Editado por: Equipo de Redacción OLA
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13 de febrero 2009
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ARGENTINA
IMPLICADO EN ASESINATO DE REPORTERO CUMPLIRÁ CADENA PERPETUA
En Argentina, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso este jueves que Alberto Gómez cumpla la pena que se le impuso en el segundo juicio que se realizó por el crimen del fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas.
IMPLICADO EN ASESINATO DE REPORTERO CUMPLIRÁ CADENA PERPETUA
En Argentina, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso este jueves que Alberto Gómez cumpla la pena que se le impuso en el segundo juicio que se realizó por el crimen del fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas.
Según el fallo, el máximo tribunal de la provincia revocó una sentencia del Tribunal de Casación que había reducido a 24 años la pena dictada en 2002 contra "la Liebre" Gómez, acusado de haber liberado la zona para que mataran al reportero gráfico de la revista Noticias en 1997, informó Télam.
Cabezas fue asesinado durante la madrugada del 25 de enero de 1997 en un camino rural del partido bonaerense de General Madariaga, tras ser capturado en el centro de la ciudad de Pinamar donde se encontraba trabajando para la revista Noticias.
Cabezas fue asesinado durante la madrugada del 25 de enero de 1997 en un camino rural del partido bonaerense de General Madariaga, tras ser capturado en el centro de la ciudad de Pinamar donde se encontraba trabajando para la revista Noticias.
JUSTICIA ARGENTINA OBLIGA A GOBIERNO A DAR PUBLICIDAD A MEDIOS DE OPOSICIÓN
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó ayer al Gobierno Federal otorgarle publicidad oficial al diario Perfil y a las distintas publicaciones de la editorial de ese nombre.
El fallo dispuso que la distribución de la pauta se haga en 15 días al revocar un fallo de primera instancia que había rechazado un amparo presentado por la empresa en 2006 contra el Ejecutivo.
"El levantamiento del programa de Nelson Castro fue la más reciente acción de censura de una larga cadena que incluyó a decenas de periodistas y medios independientes. Como todo aquello que no encuentra un freno en la vida la presión sobre los medios que comenzó hace cinco años se venía acelerando alcanzando niveles cada vez más escandalosos. Por eso este fallo de la Justicia no podría haber llegado en momento más oportuno", escribió el director Jorge Fontevecchia en un texto que anoche envió vía email a Clarín. Y concluyó: "Sienta un precedente jurídico histórico para todo el periodismo argentino".
En mayo de 2006, la empresa presentó un amparo contra el Gobierno para que la editorial no fuera excluida de la publicidad oficial, ya que ninguna de sus publicaciones se incluía en el reparto. La acción fue rechazada en primera instancia, pero ayer la Cámara revocó esa resolución argumentando que el Gobierno no presentó ninguna justificación válida.
Los magistrados Guillermo Galli y Jorge Argento sostuvieron que en la causa se examinó "una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al Gobierno de turno". Además, resaltaron los principios de igualdad y de libertad de expresión que deben existir en un régimen republicano: "Sin ellos, no existe democracia en el país". También cuestionaron: "La negativa del Estado a contratar con la editorial publicidad alguna, al parecer por calificarla de 'prensa amarilla', implica una evidente violación al principio de libertad de prensa que debe ser reparada de inmediato". Por último, resaltaron que la libertad de expresión es "esencial de la garantía de la ciudadanía de mantenerse informada para poder ejercer con conciencia sus derechos políticos".
En la sentencia, los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre libertad de expresión y publicidad oficial. En junio de 2007, la Corte sentenció al Gobierno de Neuquén, en ese entonces bajo la gestión de Jorge Sobisch, por retirar la pauta oficial del diario Río Negro que ya tenía asignada previamente.
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó ayer al Gobierno Federal otorgarle publicidad oficial al diario Perfil y a las distintas publicaciones de la editorial de ese nombre.
El fallo dispuso que la distribución de la pauta se haga en 15 días al revocar un fallo de primera instancia que había rechazado un amparo presentado por la empresa en 2006 contra el Ejecutivo.
"El levantamiento del programa de Nelson Castro fue la más reciente acción de censura de una larga cadena que incluyó a decenas de periodistas y medios independientes. Como todo aquello que no encuentra un freno en la vida la presión sobre los medios que comenzó hace cinco años se venía acelerando alcanzando niveles cada vez más escandalosos. Por eso este fallo de la Justicia no podría haber llegado en momento más oportuno", escribió el director Jorge Fontevecchia en un texto que anoche envió vía email a Clarín. Y concluyó: "Sienta un precedente jurídico histórico para todo el periodismo argentino".
En mayo de 2006, la empresa presentó un amparo contra el Gobierno para que la editorial no fuera excluida de la publicidad oficial, ya que ninguna de sus publicaciones se incluía en el reparto. La acción fue rechazada en primera instancia, pero ayer la Cámara revocó esa resolución argumentando que el Gobierno no presentó ninguna justificación válida.
