REPORTE 868 - OBSERVATORIO LATINOAMERICANO PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - 16 de febrero 2009

Editado por: Equipo de Redacción OLA

.

16 de febrero 2009

-

GUATEMALA

PERIODISTA QUE INFORMÓ DE MALOS TRATOS EN HOSPITAL, SERÍA DENUNCIADO
El periodista Edwin Perdomo, corresponsal de Prensa Libre y de El Poder de la Noticia, en el nor-oriental departamento de Izabal, fue amenazado por Rosario Briones Hernández, empleada del "Hospital Nacional de la Amistas Japón Guatemala", quien dijo que lo llevará a juicio por haber informado sobre malos tratos a pacientes de ese centro asistencial.
Personas que acuden en busca de atención a ese hospital solicitaron esta semana al periodista Perdomo que informara sobre la negligencia, discriminación y malos tratos por parte de la doctora Mara de León en contra principalmente de mujeres de reciente alumbramiento.
Lo sorprendente, afirmó Perdomo, es que en la nota no se señala a Rosario Briones Hernández, como aludida para que se pronuncie en tal sentido y agregó que "si en ese centro asistencial son capaces de amenazar a un periodista ¿cómo tratarán a la gente sencilla?"; olvidan que son servidores públicos, que están sujetos a críticas y que cual persona tiene derecho a denunciar, sin autorización previa ni censura. Pedro Juárez, presidente de la Asociación de Periodistas de Izabal, manifestó su solidaridad con el periodista amenazado y señaló que ese ente cuenta con dos abogados a la disposición de los comunicadores agremiados o no, para defender el derecho a la libertad de expresión.(Cerigua)

-
MÉXICO
ASESINAN A REPORTERO GRÁFICO EN GUERRERO Y PERIODISTA SALE HERIDA
Un fotógrafo murió y una periodista resultó herida de gravedad después de que ambos fueron atacados a tiros por desconocidos en Iguala, Guerrero, informaron autoridades locales.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero dijeron que los periodistas viajaban la noche del viernes en una motocicleta, cuando desde otra moto dos presuntos sicarios dispararon contra ellos.
Paul Ibarra Ramírez, reportero gráfico del diario "El Correo" de Iguala, y especializado en cubrir noticias policiacas, murió en el acto, mientras que la periodista Liliana Marchán Arroyo, del "Diario 21", quedó gravemente herida.
Ambos se dirigían a sus hogares tras haber cubierto una noticia en el anfiteatro de Iguala.
Según las autoridades, Ibarra, quien conducía la motocicleta, recibió dos disparos de arma calibre .45, uno de ellos un "tiro de gracia" en la cabeza que le dieron los asesinos cuando cayó al suelo.
Por su parte, Marchán Arroyo recibió tres disparos y se encuentra hospitalizada en un centro médico de la zona.
La comunidad periodística del Estado de Guerrero expresó su consternación por el atentado y exigió a las autoridades que se esclarezcan los hechos.
En esta ciudad han tenido lugar varios atentados con características similares, en los que los atacantes disparan desde motocicletas en movimiento.
De momento se desconoce el móvil del asesinato, pero las autoridades no descartan que se trate de una acción del crimen organizado.
Según datos de la ONG "Article XIX", dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de información, en 2007 en México fueron asesinados cinco informadores y 13 más en 2008.
Pese a que México cuenta desde 2006 con una procuraduría especial para atender los delitos contra periodistas, con una comisión de seguimiento de las agresiones en el Congreso, y con un programa de agravios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde 1991, el país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. (El Informador)

-

Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.net
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493

REPORTE 867 - OBSERVATORIO LATINOAMERICANO PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - 15 de febrero 2009

Editado por: Equipo de Redacción OLA

.

15 de febrero 2009

-

CHILE
DEMANDAN PERIODISTAS UNIDAD GREMIAL Y FRENO A LOS DESPIDOS
Los profesionales de los medios de comunicación chilenos celebraron hoy el Día Nacional de la Prensa con llamados a la unidad del gremio y el freno a los despidos en los medios como denominador común.
Atrapados en una de las crisis más duras que recuerdan los comunicadores de este país, las asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones de estudiantes de periodismo conmemoraron este viernes el nacimiento hace 197 años de "La Aurora de Chile".
El primer periódico chileno vio la luz en plena efervescencia revolucionaria de la independencia y se convirtió en tribuna de la libertad de expresión, un hecho que los profesionales de la comunicación subrayaron hoy por la trascendencia que adquiere en las circunstancias actuales.
El acto -que reunió a un centenar de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, sindicalistas y autoridades en un céntrica plaza de la capital chilena- fue convocado por el Círculo de Periodistas de Santiago, los Consejos Nacional y Metropolitano del Colegio de Periodistas y la Federación de Trabajadores de los Canales de Televisión.
El ministro portavoz en funciones de Chile, Neftalí Carabantes, aseguró que el Gobierno de la presidenta Michelle Baxchelet está comprometido en la defensa de la libertad de información y pidió a los responsables de los medios de comunicación que hagan un esfuerzo para conservar los puestos de trabajo.(Efe)

-
MÉXICO
COLEGAS SOLICITAN MODIFICACIÓN DE FISCALÍA DE DELITOS CONTRA PRENSA
Los periodistas Darío Ramírez, Sanjuana Martínez y Javier Solórzano presentaron el informe "Discurso sin resultados", en el que se revisa la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) a la que ubican como ineficiente.
Además de tener una estructura orgánica muy limitada, carente de recursos materiales y humanos y por si fuera poco constreñida por la inexistencia en los códigos penales en los delitos de "atentados a la libertad de expresión".
Los informadores puntualizaron este hecho al señalar que la inexistencia de este tipo penal es una de las principales razones por las que la Fiscalía ha rechazado más del 75 por ciento de los casos de ataques, desapariciones, amenazas y abusos contra periodista en todo el país.
No obstante indicaron que no se busca la desaparición de la Fiscalía sino hacerla eficiente y verdadera en su trabajo dotándola de una estructura propia con recursos, así como de instrumentos legales que le den una verdadera razón de existir.

-
PERÚ
PERIODISTA ES AMENAZADO POR CRITICAR A REGIDOR MUNICIPAL DE MAJES
El periodista Alfredo Zavala Becerra, director de la revista AZB Noticias y del Noticiario de Majes de Radio La Karibeña, así como, corresponsal del Grupo La República –en la región Sur de Arequipa, Villa Pedregal, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, en comunicación con la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista – OFIP, denunció haber sido objeto de maltrato psicológico y difamación por parte de Eusebio Portillo Puma, empresario y propietario de Radio La Unión.

Zavala manifestó que el pasado 7 de febrero, Eusebio Portilla Puma, a través del informativo local de su radio, lo calificó de "seudo periodista", imputándole, además, actos de chantaje y de evasión de impuestos ante la SUNAT.

"La campaña en mi agravio", refirió el periodista, "se inició como consecuencia de las constantes críticas que vengo realizando a través de los informativos que dirijo, a la gestión de Miguel Angel Portillo Mamani, regidor de la Municipalidad Provincial de Caylloma y, también, hijo de Eusebio Portillo Puma. Consejal que ha tenido serios cuestionamientos de parte de la población en su calidad de integrante de la Comisión de Turismo de dicha municipal", concluyó Zavala.

-

Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.net
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493

Alerta de Noticias de Google para: crimenes contra periodistas

ESCAPARATE POLÍTICO
El Imparcial - Mexico,Mexico
EL FIN de la pesadilla de persecución rabiosa contra periodistas del sátrapa .... DOS CRIMENES que, si tuviéramos honestas autoridades defensoras del medio ...

