Lima, 28 de febrero del 2014
Estimados/as compañeros/as:
Este año de elecciones regionales y municipales se convierte en uno de los de mayor riesgo para los periodistas del interior del país. Quienes aspiran a la función pública intentan silenciar todo tipo de crítica o cuestionamiento. Más si son quienes ya tienen responsabilidad regional o municipal y optan por la reelección.
La primera estrategia es polarizar a los periodistas de la zona -mediante publicidad o argucias de diversa índole-. Esto con el fin de desviar la atención a la pelea entre los periodistas y descuidar la función de fiscalización de quienes estan en el poder.
Lo segundo es sacar del aire programas que son incómodos. Para esto se valen de los propietarios de medios locales -si el espacio está concesionado o subarrendado-, o de presiones administrativas a radioemisoras o televisiones, a través de la autoridad de Transportes y Comunicaciones que intensifica operativos de minuciosa fiscalización de equipos de emisoras.
Lo tercero es la agresión física, la amenaza, la campaña de desprestigio a los comunicadores sociales -que intentan la muerte moral-.
A lo denunciado la semana pasada en Huamanga, Tarapoto y Chiclayo se suman denuncias en Satipo, Pomabamba, Huaylas y Tumbes. En esta última provincia se ha registrado el hecho más grave. La agresión física a plena luz del día contra la periodista Ursula Pinedo, quien conduce el programa Hoy por Hoy, en radio La Hechicera. Esta es la tercera agresión física contra la colega, quien ha sido querellada por personas allegadas al Gobierno Regional de Tumbes. Las instalaciones de radio La Hechicera y Canal 43 han sido atacadas en múltiples ocasiones.
Este año, necesitamos desde donde estemos denunciar estas situaciones, solidarizarnos con los colegas, demandar garantías para el periodismo independiente. Tomar conciencia que, de manera particular al interior del país, hay prensa crítica que quiere ser silenciada por quienes tienen aspiraciones electorales.
Desde la ANP denunciaremos constantemente. Esperamos contar con vuestro eco, en medios, en redes sociales, en los ámbitos en los que se desenvuelvan. Esto para que los periodistas que hacen un periodismo en las provincias sepan que no están solos en su misión.
Políticos aplican la "ley de la mordaza"
ANP DENUNCIA ATENTADOS CONTRA
LA LIBERTAD DE PRENSA EN PROVINCIAS
Ante hechos que coartan la libertad de prensa y que amenazan con agudizarse si no se adoptan de inmediato las medidas correctivas, dentro del marco de la ley, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) cumple con el deber de denunciar ante la opinión pública y autoridades de los poderes del Estado, una serie de acciones que se están dando al interior del país y que lesionan el derecho ciudadano a recibir información libre de toda censura.
Tales prácticas están siendo impulsadas en el ámbito regional tanto por funcionarios públicos como por personajes de la política que pretenden, directa o indirectamente, amordazar a los medios de comunicación social, en circunstancias en que se advierte un trajín inusitado con motivo de la aproximación de las elecciones regionales y municipales previstas para octubre del presente año.
Uno de los medios de comunicación afectados hace pocas semanas por las intervenciones de funcionarios públicos ha sido radio Estación Wari, en la ciudad de Huamanga, emisora que goza de gran sintonía en la región ayacuchana y que, con regular frecuencia, transmite en los programas periodísticos críticas que no son del agrado de las autoridades locales y regionales.
Según las denuncias que obran en poder de la ANP elementos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones acusan a radio Estación Wari del supuesto incumplimiento en la homologación del transmisor y del sistema de irradiación de amplitud modulada (AM), sin tomar en cuenta que la misma dependencia ha realizado en el transcurso de un año un total de tres inspecciones que obligaron a acatar las sanciones del caso para regularizar el normal funcionamiento de la emisora. Dada la gravedad de lo ocurrido, la ANP demanda de las más altas autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adoptar las medidas que permitan evitar cualquier daño a la libertad de prensa.
La independencia de la labor periodística de radio Estación Wari le está ocasionando, igualmente, otros problemas con personajes del quehacer político que pretenden silenciarla. Es el caso del alcalde de Huamanga, Amílcar Huancahuari Tueros, quien sin medir las consecuencias de sus afirmaciones y huérfano de prueba alguna, el reciente jueves 20 de febrero, formuló expresiones que causan grave daño moral y empresarial a la citada emisora. Es de anotar que Huancahuari ha sido denunciado por la ilícita administración de los bienes municipales.
En la ciudad de Tarapoto ocurre otro tanto en perjuicio de la libertad de prensa. El programa televisivo "Enfoques", que dirige la periodista Glenda Mello Pinedo, ha salido de la señal abierta que se transmitía a través de Televisión Tarapoto. Ello como consecuencia de las presiones puestas en práctica por Sandro Rivero Uzátegui, quien pretende ser candidato a la alcaldía de la provincia de San Martín, a pesar de una serie de hechos que originaron críticas e informaciones que lo descalifican para la función municipal. El retiro del programa se produjo después que Televisión Tarapoto condicionara la difusión de "Enfoques" a una revisión previa del contenido, vale decir, la censura de la información que debía propalarse.
A ello se suman los ataques al personal periodístico del diario Voces, diario Súper y radio Tropical, quienes han denunciado de manera oportuna presuntos hechos de corrupción durante la ex gestión edilicia de Rivero Uzátegui.
Problemas de esta naturaleza se van extendiendo en diferentes partes del país. los propietarios de Canal 41 dispusieron el intempestivo cierre del programa periodístico "Aportes", conducido y dirigido por el periodista Silvestre Juárez Elías. El levantamiento del programa de noticias se habría dado porque los "contenidos del programa periodístico colisionaban con los negocios que mantiene la estación televisiva con la Municipalidad Provincial de Chiclayo", según expresó verbalmente la contadora de dicho medio de comunicación al informar la cancelación del programa. Semanas previas al cierre, el programa periodístico había revelado irregularidades en la gestión municipal del alcalde, Roberto Torres Gonzáles, quien ha confirmado su candidatura a la reelección.
Hechos parecidos se están registrando en Tumbes, Huancayo y Pucallpa, entre otras provincias.
De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista en el año 2013 se produjeron 129 ataques a periodistas, entre ellos 65 agresiones físicas y verbales, 34 amenazas y hostigamientos, 18 presiones jurídicas, cuatro atentados con daño a la propiedad, tres robos, tres presiones administrativas, una tentativa de homicidio y una traba al ejercicio periodístico. A la fecha se han registrado 18 ataques a los trabajadores de los medios. Todo indica que a medida que se aproximen las nuevas jornadas electorales, habrá nuevas presiones para limitar el libre ejercicio de la profesión periodística y del derecho a la información que corresponde a la colectividad en su conjunto.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
