La promulgación de la Ley de Delitos Informáticos por el simple hecho de su redacción confusa y ambigua, que puede originar problemas graves en la recta administración de justicia, constituye un atentado a la libertad de expresión y, consiguientemente, una restricción preocupante a la libertad de prensa. Tal el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ante la puesta en vigencia de una norma que conlleva un serio peligro para la difusión de la información de interés público.
De otro lado, la organización gremial de los trabajadores de la prensa, considera que tanto los promotores legislativos como los responsables de su promulgación, al poner en vigencia la mencionada ley sobre delitos informáticos, han actuado de espaldas a la realidad comunicacional, en un país como el Perú donde hay 12 millones de ciudadanos conectados a Facebook, alrededor de millón y medio en Twitter y se encuentran en uso algo más de 30 millones de celulares, los mismos que en su gran mayoría tienen acceso a internet.
La ANP subraya en su declaración que, en lo que se refiere al ejercicio de la labor periodística existen artículos que van más allá de lo consagrado por la Constitución Política del Estado que en esencia considera que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo la responsabilidad de ley, situación esta última que ya está prevista en lo pertinente en el Código Penal vigente.
Por otro lado, precisa la ANP, con esta Ley se pretende de hecho poner en vigencia una suerte de ley mordaza a los periodistas, por cuanto irrespeta el derecho de toda persona a utilizar los medios de comunicación cuando se trata de informaciones que afectan el interés público, ya sea de carácter político, económico y social. Más aún cuando la sociedad peruana arrastra el grave mal de la corrupción en la administración estatal, de la penetración del crimen organizado y de la especulación extrema e irregular de carácter financiero y económico.
El afán de institucionalizar la cultura del secretismo, bajo el discutible pretexto de sancionar a quienes incurran en delitos previstos por la ley penal, señala la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, lamentablemente cae en una indebida modificación de la Constitución Política del Estado, ya que por principio jurídico elemental una norma de menor jerarquía no puede variar el texto de la Carta Magna. Se ha postulado, agrega, un pernicioso retroceso en materia constitucional, puesto que desde tiempo atrás sí está garantizado el derecho al secreto de las comunicaciones digitales.
Es de anotar, concluye la ANP, que adicionalmente a la deficiente calidad de formulación normativa, se evidencia el desconocimiento de los 40 artículos en el Código Penal que ya hablan de delitos por medios electrónicos, desde transferencia de fondos hasta delitos que afectan la propiedad intelectual.
Lima, 24 de Octubre de 2013
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