Alerta de Google: Agresiones a periodistas

En libertad dos detenidos por los incidentes en Bilbao
El País (España) - Madrid,Spain
... lo que fue obstaculizado por los agentes, desatándose incidentes con quema y cruce de contenedores, corte de calles, agresiones a periodistas con rotura ...
Ver todos los artículos sobre este tema

Atacados dos periodistas que investigaban propiedad de Mugabe en ...
El Confidencial - Madrid,Spain
Las agresiones a los reporteros Colin Galloway y Tim O´Rourke, del diario británico "Sunday Times", se producen tres semanas después de que Grace Mugabe, ...
Ver todos los artículos sobre este tema

Sicarios asesinan a reportero gráfico; hieren a periodista
El Informador - Guadalajara,Jalisco,Mexico
... desde 2006 con una procuraduría especial para atender los delitos contra periodistas, con una comisión de seguimiento de las agresiones en el Congreso, ...
Ver todos los artículos sobre este tema

Atacados dos periodistas que investigaban la propiedad de Mugabe
La Gaceta de los Negocios - Madrid,Madrid,Spain
Las agresiones a los reporteros se producen tres semanas después de que la mujer del dictador africano fuera acusada de golpear personalmente a un fotógrafo ...
Ver todos los artículos sobre este tema

Titulares en PERIODISTAS-ES

La Justicia argentina obliga al Gobierno a contratar publicidad en un medio opositor

Dueños de medios venezolanos cancelan programas tras recibir presiones de autoridades locales

Líderes indígenas acusan a la canadiense CBC de permitir comentarios racistas en línea

Una concentración de profesionales de la comunicación defiende en Madrid el empleo y la dignidad ante la crisis

La Asociación de la Prensa de Almería pide respeto a la labor de los periodistas

Periodistas venezolanos amenazados por huelgistas en Anzoátegui

Peligra la vida de un periodista peruano que publicó fotos sobre su secuestro y tortura

POR LA LIBERTAD DE EXPRESION: Mensaje de Ana Lilia Pérez Mendoza]

TOPE DONDE TOPE

Ana Lilia Pérez

De la redacción

México DF, 19 enero 09 (CIMAC).- La periodista Ana Lilia Pérez, quien investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, se encuentra oculta como prevención ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por "daño moral" interpuesto por empresarios gaseros.

A través de un mensaje, leído por ella misma vía telefónica, ayer (18-I-09) al mediodía, Ana Lilia explicó a la opinión pública, y a quienes se encontraban frente al Hemiciclo a Juárez durante un acto de solidaridad, los pormenores de la persecución de que es objeto, luego de que su coacusado, Miguel Badillo, director de la Revista Contralínea, fue detenido el viernes anterior.

Este es el texto:

He pasado las horas más terribles de mi vida. En estos momentos estoy escondida, resguardada porque un juez de Guadalajara liberó una orden de aprehensión en mi contra, simplemente porque cumplí con mi deber periodístico de investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos, y que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel.

Es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República.

Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta a que de un momento a otro mis captores me ubiquen y me lleven no sé a dónde y ni en qué condiciones.

Mi familia no sabe de mí y ahora, por oídos de todos ustedes, les digo que espero seguir viva. Mis temores no son en vano. Desde el año pasado denuncié ante las autoridades judiciales, ante la Fiscalía de Protección a Periodistas, ante el Congreso de la Unión, el acoso en mi contra, las amenazas de muerte, la persecución, la vigilancia en mi domicilio, pero ninguna autoridad, en absoluto, movió un dedo

No sé si el día de mañana mi abogado me pueda conseguir un amparo y si mañana, al tenerlo, habrá otra acusación en mi contra.

No maté, no robé, no violente ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella, hice lo único que sé hacer: periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado.

¿Y saben por qué los he investigado? Porque es derecho de todas las mexicanas y los mexicanos conocer qué se hace con su empresa: Pemex, cuyos ingresos sostienen la economía de este país y de la que pocos, muy pocos, se han hecho inmensamente ricos.

En mi vida nunca he tenido algún conflicto con la ley y, sin embargo, hoy estoy escondida, como no lo están siquiera los narcotraficantes o defraudadores de cuello blanco de este país, no puedo ni siquiera asomarme a una ventana y mucho menos buscar contacto en el exterior.

Agradezco de antemano a las y los colegas y miembros de la sociedad civil, organizaciones y defensores de derechos humanos preocupados por mi situación y la del resto del equipo de Contralínea

LOS MOTIVOS

Les explicaré los motivos que me orillaron a convertirme en una prófuga de las autoridades judiciales, que no de la ley ni la justicia:

La mañana del viernes, camino a mi trabajo me enteré que mi compañero, jefe y amigo, el periodista Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea y Fortuna --en las cuales desde hace seis años me desempeño como reportera-- había sido detenido al sur de la ciudad, por elementos policíacos, en circunstancias completamente oscuras. La detención era inverosímil, aun en el acoso y las agresiones que los dos hemos vivido en los últimos meses. Ya en la redacción, las y los trabajadores de Contralínea vivimos momentos de zozobra por desconocer su estado físico y situación jurídica.

Hacia el medio día, estando preso en El Torito, Miguel se enteró de que existía también una orden de aprehensión contra mí, y por terceros me lo hizo saber. La noticia me cayó como un balde de agua fría. En ningún momento hubo autoridad alguna que me notificara del supuesto desacato en el cual incurrí, y por mi compañero preso supe que yo enfrentaba una orden de aprehensión. A medida que las horas transcurrían se reducía mi posibilidad de obtener un amparo. Aumentó mi desolación.

Con el riesgo de que mis captores me ubicaran, al ser yo la autora de las investigaciones periodísticas publicadas en las revistas Contralínea y Fortuna relacionadas con el consorcio denominado Zeta Gas, por las cuales se detuvo a Miguel Badillo, me correspondió explicar a las y los colegas de los medios de comunicación el origen de la detención, así como el acoso que desde hace más de un año hemos padecido, por parte del poderoso empresario Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración de las 80 empresas que integran el consorcio, dedicado al almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. Acoso ejercido de forma directa por sus abogados, sus guardaespaldas, además de funcionarios públicos locales y federales que se han prestado a sus arbitrariedades.

Ante las declaraciones que se fueron vertiendo sobre la detención de Badillo, comprendí que las autoridades no solamente eran indolentes, sino cómplices de los ataques de Jesús Alonso Zaragoza López en contra de un medio de comunicación que no hizo otra cosa que cumplir con su deber de informar a la sociedad de los negocios que se hacen con el dinero público, específicamente con el de Petróleos Mexicanos.

Tan cómplices fueron quienes detuvieron a Miguel, como lo fueron los jueces y magistrados que durante el año pasado emitieron un veredicto en el que resolvieron que yo no tenía derecho a publicar las entrevistas que me concedió Zaragoza López, entre otras razones, porque los hechos narrados tuvieron lugar en la frontera norte y yo radico en el Distrito Federal.

Así que, al escuchar a las autoridades declarar que la detención de Badillo había sido "legal", aún cuando nunca hubo notificación alguna, supe que tenía que huir. Me fui con la ropa que traía puesta. Dejé trabajo, escuela, casa y familia, por el riesgo de, en el mejor de los casos, ser detenida por la policía, al igual que Miguel, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en mi contra, por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuve conocimiento.

Y digo "en el mejor de los casos", porque hace 16 meses que vivo amenazada, acosada, vigilada, y perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza López, quien me demandó por "daño moral" después de que publiqué dos entrevistas que él mismo me concedió, y luego de que rechacé todos los ofrecimientos de sobornos que me hizo.

¿Qué fue lo que me dijo Zaragoza López en las dos entrevistas?

Detalló aquel pasaje de su vida, cuando la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió una investigación en su contra, y en contra de sus hermanos, de su papá y de sus empresas, luego de que las autoridades de ese país descubrieron un cargamento de cocaína en una de sus pipas que trasportaba gas licuado de petróleo de México a Estados Unidos.

