Eduardo López Betancourt elb@servidor.unam.mx
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Tal parece que siempre, en lo peor, México ocupa el primer lugar. El caso es claro en lo referente a periodistas asesinados. La libertad de expresión en nuestro país, se encuentra habitualmente asediada; los periodistas aztecas realizan grandes esfuerzos, arriesgan sus vidas en busca de noticias; empero lo hacen sin garantías y con salarios de hambre.
El jefe del Ejecutivo federal, lejos de hacer algo para garantizar el trabajo de los comunicadores, como es su costumbre sólo se lamenta, promete lo que no cumple; asevera que envió al Congreso una iniciativa para formular leyes que permitan establecer a nivel federal los delitos contra la libertad de expresión. Una vez más, el camino equivocado; es en verdad absurdo pensar que con nuevos preceptos, los reporteros puedan efectuar su actividad sin temor a ser masacrados. Lo que más abunda en nuestro sistema son disposiciones legales, las cuales se convierten en letra muerta, estimulando sólo un lacerante ambiente de inseguridad.
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Lo absurdo de todo esto es que la ridícula e inútil Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma también que está preocupada por el trabajo de los informadores, e implícitamente ha creado una dependencia con ese objetivo, misma que es obvio no sirve para nada.
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Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, sin embargo es tangible, tampoco ahí se observa una labor positiva.
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En México, se da también una situación por demás lamentable, quienes más atentan contra la libertad de expresión son los propios dueños de los medios de comunicación; ellos dicen qué noticias deben aparecer, quién y cómo las expone a la luz pública. El drama de la manipulación informativa es una vergüenza nacional; en particular porque la televisión, radio y mucha prensa escrita se hallan en unas cuantas manos, que sin prudencia realizan pingües negocios, donde la extorsión es una de sus tantas aristas.
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Los informadores mexicanos, en general son personas honestas, con ética, empero su labor a menudo se ve ensombrecida por los desaprensivos amos de los medios noticiosos, quienes mantienen, para aviesos intereses, oprobiosos cochupos con hombres del poder económico y político.
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Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco señaló que el número de periodistas ejecutados en México fue el más elevado de los últimos tiempos en el Continente Americano, con un total de 59 muertes.
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Lo real es que los reporteros a diario sucumben ante las balas de sicarios, e inclusive de las propias fuerzas policiacas; dándose a su vez el asesinato de la verdad, cuyos únicos culpables son los zares de la información, ruines sujetos sin escrúpulos, verbigracia, un indigno gallego, poseedor de una cadena de periódicos, de la cual por cierto se hizo de manera muy dudosa y, quien les dice a los periodistas que laboran para sus rotativos, que lejos de pagarles él un sueldo, son ellos quienes deben entregarle dinero, esencialmente por la conducta que deben asumir, al extorsionar a diversidad de hombres públicos. Este repugnante individuo, que además se ha apoderado del deporte olímpico mexicano, es simple muestra de los entes que provocan desinformación e impiden avances y mejores alternativas para el pueblo de México.
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Por lo expuesto, la libertad de expresión en nuestra patria es una quimera, no hay interés en los ámbitos gubernamentales por evitar la inseguridad que acecha a los trabajadores de la prensa. Al respecto, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró en su reciente visita a México, que la impunidad es el mayor problema al que se enfrentan los periodistas, acotando de forma rotunda que esa exención proviene del gobierno federal; de ahí que lo dicho por el presidente Calderón a favor de los informadores, resulta incongruente; más aún cuando asegura que tiene la firme convicción de apoyar a los hombres de la prensa, y que en similar sentido actuarían todas las instituciones del Estado, agregando sin más: "Velar por la seguridad de los periodistas, es desde luego proteger los derechos de los mexicanos". Bonitas palabras, empero todo queda en el discurso vano; un ejemplo lo representa la Secretaría de Gobernación, desde donde se acalla la noticia y la persecución de comunicadores es práctica cotidiana. En lo personal, estoy vetado por el gobierno federal para entrevistas en radio, televisión y medios masivos de comunicación impresa. Me he dirigido al actual titular de la Secretaría de Gobernación para que acabe tal hostigamiento, así como contra Forum, no obstante lejos de disminuir se acrecienta.
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En resumen: ya basta de monopolios, más que leyes urgen acciones para respaldar en su labor al verdadero periodista, de lo contrario seguirá en riesgo permanente su integridad física.
