"RED MUNDIAL DE PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION"
Nuestro Código Penal tipificó el delito de desacato como la amenaza, injuria u ofensa a la dignidad o decoro de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de ejercerlas, señalando como agravante el hecho que el ofendido sea Presidente de algún Poder del Estado.
En la práctica el desacato se convirtió en una espada de Damócles para quien ejerciendo el derecho de opinar, de expresarse y de criticar la actuación de los funcionarios públicos, eran posibles de las iras de estos últimos. Nada más fácil para el funcionario criticado que recurrir a la intimidación mediante denuncia por desacato contra quien se atreviera a cuestionarlo. Los periodistas han sido quienes con más frecuencia han sufrido la intimidación del desacatado por sus investigaciones, informaciones y fiscalizaciones a quienes deben estar al servicio de la Nación. En muchos países el delito de desacato fue derogado, fue excluido de sus ordenamientos penales, al estimarse contrario a los derechos humanos de libre opinión y de expresión.
En el Perú, el desacato era nítidamente confrontacional a la libertad de pensamiento por cualquier medio de difusión, que garantizó la Constitución del Estado. Más aún, diversos tratados internacionales de los que nuestro país es signatario eran violentados con la presencia del desacato como delito en el Código punitivo. Por ejemplo: era atentatorio contra la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13). El Estado peruano suscribió la "Declaración de Chapultepec" que contiene los principios esenciales para respaldar y garantizar la libertad de prensa. Su cuarto principio proscribe la intimidación como coacción de la libertad de expresión y prensa, y su décimo principio establece que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
Por otro lado, la sola existencia del desacato rompía el principio de igualdad ante la ley, dándole al funcionario público una protección excesiva respecto del resto de personas, quienes fueren injuriados o difamados podían interponer las correspondientes querellas. El funcionario tenía un mayor escudo, que era la posibilidad de denunciar por desacato, oscuro método que han tenido las dictaduras y los autócratas para amenazar el periodismo.
En su informes anuales de 1994, 1998 y 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a la OEA que los Estados Miembros en cuyos ordenamientos jurídicos existan leyes de desacato, las deroguen. Señalaron que el desacato más que cumplir función de protección a la libertad y debilitaba el sistema democrático. Incluso diluía el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.
La misma Comisión en su informe del año 2000 invoca al Perú a emprender las gestiones para armonizar su legislación doméstica con el Artículo 13 de la Convención Americana, y por ello se proceda a derogar el desacato. También la Defensoría del Pueblo en su informe "Situación de la Libertad de Expresión en el Perú" se pronuncia y recomienda la derogatoria del Art. 374 del Código Penal que tipificó el desacato, y posteriormente fue más allá, pues planteó acción de inconstitucionalidad de dicho artículo ante el Tribunal Constitucional. El Congreso de la República, en acto que lo enaltece, ha derogado el desacato y el Poder Ejecutivo ha promulgado su derogatoria por Ley 27975 recientemente publicada, lo que significa una clara renuncia a su aplicación, lo que también debe destacarse.
El desacato quedó fuera de nuestro Código Penal, no existe más en el Perú, y ello fortalece el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión y opinión, así como el derecho de informar de la prensa que es con sulibre actuar baluarte de la democracia.
El DESACATO por eso QEPD.
Antero Flores Aráoz
Congresista de la República