-- ¿Y el chofer de la pipa, don Jesús? – le pregunté.

-- Desapareció, nunca más se supo de él. Desapareció toda su familia.

-- ¿Cuántos años llevaba trabajando con usted?

-- 20 años --respondió en la entrevista.

Una familia entera incómoda a la familia Zaragoza desapareció, y al empresario nadie le preguntó nada.

Jesús Zaragoza me dijo que en el sexenio de Vicente Fox, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibía en sus oficinas para "ayudarle" en sus negocios y que, a cambió, él lo apoyó económicamente para su campaña a la presidencia de la República.

Me contó cómo los directivos de Pemex le ofrecieron el negocio de los ductos, mucho antes de que se hablara de una reforma energética.

Me dijo cómo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta a Pemex Gas para almacenar el gas que luego Pemex le vende a él, y a su vez él distribuye a millones de consumidores.

Me detalló cómo soborna alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas y, por encima de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documentamos entre los pobladores.

LA DEMANDA

Todo ello fue grabado con el consentimiento de Jesús Alonso Zaragoza López, quien al concluir las entrevistas me ofreció llevarme de compras a Estados Unidos y viajar en sus aviones privados. Lo rechacé, y en respuesta, en agosto de 2007, presentó la primer demanda en contra de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y en contra mía.

Durante el juicio, Zaragoza reconoció como suya la voz de las grabaciones que exhibimos como prueba de nuestro dicho, aunque sus abogados: Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya intentaron que el juez no la desechara. En septiembre de 2008 estos mismos abogados, con sus guardaespaldas armados y elementos de seguridad pública, allanaron nuestras instalaciones y nos amenazaron con confiscar nuestras computadoras.

En el juicio, Zaragoza López no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones en contra nuestra. Nosotros aportamos, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldan las investigaciones periodísticas publicadas, incluidos los que Zaragoza me proporcionó, emitidos por Calderón Hinojosa.

Durante el juicio solicitamos los testimonios de los funcionarios que, según dijo Zaragoza, le han facilitado sus negocios: Felipe Calderón Hinojosa y algunos directivos de Pemex, sin embargo, los jueces se abstuvieron de citar a ninguno de ellos.

El argumento central de Zaragoza López, validado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia es que él es dueño de 80 empresas, y que yo soy "una pobre reportera". A él se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armado, a mí ni siquiera se me permitió declarar: el juez me declaró confesa.

Durante el juicio sus abogados amenazaron a Miguel Badillo y a mí de que nos desaparecerían y que acabarían con Contralínea. Se nos advirtió que con su dinero y sus influencias Zaragoza acabarían con nosotros, que una tras otra, nos presentaría 80 demandas. Hoy vemos cumplir las amenazas.

INFORMAR, MI PROFESIÓN

Hace diez años que ejerzo el periodismo. He desempeñado mi profesión con estricto apego a la ética, sin otro interés que informar a la sociedad.

El acoso de los contratistas de Pemex en contra mía se recrudeció en febrero del año pasado, cuando investigué y publiqué en Contralínea los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño en su dualidad de funcionario público y empresario privado. Cuando le entregué los contratos a Andrés Manuel López Obrador, se desataron las amenazas directas de funcionarios públicos en contra mía.

He recibido llamadas telefónicas donde se me amenaza de muerte. Mi domicilio está constantemente vigilado. He padecido seguimientos y me han tomado fotografías. Todo ello lo denuncié desde 2008 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Fiscalía Especializadas de delitos en contra de periodistas, de la Procuraduría General de la República.

Aun cuando las investigaciones en torno a la familia Zaragoza me llevaron a descubrir sus negocios oscuros y aun cuando sus propios trabajadores me habían advertido que "son gente de cuidado", hasta ahora me doy cuenta que la impunidad con la que actúan supera todo lo que pensaba.

Conozco mi deber como periodista, obedezco a mi ética; soy respetuosa de la ley y de las instituciones, tan es así, que he cumplido cabalmente con todo el proceso judicial al que se me ha sometido, pese a estar plagado de irregularidades. Sin embargo, el día de hoy tengo que permanecer escondida sin haber cometido delito alguno. Pero he de confesar que huí más por miedo de las amenazas de la familia Zaragoza, que por la detención. Es lamentable que ni siquiera mi familia pueda saber de mi paradero.

Aun en este panorama adverso, reflexiono que seguiré con mi trabajo, pues, sin hacer juramento alguno, como los médicos, los periodistas nos debemos a la sociedad, y ello implica defender la libertad de expresión, así como el derecho ciudadano de estar informado.
Tengo claro que éste es un asunto en el que se pretende callar a los periodistas que investigamos la corrupción que impera en Pemex, un tema de interés nacional, puesto que se trata de una empresa propiedad de todas las mexicanas y los mexicanos, y la principal generadora de divisas.

Hago responsable a Jesús Alonso Zaragoza López de lo que pueda ocurrirme a mí, a mi familia, o a cualquiera de los trabajadores de Contralínea.

PERÚ - PIURA: Julio César Vásquez Calle, periodista amenazado

28 miembros de comunidades campesinas de la región de Piura

El periodista Julio César Vásquez Calle ha presentado en la fiscalía de la región de Piura una denuncia contra unos agentes de policía y unos guardias de seguridad de una empresa minera que, según afirma, lo torturaron mientras informaba sobre una protesta en marzo de 2005. El 5 de febrero recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo que, si no retiraba la denuncia, lo matarían. Amnistía Internacional cree que tanto Julio Vásquez como los 28 miembros de las comunidades campesinas que han presentado la misma denuncia corren grave peligro.

El autor de la llamada dijo: "¿Desde cuando tu trabajo es ayudar a terroristas? Nosotros nos vamos a encargar de que te pudras en la cárcel si no te retractas, si no te retractas vas a llegar a la cárcel en pedazos". Julio Vásquez ha denunciado que había recibido varias llamadas telefónicas esa misma semana pero, cuando él respondía, nadie hablaba.

Julio Vásquez y unas organizaciones locales de derechos humanos celebraron el 6 de enero una conferencia de prensa en la capital, Lima. En ella hicieron públicas una serie de fotografías que les habían entregado en mano y que habían sido tomadas durante la tortura que Julio Vásquez y 28 miembros de las comunidades campesinas de Piura habían sufrido en agosto de 2005.

Julio Vásquez trabaja para una emisora de radio local, Cutivalú, en la región noroccidental de Piura. El 1 de agosto de 2005 estuvo informando sobre una marcha pacífica organizada por habitantes de la región de Piura desde las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, en Piura, hasta el campamento de la empresa minera Majaz en la región de Río Blanco, en el norte de Piura, cerca de la frontera con Ecuador. La marcha en cuestión duró días. Cuando los manifestantes protestaban ante el campamento, Julio Vásquez y otros 28, según afirman, fueron interceptados por la policía y conducidos al campamento, donde, al parecer, la policía y los guardias de seguridad que trabajan para la empresa minera los mantuvieron recluidos durante tres días y los torturaron. Según aseguran, los mantuvieron con los ojos vendados y les cubrieron la cabeza con unos sacos que contenían un polvo que los hizo vomitar y les dificultaba la respiración, y los golpearon. Las dos mujeres del grupo han denunciado que las agredieron sexualmente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Minera Majaz es una filial de la empresa británica Monterrico Metals. Minera Majaz fue responsable de la gestión del proyecto minero de extracción de cobre Río Blanco hasta febrero de 2007, cuando Monterrico Metals fue adquirido por consorcio chino Zijin. Zijin posee ahora el 89 por ciento de las acciones de Monterrico. Minera Majaz ha estado extrayendo cobre desde 2003 en las tierras de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta. Según las comunidades, en las votaciones sobre este proyecto realizadas en la asamblea comunitaria no se ha obtenido la mayoría favorable de dos tercios que establece la ley. Las objeciones principales de las comunidades son la contaminación de sus campos y sus suministros de agua, el impacto sobre la fauna y el hecho de que no se las informó ni consultó adecuadamente antes de iniciarse la extracción.

