La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) repudia públicamente los actos de violencia ocurridos el último 10 de julio, en el distrito de Uchumayo, departamento de Arequipa, contra los periodistas Miguel Ángel Avendaño, director de prensa de radio La Exitosa; Melgar Valdivia, reportero de Viva TV; Fernando Villafuerte Yábar, reportero de América TV y Julio Angulo, reportero gráfico del diario La República.Los comunicadores sociales fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de trabajadores y del servicio de serenazgo del municipio del distrito de Uchumayo, a los que se sumó un grupo de personas desconocidas, quienes perpetraron este incalificable hecho contra los informadores quienes se encontraban cumpliendo con su deber profesional en forma independiente y sin intervenir en los conflictos sociales que estaban ocurriendo en el lugar.
En dicha ocasión los periodistas atacados trataban de dar cobertura informativa a una asamblea popular convocada por el Frente de Defensa de Uchumayo para ventilar las denuncias de corrupción contra el alcalde de la localidad, Vidal Pinto Paredes. El primero en ser atacado fue el periodista Miguel Ángel Avendaño quien decidió entrevistar a un grupo de personas que se encontraban frente a la plaza donde se realizaba la asamblea, celebrando una reunión paralela en favor del alcalde y con intención de impedir el pedido de vacancia.
Al aproximarse al grupo y sin ninguna justificación o motivo los periodistas fueron insultados y golpeados acusados parcialización y de ser contrarios al cuestionado alcalde Pinto Paredes. El grupo agresor, sin entender explicaciones, ni respetar su evidente condición de periodistas, decidieron en el extremo de tan arbitraria y sorpresiva reacción, no sólo insultarlos y golpearlos, sino inclusive, destruyeron la cámara fotográfica que portaba el reportero Julio Angulo, del diario La República.
La ANP ante actos de tal gravedad, en los que para defender a una autoridad se recurre a conductas delictivas como son el agredir, golpear, insulta y vejar a las personas sin ningún derecho ni motivo, impidiéndoles, incluso, de manera intencionada, el ejercer las actividades propias de su quehacer profesional, demanda a las autoridades policiales y al Ministerio Público una pronta y efectiva investigación a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si para perpetrar dicho ataque existió orden o disposición de alguna persona o funcionario, en particular.
Para la ANP este incalificable ataque constituye un grave atentado contra la libertad de expresión, pues mediante tales actos se ha tratado de amedrentar y silenciar a los periodistas, quienes se limitaban a cubrir la información de un acontecimiento que era de interés para la comunidad.
En dicha ocasión los periodistas atacados trataban de dar cobertura informativa a una asamblea popular convocada por el Frente de Defensa de Uchumayo para ventilar las denuncias de corrupción contra el alcalde de la localidad, Vidal Pinto Paredes. El primero en ser atacado fue el periodista Miguel Ángel Avendaño quien decidió entrevistar a un grupo de personas que se encontraban frente a la plaza donde se realizaba la asamblea, celebrando una reunión paralela en favor del alcalde y con intención de impedir el pedido de vacancia.
Al aproximarse al grupo y sin ninguna justificación o motivo los periodistas fueron insultados y golpeados acusados parcialización y de ser contrarios al cuestionado alcalde Pinto Paredes. El grupo agresor, sin entender explicaciones, ni respetar su evidente condición de periodistas, decidieron en el extremo de tan arbitraria y sorpresiva reacción, no sólo insultarlos y golpearlos, sino inclusive, destruyeron la cámara fotográfica que portaba el reportero Julio Angulo, del diario La República.
La ANP ante actos de tal gravedad, en los que para defender a una autoridad se recurre a conductas delictivas como son el agredir, golpear, insulta y vejar a las personas sin ningún derecho ni motivo, impidiéndoles, incluso, de manera intencionada, el ejercer las actividades propias de su quehacer profesional, demanda a las autoridades policiales y al Ministerio Público una pronta y efectiva investigación a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si para perpetrar dicho ataque existió orden o disposición de alguna persona o funcionario, en particular.
Para la ANP este incalificable ataque constituye un grave atentado contra la libertad de expresión, pues mediante tales actos se ha tratado de amedrentar y silenciar a los periodistas, quienes se limitaban a cubrir la información de un acontecimiento que era de interés para la comunidad.
16 de julio del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
