociedad, de una gravedad similar a la de los crímenes atroces, pues se sanciona con penas desproporcionadas y absurdas, que van de seis a diez años, a quienes difundan a través de la prensa audios procedentes de la interceptación telefónica. Esto es que se orienta a sancionar y atemorizar drásticamente a los periodistas, promoviendo una cultura del silencio y el secretismo.

Para la ANP pretender que la actividad informativa y el derecho de expresión puedan depender de la aprobación, decisión o arbitrio de los jueces es concederle al Poder Judicial facultades que son contrarias a la Constitución y a las disposiciones sobre libertad de expresión que garantizan las normas internacionales y regionales sobre derechos humanos, cuya doctrina y jurisprudencia rechazan todo tipo de censura y control previo.

La ANP mantiene su negativa y rechazo a la aprobación de dicho proyecto que plantea modificar el artículo 162 del Código Penal, por considerarlo no sólo atentatorio a los derechos que tienen todas las personas a la libertad de expresión sino, además, porque no se ha ponderado la naturaleza de la labor informativa que cotidianamente devela actos de inconducta pública, la actuación impune de las mafias de la corrupción, el narcotráfico y demás formas delictivas de carácter mafioso organizado, que precisamente descargan su odio y violencia contra los periodistas que descubren y denuncian sus crímenes. En razón a ello la modificación planteada constituye en el fondo una grave limitante para el libre ejercicio de la profesión periodística, más aún en un país como el nuestro que requiere de una prensa que no se encuentre amordazada.

Para la ANP es el periodista, guiado por los principios de la ética profesional, quien debe evaluar la trascendencia de la información de interés público, en tanto corresponde al juez administrar justicia contra aquellos que actúan al margen de la ley interceptando ilícitamente la privacidad de las comunicaciones.



14 de julio del 2011



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

martes, julio 12, 2011

Justicia para los periodistas mexicanos asesinados y desaparecidos

México D.F., 7 de diciembre (OCLACC).- Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) convocan al gremio periodístico, a las organizaciones políticas y a la sociedad civil a participar del foro Justicia para los Periodistas Asesinados y Desparecidos con la finalidad de rechazar la impunidad que padecen los periodistas mexicanos desde hace una década.

El foro abierto al público, en el que participarán familiares, amigos y personas cercanas a las víctimas, se llevará a cabo este 10 de diciembre de 2011 en la ciudad de México, frente al monumento a Francisco Zarco, a las 10:00 horas.

Entre los asistentes se contará con la presencia de Alan García, funcionario de la oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. Reporteros sin Fronteras estará representada por Benoît Hervieu, responsable del despacho Américas de la organización.


El evento contará también con la participación de Rafael Pineda, "Rapé", uno de los caricaturistas de la campaña "¡Basta de Sangre!" -
"No + sangre"

Según Reporteros sin Fronteras, México se encuentra entre los países más peligrosos para la libertad de información.

La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los 80 asesinatos registrados en contra del gremio desde el año 2000, a los cuales se suman 14 desapariciones registradas desde el año 2003. Esta situación se ha intensificado y agravado aún más desde la ofensiva federal contra el narcotráfico, emprendida en diciembre de 2006 bajo la administración del presidente Felipe Calderón, cuyo balance humano se eleva ahora a 50,000 muertos. El foro "¡Justicia para los Periodistas Asesinados y Desparecidos!", se realiza en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 y que consagra el derecho de todo ciudadano de informar, ser informado, vivir en libertad, paz, seguridad y gozar de una justicia en condiciones de igualdad.

Las mafias y los carteles, figuran en México, y en otras partes del mundo, como la principal fuente de peligro físico para los periodistas. Sin embargo la ofensiva federal que debía responder a esa amenaza ha incurrido en excesos y, "en última instancia esta estrategia ha probado su fracaso tanto en México como en los países donde ha sido aplicada", afirman los organizadores del foro.La iniciativa de Reporteros sin Fronteras y del CEPET espera integrarse al vasto movimiento ciudadano que demuestra que la sociedad civil mexicana no ha renunciado a defender los valores fundamentales de una democracia.

Los organizadores hacen un llamado a los periodistas, los defensores de los derechos humanos, las personalidades del mundo de la cultura, el derecho y la política, a unirse al foro que acontecerá este 10 de diciembre de 2011 en el monumento a Francisco Zarco, en la ciudad de México, Distrito Federal, de las 10:00 a las 13:00 horas para decir: "¡No a la impunidad!"


