La Fiscalía General de Chiapas detuvo el pasado 20 de abril a Ignacio Flores Montiel y a Wallas Hernández Santos por su probable participación en el homicidio del periodista Roberto Antonio Mancilla Herrera, perpetrado el 1 de febrero de 1993 frente al parque de la colonia 24 de Junio de esta capital.
Flores Montiel fue coordinador de las policías en el gobierno de José Patrocinio González Garrido, y está acusado de ser el autor intelectual de los homicidios en serie de homosexuales, en 1993.
Derivado de las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Homicidios, Privación Ilegal de la Libertad y Conexos cometidos contra periodistas, se detuvo en la ciudad de México a Flores Montiel y en Tonalá, Chiapas, a Hernández Santos, ayudante del presunto autor material, Salvador Verde Gracián, actualmente recluido en el penal El Amate por otros crímenes.
El fiscal Mariano Herrán Salvatti declaró esclarecido el asesinato de Mancilla Herrera, quien fue columnista de los diarios locales Cuarto Poder y Es!, director del Foro Cultural de la Universidad Autónoma de Chiapas (Uach) y jefe de prensa de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, en uno de cuyos vehículos fue localizado muerto el 2 de febrero de 1993.
ENCUENTRAN CADÁVER DE REPORTERO SECUESTRADO
En declaraciones a los medios de comunicación, Érick Martínez dijo que las autoridades de Chihuahua le confirmaron que el cuerpo de un hombre hallado en Casas Grandes, envuelto en una cobija y en avanzado estado de descomposición, corresponde al de su hermano.
Érick Matínez, director del periódico Interdiario, añadió que fue posible la identificación de Saúl Noé debido a un tatuaje que llevaba en el brazo y su dentadura.
La Procuraduría General de Justicia de Sonora informó que el cuerpo fue localizado en el fondo de un barranco a seis kilómetros de la línea divisoria entre esta entidad y Chihuahua, en la carretera a Janos.
Personal de Servicios Periciales señaló que presentaba golpes y no se encontraron lesiones producidas por arma de fuego.
Saúl Noé Martínez, reportero de Interdiario, fue "secuestrado" por un comando el 16 de abril, cuando intentó refugiarse en las instalaciones de la Policía Municipal. Cuando era perseguido, Saúl Noé conducía una camioneta Suburban, pero el grupo que se lo llevó le dio alcance a un par de metros de la comandancia, donde lo subieron a otro vehículo.
Érick Martínez indicó que hay elementos que hacen suponer que su hermano había recibido una información relacionada con el rapto de un sujeto, perpetrado en Agua Prieta días antes de que lo plagiaran.
Sugirió que ése podría ser el móvil del secuestro y aparente asesinato de su familiar.
DF, OAXACA, TAMAULIPAS Y CHIAPAS ENCABEZAN AMENAZAS A PERIODISTAS
Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especializado para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, afirma que el Distrito Federal, Oaxaca, Tamaulipas y Chiapas son las entidades donde se registra el mayor número de amenazas en contra del gremio periodístico, y en esos casos no importa la filiación político-partidista.
Advierte también que el narcotráfico es la principal amenaza para representantes de los medios de comunicación y por ello se busca proteger la actividad de éstos, principalmente aquellos que ya han recibido advertencia por parte del crimen organizado.
En su primera entrevista como funcionario de la Procuraduría General de la República, refiere que desde la creación de esta instancia se han presentado 146 denuncias, de las cuales 84 ya fueron resueltas y 62 quedan aún pendientes.
Indica además que generalmente las amenazas a los periodistas se hacen por teléfono y últimamente por internet, lo que dificulta saber de dónde proviene la llamada o el mensaje.
PROPONEN TIPIFICAR COMO DELITO GRAVE AGRESIÓN CONTRA PERIODISTAS
Las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, UDC, PVEM y PT del Congreso del Estado presentaron una iniciativa de decreto para reformar el Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado con el fin de establecer el perioricidio (homicidio contra periodistas) como delito grave.
Además, con la modificación a los códigos penales se estipulará por primera vez en México dicho delito como grave contra los comunicadores.