Desde 2006, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades afectadas por proyectos mineros y que han sido acusados de delitos como, por ejemplo, terrorismo y han recibido amenazas de muerte. Ninguna de las amenazas se ha investigado adecuadamente, y no se ha llevado a nadie ante la justicia.

¡ACTÚA YA!
Escribe por correo postal o envía un fax al Ministro del Interior y a la Fiscal de la Nación del Perú con las siguientes solicitudes:

- Expresando preocupación por la seguridad de Julio César Vásquez Calle, que fue amenazado el 5 de febrero;

- Instando a las autoridades a hacer cuanto sea posible para garantizar su seguridad y la de las demás personas que han denunciado haber sido torturadas por la policía y por guardias de seguridad que trabajan para el proyecto minero de Majaz;

- Pidiéndoles que ordenen una investigación inmediata e imparcial sobre la amenaza de muerte y que lleven a los responsables ante la justicia;

- Pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias contra la policía y los guardias de seguridad, y que lleven a los responsables ante la justicia;

- Instándolas a garantizar el derecho de las comunidades locales afectadas por proyectos mineros a recibir información y a participar en un proceso de consulta abierto, transparente e imparcial antes de que tenga lugar ningún tipo de actividad minera.

Alerta de Noticias de Google para: Agresiones a periodistas

Ataques contra periodistas y conductores y 'cócteles' a una sede ...
El País (España) - Madrid,Spain
El Consejo de Redacción de ETB condenó anoche "sin paliativos" la agresión, que consideraron "un injustificable ataque a la libertad del ejercicio de la ...
Ver todos los artículos sobre este tema

CPJ - Committee to Protect Journalists - Ataques a la Prensa en el 2008: ARGENTINA [http://corinariosargentina.blogspot.com]

CPJ - Committee to Protect Journalists Defending Journalists Worldwide

Ataques a la Prensa en el 2008: ARGENTINA

Adhiriendo a un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales, dos fallos que sentaron precedente coincidieron en destacar que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló una sentencia penal por difamación contra un periodista local e instó a que Argentina reforme sus leyes de difamación conforme a los estándares regionales. Dos meses después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó el principio de la "real malicia" al dictaminar responsabilidad en un caso de difamación que involucraba a funcionarios públicos.

Defensores de la libertad de prensa aplaudieron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que revocó la condena por difamación penal de 1999 al periodista y autor Eduardo Kimel, como un importante precedente en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina. Las acusaciones contra Kimel se originaron en su libro de 1989, La Masacre de San Patricio, en el cual el periodista criticaba la investigación del Juez Guillermo Rivarola por el asesinato de cinco sacerdotes palatinos. Rivarola presentó una demanda por difamación contra Kimel, aduciendo que el libro había dañado su reputación. Kimel, actualmente reportero de la agencia de noticias alemana Deutsche Presse-Agentur, fue condenado a un año de prisión en suspenso y ordenado a pagar la suma de 20 mil pesos por daños y perjuicios (20 mil dólares estadounidenses en ese momento).
La Corte Interamericana, el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, dictaminó que el estado había violado el derecho de Kimel a la libertad de expresión. El tribunal instó a que Argentina modifique sus leyes de difamación conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos". La Argentina ratificó la convención en 1984. La corte también ordenó que Argentina le pagara 100 mil pesos (30 mil dólares estadounidenses) a Kimel por daños y perjuicios y que restituyera los gastos en que habían incurrido las organizaciones de asistencia legal que lo habían representado. La corte concluyó que una sanción penal por criticar a un funcionario público era una medida desproporcionada.

A pesar de que no se efectuaron reformas a la legislación vigente, el gobierno parecía receptivo a realizar dichos cambios. Algunos funcionarios se reunieron con las organizaciones que representaron a Kimel para analizar modos de cumplir con el fallo de la corte. En las audiencias mantenidas antes del veredicto, funcionarios argentinos afirmaron que se adoptarían leyes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En una decisión anunciada en junio, el máximo tribunal de justicia estableció una mayor protección sobre el derecho de los periodistas a criticar las acciones de los funcionarios públicos. La Corte Suprema reafirmó el principio de la "real malicia" al tiempo que revocó un juicio civil de 2003 en contra del diario La Nación por una nota editorial que criticaba al Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial. El artículo publicado en octubre de 1998 cuestionaba el desempeño del organismo, que lleva a cabo pericias de medicina forense a nivel federal, y sostenía que el organismo se veía afectado por presiones políticas.

El cuerpo forense alegó que el diario había dañado los derechos de sus integrantes al honor y a la intimidad. En su fallo, el máximo tribunal argentino halló que en "la crítica o disenso" de funcionarios públicos en ejercicio de su labor "no puede haber responsabilidad alguna ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático". La "real malicia" exige a la parte demandante que pruebe que la información ofensiva es falsa o haber actuado con negligencia manifiesta en la búsqueda de la verdad. El principio de la "real malicia" fue originalmente articulado por la Corte Suprema estadounidense en el caso de 1964 The New York Times Co. v. Sullivan.

El primer año de mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo signado por los conflictos, incluyendo una huelga de cuatro meses del sector agropecuario sobre la política impositiva del gobierno; preocupación económica y revelaciones acerca de donaciones secretas a la campaña presidencial provenientes del exterior. La administración Kirchner afirmó que la prensa distorsionó la realidad durante el prolongado conflicto con el agro y acusó a los medios de trabajar en conjunto para apoyar la huelga. En abril, en medio del conflicto, Kirchner se vio envuelta en una controversia con la prensa que muchos creyeron innecesaria y molesta. La mandataria interpretó que una ilustración de un artículo periodístico realizada por Hermenegildo Sabat, mostrándola con un vendaje en su boca, era un "mensaje cuasi mafioso". El grupo de prensa Foro de Periodismo Argentino sostuvo que Kirchner tenía el derecho a no estar de acuerdo públicamente con un artículo o con una caricatura, pero era injusto atribuirle motivaciones mafiosas al caricaturista de dilatada trayectoria.

Kirchner, quien fue electa en octubre de 2007, brindó la primera conferencia de prensa de su mandato en agosto. Para esa época, su nivel de aprobación popular había caído luego de la encendida disputa con los productores agropecuarios sobre una propuesta para subir las retenciones a la exportación de granos. (El Senado finalmente rechazó el plan de retenciones impositivas). Los periodistas locales se sorprendieron porque Néstor Kirchner, su predecesor y esposo, nunca brindó una conferencia de prensa durante su mandato de cuatro años y rara vez mantuvo algún tipo de contacto directo con los medios de prensa nacionales. La conferencia de prensa de agosto pareció marcar un cambio en la estrategia de comunicación de la presidenta. Cristina Kirchner se mostró posteriormente más abierta ante la prensa, aceptando preguntas de los reporteros en algunos eventos públicos, concertando la realización de un número limitado de entrevistas y escribiendo notas de opinión para periódicos provinciales.

Extendiendo un sistema que se había institucionalizado durante la presidencia de su marido, la administración Kirchner manipuló la distribución de la publicidad estatal creando un sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al gobierno, según afirmaron analistas. En los primeros seis meses de 2008, el gobierno nacional gastó 181,7 millones de pesos (52 millones de dólares estadounidenses) en publicidad oficial, según la Asociación por los Derechos Civiles, una organización no gubernamental que promueve los derechos constitucionales. El monto superó los 164 millones de pesos (47 millones de dólares estadounidenses) que el gobierno gastara en la primera mitad del 2007. Según los analistas, el modelo de distribución se mantuvo inalterable respecto a los años anteriores.

