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Titulares del 24 de agosto de 2011
PRENSA RTV:
Periodismo en Colombia: Mary Luz Avendaño obligada a abandonar Medellín por amenazas
Censura en Venezuela: directora de 6to Poder se presentará cada 15 días por vilipendio a funcionario público
Periodistas asesinados en Rusia: avance en la investigación sobre Anna Politkovskaya
News of the World: el escándalo del periódico británico repercute en el periodismo estadounidense
La Jornada / 24 DE AGOSTO DE 2011
Solicitan donadores
Se solicitan urgentemente donadores de sangre de cualquier tipo para el periodista Abraham García Ibarra, quien fue operado del corazón por un infarto y coronarias obstruidas, hace dos semanas. Está internado en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, cama 316. Comunicarse con Iván García al (044-55) 2109-5303.
Muchas gracias.
Elva Elena Gárate de García.
Urgentemente se solicitan donadores de sangre o plaquetas, de cualquier tipo, para Javier Romero Gutiérrez, periodista emérito, maestro de periodistas y Premio Nacional, internado en el Hospital Dalinde, Tuxpan 25, colonia Roma, de la ciudad de México. Favor de acudir al banco de sangre del nosocomio (segundo piso), de 8 a 19 horas. (Nota de Fel: Javier ya fue dado de alta pero la sangre se requiere aún)
 Alerta Perú (HUÁNUCO)
FUNCIONARIO DESTITUIDO DE GOBIERNO REGIONAL AMENAZA A PERIODISTA
El 19 de agosto de 2011, en la provincia de Huánuco, departamento del mismo nombre, la periodista Beatriz Ávila Tello, de radio Studio 5, fue amenazada en plena vía pública por Eustaquio Robles Aliaga, ex director de Trabajo del Gobierno Regional de Huánuco, quien la acusó de haber instigado en favor de su destitución.
El hecho ocurrió cuando el ex funcionario prestaba declaraciones a varios medios de comunicación locales, tras la decisión adoptada por el Consejo del Gobierno Regional de Huánuco que lo censuró y recomendó su destitución.
Robles Aliaga dijo que presentaría un recurso de reconsideración ante lo que consideró una injusta decisión, culpando a los periodistas de ser los promotores de su despido y, de forma directa, acusando a Beatriz Ávila de instigar en su contra.
Testigos refieren que Eustaquio Robles, furioso, levantó la voz y dijo que los periodistas armaron "una patraña para que lo saquen del cargo" y que la periodista Beatriz Ávila había "orquestaba la campaña en su contra". El ex funcionario amenazó a Ávila Tello diciendo que tenía un video que podría perjudicarla.
La prensa en los últimos meses había cuestionado la gestión pública del entonces funcionario por incumplir con los lineamientos de trabajo de la autoridad regional.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/ / ; E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com
 ANP DEMANDA RETIRO DE INICIATIVA LEGISLATIVA QUE INTENTA EMPODERAR CULTURA DEL SECRETISMO
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en comunicación dirigida al congresista Yehude Simon Munaro, autor de la iniciativa legislativa que busca modificar el artículo 51 del Reglamento del Congreso de la República, demandó el inmediato retiro de dicho anteproyecto de ley por considerar que intenta empoderar la cultura del secretismo.
Para la ANP, hoy el Perú presenta una nueva realidad social y política, donde el pueblo espera que cambie el comportamiento de autoridades y funcionarios públicos, de tal manera que contribuyan con acierto a fortalecer las garantías necesarias para que el derecho de las personas a la información se guíe por los principios de transparencia, máxima divulgación, publicidad y participación ciudadana.
En la misiva la ANP precisó que en el transcurso de los últimos lustros el acceso a la información pública se ha convertido en un derecho fundamental de la persona humana. Esto como consecuencia de la consolidación de las democracias, lo que permite un mayor interés ciudadano por conocer, entre otros aspectos, el comportamiento de las autoridades que han recibido el mandato soberano para representar al pueblo. Es decir, cómo se ejerce el poder político, qué hace el gobierno, cómo lo hace y para qué lo hace.
Sobre el particular la ANP recordó el acceso a la información, al igual que la participación del ciudadano en el proceso decisorio y el acceso a la justicia, constituyen los tres pilares de lo que se conoce como democracia participativa en toda sociedad humanista, criterio que, estamos seguros, no deja usted de compartir.
De la misma manera, recalcó, ante el temor de empoderar una cultura de secretismo en la gobernabilidad en nuestro país, que los medios de comunicación social se ubican como intermediarios entre los gobernantes y los gobernados. Su tarea es observar y controlar las decisiones políticas e informar a la colectividad. La información amplia y detallada, lo más objetivamente posible, es necesaria para que los ciudadanos se formen juicios certeros sobre el comportamiento y la labor de quienes han recibido el mandato del pueblo y, así, participar de manera activa en las estructuras democráticas.
La ANP, al mismo tiempo de reconocer que el proyecto tiene una noble finalidad, es decir, evitar actitudes o conductas que no contribuyen a mejorar la imagen y reputación del Congreso de la República, precisó que el camino para lograr ello es otro y, de ninguna manera establecer normas que coarten el derecho ciudadano de acceder a la información de interés público.
Por eso mismo, la ANP recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demanda que los Estados garanticen y amplíen el acceso a la información, "en el entendido de que su implementación efectiva constituye un aspecto fundamental para la consolidación del derecho a la libertad de expresión, fomenta la lucha contra la corrupción, contribuye de manera decisiva al establecimiento de políticas de transparencia, necesarias para fortalecer las democracias y el respeto por los derechos humanos...".
