PES.- Reporteros Sin Fronteras ha señalado la urgencia de despenalizar los delitos de prensa en algunos países del continente americano al conocer la condena impuesta al periodista Rogelio Vicente Peláez Justiniano, director de la publicación mensual Larga Vista, sentenciado el 4 de marzo de 2012 por un tribunal de La Paz a dos años y medio de prisión por "difamación, calumnia y propagación de ofensas".
El artículo 27 de la Ley de Imprenta dispone que estos delitos continúen dependiendo del Código Penal. El acusado tenía la oportunidad de ser juzgado con base en una legislación o en otra, cada una depende de la aplicación de una jurisdicción diferente. Rogelio Peláez eligió la vía penal ordinaria. Planea apelar el juicio.
"Cierto que la condena no es definitiva y por ello puede esperarse que la sentencia sea revisada y que el periodista obtenga una respuesta favorable. El reto concierne, y con mucho, al legislador. Contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por Bolivia, la penalización de los delitos de prensa representa en sí un vector de censura o autocensura para los periodistas que tratan temas de interés público, como en este caso. Una pena de prisión en materia de prensa es a la vez abusiva en su principio y contraproductiva por sus consecuencias: no compensa ni repara en nada la revelación de una información o la expresión de una opinión y, al final, se vuelve contra aquellos que la pronuncian o la aprueban", señala RSF.
En octubre de 2010 el abogado Waldo Molina Gutiérrez inició un juicio contra Rogelio Peláez. En varias ocasiones el abogado fue acusado en las páginas de Larga Vista de un supuesto "enriquecimiento ilícito" por cobrar honorarios profesionales por encima de lo que permite la norma legal. Molina Gutiérrez era abogado defensor de 285 contribuyentes del Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), administrado entonces por el Estado. El abogado habría exigido un monto superior a los 450.000 dólares como pago, una cantidad desproporcionada. No obstante, en noviembre de 2008 las instancias penales le dieron la razón, autorizándole a cobrar la suma. Tras el cobro, el 31 de julio de 2009, Larga Vista comenzó a publicar una serie de artículos que denunciaban este hecho.
Rogelio Peláez, quien fue contactado por RSF, lamenta que la jurisdicción que acaba de condenarlo no haya buscado al mismo tiempo investigar el caso de corrupción denunciado por Larga Vista. Una sentencia como esta es rara en Bolivia, incluso sería la primera en su género según ciertos medios de comunicación nacionales y locales.
El artículo 27 de la Ley de Imprenta dispone que estos delitos continúen dependiendo del Código Penal. El acusado tenía la oportunidad de ser juzgado con base en una legislación o en otra, cada una depende de la aplicación de una jurisdicción diferente. Rogelio Peláez eligió la vía penal ordinaria. Planea apelar el juicio.
"Cierto que la condena no es definitiva y por ello puede esperarse que la sentencia sea revisada y que el periodista obtenga una respuesta favorable. El reto concierne, y con mucho, al legislador. Contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por Bolivia, la penalización de los delitos de prensa representa en sí un vector de censura o autocensura para los periodistas que tratan temas de interés público, como en este caso. Una pena de prisión en materia de prensa es a la vez abusiva en su principio y contraproductiva por sus consecuencias: no compensa ni repara en nada la revelación de una información o la expresión de una opinión y, al final, se vuelve contra aquellos que la pronuncian o la aprueban", señala RSF.
En octubre de 2010 el abogado Waldo Molina Gutiérrez inició un juicio contra Rogelio Peláez. En varias ocasiones el abogado fue acusado en las páginas de Larga Vista de un supuesto "enriquecimiento ilícito" por cobrar honorarios profesionales por encima de lo que permite la norma legal. Molina Gutiérrez era abogado defensor de 285 contribuyentes del Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), administrado entonces por el Estado. El abogado habría exigido un monto superior a los 450.000 dólares como pago, una cantidad desproporcionada. No obstante, en noviembre de 2008 las instancias penales le dieron la razón, autorizándole a cobrar la suma. Tras el cobro, el 31 de julio de 2009, Larga Vista comenzó a publicar una serie de artículos que denunciaban este hecho.
Rogelio Peláez, quien fue contactado por RSF, lamenta que la jurisdicción que acaba de condenarlo no haya buscado al mismo tiempo investigar el caso de corrupción denunciado por Larga Vista. Una sentencia como esta es rara en Bolivia, incluso sería la primera en su género según ciertos medios de comunicación nacionales y locales.
