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Tegucigalpa, Honduras, 8 de diciembre (OCLACC).- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) convocó a sus miembros para una marcha, este viernes 9 de diciembre, en la que protestarán contra el asesinato de comunicadores, la violencia que vive el país y la impunidad. Los marchantes también exigirán respeto a la libertad de expresión y expresarán su condena y repudio por el asesinato de la periodista Luz Marina Paz, el pasado martes en Tegucigalpa, junto a su acompañante Delmer Canales. Paz y Canales fueron asesinados por desconocidos que se conducían en una motocicleta. Con Paz suman 17 los periodistas asesinados en Honduras entre 2010 y lo que va de 2011. El CPH condenó esta semana un atentado contra el diario La Tribuna, propiedad del expresidente de Honduras Carlos Flores, el pasado lunes, en el que resultó herido un guardia de seguridad de esa casa editora, lo mismo que las amenazas de que están siendo víctima periodistas de otros medios locales. El organismo de los comunicadores recomendó a sus miembros que en la marcha vistan de camisa blanca.
La protesta iniciará en un bulevar al oriente de Tegucigalpa, pasará frente a la Casa Presidencial y terminará frente a la Casa de las Naciones Unidas. El miércoles, en otro atentado similar al de la periodista Paz, fue asesinado el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico Alfredo Landaverde, lo que ha provocado un repudio generalizado en el país centroamericano, que vive una agitada ola de violencia. Fuente: Agencias Bookmark/Search this post with
Asociación Nacional de Periodistas del Perú anp@amauta.rcp.net.pe  La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresa su consternación por el asesinato de la periodista Luz Marina Paz, presentadora del programa Tres en la Noticia que emitía a diario la Cadena Hondureña de Noticias, en Tegucigalpa, Honduras.
Para la FEPALC genera especial preocupación el clima de violencia que se vive en dicho país centroamericano contra los comunicadores sociales. A la fecha han sido asesinados seis periodistas y se han registrado múltiples atentados contra su integridad física y la infraestructura de diversos medios de comunicación. El más reciente el protagonizado contra la sede del diario La Tribuna que dejó gravemente herido a un vigilante.
Para la FEPALC Honduras es después de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región. No sólo por la violencia contra quienes tienen el deber de informar, sino además por la alta tasa de impunidad que le siguen a estos crímenes.
La FEPALC hace un enérgico llamado al Estado hondureño para que despliegue sus mayores esfuerzos para detener esta ola de violencia insana y garantice a los familiares de los periodistas, sus colegas y sus organizaciones la plena identificación y sanción para los enemigos de la prensa independiente.
Para nuestra organización regional causa especial preocupación la tasa de crímenes contra periodistas registradas desde que asumió el poder Porfirio Lobo. A la fecha tenemos contabilizados más de una docena de asesinatos. Por ello y ante el agravamiento de las condiciones para el ejercicio periodístico la FEPALC le recuerda al presidente en funciones, que es deber de los Estados prevenir e investigar los asesinatos, secuestros, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Al crimen contra Luz Marina Paz le antecedieron Héctor Francisco Medina Polanco (TV Omega Visión) victimado el 10 de mayo; Luis Ernesto Mendoza Cerrato (Canal 24), el 19 de mayo; Adán Benitez (Canal 45), el 4 de julio; Nery Jeremías Orellana (Radio Comunitaria Jocondera), el 14 de julio y Medardo Flores (Radio Uno) asesinado el 8 de setiembre.
En razón a ello la FEPALC reafirma su compromiso de mantener movilizados a sus 14 sindicatos de periodistas en América Latina con el fin no sólo de estar vigilantes y denunciar ante la comunidad internacional las atrocidades de las que son víctimas nuestros colegas, sino además, para obligar a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos a cumplir con ese deber. No queremos reportar la muerte de ningún otro periodista ni en Honduras, ni en la región.7 de diciembre de 2011
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC------------ FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 14 países de la región
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC, a través del e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: http://www.fepalc.org/ Síguenos en twitter: @fepalc
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), tras repudiar en la víspera la brutal agresión a un grupo de periodistas que cubrían una manifestación ciudadana en la provincia de Cañete, denuncia, veinticuatro horas después, un nuevo ataque físico y amenaza de muerte en la ciudad de Chincha, esta vez contra el corresponsal de Frecuencia Latina en dicha jurisdicción.
La ANP manifiesta su solidaridad y apoyo institucional al periodista Armando Huamán, quien fue agredido y amenazado de muerte el 6 de diciembre actual y demanda garantías para su vida y una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido.
El periodista, quien sorprendió al alcalde del distrito de El Carmen, José Alberto Soria Calderón, bebiendo licor en un bar de las afueras de la ciudad de Chincha, fue atacado a golpes de puño y puntapiés por sujetos que formarían parte del cuerpo de seguridad del citado burgomaestre. El comunicador social, a quien le dieron un golpe con una botella de cerveza que le ocasionó cortes y lesiones, fue atendido de urgencia en el Hospital de Chincha.