La ANP espera que así como otras instituciones han hecho escuchar su voz, incluyendo las que representan a los propietarios de los medios de comunicación de la capital de la República, tal como corresponde en toda democracia, de la misma manera se ponga atención a la palabra de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, organización gremial de los trabajadores de la prensa, que a lo largo de sus 83 años de trayectoria tiene como objetivo cimero la defensa irrestricta de la libertad de prensa y de la información como derecho del pueblo. De por medio está el compromiso del gremio de aportar el mayor de sus esfuerzos para que el derecho de acceso a la información se convierta en una realidad y, de esa manera, permita el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del estado de derecho.
 IFEX.- Reporteros sin Fronteras RSF ha informado del asesinato de la bloguera y activista de derechos humanos Shehla Masood, este 16 de agosto de 2011 en la mañana frente a su casa en Bhopal (India).
Activista por el Derecho a la Información (RTI) desde el año 2009, iba a participar en una acción de apoyo a Anna Hazare en una campaña de lucha contra la corrupción.
La Ley de Derecho a la Información, aprobada en 2005, da acceso a algunos documentos públicos, pero los ciudadanos que hacen uso de este derecho son ignorados con frecuencia, y en 2010, al menos diez personas fueron asesinadas por solicitar información sobre temas sensibles para las autoridades locales.
Shehla Masood, de 39 años, resultó muerta por una bala en el cuello mientras viajaba en coche para llegar al acto, y sus agresores no fueron identificados.
La bloguera ya había sido amenazado en el pasado. Hace tres años, presentó una queja contra un agente de policía por acoso. No hay seguimiento sobre este asunto, a pesar de que ella había escrito una carta al Director General de la Policía, explicando que temía por su vida, desde enero de 2010.
Varias páginas de Facebook se han creado en su memoria: "Shelhla Masood, a tribute", "R.I.P. Shehla Masood" o también "Punish Shehla Masood's Killers".
RSF insta a las autoridades indias, en un comunicado, a una investigación imparcial e independiente para encontrar al asesino de Shehla Masood y pide la protección de los activistas de RTI, así como el respeto al derecho a la información en el país.
 PES.- Un vídeo ciudadano grabado en la noche del jueves 18 en las cercanías de la Puerta del Sol de Madrid durante las protestas laicas contra la visita del papa a la JMJ, muestra como un pelotón policial agrede primero a una joven y después al fotoperiodista Daniel Nuevo, quien a su vez había captado como un agente propinaba un tortazo a la joven.
Según informa RTVE, desde el Cuerpo Nacional de Policía han asegurado que no se les ha notificado la agresión a Daniel Nuevo, fotógrafo freelance de 26 años que colabora habitualmente con El Día de Córdoba.
El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en caso de que hubiera alguna actuación que se considerara "un exceso", desde el Ministerio del Interior "se estudiaría e investigaría", pero ha añadido que no cree que los haya habido.
Según el relato de Daniel Nuevo a RTVE.es, había estado en la zona de Sol y llegó a la plaza de Jacinto Benavente, donde parecía que todo estaba en calma. Decidió seguir a un grupo de unos quince policías que subían por Atocha, dirección Antón Martín. Se identificó como prensa y le dejaron ir detrás de ellos.
Comenta que se oyeron unos insultos a los agentes y que en ese momento "el que estaba al mando ordenó cortar la calle y dejar pasar solo a los peregrinos". Después pararon a la primera muchacha que se encontraron, y le propinaron un golpe en la cara.
Daniel Nuevo disparó su cámara dos veces, pero comenta que los destellos del flash le delataron. "Dame la puta cámara", asegura que escuchó antes de recibir los primeros golpes.
Según relata Daniel, "le dije que le daba la cámara" pero finalmente uno de los agentes le dijo que se fuera de allí. Al alejarse se encontró con otro agente que le dio un porrazo en la nuca. "Me caí, por un segundo no sentí el cuerpo, no sentía nada", comenta aún sorprendido.
Es entonces cuando dos hombres, uno de ellos el que grabó el vídeo, le ayudaron a levantarse, le tranquilizaron, le dieron algo de beber y le acompañaron al metro.
Daniel Nuevo ha ido a un centro hospitalario para que le explorasen. Comenta que tiene golpes por todo el cuerpo, pero que lo que le preocupaba era el golpe de la nuca: "Me han dicho que tengo una contractura, que los peores días son los primeros y me han dado algo de medicación. El resto son moratones en el muslo, la cadera, la espalda, pero no más".
En la denuncia adjuntará el parte de lesiones y sus fotografías, donde se ve claramente al agente de policía, ha declarado Daniel Nuevoa RTVE, quien asegura que cuenta también con el testimonio de un vecino que vio todo desde su balcón.
RTVE afirma que quien grabó la actuación policial fue Carlos G. Ximénez, un fotógrafo etnógrafo de 50 años. Según explicó a RTVE.es llevaba todo el día trabajando sacando instantáneas de la Jornada Mundial de la Juventud y que por la tarde se había pasado por Sol para ver las protestas laicas.
"Cuando me iba me pilló la disolución de la manifestación. Pasé de puntillas sin que me dieran", relata. Luego vio al grupo de policías que "iban en formación militar, como buscando algo" y decidió ponerse a grabar con su teléfono móvil.
Explica, como Daniel Nuevo, que se oyeron unos gritos insultando a la Policía y que luego se produjo la agresión a la chica. "Se me removieron las tripas", asegura Carlos que luego se dio cuenta de que también estaban agrediendo al fotógrafo. Cuando pasó todo, se acercó a él y estuvieron tomando algo.