Fuente: Reporteros sin Fronteras

lunes, julio 11, 2011

Alerta Perú (CHEPÉN) - JUEZA CONDENA A PERIODISTA A DOS AÑOS DE PRISIÓN SIN CORRECTA VALORACIÓN DE PRUEBAS

El 6 de julio de 2011, en la provincia de Chepén, departamento La Libertad, María Elizabeth Zulueta Cabrera, jueza del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chepén - Pacasmayo, condenó a dos años de prisión al periodista Hans Francisco Andrade Chávez, por el presunto delito de difamación agravada.En la resolución, además, se fija el pago de 4 mil nuevos soles por concepto de reparación civil y ciento veinte días multa descontados del veinticinco por ciento de su ingreso promedio diario. También, se le ordena que se rectifique y desagravie públicamente al supuesto ofendido -Juan José Vásquez Romero, subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén- por el mismo medio de comunicación televisivo por un espacio de dos días, con los costos totalmente asumidos por él. Asimismo, se le impuso costas en ejecución de sentencia y se cumpla con la inscripción de la condena, vale decir antecedentes penales. Zulueta Cabrera, concluyó que las transcripciones de un video donde sólo existen críticas y opiniones sobre la conducta e imagen del funcionario público, son suficiente prueba para condenar al periodista, sin tomar en cuenta, la causa debidamente justificada y que manda la ley, esto es el ejercicio legítimo del derecho de información, expresión y opinión del periodista sobre un hecho cierto y público.Hans Francisco Andrade Chávez, quien conducía el noticiero de América Noticias en Chepén, entrevistó a varias personas, entre ellas, a Carla Beatriz Rodríguez Herrera, coordinadora del partido político Alianza por el Progreso, en esa jurisdicción, quien denunció públicamente a Juan José Vásquez Romero de haberla amenazado de muerte en plena vía pública y en presencia de testigos. Tras informar sobre el caso, el subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén querelló al periodista, adjuntando como medio de prueba el video cercenado de la entrevista, donde sólo aparece el comunicador, más no los entrevistados.La denunciante, además, no sólo fue entrevistada por Andrade Chávez, sino por otros periodistas. El hecho veraz es consignado en una declaración jurada, un pedido de garantías personales y, testimonios de descargo presentados en el juicio. Sin embargo, para la jueza es "totalmente irrelevante si las atribuciones que realizó el querellado son verdaderas o falsas", contradiciendo reglas de ponderación del Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República, de carácter vinculante, en conflictos como el presente caso. El periodista no sólo ha sido condenado, sino que el 16 de marzo pasado, por presiones ante la gerencia de la central de América TV, en Lima, dejó de conducir el noticiero.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.

Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/, http://www.ofip.blogspot.com/ , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

miércoles, julio 06, 2011

CARTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL PERÚ AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ELECTO OLLANTA HUMALA TASSO

Lima, 05 de julio del 2011

Señor
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional Electo de la República
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:


Es grato dirigirnos a usted, en representación de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con el objeto de expresar nuestro respetuoso saludo, en vísperas de la asunción del mandato presidencial que le ha encomendado el pueblo soberano y, al mismo tiempo, para hacer de su conocimiento la posición gremial que tenemos como comunicadores en medios de prensa, respecto a los derechos sociales y económicos regulados por ley, actualmente irrespetados en el sector público y en el sector privado, así como en lo pertinente al uso que debe hacerse del espectro electromagnético, importante patrimonio de la Nación que administra por ley el Estado, pero que presenta vacíos y muestra una estructura jurídica discriminadora.

Lo anterior, de otro lado, se articula con una firme conducta de carácter institucional, que nos obliga a respetar y hacer respetar los estatutos y los acuerdos congresales de esta organización, cuya trayectoria acrisolada a lo largo de ininterrumpidos 83 años, tiene el soporte de 89 asociaciones provinciales y 9 mil afiliados en todo el territorio nacional y cuyas luchas gremiales por hacer de la información un derecho del pueblo, tal como hicieron ayer sus fundadores, entre ellos Germán Lazarte, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui, no tienen punto final, en tanto la sociedad misma evoluciona y se retroalimenta cívicamente afrontando la multiplicidad de los cambios sociales, propios de la existencia humana.

