ANP DEMANDA INVESTIGAR ACTUACIONES JUDICIALES EN PERJUICIO DE RADIO LA VOZ DE BAGUA
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que significa la reapertura de un proceso penal contra tres periodistas de radio La Voz de Bagua, por el Segundo Juzgado Penal de la provincia de Utcubamba.
La ANP manifiesta públicamente su solidaridad y apoyo a los periodistas afectados.
La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas decidió revocar la resolución del juez de la Investigación Preparatoria del Segundo Juzgado de Utcubamba, por la que se declaró fundada la Excepción de Improcedencia de Acción interpuesta a la imputada Aurora Doraliza Burgos de Flores en el procedimiento seguido por el delito contra el patrimonio en la figura de hurto agravado en agravio del Estado.
Dicha revocatoria significa una errónea decisión que no considera elementos de la realidad y pone en el centro del debate un tema que ya se había considerado esclarecido y resuelto, en razón de que las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones habían reconocido el error de haberse procedido a clausurar la radio y se devolvía dicho medio a sus propietarios. Efectivamente, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones clausuró radio La Voz, medida que duró 14 meses, procediéndose a la devolución en agosto del año 2010, reconociéndose públicamente haberse cometido un error y disculpándose de lo que constituía un atentado contra la libertad de expresión, declarando extinguidos los procesos iniciados contra los periodistas.
La devolución de dicha radio y las correspondientes satisfacciones a quienes se habían perjudicado injustamente por considerar que intervinieron en los sucesos lamentables de la Curva del Diablo-Bagua, no se han visto reproducidos en sede judicial, esto es, que no tuvo su oportuna consecuencia en el archivamiento del proceso, pues por propia decisión de la denunciante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconocía la existencia de acto arbitrario inicial, no sólo social y políticamente, sino que además ilícito inexistente que, no obstante, mantiene innegables consecuencias para el proceso, pues de esa forma se omite incorporar un elemento probatorio que deja sin sustento fáctico o realidad, los hechos en el delito investigado y por los que injustamente se acusa a los periodistas.
Debemos observar que la decisión de la sala es coincidente con el anuncio de los voceros del gobierno, de culpabilizar a terceros de los lamentables hechos ocurridos en aquella ocasión, y entre ellos se extendió la sospecha de responsabilidad a la prensa radial, en La Voz de Bagua, cuando en realidad aquello no ha sucedido y se confirma ahora que se trató de una grotesca y falsa acusación; y ello continúa a pesar de que el gobierno rectificó su error y, por tal razón, autorizó la reapertura de la radioemisora al no existir motivo o causal para sancionar a los propietarios y periodistas de la misma; de lo que se concluye que no existe conducta ilícita si se esclarecen los hechos y se rectifican errores debe considerarse que las decisiones administrativas que motivaron la denuncia igualmente carecen de realidad y fuerza probatoria como para continuar con el procedimiento de juzgar y condenar a los acusados.
Ante la grave situación expuesta, resultante de la cuestionada resolución, la ANP manifiesta su más enérgica protesta y solicitamos a los órganos competentes del Poder Judicial una investigación de tales desconcertantes actuaciones judiciales que deciden en contra de la realidad y que causan preocupación, pues constituyen grave vulneración al derecho del libre ejercicio de la profesión periodística y a la libertad de expresión, piedra angular de la democracia.
16 de junio del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