QUERIDO SAMUEL VALERA YEPEZ
DIOS TE BENDIGA
Gracias por acoger mi nota , que la viste en la edición impresa del DIARIO "HOY REGIONAL"
Has tenido la generosidad de pedirme el texto original, el día de ayer y hoy te agradezco haberlo publicado a NIVEL MUNDIAL. Lamentablemente nos pinta de cuerpo entero como está el "Poder Judicial en nuestro PERÚ" y de manera especial en Huánuco, (con unas cuantas excepciones) donde cientos de litigantes hacen muchos años no encuentran justicia. Se que se viene un programa en el Poder Judicial, para mejorarlo y seguramente habrá Magistrados, que se tendrán que ir a su casa, por "corruptos".
Tengo más de 60 denuncias comprobadas...
Muchas gracias y un fuerte abrazo, porque cuando hacen 6 años fue asesinado César Martínez Leiva, el ex Alcalde de Amarilis, publicamos las noticias sobre los presuntos autores del crimen, nos amenazaron de muerte, tú NOS APOYASTE. Hacen 4 años, por denunciar un caso judicial, nuevamente nos enviaban mensajes por correo electrónico.
De todo ello, Samuel Valera, tu me apoyaste mucho, incluso querías llevarme a la ciudad de Trujillo, POR UN TIEMPO, para evitar que me pasara, algo terrible. DIOS TE BENDIGA, POR TANTA GENEROSIDAD y todo a cambio de NADA, solo de tu valiosa amistad y solidaridad periodística.
Esta vez, estas enterado de que recibo llamadas anónimas, textos enviados desde alguna cabina de internet, etc. Has leído las publicaciones que sobre este caso de LOS HERMANOS CARRANZA, se han realizado a nivel nacional y la has publicado a nivel internacional y estoy reenviando a mis 570 contactos mas cercanos y que se que lo leerán. LOS INVITO A ABRIR EL LINK, de periodismo sin fronteras
Tu hermano en Cristo
Esteban Soriano Arrieta
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NOTA DE REDACCIÓN: No hacemos nada exepcional, simplemente cumplimos con nuestra misión de periodistas en defenza de los DD. HH. de nuestros colegas; de todas manera gracias Esteban Soriano Arrieta.
 PES.- El director del Instituto de Comunicación Empresarial (ICE) y presidente de la Academia de la Televisión, Manuel Campo Vidal, ha considerado hoy en Santander que el "déficit de comunicación" de las empresas españolas genera un problema de competitividad a nivel internacional.
"Los españoles contamos las cosas peor", manifestó en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde dirige el Seminario 'Comunicación eficaz y liderazgo', y en la que el periodista destacó la importancia de incidir en la formación en idiomas, comunicación y desarrollo de la capacidad emprendedora.
Para Campo Vidal, aunque se producen excepciones, el sistema educativo en España se olvida de asignaturas "fundamentales" que podrían servir para desarrollar las cualidades de los profesionales en el ámbito de la comunicación. "Los ingenieros, los economistas o los médicos de otros países no son mejores, pero nosotros estamos en inferioridad de condiciones cuando nos toca competir", insistió.
Según una comunicación de la UIMP, Campo Vidal opinó que España necesita "más emprendedores y menos funcionarios", y adelantó que el ICE está elaborando un estudio que servirá para cuantificar la incidencia y la pérdida de oportunidades que tienen las empresas y los profesionales españoles como consecuencia del déficit de comunicación e idiomas.
De todas formas, el presidente de la Academia de la Televisión reconoció que compañías como Telefónica, ONO o Iberia cuentan en sus filas con "grandes comunicadores", lo que les permite mantener unos "altos niveles de exportación". En el mundo de la política, alabó las dotes de comunicación de personajes como Adolfo Suárez, Felipe González o Jordi Pujol.
El curso que dirige Campo Vidal en la UIMP tiene como alumnos a 40 expertos de diversos sectores y su objetivo es facilitar, a través de conferencias y talleres prácticos, las herramientas necesarias para todos aquellos que deseen ganar en eficacia y liderazgo en un plano personal o profesional.
Este seminario está diseñado para aprender a hablar en público y comunicar eficazmente, comunicar para liderar en el ámbito profesional, así como para conocer el uso estratégico de las redes sociales o adoptar normas básicas necesarias de protocolo y comportamiento social en distintos escenarios.
 PES IFEX.- El 14 de agosto de 1999, más de 200.000 personas se reunieron sin planearlo al frente del Capitolio Nacional, en la plaza de Bolívar de Bogotá; acababan de matar al periodista y humorista Jaime Hernando Garzón Forero. Caía de nuevo un periodista, un duro crítico del Estado y una de las personas más queridas por los colombianos. Su muerte significó un duro mensaje al periodismo nacional: Nadie estaba a salvo y era el tiempo de la autocensura.
Hoy, doce años después de esos hechos, no han respondido ante la justicia todos los que deben responder. La impunidad obligó a los hermanos de Garzón, Jorge Alberto, Manuel Alfredo y María Soledad, y a su compañera, Gloria Cecilia Hernández, a presentar, el pasado 19 de julio, una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la participación de funcionarios públicos en el homicidio y por la incapacidad de la justicia nacional para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable.
La demanda fue presentada con el respaldo de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
"Durante los doce años que han transcurrido desde el crimen, dice Manuel Alfredo Garzón, el Estado colombiano ha mantenido el caso en clima de impunidad. El primer proceso penal resultó una farsa encaminada a encubrir los hechos y el único sentenciado, Carlos Castaño Gil, jamás fue detenido y, al parecer, murió sin cumplir un solo día de su condena".