Proyectos para establecer reglas claras para la adjudicación de publicidad oficial quedaron estancados en el Congreso. Con elecciones de mitad de mandato en 2009, periodistas locales señalaron al CPJ, el gobierno no tiene incentivos para promover reformas legislativas. Los defensores de la libertad de prensa han sostenido que la manipulación del gobierno en la distribución de la publicidad oficial, viola los Artículos 14 y 32 de la Constitución Argentina, que prohíben la censura y garantizan la libertad de expresión, respectivamente, y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Uno de los asesinos condenados por el crimen en 1997 del fotógrafo José Luis Cabezas fue beneficiado con libertad condicional a fines de octubre. Gregorio Ríos había sido sentenciado a prisión perpetua en 2000 luego de ser condenado como instigador del crimen. Muchos periodistas argentinos consideraron su liberación como un revés alarmante para la prensa.

De las nueve personas condenadas por el crimen de Cabezas, solamente dos seguían en prisión hacia fines de 2008, dado que los acusados aprovecharon las ventajas legales del sistema argentino que permiten que cada año que cumplieron mientras duró el proceso sea computado como dos. Cabezas, fotógrafo del semanario Noticias, fue asesinado el 25 de enero de 1997 en la ciudad de Pinamar en la provincia de Buenos Aires. Cabezas había fotografiado al recluido magnate Alfredo Yabrán, quien se sospechaba era el jefe de la mafia argentina. Ríos trabajaba como jefe de seguridad de Yabrán.

Se registraron pocos ataques violentos en 2008. El 14 de noviembre, Fabricio Gilbota, periodista de Radio Universidad y del diario Norte en la provincia de Chaco, fue apuñalado por la espalda mientras cubría un enfrentamiento entre empleados municipales y vendedores ambulantes en Resistencia, la capital de la provincia, según informó la prensa local.

El periodista se recuperaba luego de ser sometido a una cirugía.

--
Publicado por Corina Ríos para Corina Ríos el 2/14/2009 11:39:00 AM

* Radio Libertad vs. La Industria

Miércoles, 14 de febrero de 2007

Los dos medios de comunicación más tradicionales y antiguos de Trujillo: el diario La Industria y Radio Libertad (“La Voz de la Calle”) se han convertido en noticia. Todo se inició en una sesión ordinaria del Concejo, cuando la bancada aprista intentó que el regidor del partido del alcalde César Acuña, Carlos Burméster (dueño de Radio Libertad), devolviera a la Municipalidad el inmueble (Zepita 452) donde se ubica su empresa radial. El pedido no prosperó, pero la información divulgada por La Industria ("Apristas arrinconan a regidor de APP por ejido") despertó la ira de Burméster, quien atacó en la web de “La Voz de la Calle” contra el decano de la prensa regional.

Sobre el tema existe un Informe Legal del Procurador Municipal que ilustra un poco sobre este espinoso tema y que sirvió de referencia para el debate.

INFORME 003-2007-SAIMT
CONCLUSIONES
3.1. Se viene realizando las diligencias necesarias para lograr la recuperación del inmueble ubicado en la calle Zepita No. 450-452, a través de la instancia administrativa, teniendo en cuenta que ha concluido el plazo otorgado para la adjudicación dispuesta mediante Escritura Pública, de fecha 13 de julio de 1945, otorgada a favor de don Carlos y don Jorge Burméster Barrionuevo, el plazo otorgado fue de cincuenta años, que venció el año 1995.

3.2. El bien inmueble de la calle Zepita No. 450-452 no se encuentra inscrito, ni en forma individual ni como parte de otro de mayor extensión, en el Registro de Predios de la Oficina Registral Regional de La Libertad.

3.3. La Municipalidad Provincial de Trujillo inició el procedimiento respectivo para la primera inscripción en primera de dominio del terreno ubicado en la calle Zepita No. 450-452, mediante Resolución Directoral Regional No. 019-93-GR-RLL-DRTCVC, de fecha 18 de noviembre de 1993; no obstante, no fue concluido, desconociéndose el motivo.

3.4. Se está realizando acciones correspondientes para la inscripción registral en mérito a lo dispuesto por Acuerdo de Concejo No. 61-2006-MPT, encontrándose en la etapa de visación de planos respectivos, por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

3.5. Con fecha 21 de setiembre de 1994, Carlos Burméster Landauro, por propio derecho y en representación de sus familiares (madre y hermanos) como accionistas de la CIA Radiodifusión S.A.-Radio Libertad de Trujillo solicitó la venta o permuta del terreno urbano en posesión pacífica, ininterrumpida y uso real mayor de 30 años, generándose el Expediente Administrativo No. 4842-94; a la fecha estamos a más de 12 años y 4 meses de iniciado dicho trámite y la Municipalidad Provincial de Trujillo no ha otorgado respuesta a dicha petición.

3.6. Durante la tramitación del Expediente Administrativo No. 4842-94, tanto la Encargada de la Administración del Patrimonio Inmobiliaria Municipal-EAPIM, Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPT y la Oficina de Asuntos Jurídicos del SAIMT, opinan que no es procedente atender la solicitud de venta o permuta de terreno urbano presentada por Carlos Burméster Landauro por propio derecho y en representación de sus familiares.

3.7. El Expediente Administrativo No. 4842-94 aún no ha sido concluido, estando a la espera de la decisión final que adopte el Concejo Municipal de la MPT para proseguir con las acciones correspondientes.

ALERTA PERU (MAJES) - PERIODISTA ES AMENAZADO POR CRITICAR A REGIDOR MUNICIPAL

El periodista Alfredo Zavala Becerra, director de la revista AZB Noticias y del Noticiario de Majes de Radio La Karibeña, así como, corresponsal del Grupo La República –en la región Sur de Arequipa, Villa Pedregal, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, en comunicación con la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista – OFIP, denunció haber sido objeto de maltrato psicológico y difamación por parte de Eusebio Portillo Puma, empresario y propietario de Radio La Unión.

Zavala manifestó que el pasado 7 de febrero, Eusebio Portilla Puma, a través del informativo local de su radio, lo calificó de "seudo periodista", imputándole, además, actos de chantaje y de evasión de impuestos ante la SUNAT.

"La campaña en mi agravio", refirió el periodista, "se inició como consecuencia de las constantes críticas que vengo realizando a través de los informativos que dirijo, a la gestión de Miguel Angel Portillo Mamani, regidor de la Municipalidad Provincial de Caylloma y, también, hijo de Eusebio Portillo Puma. Consejal que ha tenido serios cuestionamientos de parte de la población en su calidad de integrante de la Comisión de Turismo de dicha municipal", concluyó Zavala.

.
Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: www.anp.org.pe; E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe

REPORTE 866 - OBSERVATORIO LATINOAMERICANO PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - 13 de febrero 2009

Editado por: Equipo de Redacción OLA

.

13 de febrero 2009

.

ARGENTINA
IMPLICADO EN ASESINATO DE REPORTERO CUMPLIRÁ CADENA PERPETUA
En Argentina, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso este jueves que Alberto Gómez cumpla la pena que se le impuso en el segundo juicio que se realizó por el crimen del fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas.

Según el fallo, el máximo tribunal de la provincia revocó una sentencia del Tribunal de Casación que había reducido a 24 años la pena dictada en 2002 contra "la Liebre" Gómez, acusado de haber liberado la zona para que mataran al reportero gráfico de la revista Noticias en 1997, informó Télam.
Cabezas fue asesinado durante la madrugada del 25 de enero de 1997 en un camino rural del partido bonaerense de General Madariaga, tras ser capturado en el centro de la ciudad de Pinamar donde se encontraba trabajando para la revista Noticias.

