Según información proporcionada en octubre de 2011 por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, ninguna persona había sido condenada penalmente por los graves abusos que habrían sido cometidos por las fuerzas de seguridad tras el golpe de estado y en el marco de manifestaciones a favor del presidente depuesto Manuel Zelaya. Los fiscales de derechos humanos continúan enfrentando obstáculos en sus investigaciones, como colaboración limitada por parte de las fuerzas de seguridad, insuficiencia de recursos y falta de implementación de un programa de protección a testigos.
Ataques contra periodistas
Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 hasta noviembre de
2011, agresores no identificados asesinaron a al menos 12 periodistas murieron —tres de ellos durante 2011—. Muchas de las víctimas habían repudiado el golpe de estado o habían informado sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Ataques contra periodistas
Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 hasta noviembre de
2011, agresores no identificados asesinaron a al menos 12 periodistas murieron —tres de ellos durante 2011—. Muchas de las víctimas habían repudiado el golpe de estado o habían informado sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Periodistas han recibido amenazas de muerte. En julio de 2011, el periodista de radio Nery Jeremías Orellana, de 26 años, se dirigía en motocicleta a su trabajo en Candelaria, departamento de Lempira, cuando agresores armados no identificados le dispararon en la cabeza. Murió en el hospital pocas horas después. Orellana dirigía Radio Joconguera de Candelaria, un medio que informó sobre violaciones de derechos humanos en la zona y en varias oportunidades había difundido la opinión de opositores al golpe. Orellana habría recibido anteriormente varias amenazas de muerte.
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En la mayoría de estos crímenes, las personas responsables no han sido identificadas ni acusadas penalmente. En marzo de 2011, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuatro casos estaban siendo analizados por la justicia y que otros seis aún estaban siendo investigados. Varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el Secretario de Seguridad y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, han rechazado señalamientos que aseguran que los asesinatos estarían relacionados con la actividad profesional de las víctimas.