Aún así, el pasado 17 de junio de 2011 se llamó a juicio a José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el mismo que hoy está detenido por las "chuzadas" del DAS, acusado como inductor del homicidio de Jaime Garzón.
"En el asesinato de mi hermano Jaime participaron funcionarios estatales. Fue ejecutado por miembros de la banda de sicarios La Terraza, en cumplimiento de la orden partida por el líder paramilitar, Carlos Castaño Gil, quien actuó a solicitud y por encargo de varios militares y por intermediación de José Miguel Narváez Martínez. Nos estamos acercando, nos estamos acercando a que haya justicia", concluye con algo de esperanza su hermano Alfredo.
Antes de su muerte se inició una campaña de desprestigio tendiente a relacionar a Garzón con la guerrilla. Lo cierto, es que el país no solo perdió un humorista y un crítico agudo de la sociedad. El asesinato de Garzón fue un mensaje contundente al periodismo independiente que se atrevía a cuestionar y a evidenciar los abusos de los diferentes actores con poder. Por supuesto, el temor y la autocensura se tomaron las salas de redacción después de su asesinato: "El miedo mantiene al país en la ignorancia y lo lleva a un oscurantismo fatal ( . . . ) el asesinato de Jaime Garzón fue una puñalada a la inteligencia nacional", señaló Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP.
Aún así, el legado de Garzón existe hoy como un recuerdo doloroso que deja lecciones de todo tipo sobre la búsqueda de la verdad y la importancia de defender la libertad de expresión. El saceerdote Francisco de Roux, reconocido líder social y amigo de la familia Garzón, lo comentó: "Jaime nos enseñó a destruir el argumento de autoridad sobre la verdad. Ese argumento que señala y defiende el hecho de que las cosas son verdad de acuerdo a la autoridad o el poder de quien las dijo" Hoy, doce años después del asesinato de Garzón, y a pesar de la impunidad que se cierne sobre el caso, tal vez esa sea la lección más importante que dejó su muerte y que cualquier persona que se asome a su trabajo podrá descubrir; la verdad no se subordina.
La FLIP ha enviado un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de Jaime Garzón, y espera que la justicia nacional e internacional logren esclarecer los hechos y se sancione ejemplarmente a todos los responsables.
El legado que le dejó Jaime Garzón a la libertad de expresión y a la sociedad colombiana siempre se debe recordar, sostiene la FLIP.
Enlaces:
. Un funcionario de inteligencia colombiano detenido por el asesinato de un periodista. Jueves 01 de Julio de 2010
. Colombia: El sentido del fin de la revista Cambio. Jueves 11 de Febrero de 2010
. La periodista Claudia Duque localiza el manual que utilizaba la seguridad colombiana para amenazarla. Martes 15 de Diciembre de 2009
. La SIP reclama más esfuerzo para resolver crimen del periodista colombiano Jaime Garzón. Jueves 13 de Agosto de 2009
. Felicitaciones a la Fiscalía General de Colombia por la condena de los asesinos de José Emeterio Rivas. Sábado 24 de Enero de 2009
. La periodista colombiana Claudia Julieta Duque renuncia a la escolta del gobierno por espiarla. Domingo 04 de Mayo de 2008
 Benoit Hervieu.- La corresponsal del periódico El Nuevo Diario en Jinotega (Nicaragua), Silvia González, ha denunciado públicamente las repetidas amenazas de muerte en contra de ella y sus jóvenes hijos que ha recibido en su teléfono celular.
Respaldada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en una rueda de prensa la periodista dio cuenta del ambiente de terror que padece y de la imposibilidad de ejercer de manera normal su profesión.
Pese a que la policía detuvo recientemente en Jinotega a un individuo de 21 años de edad, como el autor de las amenazas y como simpatizante del gobierno actual, Silvia González sigue preocupada por su seguridad y teme que la investigación no se haya llevado a cabo a en profundidad.
En Reporteros Sin Fronteras ofrecemos nuestra solidaridad a Silvia González, en primer lugar por su condición de mujer periodista, corresponsal aislada y blanco de un peligro físico inmediato. Como tal, debe gozar de una verdadera protección. Por otra parte, el muy delicado tema que Silvia González trataba recientemente, tiende a darle crédito a sus afirmaciones de que no han sido exploradas todas las pistas en este caso. El ambiente que reina en vísperas de las elecciones generales del 6 de noviembre próximo pesa notablemente sobre el periódico El Nuevo Diario, cuya redacción ha sufrido amenazas similares tras hacer revelaciones sobre casos de corrupción.
Silvia González considera que las "advertencias" que ha recibido se deben a una serie de notas publicadas desde enero pasado sobre las actividades de Gabriel José Garmendia. Apodado "Yajob", este ex comandante de los "Contras" –guerrilla constituida en los años 80 y armada por Estados Unidos contra el gobierno surgido de la Revolución Sandinista de 1979– había expresado su deseo de retomar las armas contra el actual gobierno de Daniel Ortega. Algunos de sus antiguos compañeros de armas, hoy ligados a partidos de oposición, atribuyen su asesinato, ocurrido en febrero de 2011 en condiciones aún no esclarecidas, a las fuerzas especiales del ejército. Estas afirmaciones fueron desmentidas rotundamente tanto por la institución militar como por las autoridades encargadas de la investigación.
