ANP expresa preocupación por prolongada reclusión de Paúl Garay Ramírez
SENTENCIA QUE MANTIENE EN PRISIÓN
A PERIODISTA ESTÁ ALEJADA DE LA REALIDAD
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, al Poder Judicial, al Congreso de la República y a la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de denunciar la desproporcionada e injusta condena impuesta al periodista Paúl Segundo Garay Ramírez.
La Segunda Sala Especializada en lo Penal de Pucallpa ha resuelto sentenciar a 18 meses de pena privativa de la libertad al citado periodista, manteniendo las penas de carácter pecuniario, en razón de haber cuestionado mediante emisión radial la inconducta profesional de Agustín López Cruz, fiscal de la provincia de Coronel Portillo.
Tal sentencia se dicta en el contexto de un serio cuestionamiento procesal formulado con antelación por la defensa del periodista quien planteó recusación contra los magistrados que resolvieron la causa el 27 de julio pasado. Esto porque tales magistrados, con anterioridad al proceso, habían sido objeto de información y crítica periodística por el ahora condenado, por lo que no habrían actuado con imparcialidad dada la animadversión existente hacia la actuación de Garay Ramírez.
Para la ANP resulta preocupante que los magistrados del tribunal de Pucallpa determinen una drástica condena sin considerar lo que se produce en los hechos.
Como antecedente más reciente es preciso anotar el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la República que el 21 de julio, una semana antes de la sentencia, aprobó el proyecto que despenaliza parcialmente el delito de difamación agravada que contiene el artículo 132 del Código Penal, el mismo que ha recibido el apoyo de la ciudadanía, pues existe la convicción que las querellas son mal utilizadas para imponer censura a los periodistas que se atreven a investigar, informar o denunciar la inconducta funcional y actos de corrupción de los funcionarios públicos.
Para la ANP mantener recluido en prisión a un periodista que precisamente se encuentra en los supuestos de despenalización es actuar alejado de la realidad y revela además un mensaje de excesiva drasticidad ajena al derecho a la libertad de expresión que garantizan la Constitución peruana y los tratados internacionales, así como las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuya intervención directa demandamos en forma urgente para la solución del presente caso y se proceda a la inmediata libertad del periodista.
SENTENCIA QUE MANTIENE EN PRISIÓN
A PERIODISTA ESTÁ ALEJADA DE LA REALIDAD
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, al Poder Judicial, al Congreso de la República y a la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de denunciar la desproporcionada e injusta condena impuesta al periodista Paúl Segundo Garay Ramírez.
La Segunda Sala Especializada en lo Penal de Pucallpa ha resuelto sentenciar a 18 meses de pena privativa de la libertad al citado periodista, manteniendo las penas de carácter pecuniario, en razón de haber cuestionado mediante emisión radial la inconducta profesional de Agustín López Cruz, fiscal de la provincia de Coronel Portillo.
Tal sentencia se dicta en el contexto de un serio cuestionamiento procesal formulado con antelación por la defensa del periodista quien planteó recusación contra los magistrados que resolvieron la causa el 27 de julio pasado. Esto porque tales magistrados, con anterioridad al proceso, habían sido objeto de información y crítica periodística por el ahora condenado, por lo que no habrían actuado con imparcialidad dada la animadversión existente hacia la actuación de Garay Ramírez.
Para la ANP resulta preocupante que los magistrados del tribunal de Pucallpa determinen una drástica condena sin considerar lo que se produce en los hechos.
Como antecedente más reciente es preciso anotar el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la República que el 21 de julio, una semana antes de la sentencia, aprobó el proyecto que despenaliza parcialmente el delito de difamación agravada que contiene el artículo 132 del Código Penal, el mismo que ha recibido el apoyo de la ciudadanía, pues existe la convicción que las querellas son mal utilizadas para imponer censura a los periodistas que se atreven a investigar, informar o denunciar la inconducta funcional y actos de corrupción de los funcionarios públicos.
Para la ANP mantener recluido en prisión a un periodista que precisamente se encuentra en los supuestos de despenalización es actuar alejado de la realidad y revela además un mensaje de excesiva drasticidad ajena al derecho a la libertad de expresión que garantizan la Constitución peruana y los tratados internacionales, así como las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuya intervención directa demandamos en forma urgente para la solución del presente caso y se proceda a la inmediata libertad del periodista.
Lima, 3 de agosto del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