En el mismo instante del ataque y agresión los sujetos le reiteraron al hombre de prensa las amenazas de muerte que había recibido con anterioridad como represalia por haber cuestionado la actuación del alcalde en cuestión sobre quien pesan diversos cargos de corrupción y enriquecimiento indebido, con motivo de las tareas de reconstrucción de la zona luego de ocurrido el terremoto del año 2007.
Para la ANP este nuevo ataque busca silenciar e imponer censura a la labor fiscalizadora que realiza el citado periodista en beneficio del interés público y de la comunidad. Resulta evidente que la agresión y las amenazas de muerte y represalias contra el informador están vinculadas con las denuncias y trabajo de investigación que efectúa y que motiva nuestra preocupación.
Ante la gravedad de los hechos la ANP demanda la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público a fin de que efectúe una investigación sobre las causas, intereses y personas que puedan haber intervenido, en forma directa e indirecta en la grave agresión señalada y las amenazas de muerte que denunciamos. Por ello, solicitamos que oportunamente los autores y cómplices sean sancionados ejemplarmente, pues se encuentra en cuestión el respeto por la vida y el libre ejercicio de la libertad de prensa.
La ANP manifiesta que es necesaria una actuación firme y decidida de las autoridades competentes para poner coto a tales atentados contra los periodistas en la zona, pues en el presente año 2011 la ciudad de Chincha ha sido testigo de múltiples agresiones, amenazas de muerte y atentados contra la vida de diversos comunicadores sociales.
Lima, 7 de diciembre del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
El 1 de diciembre de 2011, en la provincia de Satipo, departamento de Junín, el periodista Fernando Santos Rojas, quien conduce el programa Libertad de Prensa, de radio Revolución, fue amenazado de muerte por el gerente municipal de dicha jurisdicción, Luis Felipe Quintana López.
El ataque ocurrió cuando el periodista conducía su programa. El funcionario llegó a las instalaciones de la emisora ubicada en la calle Julio C. Tello Nº 750, presuntamente portando un arma de fuego. Tras ingresar, amenazó al hombre de prensa con desaparecerlo. "Con insultos y gestos, cogiéndose de la cintura donde parecía tener un arma, me dijo que era hombre muerto", denunció Santos.
Santos aseguró, también, que le emplazó a ingresar a la cabina de la emisora y ser entrevistado, pero éste se retiró.
A través del programa Libertad de Prensa, el comunicador había informando sobre presuntas irregularidades en la administración municipal de César Augusto Merea Tello, alcalde de Satipo, gestión a la cual pertenece el gerente municipal.
La Asociación Regional VIII de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que conforman las asociaciones provinciales de Huánuco, Pasco, Junín y Huancavelica, mediante comunicado público expresó su solidaridad con el periodista, repudió la conducta del funcionario municipal e instó a las autoridades a investigar el caso. .
Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
En la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, la autoridad jurisdiccional del 4to Juzgado Penal, citó para el próximo 13 de diciembre de 2011, al periodista Ascencio Canchari Sulca, articulista del diario La Calle, para que ofrezca declaración instructiva en la querella interpuesta por Magno Sosa Rojas, asesor del gobierno regional de Ayacucho.
El hombre de prensa fue acusado por el asesor del presidente regional Wilfredo Oscorima Nuñez, de haberlo difamado, luego que en una publicación relacionada con la construcción de un hospital, criticó y cuestionó no sólo la gestión de la autoridad política sino, también, la conducta ética en el trabajo de asesoramiento profesional de Sosa Rojas.
El periodista en el artículo objeto de la querella hace alusión al comportamiento profesional del asesor de prensa.
Sosa Rojas argumenta que la publicación le causa inmenso daño personal y empresarial, por lo que solicita se condene al periodista a la máxima pena, exigiendo, además, una indemnización de cien mil soles (aproximadamente 36 mil dólares americanos). . Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú reiteró este lunes último, ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el clamor de los periodistas y de amplios sectores de la sociedad civil, que plantea la despenalización de los llamados delitos de prensa y que los mismos se ventilen en el fuero civil, tal como recomienda la doctrina jurídica moderna.
El presidente de la ANP, Roberto Mejía Alarcón, explicó que en cada una de las asociaciones provinciales de periodistas del territorio nacional, se ha llegado a la conclusión que las querellas por supuesto delito de prensa, por un lado tratan de amedrentar a quienes revelan corrupciones y otros delitos en la administración pública, y por otra parte se han convertido en maniobras que afectan el libre ejercicio de la profesión y el derecho a la libertad de prensa.
