La compañía minera británica Monterrico Metals Plc está siendo demandada en un tribunal de Londres por la tortura de decenas de indígenas y el asesinato de un agricultor en Perú, durante la represión policial y paramilitar de una protesta civil en 2005, contra el proyecto minero Majaz..
Para cometer estos delitos, Monterrico Metals tuvo el apoyo de un ex embajador británico en Lima y de una empresa peruana de seguridad, actuando como un grupo paramilitar. También la empresa británica tuvo el apoyo firme de las autoridades del gobierno peruano, durante los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo y Alan García en la actualidad.
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Monterrico Metals Plc inició sus operaciones a finales de 2002 en el norte de Perú con su subsidiaria Empresa Minera Majaz SA en las comunidades indígenas de Segundo y Cajas y de Yanta, sin el consentimiento de la población local. El proyecto se ubica en las provincias de Ayavaca y Huancabamba, región de Piura, en la frontera con Ecuador..
El asesinato, tortura y abusos sexuales que sufrieron los ciudadanos peruanos fueron cometidos en 2005 por un escuadrón de agentes especiales de la policía de Perú (DINOES) y agentes de seguridad privada de la empresa Forza Perú, bajo la solicitud de Monterrico Metals Plc, dirigida entonces por el inglés Andrew Bristow.
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Los policías y agentes privados atacaron con armas de fuego y bombas lacrimógenas a los agricultores indígenas desarmados que fueron detenidos, torturados y asesinados después de protestar contra el proyecto de Minera Majaz SA, la subsidiaria de Monterrico Metals -que ahora se llama Río Blanco Copper SA- ubicada en el norte de Perú en la frontera con Ecuador. El agricultor local Melanio García murió como consecuencia de estos abusos.
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