Antes de presentar una relación sucinta de nuestra posición en asuntos gravitantes para el país, debemos recalcar que la presente no es una comunicación ceñida por adhesiones u oposiciones. Va más allá de ese candor circunstancial que se da con frecuencia en la realidad política y tiene, más bien, un propósito informador a fin de que forme parte de la agenda del gobierno a instalarse constitucionalmente el 28 de julio del año en curso:

I. Derechos sociales y económicos de los periodistas:

A partir de 1990, los trabajadores periodistas y en general los trabajadores, sufren las consecuencias de una severa política de ajuste estructural, promovida políticamente para afirmar las bases de un modelo económico sustentado en la primacía del mercado. Los trabajadores han sido los más afectados por la perversidad del proceso, con la consiguiente descalificación de la fuerza de trabajo. Las modificaciones regulatorias han facilitado el incumplimientos de las normas de carácter laboral y el continuo descenso del valor de las remuneraciones, condiciones sociales y niveles de empleo.

II. La información de interés público y el uso del espectro radioeléctrico:

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- permiten integrar al ser humano, cualquiera sea el tiempo o distancia que le separen. También hay avances considerables, en materia de tratados internacionales y legislaciones de diversos rangos normativos en otras latitudes ajenas a la nuestra, que fortalecen los derechos humanos de la información y de la comunicación. Esto no sucede en nuestro país. Al contrario se niega la posibilidad de superar criterios autoritarios o monopólicos. Esto ocurre con la actual ley de radio y televisión y su aplicación en el uso del espectro radioeléctrico. La marginación de sectores trascendentes de la sociedad que deberían de participar con voz propia en el debate y en el desarrollo de una convivencia democrática, es antidemocrático. El poder político vigente cuida las espaldas de un poder económico que concentra en forma unipolar el derecho ciudadano a informar y ser informado, con frecuencia desvirtuando la verdad.

III. La despenalización de los delitos de prensa:

Las estadísticas, sobre todo a partir de 1990, señalan con frialdad una constante persecución contra periodistas que investigan y revelan actos de corrupción en la administración pública, criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas, querellándoles por supuestos delitos contra el honor. El objetivo es acallarlos, haciendo uso de normas hoy obsoletas, conforme lo expresan los informes de la Comisión para la Libertad de Prensa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú discrepa con el silencio del Estado al respecto, más aún cuando existen mecanismos menos gravosos que, con igual eficacia, conllevarían a resarcir el derecho al honor vulnerado y en tanto, también, se concibe en estos tiempos el derecho penal como instrumento de control social que debe estar reservado a actos ilícitos que atentan contra la integridad física y la vida principalmente, así como contra los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio del Estado o lo que atentan contra la salud pública y los denominados de lesa humanidad, como las ejecuciones forzadas entre otros similares. La despenalización de los delitos de prensa significaría el reconocimiento ciudadano al trabajo periodístico que no se limita a informar, toda vez que ahora opina, analiza y critica en todo cuanto es de interés público.

IV. El diálogo social, clave del desarrollo humano:

Lo social es lo humano. Es la clave central en la agenda de toda la problemática política, económica, ética y cultural del nuevo desarrollo. Para ese logro es importante el diálogo y la concertación. No existe otro camino. Lo distinto sería la represión que solo engendra más violencia y la discriminación que descalifica a los ciudadanos porque carecen de poder económico o poder político. La ANP considera que la ausencia de diálogo y de concertación es la causa de la subsistencia de una mayoría de gente condenada a la pobreza crítica, a la miseria, a la exclusión social, a la degradación más radical de su dignidad. Por eso demanda del nuevo administrador del Estado el diálogo horizontal con todos los sectores de la población, sin marginaciones. Que no se repita lo que ya se ha hecho repudiable costumbre en el sector de la prensa, donde el gobierno cree que su único interlocutor válido es el empresariado adinerado de los medios de comunicación masiva.

Señor Presidente Electo, es cuanto podemos decir en esta misiva, haciéndole recordar que así como es peligroso dejar la guerra sólo en manos de quienes disparan los cañones, también es peligroso que el futuro social y económico del país quede sólo en manos de quienes no tienen otro Dios que el dinero.


Atentamente,

Roberto Mejía Alarcón
Presidente

Zuliana Lainez Otero
Secretaria
General

lunes, julio 04, 2011

Alerta Perú (CAMANÁ) - ALCALDE QUERELLA A PERIODISTAS Y LOS DECLARA PERSONAS "NO GRATAS" AL MUNICIPIO


Los periodistas Marco Antonio Turpo Cari y Carlos Astete Espinoza, de radio Juventud, en la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, fueron querellados por difamación agravada por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, Víctor Antonio Chávez de la Cadena, quien solicita tres años de pena privativa de libertad y una reparación civil solidaria ascendente a medio millón de soles (aproximadamente 180 mil dólares).