El Nuevo Diario tuvo la precaución de publicar las dos versiones. Sin embargo, la familia del ex Contra acusó a la prensa de haber mostrado sólo la versión oficial y varios periodistas de diferentes medios de comunicación fueron agredidos de forma violenta durante los funerales de "Yajob".
En RSF consideramos que esta situación no es de buen augurio ahora que apenas está por iniciar la campaña electoral. Recomendamos a los directores de medios de comunicación, cualesquiera que sea su credo político, que se muestren responsables, evitando exponer a sus corresponsales y periodistas que actúan en el terreno.
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PES.- Ángeles Espinosa, corresponsal de "El País" en Teherán, ha sido expulsada de Irán, al no haber sido renovado su permiso de residencia a principios del pasado mes de julio, en una actuación del Gobierno iraní que la periodista relaciona con "la política de no querer testigos molestos, que se puso en evidencia a partir de las elecciones de junio de 2009".
Según una información de Sergio J. Valera en el sitio web de la Asociación de la Prensa de Madrid, la periodista ha declarado que esta decisión iraní le supone "una gran frustración, puesto que siempre me he esforzado en recoger los puntos de vista de todas las partes y dar una visión equilibrada. Además, he invertido muchos años en tratar de entender el país. De todas formas, no solo cubro Irán, sino una región en la que ese país es importante, pero no el único, y voy a seguir con mi trabajo desde Dubái".
Desde que fue acreditada como corresponsal en Irán, a finales de 2005, Espinosa disponía de un permiso de residencia anual, vinculado a su tarjeta de periodista. Pero esta situación cambió el año pasado. Cuando la detuvieron, en el mes de julio de 2010, le quitaron la tarjeta de periodista. Aquella detención fue llevada a cabo por entrevistar a Ahmad Montazerí, hijo del gran ayatolá disidente Hosein Ali Montazerí (fallecido en diciembre de 2009), la más alta autoridad religiosa que ha cuestionado al líder supremo y la represión de las protestas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente iraní.
Dos meses más tarde, en septiembre del año pasado, la periodista solicitó un visado de salida –como residente, no necesitaba visado para entrar, pero sí para salir–. Las autoridades iraníes retuvieron su pasaporte durante un mes y, cuando se lo devolvieron, habían cancelado su permiso de residencia.
Según Espinosa, la intervención del entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ante su homólogo iraquí, Manouchehr Mottaki, logró que readmitieran a Espinosa con un permiso de seis meses. En la comunidad periodística y diplomática de Teherán, esta readmisión llamó mucho la atención porque era la primera vez que los iraníes se retractaban en un caso así. Tenía su explicación. Era cuestión de tiempo que se le volviera a denegar el permiso de residencia. Tan solo significó un retraso en la expulsión definitiva de la corresponsal.
Pese a que Espinosa, por razones de interés informativo, apenas escribió sobre Irán durante esos seis meses –y, por lo tanto, no hubo ocasión de que el Gobierno iraní se sintiera ofendido por ninguna información–, las autoridades decidieron no renovar finalmente el permiso. De esta manera, para el Gobierno iraní, no se trata formalmente de una expulsión.
Durante los dos siguientes meses, desde que concluyó el permiso el 2 de mayo pasado hasta la negativa a renovarlo a principios de julio, las autoridades no le comunicaron a Espinosa la decisión, excusando el retraso en la entrega del visado, necesario para volver a entrar en el país, dada la tardanza de los trámites burocráticos. "Me he sentido ofendida por la desconsideración con la que me han tratado. Si hubieran sido francos cuando me puse en contacto con ellos a finales de abril, al menos hubiera tenido tiempo de despedirme de mis amigos iraníes, que han sido quienes me han hecho querer a su país", concluye Espinosa.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) galardonó a Ángeles Espinosa con el Premio Víctor de la Serna en la última edición de los Premios de Periodismo APM, reconociéndola como la periodista más destacada en 2010.
Enlaces:
Enlace: http://tribunamultimedios.com/index.php?Ver=Articulo&id=774&pg=0&titulo=Alto al fuego!... ni uno más
Manuel Jesús Orbegozo
UNMSM
El destacado periodista Manuel Jesús Orbegozo se encuentra en delicado estado de salud internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.
Según indicaron familiares del hombre de prensa, se requiere urgente donación de sangre, la cual puede hacerse en la sede del hospital ubicada en el distrito de San Borja.
Como se recuerda, el maestro de periodistas viajó por decenas de países en busca de la noticia y, en el Perú, trabajó desde muy joven en los diarios El Comercio, "La Crónica", "Expreso" y en "El Peruano", donde fue su director.
El pasado 27 de julio, el todavía presidente del Perú, Alan García Pérez, observó la autógrafa de ley aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República que despenalizaba parcialmente el delito de difamación reemplazando la pena privativa de la libertad por servicio comunitario.
En el oficio Nº 180-2011-PR, rubricado por García Pérez y la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, con el que se devuelve el documento al Poder Legislativo, el aún mandatario precisó, que siendo el honor un bien jurídico protegido por la Constitución y "ante reiterados ataques contra el honor de las personas, principalmente de quienes hacer ejercicio abusivo del derecho de la libertad de expresión, es necesario que continúe siendo protegido penalmente".
En el texto de la norma se mantenían penas propias de los delitos como es la prestación de servicios a la comunidad entre 80 a 156 jornadas, además, de establecerse sanciones de 200 a 365 días multa.
Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) el que la ley haya sido observada constituye un retroceso. La ANP ha solicitado la despenalización plena de dichas conductas, es decir la modificatoria de lo establecido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado que prescribe que "(...) Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común".
