"RED MUNDIAL DE PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION"
Libertad de Expresión
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA denunció el uso ilegítimo del poder público para coartar o silenciar a la prensa, la impunidad de crímenes contra periodistas y el deterioro general de la libertad de prensa.
Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre la libertad de expresión en el continente en el último trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre, presentado por el relator para la Libertad de Expresión.
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Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre la libertad de expresión en el continente en el último trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre, presentado por el relator para la Libertad de Expresión, Ignacio Alvarez.
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La Relatoría ha constatado también una "creciente intolerancia contra la crítica por parte de varios gobiernos de la región", dijo Alvarez sin precisar cuáles.
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Indicó que algunos poderes públicos recurren a "métodos más sutiles para coaccionar a la prensa" o para silenciarla, lo que marca una tendencia preocupante en algunos países.
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El uso ilegítimo de poder puede ejercerse a través de la aplicación de medidas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, discriminación en el acceso a fuentes oficiales o despidos como resultado de presión gubernamental.
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La Relatoría no ve que haya una política sistemática de los Estados destinada a dañar directamente a los periodistas "pero sí vemos una situación de impunidad" y, en ese caso, "el Estado puede llegar a ser responsable por no hacer una investigación efectiva de los hechos", aclaró.
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Añadió que en algunos países se han aprobado algunas leyes que no contribuyen a la libertad de expresión porque pueden, en muchos casos, llevar a la autocensura.
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Alvarez no quiso hacer comparaciones sobre las naciones con mejor o peor desarrollo en esta materia, aunque precisó que en el último trimestre se produjeron avances en Perú, Costa Rica, México, Brasil o Chile.
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Sobre violaciones directas de la libertad de expresión, el relator explicó que en estos tres últimos meses se registró un aumento de la violencia física contra periodistas, ya que "al menos siete homicidios y una desaparición relacionados aparentemente con el ejercicio del periodismo".
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A eso hay que añadir la lentitud en las investigaciones policiales y en los procesos judiciales sobre crímenes contra periodistas registrados en los últimos años, lo que conduce, en general, a que esos crímenes "queden en la impunidad", añadió.
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El informe destaca además las "docenas de episodios de agresiones físicas contra periodistas, varios atentados contra medios de comunicación, varios secuestros y docenas de amenazas en prácticamente toda América Latina, así como varios actos de censura previa".
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Alvarez alertó que aún hay muchos periodistas envueltos en procesos penales por delitos como el desacato, la difamación o la injuria, y medios de comunicación sometidos a procesos administrativos.
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La Relatoría destacó avances como la confirmación de la condena a dos personas por el asesinato de un periodista en Perú y el archivo definitivo en ese mismo país andino del proceso penal contra una periodista procesada por difamación.
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También cita la reforma del código penal en Panamá para despenalizar los delitos contra el honor cuando los afectados sean funcionarios públicos, o la aprobación de una normativa sobre secreto profesional en el estado mexicano de Querétaro.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, que fue creada en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