El reciente 21 de junio el Segundo Juzgado Unipersonal en lo Penal de Camaná resolvió admitir la querella interpuesta por la autoridad provincial quien aduce lesión a su honor por las opiniones vertidas por los comunicadores sociales sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de obras de desagüe, hipotecas de bienes inmuebles propiedad del municipio y por dar lectura a actas de sesión del Consejo Municipal, que por naturaleza tienen carácter público.


El periodista Turpo Cari asegura que el alcalde, a fin de interponer la querella, ha editado audios en los que registra opiniones de la población y se las ha atribuido.


El alcalde argumenta que los periodistas han vertido versiones malintencionadas, insultantes y carentes de toda veracidad, utilizando términos impropios, adjetivos ofensivos que atentan contra la moral y la buena imagen de las autoridades municipales.


Lo inexplicable es que teniendo oportunidad de aclarar lo que la autoridad califica como versiones malintencionadas, el alcalde hizo caso omiso al reiterado pedido formal de información sobre las obras de alcantarillado del municipio, solicitud presentada por los comunicadores, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el 15 de abril y 30 de mayo.


En la querella también han sido consignada, bajo la figura de tercera civil responsable, la dueña de la Radio Juventud, Ana Valeriano Fuentes.


Hace algunos meses (21 de marzo del 2011) los periodistas Turpo Cari y Astete Espinoza, mediante acuerdo de Concejo 028-2011-MPC-C fueron declarados personas "no gratas" al Municipio provincial argumentándose que utilizaban libertinamente la libertad de prensa para atacar el honor de las personas, poniendo en evidente peligro la formación moral, psicológica y social de la niñez y la ruptura de las relaciones humanas de los que hermanadamente viven en Camaná
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web:
http://www.anp.org.pe
/ www.ofip.blogspot.com, E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

domingo, julio 03, 2011

Alerta Perú (CHEPÉN) - INTENTAN DILATAR JUICIO ORAL EN PERJUICIO DE PERIODISTA QUERELLADO POR DIFAMACIÓN

Alegando fallas técnicas en el registro auditivo de la audiencia del reciente 27 de junio en la que testificaron personas en favor del periodista Hans Francisco Andrade Chávez, querellado por difamación agravada por Juan José Vásquez Romero, funcionario de la municipalidad de la provincia de Chepén el asistente del Juzgado Penal Unipersonal Supranacional de Chepén-Pacasmayo pretendió forzar a la jueza a repetir el juicio oral ante ausencia de una grabación que permita una transcripción completa.

Carlos Salvador Cuneo Tafur, asistente de la audiencia advirtió que "la grabación obtenida reproducía un ruido que le impedía escuchar lo que las partes habían mencionado". Esto, a pesar, que el material de otras personas presentes en la sala observaban un registro auditivo y visual nítido.

En razón a ello, y tras la decisión inicial de la jueza de reprogramar la audiencia para volver a examinar a los testigos claves en este proceso, el querellado Hans Andrade Chávez presentó ante la jueza copias de la grabación de la sesión, tanto en imagen y voz, registradas por periodistas que asisten al juicio oral.
Tras corroborar la conformidad del material y considerando que los testigos viven fuera de la ciudad, la autoridad jurisdiccional aceptó el audio proporcionado y dispuso lectura de sentencia para este lunes 4 de julio.

Hans Francisco Andrade Chávez, comunicador social, quien conducía el noticiero de América Noticias en esa ciudad, fue querellado, el pasado 31 de marzo, por el presunto delito de difamación agravada por Juan José Vásquez Romero, subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén.

El querellante acusa al periodista de lesionar su honor y buena imagen al cuestionar y criticar su calidad de funcionario público. Esto por las opiniones expresadas por el periodista tras la entrevista realizada a Carla Beatriz Rodríguez Herrera, coordinadora de un partido político, quien acusaba al funcionario público de haberla amenazado de muerte.

Para el querellado dicha noticia era de legítimo interés público y no tenía el ánimo doloso de lesionar honor ajeno. Esta información, además, fue publicada por todos los medios de comunicación de la ciudad.
Beatriz Rodríguez, precisamente, testigo de descargo, ratificó su denuncia ante la jueza.

El periodista ha denunciado el hecho como un claro ejemplo de presión jurídica que vulnera su derecho de libre expresión, opinión y crítica.

Hans Andrade Chávez, ha señalado, además, haber sido víctima de hostigamiento, primero cuestionándose su ejercicio legal de comunicador y luego atentando contra su derecho al trabajo. Esto último, porque por presiones ante la gerencia de la central de América TV, en Lima, el 16 de marzo el noticiero que dirigía fue sacado del aire.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / www.ofip.blogspot.com, E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com