Para la organización gremial la permanencia de las figuras delictivas de la injuria, calumnia y difamación en el Código Penal, considerados como típicos delitos de prensa, sigue constituyendo una grave amenaza a la prensa fiscalizadora, víctima frecuente de la prepotencia de quienes mal ejercen el poder político y buscan silenciar la crítica mediante el abuso de recursos jurídicos incompatibles con una sociedad moderna, democrática y constitucional. .
Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Estimados/as compañeros/as:
A pesar de que hoy se ha hecho pública la noticia que el ex presidente Alan García, en su último día de gobierno, observó el proyecto de ley aprobado por la Comisión Permanente que despenalizaba parcialmente la difamación, tengo a bien compartirles esta comunicación del Comité de Protección de Periodistas que no pierde actualidad ya que expresa las principales preocupaciones de los periodistas en torno al tema en mención.
Compartimos institucionalmente de principio a fin lo expresado y reiteramos nuestro compromiso congresal de seguir batallando por lograr una efectiva despenalización de los denominados delitos de prensa.
No desmayaremos además en nuestra tarea por lograr la libertad del colega Paúl Garay Ramírez (Pucallpa) y conseguir una sentencia absolutoria en favor del periodista Hans Andrade Chávez (Chepén), por ser de justicia.
Un fuerte abrazo,
Zuliana Lainez
Secretaria general ANP
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Committee to Protect Journalists
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA Phone: (212) 465‑1004 Fax: (212) 465‑9568 Web: www.cpj.org E-Mail: media@cpj.org Facebook: http://www.facebook.com/cpjenespanol
Contact: Carlos Lauría, senior program coordinator Phone: (212) 465-9344, x120; E-mail: clauria@cpj.org
Sara Rafsky, research associate Phone: (212) 465-9344, x146; E-mail: srafsky@cpj.org
Perú debe tomar medidas para despenalizar la difamación
4 de agosto de 2011
Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República de Perú
Lima, Perú
Estimado Presidente Humala:
Lo felicitamos por su primera semana en el cargo como presidente de Perú y quisiéramos aprovechar esta oportunidad para instarle a promulgar un proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso que elimina penas de prisión por difamación, un primer paso importante hacia la descriminalización de la injuria en su país. En un momento en el que funcionarios públicos están utilizando leyes arcaicas de difamación penal para castigar a los reporteros críticos, lo exhortamos a mantener su compromiso de proteger la libertad de expresión mediante la promulgación de este proyecto de ley y la promoción de cambios necesarios para una descriminalización completa de la injuria, dejando la reparación de este delito a los tribunales civiles.
El 21 de julio, el Congreso presentó unos cambios en el código penal que eliminan las penas de prisión por difamación y aumentan multas y servicio comunitario como las sanciones para la injuria. El proyecto de ley está listo para que usted lo promulgue.
Las disposiciones de difamación han sido utilizadas con frecuencia para silenciar a los periodistas críticos, muestra la investigación del CPJ. El 6 de julio, el reportero Hans Francisco Andrade Chávez fue condenado por difamación penal con motivo de un informe periodístico que emitió el 2 de marzo que involucró a un funcionario del gobierno local. Andrade Chávez, quien trabajaba para un canal de televisión en la ciudad de Chepén, realizó una entrevista a una dirigente política que acusó a Juan José Vásquez Romero, un funcionario de Chepén, de amenazarla de muerte. El 31 de marzo, Vásquez Romero acusó oficialmente a Andrade Chávez por difamación, según indicaron los informes de prensa local. En su sentencia del 6 de julio, la justicia indicó que las afirmaciones vertidas en el informe no eran ciertas, aunque la decisión escrita no citó evidencia alguna. Una jueza también multó a Andrade Chávez por 4,000 soles (1.430 dólares estadounidenses), indicó la prensa local. El periodista, quien aún no está encarcelado, afirmó al CPJ que apelará la decisión judicial.
Otro periodista peruano, Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa "Polémica" en el canal de televisión Visión 47 y "La Voz del Pueblo" en radio La Exitosa, ha sido encarcelado desde el 19 de abril por difamar a un fiscal de Coronel Portillo, informó la prensa local. En su denuncia, el fiscal presentó un audio sin fecha en el cual, según él, Garay había insinuado que estaba involucrado en actos de corrupción y que había acosado sexualmente a unas litigantes jóvenes, el periodista indicó a CPJ. Garay niega que la voz en el audio sea suya – aunque ninguno presentó evidencia alguna en el juicio para comprobar sus afirmaciones – y considera que la denuncia fue en represalia por sus reportajes sobre corrupción. Fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 20,000 soles (7,150 dólares estadounidenses). El 27 de julio, un tribunal de apelaciones de Ucayali confirmó la sentencia pero redujo su pena de prisión a 18 meses. Actualmente, Garay está cumpliendo su condena en la cárcel Miguel Castro Castro en Lima. También es un testigo en el juicio contra un ex alcalde provincial en el asesinato de otro periodista en 2004.
En 2010, otros dos periodistas provinciales fueron procesados por difamación penal en Perú. Alejandro Carrascal Carrasco, editor del diario Nor Oriente de Bagua, y Oswaldo Pereyra Moreno de Radio San Lorenzo fueron ambos encarcelados por acusaciones de difamación originadas en su tarea informativa. La Corte Suprema de Perú revocó la decisión en el caso Carrascal y el periodista fue liberado, mientras que Pereyra salió en libertad luego de que un tribunal de apelaciones anulara la sentencia de la corte inferior en base a vicios de procedimiento.
