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domingo, agosto 21, 2011

ANP DEMANDA RETIRO DE INICIATIVA LEGISLATIVA QUE INTENTA EMPODERAR CULTURA DEL SECRETISMO

ANP DEMANDA RETIRO DE INICIATIVA LEGISLATIVA QUE INTENTA EMPODERAR CULTURA DEL SECRETISMO

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en comunicación dirigida al congresista Yehude Simon Munaro, autor de la iniciativa legislativa que busca modificar el artículo 51 del Reglamento del Congreso de la República, demandó el inmediato retiro de dicho anteproyecto de ley por considerar que intenta empoderar la cultura del secretismo.

Para la ANP, hoy el Perú presenta una nueva realidad social y política, donde el pueblo espera que cambie el comportamiento de autoridades y funcionarios públicos, de tal manera que contribuyan con acierto a fortalecer las garantías necesarias para que el derecho de las personas a la información se guíe por los principios de transparencia, máxima divulgación, publicidad y participación ciudadana.

En la misiva la ANP precisó que en el transcurso de los últimos lustros el acceso a la información pública se ha convertido en un derecho fundamental de la persona humana. Esto como consecuencia de la consolidación de las democracias, lo que permite un mayor interés ciudadano por conocer, entre otros aspectos, el comportamiento de las autoridades que han recibido el mandato soberano para representar al pueblo. Es decir, cómo se ejerce el poder político, qué hace el gobierno, cómo lo hace y para qué lo hace.

Sobre el particular la ANP recordó el acceso a la información, al igual que la participación del ciudadano en el proceso decisorio y el acceso a la justicia, constituyen los tres pilares de lo que se conoce como democracia participativa en toda sociedad humanista, criterio que, estamos seguros, no deja usted de compartir.

De la misma manera, recalcó, ante el temor de empoderar una cultura de secretismo en la gobernabilidad en nuestro país, que los medios de comunicación social se ubican como intermediarios entre los gobernantes y los gobernados. Su tarea es observar y controlar las decisiones políticas e informar a la colectividad. La información amplia y detallada, lo más objetivamente posible, es necesaria para que los ciudadanos se formen juicios certeros sobre el comportamiento y la labor de quienes han recibido el mandato del pueblo y, así, participar de manera activa en las estructuras democráticas.

La ANP, al mismo tiempo de reconocer que el proyecto tiene una noble finalidad, es decir, evitar actitudes o conductas que no contribuyen a mejorar la imagen y reputación del Congreso de la República, precisó que el camino para lograr ello es otro y, de ninguna manera establecer normas que coarten el derecho ciudadano de acceder a la información de interés público.

Por eso mismo, la ANP recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demanda que los Estados garanticen y amplíen el acceso a la información, "en el entendido de que su implementación efectiva constituye un aspecto fundamental para la consolidación del derecho a la libertad de expresión, fomenta la lucha contra la corrupción, contribuye de manera decisiva al establecimiento de políticas de transparencia, necesarias para fortalecer las democracias y el respeto por los derechos humanos...".

La ANP espera que así como otras instituciones han hecho escuchar su voz, incluyendo las que representan a los propietarios de los medios de comunicación de la capital de la República, tal como corresponde en toda democracia, de la misma manera se ponga atención a la palabra de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización gremial de los trabajadores de la prensa, que a lo largo de sus 83 años de trayectoria tiene como objetivo cimero la defensa irrestricta de la libertad de prensa y de la información como derecho del pueblo. De por medio está el compromiso del gremio de aportar el mayor de sus esfuerzos para que el derecho de acceso a la información se convierta en una realidad y, de esa manera, permita el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del estado de derecho.