JUSTICIA ARGENTINA OBLIGA A GOBIERNO A DAR PUBLICIDAD A MEDIOS DE OPOSICIÓN
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó ayer al Gobierno Federal otorgarle publicidad oficial al diario Perfil y a las distintas publicaciones de la editorial de ese nombre.
El fallo dispuso que la distribución de la pauta se haga en 15 días al revocar un fallo de primera instancia que había rechazado un amparo presentado por la empresa en 2006 contra el Ejecutivo.
"El levantamiento del programa de Nelson Castro fue la más reciente acción de censura de una larga cadena que incluyó a decenas de periodistas y medios independientes. Como todo aquello que no encuentra un freno en la vida la presión sobre los medios que comenzó hace cinco años se venía acelerando alcanzando niveles cada vez más escandalosos. Por eso este fallo de la Justicia no podría haber llegado en momento más oportuno", escribió el director Jorge Fontevecchia en un texto que anoche envió vía email a Clarín. Y concluyó: "Sienta un precedente jurídico histórico para todo el periodismo argentino".
En mayo de 2006, la empresa presentó un amparo contra el Gobierno para que la editorial no fuera excluida de la publicidad oficial, ya que ninguna de sus publicaciones se incluía en el reparto. La acción fue rechazada en primera instancia, pero ayer la Cámara revocó esa resolución argumentando que el Gobierno no presentó ninguna justificación válida.
Los magistrados Guillermo Galli y Jorge Argento sostuvieron que en la causa se examinó "una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al Gobierno de turno". Además, resaltaron los principios de igualdad y de libertad de expresión que deben existir en un régimen republicano: "Sin ellos, no existe democracia en el país". También cuestionaron: "La negativa del Estado a contratar con la editorial publicidad alguna, al parecer por calificarla de 'prensa amarilla', implica una evidente violación al principio de libertad de prensa que debe ser reparada de inmediato". Por último, resaltaron que la libertad de expresión es "esencial de la garantía de la ciudadanía de mantenerse informada para poder ejercer con conciencia sus derechos políticos".
En la sentencia, los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre libertad de expresión y publicidad oficial. En junio de 2007, la Corte sentenció al Gobierno de Neuquén, en ese entonces bajo la gestión de Jorge Sobisch, por retirar la pauta oficial del diario Río Negro que ya tenía asignada previamente.

.

VENEZUELA
COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS PIDE FIN DE ATAQUES A PERIODISTAS
El fin de la impunidad reinante en torno a los ataques y agresiones a los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación, exigió la Directiva del Colegio Nacional de Periodistas al Ministerio Público.
Los presidentes nacionales y distritales de la agrupación, William Echeverría y Roger Santodomingo, respectivamente; se reunieron con el director de Actuación Procesal de la instancia garante de la legalidad, Alejandro Castillo, a quienes les entregaron un documento.
"El gremio de los comunicadores sociales decidió repudiar la impunidad de la que gozan aquellos que han hecho de los periodistas y de los medios de comunicación los objetivos predilectos de su violencia e intolerancia; y protestar ante su despacho para que actúe eficazmente en garantizar el ejercicio de una profesión que, como la de los funcionarios judiciales, exige estar libre de presiones y protegida del hostigamiento de fuerzas enemigas de la ley y la democracia", figura en el escrito que leyó Santodomingo.
Mientras el directivo del CNP leía el documento, un grupo de comunicadores se ubicaron a las puertas del despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz portando pancartas que emulaban unas dianas, en las que se leía la frase: "Blancos móviles"; y máscaras antiguas.
Tras recordar que este año se inició con el ataque a la sede de Globovisión y el asesinato de dos periodistas en Lara y Carabobo, Santodomingo dijo: "Nuestra aspiración es que la Fiscalía asuma el papel institucional para la cual está llamada y brinde verdadera y efectiva protección a las instituciones de la prensa libre y se persiga y castigue, sin demora, a los que pretenden acallarla para dejar sin opciones informativas a la gran mayoría de los ciudadanos".
Por último, el CNP reclamó al Ministerio Público que contribuya a poner fin al cierre de las fuentes oficiales de información y recordó que esta situación es contraria el precepto constitucional que obliga a los funcionarios públicos a informar sobre los asuntos del país. (El Universal)

.

Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.net
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493

VENEZUELA: REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL : UN PAISAJE MEDIÁTICO ENSOMBRECIDO POR LA POLARIZACIÓN Y EL EXCESO DE "CADENAS" PRESIDENCIALES

Español
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
13 de febrero de 2009

El 15 de febrero de 2009 los ciudadanos venezolanos tienen que pronunciarse, en referéndum, sobre una enmienda de la Constitución, querida por el presidente Hugo Chávez, que pone fin a la limitación de los mandatos electivos, y en particular al del Jefe del Estado. Mientras que la campaña estuvo marcada por fuertes tensiones y numerosas agresiones a medios de comunicación, Reporteros sin Fronteras hace público un censo de las "cadenas" del Presidente efectuadas en el transcurso del año 2008. La organización publica también los resultados parciales de un estudio de la cobertura que los principales medios audiovisuales, públicos y privados, hicieron de la campaña del referéndum.

"Reporteros sin Fronteras no tiene por qué pronunciarse sobre el objeto del referéndum, cuyo resultado depende de la decisión soberana de los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, y teniendo en cuenta el desafío real, a saber si el presidente Hugo Chávez podrá aspirar a un nuevo mandato después de 2012, constatamos que la polarización mediática se ha acentuado aun más, hasta el punto de no permitir un debate sereno y exponer a los periodistas a una mayor inseguridad. A la movilización de una oposición que con frecuencia confunde 'reelección ilimitada' con 'presidencia vitalicia', el Presidente Hugo Chávez replica monopolizando la palabra pública mediante las 'cadenas', cuyo interés y utilidad no están demostrados. Una campaña electoral, que es un momento privilegiado para el pluralismo de opiniones, debería obedecer al principio de un reparto justo del tiempo de la palabra, que el Estado tiene obligación de garantizar", declaró la organización.

El artículo 10 de la Ley de Responsabilidad social en Radio y Televisión (ley Resorte), aprobada en noviembre de 2004, permite en teoría al gobierno, y en la práctica al Jefe del Estado, requisar para sus discursos en directo todos los medios hertzianos, en el mismo momento y sin límite de tiempo. Públicos o privados, esos medios están entonces obligados, bajo pena de multa e incluso de "suspensión administrativa", a conectarse a la frecuencia del principal canal estatal, Venezolana de Televisión (VTV). En este mismo canal el Presidente presenta, al margen de las "cadenas", su propio programa dominical, "Aló Presidente".

La suspensión de "Aló Presidente" durante la campaña de las elecciones regionales del 23 de noviembre de 2008, y la del referéndum del próximo 15 de febrero, no ha interrumpido en absoluto las "cadenas" presidenciales. Del 1 de enero al 19 de diciembre de 2008, Hugo Chávez totalizó 154 intervenciones de este tipo, llegando a hacer hasta tres en un mismo día, el 4 de noviembre de 2008, durante un desplazamiento al Estado de Miranda (Norte). Aunque el número de "cadenas" es ligeramente inferior a los de los años 2007 (164) y 2006 (182), el número de horas acumuladas en dichas intervenciones es de 190 en 2008, frente a 119 en 2007 y 92 en 2006. Todo un record horario, las sesiones 2008 de las "cadenas" sobrepasan en 66 horas a las de 2004, año en que se aprobó la ley Resorte y durante el cual el presidente bolivariano disertó en las ondas en 375 ocasiones.