En abril, el CPJ participó en un evento en las oficinas del grupo regional de prensa Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Lima, en el que usted afirmó que respetará el libre ejercicio del periodismo y no interferirá o enjuiciará a reporteros críticos. Nos alienta que usted haya reafirmado su compromiso al asumir el 28 de julio prometiendo ser un "defensor de los derechos humanos, la libertad de prensa y expresión".
Existe un consenso creciente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la condena de prisión para los casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó las disposiciones sobre difamación contenidas en el código penal para información de interés público. Y, en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias.
Existe un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en octubre del 2000, expresa que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
Si bien el proyecto aprobado en el Congreso incluye multas elevadas y desproporcionadas y largos períodos de servicio comunitario como sanciones para el delito de difamación, el CPJ considera que representa un paso en la dirección correcta para proteger la libertad de expresión y honrar su compromiso. Lo instamos a promulgar la ley para que los periodistas peruanos puedan trabajar sin amenaza de cárcel. La entrada en vigencia de la ley permitirá también la liberación de prisión de Paul Garay, según informó su abogado. Lo exhortamos a adecuar las leyes de Perú en concordancia con estándares internacionales en materia de libertad de expresión a través de promover legislación que despenalice por completo la difamación.
Gracias por su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon
Director Ejecutivo
CC:
Salomón Lerner Ghitis, Presidente del Consejo de Ministros
Rafael Roncagliolo Orbegozo, Ministro de Relaciones Exteriores
Francisco Eguiguren Praelli, Ministro de Justicia
Daniel Abugattás Majluf, Presidente del Congreso
Harold Forsyth, Embajador en los Estados Unidos
FEPALC: CON PERIODISTA DOMINICANO SON 23 LOS ASESINADOS EN LATINOAMÉRICA EN EL 2011
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) condena el asesinato del periodista José Agustín Silvestre de los Santos, productor de televisión y editor de la revista La Voz de la Verdad, quien fuera victimado el último 2 de agosto en República Dominicana.
Según informaciones recibidas por la FEPALC, Silvestre fue asesinado tras mantener una intensa campaña de denuncia periodística en torno a supuestos actos de corrupción que involucraban al fiscal José Polanco Ramírez, quien lo sometió a la justicia bajo la acusación de difamación e injuria. También era un continuo crítico de actos contrarios a la ley de miembros de la Policía Nacional y la Dirección Nacional del Control de Drogas. En el pasado Silvestre de los Santos había sido objeto de amenazas, razón por la cual pidió garantías para su vida, solicitud que no fue atendida con oportunidad.
Para la FEPALC las circunstancias en las que se ha producido el hecho revelan sentadas evidencias para no descartar, como se estila en la región, la hipótesis del ejercicio profesional, como causa de este horrendo crimen.
La FEPALC, además, reitera su preocupación en torno a República Dominicana, país caribeño que viene registrando en los últimos cinco años altas cifras de amenazas y agresiones, que pasan inadvertidas ante la comunidad internacional, bajo el entendido que no son situaciones de mayor gravedad.
En razón a ello el secuestro y posterior asesinato de José Agustín Silvestre nos pone sobre aviso y nos obliga a desplegar nuestros mayores esfuerzos para demandar garantías para el ejercicio profesional en dicho país, de manera particular para quienes denuncian el tráfico ilícito de drogas.
La FEPALC expresa, además, su pleno respaldo a la inmediata reacción de su afiliado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que ha demandado una investigación inmediata del hecho y el sometimiento a la justicia de los asesinos.
Con este asesinato, la cifra de periodistas victimados en América Latina se eleva a 23, lo que convierte al 2011 en el año de mayor violencia contra los trabajadores periodistas.
3 de agosto 2011
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC
FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)
La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 13 países de la región
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC,
Síguenos en twitter: @fepalc
ANP expresa preocupación por prolongada reclusión de Paúl Garay Ramírez
SENTENCIA QUE MANTIENE EN PRISIÓN
A PERIODISTA ESTÁ ALEJADA DE LA REALIDAD
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, al Poder Judicial, al Congreso de la República y a la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de denunciar la desproporcionada e injusta condena impuesta al periodista Paúl Segundo Garay Ramírez.
La Segunda Sala Especializada en lo Penal de Pucallpa ha resuelto sentenciar a 18 meses de pena privativa de la libertad al citado periodista, manteniendo las penas de carácter pecuniario, en razón de haber cuestionado mediante emisión radial la inconducta profesional de Agustín López Cruz, fiscal de la provincia de Coronel Portillo.
Tal sentencia se dicta en el contexto de un serio cuestionamiento procesal formulado con antelación por la defensa del periodista quien planteó recusación contra los magistrados que resolvieron la causa el 27 de julio pasado. Esto porque tales magistrados, con anterioridad al proceso, habían sido objeto de información y crítica periodística por el ahora condenado, por lo que no habrían actuado con imparcialidad dada la animadversión existente hacia la actuación de Garay Ramírez.
Para la ANP resulta preocupante que los magistrados del tribunal de Pucallpa determinen una drástica condena sin considerar lo que se produce en los hechos.
Como antecedente más reciente es preciso anotar el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la República que el 21 de julio, una semana antes de la sentencia, aprobó el proyecto que despenaliza parcialmente el delito de difamación agravada que contiene el artículo 132 del Código Penal, el mismo que ha recibido el apoyo de la ciudadanía, pues existe la convicción que las querellas son mal utilizadas para imponer censura a los periodistas que se atreven a investigar, informar o denunciar la inconducta funcional y actos de corrupción de los funcionarios públicos.
