PRONUNCIAMIENTOAnte el peligro para la libertad de prensa en el país que significa la derogatoria de la Ley 26847 y la modificación del artículo 132º del Código Penal, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú formula una invocación a los autores de tal despropósito para que procedan al retiro de su iniciativa legislativa y, al mismo tiempo, exhorta a los congresistas de las diferentes colectividades políticas que integran la Comisión de Constitución, para que defiendan derecho tan fundamental.
La exhortación de la ANP, organización representativa de más de 9 mil trabajadores de la prensa en 89 provincias de los departamentos del país, se sostiene en la urgente necesidad de fortalecer el derecho ciudadano a la información, a la interpretación de los acontecimientos y a la opinión plural, respecto a la realidad política, económica y social.
De otro lado, la ANP deja constancia, una vez más, que esta nueva iniciativa conlleva la tácita voluntad de un sector político de silenciar toda forma de crítica y de denuncia periodística a través de cambios de orden jurídico que, lamentablemente, afectan el desarrollo de la democracia en el país.
Lo ocurrido el pasado 8 de junio con Radio La Voz de Bagua Grande, por haber informado de lo sucedido durante los luctuosos sucesos registrados en esa zona del país, la posterior iniciativa de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI), de exigir la programación de las emisoras instaladas en el departamento de Amazonas y lo sucedido con Radio TV Oriente, de Yurimaguas, víctima de acoso policial –citaciones al equipo de prensa completo- y persecución administrativa – constantes inspecciones del MTC-, hacen ver que la iniciativa legal presentada tiene un objeto concreto que no es otro que el de acallar al periodismo discrepante con la forma como se desarrolla el quehacer político.
La exhortación de la ANP, organización representativa de más de 9 mil trabajadores de la prensa en 89 provincias de los departamentos del país, se sostiene en la urgente necesidad de fortalecer el derecho ciudadano a la información, a la interpretación de los acontecimientos y a la opinión plural, respecto a la realidad política, económica y social.
De otro lado, la ANP deja constancia, una vez más, que esta nueva iniciativa conlleva la tácita voluntad de un sector político de silenciar toda forma de crítica y de denuncia periodística a través de cambios de orden jurídico que, lamentablemente, afectan el desarrollo de la democracia en el país.
Lo ocurrido el pasado 8 de junio con Radio La Voz de Bagua Grande, por haber informado de lo sucedido durante los luctuosos sucesos registrados en esa zona del país, la posterior iniciativa de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI), de exigir la programación de las emisoras instaladas en el departamento de Amazonas y lo sucedido con Radio TV Oriente, de Yurimaguas, víctima de acoso policial –citaciones al equipo de prensa completo- y persecución administrativa – constantes inspecciones del MTC-, hacen ver que la iniciativa legal presentada tiene un objeto concreto que no es otro que el de acallar al periodismo discrepante con la forma como se desarrolla el quehacer político.
Lima, 19 de agosto del 2009
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL PERÚ
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL PERÚ
