RSF Amériques/RSF Americas ameriques@rsf.org
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Español
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
9 de septiembre de 2010
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El 6 de septiembre de 2010, se emitió una orden de arresto contra el ex periodista de la cadena Telesur y productor independiente William Parra, por estar supuestamente vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La justicia lo busca por "rebelión", "concierto para delinquir" y "financiación de actividades terroristas". El nombre de William Parra saldría en varios correos encontrados en el ordenador de Raúl Reyes, ex número dos de las FARC, abatido por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.
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Sandra Gamboa, abogada de William Parra, nos ha indicado que en el procedimiento judicial iniciado en contra de su cliente existían múltiples irregularidades que violaban en particular el derecho a la defensa.
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Considerando los elementos de los que disponemos, y teniendo en cuenta los acontecimientos que siempre han opuesto al gobierno colombiano y Telesur así como su entorno, tenemos derecho a poner en tela de juicio una reactivación tan tardía del caso. De momento, William Parra debe beneficiar de todas las garantías jurídicas previstas por la ley y el derecho internacional.
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Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
9 de septiembre de 2010
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El 6 de septiembre de 2010, se emitió una orden de arresto contra el ex periodista de la cadena Telesur y productor independiente William Parra, por estar supuestamente vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La justicia lo busca por "rebelión", "concierto para delinquir" y "financiación de actividades terroristas". El nombre de William Parra saldría en varios correos encontrados en el ordenador de Raúl Reyes, ex número dos de las FARC, abatido por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano en marzo de 2008.
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Sandra Gamboa, abogada de William Parra, nos ha indicado que en el procedimiento judicial iniciado en contra de su cliente existían múltiples irregularidades que violaban en particular el derecho a la defensa.
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Considerando los elementos de los que disponemos, y teniendo en cuenta los acontecimientos que siempre han opuesto al gobierno colombiano y Telesur así como su entorno, tenemos derecho a poner en tela de juicio una reactivación tan tardía del caso. De momento, William Parra debe beneficiar de todas las garantías jurídicas previstas por la ley y el derecho internacional.
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"El procedimiento empezó por el régimen de la ley 600 de 2000, que establece que el procesado tiene derecho a conocer todas las pruebas inmediatamente tenga conocimiento de la existencia de un caso en su contra porque eso orienta las diligencias de versión libre, la indagatoria entre otras, al tiempo que constituyen pasos que se establecen antes de la indagatoria y la acusación. A la fecha no nos han dejado ver las evidencias. Esa ley establece máximo 18 meses para que el fiscal tome una decisión: acusa o archiva, no puede dar una opción diferente y sin embargo el Fiscal lo hizo pasando el caso al procedimiento de la ley 906 de 2004 donde no está obligado en principio a dejar ver las pruebas sino hasta la acusación y puede dejar en la cárcel al procesado durante todo el proceso. La acción del Fiscal es algo así como estar jugando cartas y cuando va perdiendo, decide cambiar a dominó", explicó la abogada.
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"No se puede pasar de un proceso a otro porque la investigación debe basarse en la fecha en que los hechos de investigación ocurrieron. Hay que revocar la orden de captura al juez de garantías y establecer una tutela señalando la irregularidad del traslado del sistema", explica un jurista especialista en el tema.
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Según Sandra Gamboa, esta orden de arresto internacional violaría también las reglas de derecho internacional. William Parra, exiliado en Venezuela, obtuvo allí el estatuto de refugiado en marzo de 2010. Por lo tanto y a priori, el periodista no se puede entregar a las autoridades colombianas y estas no pueden pedir su extradición. Reporteros sin Fronteras espera realmente que se respete el estatuto de refugiado del periodista.
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La organización Colectivo de Abogados, de la que es miembro Sandra Gamboa, señaló que fue una sorpresa la orden dictada el pasado 8 de septiembre, pues nunca fueron notificados al respecto.
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En declaraciones a Telesur, el comunicador colombiano Jorge Enrique Botero señaló sobre el tema de Parra que, "es una de las múltiples provocaciones que realiza el Gobierno colombiano contra cualquier expresión de independencia y contra cualquier voz que se aparte de la verdad oficial" a Parra "le están pasando una factura por su actitud decidida en el ejercicio del periodismo, porque ha sido un hombre que ha tenido la inquietud, la curiosidad y la osadía de pasar ciertas líneas e ir a cubrir en vivo y en directo, como corresponde a los periodistas de verdad, la realidad más oculta del conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años".
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William Parra está en el punto de mira de las autoridades colombianas desde el año 2006, cuando empezó a trabajar en Telesur, que dejó dos años más tarde. Después de convertirse en productor independiente, realizó tres documentales para la cadena. En 2007, el director de la policía nacional colombiana, el general Oscar Naranjo, lo acusó de "manipulación y complicidad con las FARC" en el secuestro, el 4 de junio de 2007, del capitán Guillermo Javier Solórzano. El periodista había entrevistado al rehén. Otro corresponsal colombiano de Telesur, Freddy Muñoz, fue amenazado y detenido en 2006 por unos paramilitares por pertenecer presuntamente a las FARC, tras la difusión de una fotografía trucada (http://es.rsf.org/colombia-las-autoridades-implican-a-un-27-11-2007,24531.html).
