28 miembros de comunidades campesinas de la región de Piura
El periodista Julio César Vásquez Calle ha presentado en la fiscalía de la región de Piura una denuncia contra unos agentes de policía y unos guardias de seguridad de una empresa minera que, según afirma, lo torturaron mientras informaba sobre una protesta en marzo de 2005. El 5 de febrero recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo que, si no retiraba la denuncia, lo matarían. Amnistía Internacional cree que tanto Julio Vásquez como los 28 miembros de las comunidades campesinas que han presentado la misma denuncia corren grave peligro.
El autor de la llamada dijo: "¿Desde cuando tu trabajo es ayudar a terroristas? Nosotros nos vamos a encargar de que te pudras en la cárcel si no te retractas, si no te retractas vas a llegar a la cárcel en pedazos". Julio Vásquez ha denunciado que había recibido varias llamadas telefónicas esa misma semana pero, cuando él respondía, nadie hablaba.
Julio Vásquez y unas organizaciones locales de derechos humanos celebraron el 6 de enero una conferencia de prensa en la capital, Lima. En ella hicieron públicas una serie de fotografías que les habían entregado en mano y que habían sido tomadas durante la tortura que Julio Vásquez y 28 miembros de las comunidades campesinas de Piura habían sufrido en agosto de 2005.
Julio Vásquez trabaja para una emisora de radio local, Cutivalú, en la región noroccidental de Piura. El 1 de agosto de 2005 estuvo informando sobre una marcha pacífica organizada por habitantes de la región de Piura desde las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, en Piura, hasta el campamento de la empresa minera Majaz en la región de Río Blanco, en el norte de Piura, cerca de la frontera con Ecuador. La marcha en cuestión duró días. Cuando los manifestantes protestaban ante el campamento, Julio Vásquez y otros 28, según afirman, fueron interceptados por la policía y conducidos al campamento, donde, al parecer, la policía y los guardias de seguridad que trabajan para la empresa minera los mantuvieron recluidos durante tres días y los torturaron. Según aseguran, los mantuvieron con los ojos vendados y les cubrieron la cabeza con unos sacos que contenían un polvo que los hizo vomitar y les dificultaba la respiración, y los golpearon. Las dos mujeres del grupo han denunciado que las agredieron sexualmente.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Minera Majaz es una filial de la empresa británica Monterrico Metals. Minera Majaz fue responsable de la gestión del proyecto minero de extracción de cobre Río Blanco hasta febrero de 2007, cuando Monterrico Metals fue adquirido por consorcio chino Zijin. Zijin posee ahora el 89 por ciento de las acciones de Monterrico. Minera Majaz ha estado extrayendo cobre desde 2003 en las tierras de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta. Según las comunidades, en las votaciones sobre este proyecto realizadas en la asamblea comunitaria no se ha obtenido la mayoría favorable de dos tercios que establece la ley. Las objeciones principales de las comunidades son la contaminación de sus campos y sus suministros de agua, el impacto sobre la fauna y el hecho de que no se las informó ni consultó adecuadamente antes de iniciarse la extracción.
Desde 2006, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades afectadas por proyectos mineros y que han sido acusados de delitos como, por ejemplo, terrorismo y han recibido amenazas de muerte. Ninguna de las amenazas se ha investigado adecuadamente, y no se ha llevado a nadie ante la justicia.
¡ACTÚA YA!
Escribe por correo postal o envía un fax al Ministro del Interior y a la Fiscal de la Nación del Perú con las siguientes solicitudes:
- Expresando preocupación por la seguridad de Julio César Vásquez Calle, que fue amenazado el 5 de febrero;
- Instando a las autoridades a hacer cuanto sea posible para garantizar su seguridad y la de las demás personas que han denunciado haber sido torturadas por la policía y por guardias de seguridad que trabajan para el proyecto minero de Majaz;
- Pidiéndoles que ordenen una investigación inmediata e imparcial sobre la amenaza de muerte y que lleven a los responsables ante la justicia;
- Pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias contra la policía y los guardias de seguridad, y que lleven a los responsables ante la justicia;
- Instándolas a garantizar el derecho de las comunidades locales afectadas por proyectos mineros a recibir información y a participar en un proceso de consulta abierto, transparente e imparcial antes de que tenga lugar ningún tipo de actividad minera.
