Lima, 15 de mayo del 2012
Estimados/as compañeros/as:
El fallo de la justicia peruana del último jueves 10 de mayo que absuelve al ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta de la autoría intelectual del crimen del periodista Alberto Rivera Fernández, debe encontrarnos más movilizados que nunca.
A pesar de que el Ministerio Público solicitó una pena de prisión de 20 años para el alcalde y el entonces gerente municipal de dicho municipio, Solio Ramírez Garay, la Tercera Sala Penal para Reos Libres de Lima ha determinado la absolución (Votos en mayoría de dos vocales de la Sala, Jorge Egoávil y Jorge Barreto para quienes no existen indicios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados).
La única magistrada que votó porque los condenen fue la Dra. Rosario Hernández.
La actuación de las autoridades de justicia en torno al caso del periodista Rivera, ocurriendo el 21 de abril del 2004, evidencia de manera certera el grado de impunidad que ensombrece los crímenes contra los comunicadores sociales en el Perú.
Por ello, la ANP, como lo hizo hace poco más de ocho años cuando expresó su consternación por el asesinato, batallará incansablemente, movilizando a sus 92 asociaciones provinciales y solicitando la solidaridad de los sindicatos y demás organizaciones nacionales e internacionales de periodistas para que demanden del Poder Judicial una correcta valoración de las pruebas que señalan a Luis Valdez Villacorta y Solio Ramírez Garay como autores intelectuales del crimen. Agradeceremos hacer llegar sus comunicaciones dirigidas al Dr. César San Martín Castro, Presidente de la Corte Suprema del Perú, a: anp@amauta.rcp.net.pe con el fin de ingresarlas en conjunto por mesa de partes del Poder Judicial.
Sin otro particular y expresando nuestra solidaridad institucional a la familia, renovamos nuestro compromiso de movilizarnos hasta lograr justicia en este caso. Sólo así nuestro colega descansará en paz y los enemigos de la libertad de prensa sabrán que cuando se asesina a un periodista no se silencia, sino que se moviliza a una sociedad en su conjunto.
Fraternalmente,
Zuliana Lainez
Secretaria general ANP
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Mayores datos del caso
El periodista Alberto Rivera Fernández fue asesinado a balazos por dos sicarios el 21 de abril del 2004. El periodista acusó a través de su programa radial al alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez Villacorta de ser el cabecilla de una banda de narcotraficantes. A raíz de sus investigaciones y denuncias recibió amenazas por las que, expresamente, responsabilizó al entonces alcalde si algo le ocurría.
Los autores materiales del hecho fueron identificados y sancionados. El año 2006, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Martín Flores Vásquez, Roy Culqui Saurino, Tercero Samuel Gonzáles Pinedo, Edwin Pinedo y Ángel Mendoza Casanova. El año 2008, la misma instancia ratificó la condena contra Lito Fasabi Pizango, autor material del disparo, y Alex Panduro Ventura, guardaespaldas del ex gerente municipal Ramírez Garay.
Durante el proceso, el Ministerio Público y la defensa del periodista demostraron que ninguno de los condenados tenía razones para asesinar al periodista y que la única persona interesada en silenciar sus denuncias era el alcalde Valdez. También lograron vincular a los sicarios Roy Culqui y Martín Flores con Valdez y su ex gerente municipal a través de contratos de trabajo. Otro de los condenados, Panduro Ventura, reconoció como suyas las cartas en las que señala que se desempeñó como seguridad del ex gerente municipal y que fue Valdez quien dio la orden de "tumbar" al periodista.
En enero del 2011, la Sala Suprema Penal Transitoria anuló una segunda sentencia absolutoria de Valdez porque el tribunal que los juzgó incurrió en defectos estructurales insubsanables en relación con no contrastar pruebas, no valorizar entrevistas e informaciones periodísticas, no investigar el cambio de testimonio de testigos, entre otras graves irregularidades. La instancia suprema ordenó nombrar nuevos jueces superiores para un nuevo proceso oral.
La causa se inició en mayo pasado, pero la Tercera Sala volvió a incurrir en los mismos vicios, negándose a calificar como pruebas válidas la relación de Valdez con el narcotráfico. Su principal obligación era valorar esas pruebas, pero los dos magistrados han hecho, precisamente, lo contrario, es decir, descalificarlas, renunciando a su obligación de resolver cuál fue el móvil del crimen. La defensa y la fiscalía apelaron el fallo, y la batalla contra la impunidad continúa. (Fuente: Diario La República).