Lo anterior forma parte de la iniciativa que presentó el 23 de abril el diputado del PAN, José Ignacio Máynez Varela, en la sesión de pleno del Congreso del Estado.
El panista expuso que de manera por demás lamentable, México, después de Irak es el segundo país más peligroso para la actividad del periodista, según la asociación Reporteros sin Fronteras, con sede en París. De ahí que señaló: "En Coahuila se comienza a vivir una vulneración grave de los derechos de las personas ante la desaparición de algunos periodistas, lo que obliga a legislar de manera especial para reconocer una protección prevalente en estos casos".
El asesinato, apuntó, el secuestro, presiones, intimidación, prisión injusta a los periodistas, la destrucción de material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo e impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.
Asimismo, demandó que estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad, y para ello se propone una serie de medidas legislativas para asegurar la libre prensa.
La propuesta implica tres puntos principales, en primer lugar busca establecer por primera vez en el país el delito de perioricidio, consistente en sancionar hasta con 30 años e incluso hasta más de 60 cuando concursen otros delitos, a aquel que mate a un periodista con motivo del ejercicio de su actitud periodística.
En segundo lugar quiere establecer el perioricidio como delito grave para evitar que los probables responsables tengan derecho a la libertad bajo caución u otros beneficios. Y por último establecer el derecho de los dependientes (esposa e hijos) del periodista muerto a recibir del Estado una pensión vitalicia a favor de la cónyuge y provisional para sus descendientes hasta que cumplan su mayoría de edad, o bien, hasta que termine sus estudios profesionales.
PERIODISTAS PEDIRÁN JUICIO POLÍTICO DE FISCAL GENERAL
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) solicitará el juicio político del Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla, por la inacción la inacción y la complicidad de jueces y magistrados judiciales en innumerables casos del fuero laboral o civil que atentan contra los intereses de los trabajadores
La solicitud se da en conmemoración del Día del Periodista que se recuerda cada 26 de abril, los comunicadores organizan un acto para mañana desde las 09:00 horas, en el monolito de homenaje a Santiago Leguizamón, ubicado enfrente al Canal 9. De ahí, los trabajadores de la prensa marcharán hasta el Palacio de Justicia para denunciar la inacción y la complicidad de jueces y magistrados judiciales en innumerables casos del fuero laboral o civil que atentan contra los intereses de los trabajadores.
El 26 de abril se cumplirán 436 días de la desaparición del periodista Enrique Galeano y la Fiscalía General del Estado no ha avanzado un milímetro en las investigaciones para dar con el paradero del compañero.
Atentados, secuestros y tortura de periodistas, agresiones verbales y físicas, amenazas y distintos tipos y niveles de hostigamientos y presiones, comerciales o estatales, demandas y extorsiones, cercan el trabajo periodístico en los diferentes medios, ya sean convencionales, comunitarios o populares.
En ese contexto, denuncian que el gremio es también golpeado por la flexibilización laboral que vuelve precarias las condiciones de trabajo y obliga, so pena de no conseguir empleo, a firmar los contratos que violan las leyes laborales y conculcan los derechos, presiona sobre las y los compañeros y amenaza la propia existencia de la organización sindical.
PERU
AMENAZAN A PERIODISTAS
Los periodistas Melvin Huamán Caparachin y Joel Pantoja López, quienes conducen el programa periodístico "Actualidad y Vocero de Pichanaki" en radio Montaña, en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, denunciaron que fueron amenazados de muerte a través de llamadas anónimas.
"Se van a morir, ustedes deben desaparecer, así nos dicen cuando llaman al teléfono de la radio", reveló Huamán en comunicación con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Al respecto, la Secretaria General de la Región VIII de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) Mary Espinoza Santiago, condenó la peligrosa actitud confrontacional del alcalde del distrito de Pichanaki al enviar un documento al jefe del Batallón Contra Subversivo del Ejército Peruano N° 312, dirigido al teniente coronel Wilian Córdova Román. En éste solicita apoyo para desarticular a un grupo de ciudadanos señalándolos de agitadores, entre los que se encuentran comprendidos Huaman Caparachin y Pantoja López.