La delegación del gremio decano de la prensa estuvo acompañada del letrado, Dr. Julio Falconí Gonzáles, el mismo que hizo referencia a las limitaciones que existen en la investigación de los recientes asesinatos que han sido victima tres periodistas, por el hecho de informar y denunciar a las malas autoridades.
Falconí Gonzáles subrayó que las causas penales y las investigaciones de dichas muertes sólo llegan a determinar al actor directo, al sicario que cumple la orden de matar, pero no se llega a un nivel superior de responsabilidad, ni a relacionar las denuncias periodísticas con las secuelas de muertes.
En su oportunidad el presidente de la ANP puso de manifiesto que esta campaña por la despenalización iniciada hace diez años por el gremio, lamentablemente no ha sido debidamente escuchada por las autoridades de turno y que esto obliga a tener que redoblar esfuerzos, pues se trata de situaciones graves que se deben atajar en forma inmediata, para evitar lo que viene sucediendo a los periodistas en México, Colombia y Guatemala, donde campea la impunidad.
En representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César San Martín Castro, la comisión se entrevistó con la asesora, letrada Dra. Fanny Uchuya Donayre, quien adelanto que en la Corte Suprema existe un criterio favorable para despenalización.
  El Colegio de Periodistas, el Sindicato de Iberoamericana Radio Holdings y profesionales de las comunicaciones, que han sido víctimas de violencia durante las manifestaciones públicas, solicitaron este viernes al fiscal nacional, Sabas Chahuán Sarrás, el nombramiento de un fiscal que investigue de manera especial las agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y camarógrafos en el contexto de las movilizaciones sociales que enfrenta el país.
Expresaron su preocupación por la violencia de que son objeto durante la cobertura periodística de las movilizaciones. Los gremios explicaron que la agresión y detención sufrida por el periodista de Radio ADN, Esteban Sánchez, en la manifestación de rechazo al acto en honor a Miguel Krassnoff, el día 21 de noviembre, es sólo la muestra de una práctica sistemática cada vez que se producen incidentes entre la población y las fuerzas policiales.
En la reunión fue entregado un informe preliminar que registra 30 casos de profesionales golpeados a la fecha, la mayoría arrestados en el ejercicio de su trabajo y con su material periodístico sustraído o destruido por personal policial. Aunque en menor cantidad, también se cuentan casos perpetrados por ciudadanos no uniformados, los que consideramos igualmente graves.
Las situaciones descritas impactan no sólo en la integridad física de los profesionales, sino en un valor fundamental en democracia, el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos chilenos a informarse oportuna, diversa y verazmente tanto de las movilizaciones, actos, protestas, operativos policiales, disturbios o sobre cualquier evento considerado de interés público. Es una limitación a estos derechos fundamentales.
Solicitamos al fiscal nacional considerar los antecedentes y determinar el nombramiento de un fiscal que investigue y sancione a quienes resulten responsables para que estos graves hechos no queden impunes.
Con todo, expresamos que la preocupación se extiende, con aún mayor alarma, a todos los casos de agresión y detención injustificada de manifestantes, muchos de los cuales se encuentran documentados por el Instituto de Derechos Humanos y Asesorías Ciudadanas.Las denuncias pueden ser enviadas a: agresionprensa@gmail.com
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por el acoso judicial del que viene siendo víctima el periodista Eduardo Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente, en Alto Amazonas, para quien el Fiscal Superior de San Martín ha demandado una pena de 10 años de cárcel por informar sobre una protesta indígena en el año 2009.
La ANP llama a la ciudadanía en general a expresar su rechazo a este proceso en el que se persiste en acusar penalmente al periodista por el supuesto delito de rebelión contra el Estado, delitos contra la seguridad pública, la paz, disturbios, etc., y cuya vista oral ha sido programada para hoy 30 de noviembre.
La causa judicial que será resuelta en segundo instancia, por la Sala Penal Liquidadora de San Martín - Sede Tarapoto, se produce tras la apelación presentada por el Fiscal Provincial de Alto Amazonas quien mostró su disconformidad con el fallo dictado por el Juzgado Penal de dicha provincia que absolvió al periodista, junto a otros acusados de todos los cargos relacionados con la movilización social de diversos sectores de la población en defensa de los derechos de los nativos y de la integridad de sus territorios a mediados de mayo y junio de 2009.
La petición del Ministerio Público, cuyo titular de la fiscalía Superior Penal de San Martín - Tarapoto, Dr. Leo Mendoza, solicita la revocatoria de la absolución del periodista, significa una errónea interpretación de los hechos y la función periodística en situaciones de violencia social.
Para la ANP es erróneo el criterio del Fiscal que considera que la labor informativa del periodista Acate Coronel constituye delitos de rebelión, contra la tranquilidad, la paz pública, y disturbios, cuando en realidad su tarea a cargo del Canal 8 y Radio Oriente se encuadraba dentro de las labores que corresponden a los profesionales de la información.
