ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.
Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.
En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.
Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.
La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.
Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.
En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.
Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.
La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.
Lima, 23 de julio del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