AGREDEN A PERIODISTA
El periodista Hernán Farfán Cruzado, director de la emisora Inti radio y Tv. Solar, en la ciudad de Abancay, denunció que fue agredido el pasado 21 de abril.
Farfán aseguró que los la agresión tiene relación con las denuncias que venía haciendo a través de la radio. "Venía denunciando la labor del Sr. Hugo Catalán Loayza y criticando la gestión como representante del IPD en Abancay. Se venía cuestionando el alquiler que ha hecho de ambientes del IPD al Comité de Taxis Interprovinciales.
Hernán Farfán denunció el hecho en la comisaría de Abancay, de donde lo enviaron a que pase el examen del médico legista. El resultado inicial da como resultado rotura incompleta del tabique nasal.
VENEZUELA
FIP EMITE NUEVA ADVERTENCIA SOBRE AMENAZA DE CIERRE DE MEDIO
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) dijo que la decisión del presidente Hugo Chávez de cerrar una estación televisiva, crítica a su gobierno y a sus recientes comentarios cuestionando el futuro de la libertad sindical, señala un desarrollo preocupante para el pluralismo en los medios y para los derechos sindicales en Venezuela.
"Para que haya verdadera libertad de medios en Venezuela, debe haber una pluralidad de voces, tanto en las ondas aéreas, como en las salas de prensa", afirmó el secretario general de la FIP, Aidan White.
"Cerrar un estación sin el debido proceso, y amenazar con restringir la libertad sindical podría conducir a más ataques a los derechos fundamentales", agregó.
El domingo, Chávez afirmó de nuevo que no renovará la licencia a la planta de televisión privada Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo cuando vence su actual licencia. Esta decisión significará pérdida de empleos para cerca de 2 mil trabajadores directa o indirectamente afectados y el silenciamiento de una de las más antiguas emisoras de Venezuela.
Al mismo tiempo, Chávez ha estado llamando a cuestionar el futuro de los sindicatos libres. La FIP está apoyando las protestas de su afiliado venezolano, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), contra el cierre de RCTV y las amenazas contra los sindicatos independientes.
La FIP sostiene que las amenazas a las libertades fundamentales pueden socavar el apoyo a la redistribución de la economía y a las ambiciones del gobierno de Chávez de terminar con la pobreza y las privaciones sociales.
NOTA BOLETÍN
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) dijo que la decisión del presidente Hugo Chávez de cerrar una estación televisiva, crítica a su gobierno y a sus recientes comentarios cuestionando el futuro de la libertad sindical, señala un desarrollo preocupante para el pluralismo en los medios y para los derechos sindicales en Venezuela.
CPJ DENUNCIA RAZONES "POLÍTICA"' PARA CIERRE DE EMISORA
La organización CPJ señaló en un comunicado que, después de tres meses de investigaciones, considera que la no renovación de la concesión a la señal de RCTV, que implicará el cierre del canal, representa un precedente alarmante, y genera dudas al Comité sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela.
El CPJ indicó además que el caso de la televisora venezolana, que es abierta opositora al Gobierno, se da en medio de un proceso en el que la administración de Chávez se está moviendo agresivamente para expandir los medios del Estado y amplificar su voz.
Las autoridades venezolanas han anunciado que la concesión de RCTV vencerá a la medianoche del 27 de mayo, y que a partir de esa fecha utilizará la señal para un canal de servicio público.
"En los meses antes y después del anuncio, el Gobierno no realizó ninguna audiencia, no siguió ningún proceso perceptible de aplicación, ni dio ninguna oportunidad de respuesta a RCTV ante las afirmaciones hechas por altos funcionarios", señalaron los representantes de CPJ, Carlos Lauría y Sauro González.
Por su parte, el presidente de RCTV, Marcel Granier, consideró que la medida gubernamental representa un atropello a la libertad de expresión porque implicará el cierre del canal donde laboran unas 3 mil personas.
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; Web: www.felatracs.org
o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493