Para la ANP mantener recluido en prisión a un periodista que precisamente se encuentra en los supuestos de despenalización es actuar alejado de la realidad y revela además un mensaje de excesiva drasticidad ajena al derecho a la libertad de expresión que garantizan la Constitución peruana y los tratados internacionales, así como las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuya intervención directa demandamos en forma urgente para la solución del presente caso y se proceda a la inmediata libertad del periodista.
Lima, 3 de agosto del 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Alerta Perú (CORONEL PORTILLO)
PERIODISTA CONTINUARÁ EN PRISIÓN: VOCALES CONFIRMAN SENTENCIA CONDENATORIA
El 27 de julio de 2011, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que preside el vocal Frederic Rivera Berrospi e integran los vocales Betty Martha Matos Sánchez y Federico Guzmán Crespo, confirmó la sentencia que condenó a prisión efectiva al periodista Paúl Segundo Garay Ramírez, por el presunto delito de difamación.
En el fallo se le impone una pena de 18 meses de prisión y se le obliga al pago de 20 mil nuevos soles (aproximadamente 7 mil 300 dólares americanos) por concepto de reparación civil en favor de Agustín López Cruz, Fiscal Provincial en lo Penal de Coronel Portillo, quien lo querelló. El periodista, además, deberá cancelar una multa de 200 días a razón del 35 por ciento de su ingreso diario que equivale al pago total de 3 mil nuevos soles (aproximadamente 1,100 dólares americanos) en favor del Estado.
Los vocales Rivera Berrospi y Matos Sánchez, responsables de la sentencia, habían sido cuestionados públicamente por el periodista por presuntos vínculos con personas involucradas en hechos de corrupción, razones fundadas para dudar de su imparcialidad. Por ello, antes de la sentencia, Garay Ramírez les recusó. Pese a ello, resolvieron confirmar la sentencia que emitió Jesús Alcibíades Morote Mescua, juez del Segundo Juzgado Penal, quien sentenció al periodista a tres años de prisión efectiva.
En primera instancia el juez Morote Mescua admitió a trámite la querella y condenó al periodista, crítico de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, pese a que debió inhibirse, por existir motivos suficientes de duda sobre su imparcialidad al estar el querellante adjudicado como fiscal en su juzgado.
Tanto el juez como el colegiado, sustentan su falló únicamente en un audio de 52 segundos, presentado por el querellante y no probado como auténtico, pues no hay certeza de que sea la voz del periodista ni que el contenido de la grabación no fuera editada.
Respecto al pago de la reparación civil, los vocales justifican el monto en razón de que López Cruz tiene la calidad de Fiscal Provincial en lo Penal, quien –según se expresa en la sentencia- "transmite y protege principios de honradez y de comportamiento moral, porque justamente son componentes esenciales de todo magistrado". Por tanto, el supuesto agravio en su contra impactó sobre su imagen muy reconocida que el periodista, supuestamente, deterioró generando en él "inquietud, desasosiego y perturbaciones. Como tal es justo que sean compensadas con una cantidad de dinero suficiente que le devuelva el bienestar perdido".
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
 Santo Domingo, República Dominicana.- La sede del Comando Regional Este de la Policía, con asiento en San Pedro de Macorís investiga a por lo menos siete personas con relación al secuestro y posterior asesinato del periodista José Silvestre, de La Romana.
Por ese hecho se encuentran reunidos en esa demarcación el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez; el procurador general Radhamés Jiménez, y dos procuradores adjuntos.
Según una información publicada en el periódico El Caribe y firmada por su corresponsal Miguel Natera, el coronel Luis Fernando Sánchez Mejía, director adjunto de Investigaciones Criminales del Comando Regional Este, informó que los apresados fueron testigos oculares del secuestro y que se encontraban en los alrededores de donde se produjo la acción.
"Tenemos siete personas detenidas para investigarlas y recabar informaciones sobre los individuos que lo secuestraron, pero hasta ahora no tenemos más nada y en cuanto al vehículo, hay dos versiones que concuerdan que fue en una jeepeta, aunque unos dicen que era blanca y otros que era crema" dijo el oficial, quien se trasladó desde La Romana al lugar donde apareció el cadáver del comunicador.
Expresó que agentes de la Policía Científica se presentaron al lugar del rapto, pero no encontraron pistas ni casquillos de armas.
En tanto que el jefe de la Policía anunció que asumirá en persona las indagatorias que desde ya se están llevando a cabo.
Polanco Gómez visitó el Instituto de Ciencias Forenses en San Pedro de Macorís y luego se trasladó a La Romana, donde apareció asesinado el comunicador. El oficial manifestó que un crimen de esa magnitud no puede quedar impune porque en República Dominicana no puede haber mordazas contra la prensa.
Dijo, además, que no escatimarán esfuerzos a fin de dar con el o los responsables del crimen. Indicó también que tanto el Ministerio Público como la Policía tienen una responsabilidad con la sociedad.
El periodista José Silvestre fue encontrado muerto la mañana de este martes con dos disparos, uno en abdomen y otro en el cuello, próximo a un estanque de agua ubicado en la comunidad El Peñón en la carretera La Romana-San Pedro de Macorís.
Según informes, cuatro individuos que se transportaban en una jeepeta lo secuestraron, en La Romana, cuando éste se encontraba parado esperando un vehículo frente a un hotel, en la calle Gastón Fernando Deline próximo al lugar conocido como "El Bora-Bora".
Su cadáver fue levantado y depositado esta mañana en la morgue del hospital Regional doctor Antonio Musa de esta ciudad donde opera el Instituto Regional de Ciencias Forenses.
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