Resulta absurda la pretensión de considerar que una protesta de las características que ha tenido aquella movilización social de todo un pueblo a favor de los nativos tenga como responsables a personas que ejercen funciones profesionales e informativas sin ningún tipo de vinculación o representatividad con los sectores involucrados.
Para la ANP la petición del Fiscal aludido de anular la sentencia absolutoria y reiniciar el proceso revela la intención de buscar responsables de los errores e indiferencia propios de la administración, que actuaron como detonantes de la protesta social y de la violencia ocurrida. Lo que genera más preocupación, ahora, es que se trata de desviar la responsabilidad en personas que no deciden tales reacciones o medidas de protesta sino que simplemente son testigos de los hechos.
Frente a la amenaza de revivir una verdadera persecución contra un periodista en el ejercicio de su profesión, la ANP demanda a las autoridades del Poder Judicial que se haga justicia y se confirme la sentencia apelada dando por terminada tan injusta e inquietante situación.
Es fundamental, para el gremio, que se garantice el libre ejercicio de la libertad de prensa incluso en situaciones de crisis social, protesta popular o situaciones de violencia interna, pues el periodista se encuentra en dichos lugares únicamente para cumplir con su deber de informar rechazando cualquier tipo de amenaza de censura que se pretenda imponer al respecto.
30 de noviembre del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Hoy 30 de noviembre de 2011, la Sala Penal Liquidadora de la Provincia de San Martín, Tarapoto, en vista oral, resolverá si confirma o revoca la sentencia del 21 de diciembre de 2010, que absolvió al periodista Eduardo Geovanni Acate Coronel, de los delitos contra la tranquilidad pública y la paz pública en la figura de disturbios e instigación al delito de rebelión.
El 18 de octubre de 2011, tras haber apelado la sentencia, el fiscal superior, Leonardo Nicolás Leo Mendoza, en su dictamen Nº 244-2011-MP-1ª FSP-SM-T, exigió a la Sala Penal revoque el fallo en contra del periodista y un sacerdote y que sea otro juez quien los juzgue.
El fiscal imputa al periodista ser autor y cómplice de los disturbios ocurridos en el 2009 durante una protesta indígena y refiere que no actuó como periodista sino como "azuzador", por lo que conforme a la acusación inicial se pretendería la pena de cárcel de 10 años.
El 1 marzo 2010, Sandra Alarcón, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, en su dictamen N° 019-MP-FMP-AA-Y, solicitó para el periodista 10 años de pena privativa de la libertad y un pago de 15 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.
Acate Coronel, director de Radio Oriente y Canal 8 TV, en la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, fue comprendido en un proceso como "cómplice secundario de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública en la figura de disturbios", al igual que, como "cómplice primario de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la figura de instigación al delito de rebelión", por haber informado sobre una huelga promovida por comunidades nativas, previa a los hechos ocurridos en Bagua el 5 de junio. . Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su solidaridad con los periodistas de Radio Santo Domingo, de la provincia del Santa, quienes han sido víctimas una vez más de la actitud prepotente, la descalificación y el despropósito del presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.
Preocupa a la ANP la actitud reiterada de Álvarez Aguilar, quien no pierde tribuna pública para cuestionar el accionar de los periodistas críticos de la región, mellar la credibilidad de quienes osan cuestionar su gestión pública y acosar a la prensa fiscalizadora.
Esta vez el blanco de los ataques de la autoridad regional ha sido Radio Santo Domingo, una radioemisora católica a la que tildó de radio difamadora y a cuyos directores y periodistas descalificó públicamente valiéndose de adjetivos de todo calibre.
Este ataque, y no por mera coincidencia, se produjo luego que el equipo periodístico de la radio informara sobre una decisión judicial que obliga al Gobierno Regional de Ancash a someterse a la fiscalización del Estado Peruano en todas las licitaciones públicas de obras y servicios.
La ANP le recuerda a la colectividad ancashina que este nuevo ataque a un medio de comunicación se suma a otros tantos incidentes protagonizados por Álvarez Aguilar. En razón a ello hace un llamado a estar alertas y vigilantes para impedir que voces y medios de comunicación que informan con independencia, veracidad y responsabilidad social sean silenciados. La población necesita que subsistan voces plurales ya que sólo así el pueblo estará debidamente informado para participar reflexivamente en la toma de decisiones en la vida pública.
Asimismo, la ANP le recuerda al presidente regional de Ancash, que por la gestión pública que desempeña está en el deber de garantizar plenas condiciones para el ejercicio profesional de los periodistas. El no hacerlo y, por el contrarío, constituirse en una grave amenaza para la prensa independiente no hace más que deslegitimar su rol erigiéndolo como franco enemigo de la libertad de expresión y la democracia.
29 de noviembre de 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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