Los magistrados Guillermo Galli y Jorge Argento sostuvieron que en la causa se examinó "una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al Gobierno de turno". Además, resaltaron los principios de igualdad y de libertad de expresión que deben existir en un régimen republicano: "Sin ellos, no existe democracia en el país". También cuestionaron: "La negativa del Estado a contratar con la editorial publicidad alguna, al parecer por calificarla de 'prensa amarilla', implica una evidente violación al principio de libertad de prensa que debe ser reparada de inmediato". Por último, resaltaron que la libertad de expresión es "esencial de la garantía de la ciudadanía de mantenerse informada para poder ejercer con conciencia sus derechos políticos".
En la sentencia, los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre libertad de expresión y publicidad oficial. En junio de 2007, la Corte sentenció al Gobierno de Neuquén, en ese entonces bajo la gestión de Jorge Sobisch, por retirar la pauta oficial del diario Río Negro que ya tenía asignada previamente.
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VENEZUELA
COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS PIDE FIN DE ATAQUES A PERIODISTAS
El fin de la impunidad reinante en torno a los ataques y agresiones a los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación, exigió la Directiva del Colegio Nacional de Periodistas al Ministerio Público.
Los presidentes nacionales y distritales de la agrupación, William Echeverría y Roger Santodomingo, respectivamente; se reunieron con el director de Actuación Procesal de la instancia garante de la legalidad, Alejandro Castillo, a quienes les entregaron un documento.
"El gremio de los comunicadores sociales decidió repudiar la impunidad de la que gozan aquellos que han hecho de los periodistas y de los medios de comunicación los objetivos predilectos de su violencia e intolerancia; y protestar ante su despacho para que actúe eficazmente en garantizar el ejercicio de una profesión que, como la de los funcionarios judiciales, exige estar libre de presiones y protegida del hostigamiento de fuerzas enemigas de la ley y la democracia", figura en el escrito que leyó Santodomingo.
Mientras el directivo del CNP leía el documento, un grupo de comunicadores se ubicaron a las puertas del despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz portando pancartas que emulaban unas dianas, en las que se leía la frase: "Blancos móviles"; y máscaras antiguas.
Tras recordar que este año se inició con el ataque a la sede de Globovisión y el asesinato de dos periodistas en Lara y Carabobo, Santodomingo dijo: "Nuestra aspiración es que la Fiscalía asuma el papel institucional para la cual está llamada y brinde verdadera y efectiva protección a las instituciones de la prensa libre y se persiga y castigue, sin demora, a los que pretenden acallarla para dejar sin opciones informativas a la gran mayoría de los ciudadanos".
Por último, el CNP reclamó al Ministerio Público que contribuya a poner fin al cierre de las fuentes oficiales de información y recordó que esta situación es contraria el precepto constitucional que obliga a los funcionarios públicos a informar sobre los asuntos del país. (El Universal)
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COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS PIDE FIN DE ATAQUES A PERIODISTAS
El fin de la impunidad reinante en torno a los ataques y agresiones a los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación, exigió la Directiva del Colegio Nacional de Periodistas al Ministerio Público.
Los presidentes nacionales y distritales de la agrupación, William Echeverría y Roger Santodomingo, respectivamente; se reunieron con el director de Actuación Procesal de la instancia garante de la legalidad, Alejandro Castillo, a quienes les entregaron un documento.
"El gremio de los comunicadores sociales decidió repudiar la impunidad de la que gozan aquellos que han hecho de los periodistas y de los medios de comunicación los objetivos predilectos de su violencia e intolerancia; y protestar ante su despacho para que actúe eficazmente en garantizar el ejercicio de una profesión que, como la de los funcionarios judiciales, exige estar libre de presiones y protegida del hostigamiento de fuerzas enemigas de la ley y la democracia", figura en el escrito que leyó Santodomingo.
Mientras el directivo del CNP leía el documento, un grupo de comunicadores se ubicaron a las puertas del despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz portando pancartas que emulaban unas dianas, en las que se leía la frase: "Blancos móviles"; y máscaras antiguas.
Tras recordar que este año se inició con el ataque a la sede de Globovisión y el asesinato de dos periodistas en Lara y Carabobo, Santodomingo dijo: "Nuestra aspiración es que la Fiscalía asuma el papel institucional para la cual está llamada y brinde verdadera y efectiva protección a las instituciones de la prensa libre y se persiga y castigue, sin demora, a los que pretenden acallarla para dejar sin opciones informativas a la gran mayoría de los ciudadanos".
Por último, el CNP reclamó al Ministerio Público que contribuya a poner fin al cierre de las fuentes oficiales de información y recordó que esta situación es contraria el precepto constitucional que obliga a los funcionarios públicos a informar sobre los asuntos del país. (El Universal)
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Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.net
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@hotmail.com; Web: www.felatracs.net
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