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Este caso marca una época dura para la prensa colombiana solamente un mes después de la investidura de Juan Manuel Santos. Entre los casos recientes más graves destacan el intento de asesinato del director de la revista El Norte, Marco Tulio Valencia, el pasado 30 de agosto en el departamento de Tolima; las repetidas amenazas contra el corresponsal de Teleantioquia Noticias, Luis Carlos Cervantes; o bien el sabotaje, el 29 de agosto, de la radio comunitaria Puerto Wilches Estéreo, ahora silenciada.
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Reporteros sin Fronteras teme, en un ambiente tan pesado, una nueva campaña de estigmatización contra los periodistas famosos por sus posturas y vigilada de cerca bajo la administración de Álvaro Uribe (http://es.rsf.org/colombie-chuzadas-las-grandes-orejas-de-27-05-2010,37575.html).
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Benoit Hervieu
Despacho Américas / Americas Desk
Reporters sans frontières
47 rue Vivienne
75002 Paris - France
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tél : +33 (0) 1 44 83 84 68
fax : +33 (0)1 45 23 11 51
email : ameriques@rsf.org
skype : rsf_americas
http://www.rsf.org/
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Reporters sans frontières assure la promotion et la défense de la liberté d'informer et d'être informé partout dans le monde. L'organisation, basée à Paris, compte neuf bureaux à l'international (Berlin, Bruxelles, Genève, Madrid, Montréal, New York, Stockholm, Vienne et Washington DC) et plus de 140 correspondants répartis sur les cinq continents.
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Reporters Without Borders promotes and defends the freedom to be informed and to inform others throughout the world. Based in Paris, it has nine international offices (Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Montreal, New York, Stockholm, Vienna and Washington DC) and more than 140 correspondents in all five continents.
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Reporteros sin Fronteras promueve y defiende la libertad de informar y de ser informado en cualquier lugar del mundo. La organización, ubicada en París, cuenta con nueve oficinas a nivel internacional (Berlín, Bruselas, Ginebra, Madrid, Montreal, Nueva York, Estocolmo, Viena y Washington DC) y más de 140 corresponsales en los cinco continentes.
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"No se puede pasar de un proceso a otro porque la investigación debe basarse en la fecha en que los hechos de investigación ocurrieron. Hay que revocar la orden de captura al juez de garantías y establecer una tutela señalando la irregularidad del traslado del sistema", explica un jurista especialista en el tema.
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Según Sandra Gamboa, esta orden de arresto internacional violaría también las reglas de derecho internacional. William Parra, exiliado en Venezuela, obtuvo allí el estatuto de refugiado en marzo de 2010. Por lo tanto y a priori, el periodista no se puede entregar a las autoridades colombianas y estas no pueden pedir su extradición. Reporteros sin Fronteras espera realmente que se respete el estatuto de refugiado del periodista.
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La organización Colectivo de Abogados, de la que es miembro Sandra Gamboa, señaló que fue una sorpresa la orden dictada el pasado 8 de septiembre, pues nunca fueron notificados al respecto.
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En declaraciones a Telesur, el comunicador colombiano Jorge Enrique Botero señaló sobre el tema de Parra que, "es una de las múltiples provocaciones que realiza el Gobierno colombiano contra cualquier expresión de independencia y contra cualquier voz que se aparte de la verdad oficial" a Parra "le están pasando una factura por su actitud decidida en el ejercicio del periodismo, porque ha sido un hombre que ha tenido la inquietud, la curiosidad y la osadía de pasar ciertas líneas e ir a cubrir en vivo y en directo, como corresponde a los periodistas de verdad, la realidad más oculta del conflicto armado que vive Colombia desde hace más de 50 años".
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William Parra está en el punto de mira de las autoridades colombianas desde el año 2006, cuando empezó a trabajar en Telesur, que dejó dos años más tarde. Después de convertirse en productor independiente, realizó tres documentales para la cadena. En 2007, el director de la policía nacional colombiana, el general Oscar Naranjo, lo acusó de "manipulación y complicidad con las FARC" en el secuestro, el 4 de junio de 2007, del capitán Guillermo Javier Solórzano. El periodista había entrevistado al rehén. Otro corresponsal colombiano de Telesur, Freddy Muñoz, fue amenazado y detenido en 2006 por unos paramilitares por pertenecer presuntamente a las FARC, tras la difusión de una fotografía trucada (http://es.rsf.org/colombia-las-autoridades-implican-a-un-27-11-2007,24531.html).
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Este caso marca una época dura para la prensa colombiana solamente un mes después de la investidura de Juan Manuel Santos. Entre los casos recientes más graves destacan el intento de asesinato del director de la revista El Norte, Marco Tulio Valencia, el pasado 30 de agosto en el departamento de Tolima; las repetidas amenazas contra el corresponsal de Teleantioquia Noticias, Luis Carlos Cervantes; o bien el sabotaje, el 29 de agosto, de la radio comunitaria Puerto Wilches Estéreo, ahora silenciada.
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Reporteros sin Fronteras teme, en un ambiente tan pesado, una nueva campaña de estigmatización contra los periodistas famosos por sus posturas y vigilada de cerca bajo la administración de Álvaro Uribe (http://es.rsf.org/colombie-chuzadas-las-grandes-orejas-de-27-05-2010,37575.html).
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75002 Paris - France
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