Tras el llamado urgente que hiciera la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) para movilizarnos en torno al caso del periodista Teobaldo Meléndez Fachín condenado a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, en la querella que por difamación agravada le interpusiera el alcalde de Yurimaguas, Juan Daniel Mesía Camus, tenemos a bien compartirles el pronunciamiento público de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.
La Relatoría deja en claro que esta no es la primera vez que expresa preocupación por un caso de esta naturaleza en Perú. Por ello llama la atención a los Poderes del Estado puesto que se ha convertido en un hecho reiterado el querellar por difamación a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos.
Dicha postura, que complementa argumentativamente a lo planteado por la ANP, en su día, nos alienta a seguir trabajando para lograr la absolución del cro. Meléndez Fachín y continuar en la brega por la despenalización de los delitos de prensa en el país.
Fraternalmente,
Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP
La Relatoría deja en claro que esta no es la primera vez que expresa preocupación por un caso de esta naturaleza en Perú. Por ello llama la atención a los Poderes del Estado puesto que se ha convertido en un hecho reiterado el querellar por difamación a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos.
Dicha postura, que complementa argumentativamente a lo planteado por la ANP, en su día, nos alienta a seguir trabajando para lograr la absolución del cro. Meléndez Fachín y continuar en la brega por la despenalización de los delitos de prensa en el país.
Fraternalmente,
Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP
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COMUNICADO DE PRENSA
R123/11
RELATORIA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN
POR CONDENA PENAL CONTRA PERIODISTA
COMUNICADO DE PRENSA
R123/11
RELATORIA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN
POR CONDENA PENAL CONTRA PERIODISTA
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal por difamación agravada proferida el 7 de noviembre por un juez peruano, en contra del periodista de radio y televisión Teobaldo Meléndez Fachín, a raíz de artículos publicados acerca de presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario público.
De acuerdo con la información recibida, el Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal Unipersonal de Alto Amazonas - Yurimaguas sentenció a Meléndez Fachín a tres años de prisión, en ejecución suspendida, al pago de 30.000 nuevos soles, (US$11.100 aprox) como reparación civil y a 60 días de multa. El caso se originó en una información emitida en febrero pasado en el programa de radio y televisión "La Ribereña Noticias", en el cual el periodista habría cuestionado al alcalde de Alto Amazonas-Yurimaguas, por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. El periodista, actualmente director de noticias de Radio Activa de Yurimaguas, apelará la sentencia.
La Relatoría Especial toma nota de que la condena contra Meléndez Fachín se profiere sin embargo en un contexto favorable para la libertad de expresión en el cual el presidente peruano Ollanta Humala ha declarado públicamente, y de manera reiterada, que respetará este derecho y no acudirá a procesos penales para inhibir el debate sobre asuntos de interés público; a la vez, el Congreso de la República del Perú ha estudiado varias reformas tendientes a derogar los delitos de difamación, al menos para funcionarios públicos, o sustituyendo las penas de prisión por multas o prestación de servicios comunales. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en decisión reciente revocó una condena penal por el delito de injurias contra el periodista Paul Garay.
Esta Oficina ha manifestado reiteradamente su preocupación por la aplicación del delito de difamación a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos. El principio décimo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas". Asimismo, el undécimo principio de la misma Declaración estipula que: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
La Relatoría Especial considera importante poner de presente la doctrina y jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión y convocar a las autoridades competentes a tener en cuenta los estándares interamericanos en esta materia.
PRESS RELEASE
R123/11
OFFICE OF THE SPECIAL RAPPORTEUR EXPRESSES
R123/11
OFFICE OF THE SPECIAL RAPPORTEUR EXPRESSES
CONCERN OVER CRIMINAL CONVICTION AGAINST JOURNALIST
The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expresses its concern over the criminal conviction for aggravated defamation issued by a Peruvian judge against the radio and television reporter Teobaldo Meléndez Fachín on November 7, in response to news stories published by Meléndez Fachín about acts of corruption allegedly committed by a public official.
According to the information received, the Second Miscellaneous Court and Unipersonal Criminal Court of Alto Amazonas Yurimaguas sentenced Meléndez Fachín to 3 years in jail with suspended execution of the sentence, to the payment of 30,000 nuevos soles (approximately US$ 11,100) as civil compensation, and to a fine of 60 days at the stipulated daily rate. The case stemmed from a news story that ran last February on the radio and television program "La Ribereña Noticias", in which the journalist questioned the mayor of Alto Amazonas-Yurimaguas because of supposed irregularities in the use of public funds. The journalist, who is now the news director of Radio Activa de Yurimaguas, is appealing the verdict.
The Office of the Special Rapporteur acknowledges, though, that the conviction of Meléndez Fachín occurs in a context favorable to freedom of expression, where Peruvian President Ollanta Humala has publicly declared several times that he will respect this right and will not resort to criminal proceedings to inhibit debate on issues of public interest. At the same time, the Congress of the Republic of Peru has analyzed various proposals that would eliminate the crime of defamation, at least for public servants, or replace jail sentences with fines or community service. In addition, the Supreme Court of Justice reversed a criminal conviction for slander against the journalist Paul Garay in a recent decision.
This Office has expressed on numerous occasions its concern over the charges of criminal defamation brought against those who have denounced or criticized public officials. The tenth principle of the IACHR Declaration of Principles on Freedom of Expression states: "Privacy laws should not inhibit or restrict investigation and dissemination of information of public interest. The protection of a person's reputation should only be guaranteed through civil sanctions in those cases in which the person offended is a public official, a public person or a private person who has voluntarily become involved in matters of public interest. In addition, in these cases, it must be proven that in disseminating the news, the social communicator had the specific intent to inflict harm, was fully aware that false news was disseminated, or acted with gross negligence in efforts to determine the truth or falsity of such news". Also, the eleventh principle of such Declaration states: "Public officials are subject to greater scrutiny by society. Laws that penalize offensive expressions directed at public officials, generally known as 'desacato laws,' restrict freedom of expression and the right to information."
The Office of the Special Rapporteur considers it important to call to mind Inter-American doctrine and jurisprudence on the subject of freedom of expression and calls upon the competent authorities to take into consideration the relevant Inter-American legal standards.