Las "cadenas presidenciales", dedicadas a veces a conmemoraciones, con más frecuencia a la propaganda y casi siempre a la invectiva contra los enemigos de la Revolución bolivariana, se produjeron, de media, cada dos días a finales del año 2008. En ese período fue cuando comenzó la campaña del Jefe del Estado para una ratificación popular de la reelección ilimitada. Y también fue en ese trimestre cuando Hugo Chávez respondió a las críticas contra las "cadenas". "¡El que quiera hacer "cadenas" que llegue presidente! ¿Qué culpa tengo yo que los presidentes de la IV República no hacían 'cadenas'?", dijo el 30 de octubre de 2008, en una alocución en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Entre el 2 de febrero de 1999, fecha de su primera investidura, y el 19 de diciembre de 2008, el Jefe del Estado venezolano habló en antena 1.816 veces con una duración total de 1.179 horas; es decir, el equivalente a 49 días ininterrumpidos.

Evidentemente, la desmesurada personalización del desafío que supone el referendum explica el enorme desequilibrio del trato que le han dado los medios de comunicación, públicos o privados. Como demuestran los resultados del estudio, presentados el 6 de febrero de 2009 en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas, por el Grupo de Monitoreo de Medios (GMM), que agrupa a investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). El análisis del GMM está hecho sobre 803 piezas informativas de siete canales de televisión y 477 de cuatro emisoras de radio, en el período comprendido entre el 22 de enero y el 4 de febrero de 2009. La parte televisiva del estudio es particularmente clarificadora.
En el canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV, cuya licencia hertziana fue retirada en el 2007), el 91% de las secuencias son favorables al "No" frente al 3% a favor del "Si", y un 5% consideradas "neutrales". El esquema es exactamente el inverso en VTV (Si 93%, No 0%, Neutrales 7%). Televisora Venezolana Social (Teves), que el gobierno presentó en el 2007 como canal de servicio público y al que adjudicaron la frecuencia hertziana de RCTV, dedicó el 100% de su cobertura al "Si". El único canal hertziano crítico con el gobierno, pero con un alcance limitado a Caracas y sus alrededores, el canal privado informativo Globovisión, se inclinó claramente por el "No" (59% frente al 7% a favor del "Si"), aunque también tuvo secuencias neutrales (34%). Los resultados son más equilibrados en el canal informativo privado Canal i (Si 42%, No 37%, Neutrales 21%), y en los canales privados Venevisión (Si 44%, No 49%, Neutrales 7%) y Televen (Si 39%, No 39%, Neutrales 21%). Estos dos últimos canales, favorables como RCTV y Globovisión al breve golpe de Estado contra Hugo Chávez de abril de 2002, tuvieron después que revisar su línea editorial, para poder conservar sus frecuencias hertzianas.
--
Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
47, rue Vivienne
75002 Paris - France

tél. : +33 (0) 1 44 83 84 68
fax : +33 (0) 1 45 23 11 51
e-mail : ameriques@rsf.org / americas@rsf.org
http://www.rsf.org/

----

Cadenas.pdf127K

Visualizar como HTML Descargar

COMPENDIO IFEX | 6-12 de febrero de 2009

3

6-12 de febrero de 2009

Américas

ARGENTINA

FOPEA reclama que la justicia facilite acceso a la información en los juicios por violaciones a los derechos humanos, pide que se permita más amplia cobertura del juicio del represor Jorge Olivera Róvere

COLOMBIA

INFORME CÁPSULA: Informe anual de la FLIP de 2008 muestra disminución de violaciones a la libertad de prensa (FLIP)

ACCIÓN CONJUNTA: El CPJ y Human Rights Watch expresan objeciones a las acusaciones del Presidente Uribe contra el periodista Hollman Morris (CPJ/Human Rights Watch)

-- La SIP rechazó críticas del gobierno contra periodista Hollman Morris

MÉXICO

ARTICLE 19 ve con agrado la condena internacional sobre la situación de peligro que viven periodistas en México

Autoridades cierren la emisora comunitaria Uékakua, segunda emisora cerrada en Michoacán en menos de una semana; AMARC denuncia uso desmedido de la fuerza

Atentan contra domicilio de Moisés García Castro, director del diario "El Debate" en Sinaloa (RSF)

-- El CEPET condena atentado que sufrió periodista Moisés García Castro

-- La SIP condena ataque contra director Moisés García Castro

Detienen al camarógrafo Francisco Bocanegra Herrera por orden de alcalde, autoridades municipales acosan al reportero Margil Guerra (ARTICLE19/CENCOS)

Desmantelan radio comunitaria en Michoacán, pese a contar con oficio presidencial (CENCOS)

Policías allanan oficina de semanario, amenazan de muerte a periodistas, agreden y detienen a los reporteros Juan Ojeda y Jesús Damas Ruíz (ARTICLE19/CENCOS)

NICARAGUA

La SIP reclama por cumplimiento de las condenas aplicadas a los asesinos de los periodistas Carlos Guadamuz y María José Bravo (SIP)

PARAGUAY

El corresponsal Aldo Lezcano agredido, recibe amenaza de muerte; el periodista Richard Villasboa y el camarógrafo Blas Salcedo agredidos, expulsados de penitenciaría (SPP)

PERÚ

El periodista Julio Vásquez Calle amenazado después de difundir fotos que comprobarían torturas que cometieron policías; acosan al periodista Pedro Valencia para evitar que informe sobre negligencia médica (IPYS)

Los periodistas Ranforte Lozano, Nobel Pandero y Cirilo Vásquez temen por sus vidas después de ser acusados de colaborar con cabecilla terrorista (IPYS)

-- RSF preocupado por amenazas de muerte contra los periodistas Ranforte Lozano, Nobel Pandero y Cirilo Vásquez

VENEZUELA

Efectivos de la Guardia Nacional agreden al fotógrafo José González durante protesta en Anaco; policías y militares arrebatan cámara al reportero Wilmer Escalona, borran fotos en Valencia (IPYS)

Líder de grupo progubernamental amenaza otra vez al director de RCTV, Marcel Granier, y a Globovisión; el presidente Chávez condena sus declaraciones, ordena su detención (CPJ)

-- El presidente Chávez condena las maniobras del grupo "La Piedrita" contra medios privados (RSF)

Amenazan a periodista Adriana Ciccalione y al reportero gráfico Jairo Nieto por informar sobre la muerte de un joven (IPYS)

Titulares en PERIODISTAS-ES

La FIP repudia el asesinato de Martín Ocampos y otras agresiones a los periodistas de Paraguay

.

En español se escribe "másteres" y no "masters"

PERIODISTA AMENAZADO POR PUBLICAR FOTOGRAFIAS DE TORTURAS EN MAJAZ? - se inician acciones legales

Martes 10 de febrero de 2009

.

"Raul Chacon" - eduardochacon@viabcp.com
.
Se inician acciones para proteger la vida de periodista piurano víctima de tortura
.
JULIO VÁSQUEZ, PERIODISTA DE RADIO CUTIVALÚ ES AMENAZADO POR HABER DENUNCIADO TORTURAS EN CAMPAMENTO DE MINERA MAJAZ (RÍO BLANCO COPPER S.A.)
.
El periodista de radio Cutivalú, Julio Vásquez Calle, denunció haber recibido constantes amenazas de muerte, mediante llamadas telefónicas anónimas hechas a su celular, por ser uno de los agraviados que hizo pública las fotografías que sustentan la denuncia por secuestro y tortura de la que fue víctima junto a 28 comuneros de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura) y Jaén y San Ignacio (Cajamarca), en las instalaciones de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.) en el año 2005, y en la que se encuentran involucrados altos mandos oficiales de la Policía Nacional del Perú, la empresa de seguridad Forza y funcionarios de la entonces minera Majaz.
.
Ante esta grave denuncia hecha por Vásquez Calle, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) manifiesta su preocupación por el riesgo en que se encuentra la vida de dicho periodista.
.
En tal sentido, FEDEPAZ, asesor legal del periodista, ha formulado denuncias ante los diversos organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos con la finalidad que ellos puedan interceder ante el gobierno de turno, para brindarle la protección correspondiente, en vista de las constantes amenazas que ponen en riesgo su vida.
.
Asimismo se están presentando denuncias ante la Fiscalía de la Nación, para exigir una exhaustiva investigación y ante la Defensoría del Pueblo para que en el cumplimiento de sus funciones, interceda ante los organismos competentes con el fin de proteger y velar por su integridad personal.
.
Finalmente cabe resaltar que el caso de Vásquez, es un hecho reiterado, puesto que autoridades y dirigentes locales de Piura, así como Defensores de Derechos Humanos y Medioambientales que han asumido la defensa de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, entre ellos miembros de FEDEPAZ, también han sido víctimas de amenazas, seguimiento, interceptación de sus comunicaciones y denuncias sin fundamento.
--
FEDEPAZ
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
Miembro de la Red Muqui
4214747 - 4214730 - 4215825
Página web: www.fedepaz.org
Email: fedepazprensa@gmail.com

REPORTE 865 - OBSERVATORIO LATINOAMERICANO PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - 12 de febrero 2009

Editado por: Equipo de Redacción OLA

.

12 de febrero 2009

.
ARGENTINA
ARROJAN BOMBA MOLOTOV CONTRA AUTO DE PERIODISTA RADIAL
Se denunció un atentado contra la seguridad del periodista radial Ricardo Atete, quien se desempeña como conductor del programa de postura independiente La Mañana de Hoy, transmitido por Radiodifusión 99.5 FM, de la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Desconocidos arrojaron una bomba molotov contra el automóvil del citado comunicador social, que estaba estacionado en la calle Ameghino 1614, frente a la mencionada emisora radial.
Los compañeros de labores de Astete se unen a él contra este nuevo atropello a la libertad de expresión.

.
MÉXICO
PERIODISTAS REFUGIADOS DE CIUDAD JUÁREZ PIDEN ASILO A LOS EEUU
Periodistas mexicanos que se han refugiado en la frontera tras ser amenazados de muerte en Ciudad Juárez se han unido a abogados de inmigración para pedir a Estados Unidos que facilite el proceso de petición de asilo político.
"El proceso es cansado y desalentador actualmente", dijo en entrevista el periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, quien salió del Centro de Detenciones de El Paso esta semana, tras siete meses de encierro y que está en proceso de solicitud de asilo.
"Fueron siete meses lejos de mi familia", señaló Gutiérrez, quien denunció que siente que su vida corre peligro en México y afirma haber sido intimidado y amenazado por miembros del ejército mexicano.
Carlos Spector, abogado de Gutiérrez, dijo por su parte que el grupo de periodistas que en los últimos meses abandonó México para salvar su vida espera que las autoridades migratorias estadounidenses sean más receptivas a sus solicitudes de asilo.
Pedirán además que no se les encierre durante meses en un centro de detención mientras esperan sus audiencias en un tribunal de inmigración.
Las autoridades migratorias, que no se refirieron específicamente al caso de Gutiérrez, indicaron que el encierro en el centro de detenciones es parte del proceso de asilo en el caso de las personas que hacen la solicitud en un cruce internacional, y que no tienen permiso de ingresar legalmente al país.
En el grupo de periodistas "exiliados" se cuenta Jorge Luis Aguirre, director del medio informativo digital La Polaka.com, de Ciudad Juárez y quien se trasladó a vivir a El Paso tras haber recibido numerosas amenazas de muerte.
La última de estas amenazas, narró Aguirre, y la que precipitó su huida, fue recibida en su teléfono celular la noche en que era enterrado el periodista Armando Rodríguez Carreón, quien fue acribillado el 13 de noviembre del 2008 en Ciudad Juárez por un hombre que le disparó en 10 ocasiones con una pistola 9 milímetros.(El Universal)

.

PARAGUAY
SINDICATO DE PERIODISTAS DE PARAGUAY CONDENA AMENAZAS DE MUERTE A COLEGA
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó su repudio por la amenaza de muerte que sufrió en Acahay el periodista Aldo Lezcano, corresponsal del diario ABC Color en Ybycuí, y condenó la agresión que sufrieron días atrás Richard Villasboa y Blas Salcedo, del Canal 13 de televisión, en la unidad penitenciaria La Esperanza.
El SPP reclamó a las autoridades el inicio de las investigaciones así como el castigo a los responsables de estos graves ataques contra los trabajadores de prensa.
Lezcano fue agredido físicamente el pasado domingo por Hugo Montiel, que había sido mencionado días atrás en una publicación periodística sobre presuntos hechos irregulares que involucraron al local de la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco en Acahay.
El agresor aplicó un puñetazo en la espalda del compañero periodista.
Tras ello, Lezcano realizó la denuncia respectiva ante la comisaría local, a la cual acudió también el atacante que intentó agredir de vuelta al comunicador, esta vez con una piedra.
Lezcano luego recibió un mensaje en su celular en el que se mencionaba: En Acahay naciste y en Acahay terminarás próximamente.
El SPP exige a las autoridades regionales el esclarecimiento y castigo al responsable de esta agresión y posterior amenaza de muerte.
Asimismo, el Sindicato manifiesta su condena a la agresión sufrida el jueves pasado por los compañeros del Canal 13 de televisión, Richard Villasboa y Blas Salcedo, periodista y camarógrafo respectivamente, que fueron maltratados en la penitenciaría La Esperanza, luego de intentar realizar un reporte sobre esa unidad, con autorización previa del director de dicho centro.

.
PERU
PERIODISTA SECUESTRADO Y TORTURADO ES AMENAZADO DE MUERTE AL PUBLICAR FOTOGRAFÍAS

El periodista, Julio Vásquez Calle, ex corresponsal de Radio Cutivalú en la provincia de Piura, denunció haber recibido constantes amenazas de muerte, mediante llamadas telefónicas anónimas hechas a su celular, tras haber hecho pública fotografías que sustentan la denuncia por secuestro y tortura de la que fue víctima junto a 28 comuneros de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura) y, Jaén y San Ignacio (Cajamarca), en las instalaciones de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A.) en el año 2005, hecho delictivo en la que se encuentran involucrados altos mandos oficiales de la Policía Nacional del Perú, miembros de la empresa de seguridad Forza y funcionarios de la entonces minera Majaz", informó La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), en un comunicado de prensa, manifiesta su preocupación por el riesgo en que se encuentra la integridad física del periodista, por lo que ha transmitido la denuncia a los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos con la finalidad de que se interceda ante el gobierno peruano, para brindarle la protección correspondiente, en vista de las constantes amenazas que ponen en riesgo su vida. Asimismo, se ha presentado denuncia ante la Fiscalía de la Nación, exigiéndose una exhaustiva investigación.
En declaraciones a la prensa, el periodista relató todas los vejámenes a las que fue sometido junto a los campesinos piuranos que efectuaron una marcha pacífica hasta las instalaciones de la minera, donde según lo ofrecido por el Ministerio de Energía y Minas, iban a encontrarse con una comisión multisectorial de alto nivel.
"Los policías tenían la orden de torturarnos, de parte de los encargados del campamento minero (...) a todos se nos despojó de nuestras prendas. Las mujeres fueron sometidas a tocamientos indebidos, evidencia el trato y la acción de la policía del destacamento de DINOES que actuó crudamente con los campesinos. Nos golpearon con vara (...) estábamos encapuchados, amarrados, vendados. Dentro de estas capuchas estaba impregnado con polvo lacrimógeno, el cual hace difícil respirar y quemaba la piel", narró el periodista.

.
Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: http://www.felatracs.net/
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493