BOLETÍN DE PRENSA
México, D. F., a 8 de diciembre de 2010
En torno al escándalo sucedido tras la puesta a la luz pública de algunos manejos de la política exterior norteamericana, luego de que el sitio Wikileaks colocara cables obtenidos de los funcionarios de Estados Unidos, la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) considera:
Primero: Que la ciudadanía de los Estados Unidos y de todo el mundo tiene derecho a saber cómo se manejan esos hilos y cómo se usan los recursos que ellos aportan a su gobierno en materia de política internacional.
Segundo: Considera que no puede acallarse un sitio o una persona, porque eso lesiona el preciado derecho humano universal de la libertad de expresión.
Tercero: Que si existe un delito de otro orden, este tiene que perseguirse de acuerdo a derecho, como debe hacerse con cualquier ciudadano común y corriente.
La detención en Gran Bretaña y el proceso judicial que se le sigue en Suecia al fundador de Wikileaks, Julian Assange, encabezada por el gobierno de los Estados Unidos y de otros países involucrados, parece ir en contra de la divulgación de la información y de ser así se estaría cometiendo un atentado a tan preciado derecho humano universal.
En sentido estricto la divulgación de los cables, realizado por el sitio WikiLeaks.org no viola nada porque no vulnera los datos personales de nadie.
En cambio, los datos gubernamentales deben ser públicos por su propia naturaleza.
No dudamos tampoco de la conducta ética de los grandes diarios que se han dado a la tarea de publicar esas revelaciones.
Toda la información de los cables que difunde WikiLeaks ha sido pagada con el dinero contribuido por los ciudadanos estadunidenses, quienes tienen todo el derecho a saber el procedimiento cómo se maneja y realiza la política exterior de su país.
De la misma forma, los ciudadanos de las demás naciones tenemos derecho a saber cómo manejan sus relaciones los cuerpos diplomáticos de los Estados Unidos en nuestros países.
Para la Fundalex, el ocultamiento de la información nos perjudica a todos, a nivel global, lo mismo que su difusión nos beneficia para estar informados de cómo se toman las decisiones en el mundo.
En todo caso, en la divulgación de los cables no encontramos un delito cometido por Julian Assange, sino un descuido del gobierno de los Estados Unidos que dejó salir la información, pues si se tiene que conservar algo en privado, se guarda bajo llave; existen mecanismos para lograrlo.
Si en la forma como se obtuvo la información se violó la ley, tendría que buscarse a los responsables.
Ahora bien, si el señor Assange atentó contra los derechos individuales de otras personas, esto tendrá que ser demostrado, juzgado y castigado. De todos modos, nos causa extrañeza, que espontáneamente aparezcan otros delitos justo al día siguiente de las revelaciones.
En torno al escándalo sucedido tras la puesta a la luz pública de algunos manejos de la política exterior norteamericana, luego de que el sitio Wikileaks colocara cables obtenidos de los funcionarios de Estados Unidos, la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) considera:
Primero: Que la ciudadanía de los Estados Unidos y de todo el mundo tiene derecho a saber cómo se manejan esos hilos y cómo se usan los recursos que ellos aportan a su gobierno en materia de política internacional.
Segundo: Considera que no puede acallarse un sitio o una persona, porque eso lesiona el preciado derecho humano universal de la libertad de expresión.
Tercero: Que si existe un delito de otro orden, este tiene que perseguirse de acuerdo a derecho, como debe hacerse con cualquier ciudadano común y corriente.
La detención en Gran Bretaña y el proceso judicial que se le sigue en Suecia al fundador de Wikileaks, Julian Assange, encabezada por el gobierno de los Estados Unidos y de otros países involucrados, parece ir en contra de la divulgación de la información y de ser así se estaría cometiendo un atentado a tan preciado derecho humano universal.
En sentido estricto la divulgación de los cables, realizado por el sitio WikiLeaks.org no viola nada porque no vulnera los datos personales de nadie.
En cambio, los datos gubernamentales deben ser públicos por su propia naturaleza.
No dudamos tampoco de la conducta ética de los grandes diarios que se han dado a la tarea de publicar esas revelaciones.
Toda la información de los cables que difunde WikiLeaks ha sido pagada con el dinero contribuido por los ciudadanos estadunidenses, quienes tienen todo el derecho a saber el procedimiento cómo se maneja y realiza la política exterior de su país.
De la misma forma, los ciudadanos de las demás naciones tenemos derecho a saber cómo manejan sus relaciones los cuerpos diplomáticos de los Estados Unidos en nuestros países.
Para la Fundalex, el ocultamiento de la información nos perjudica a todos, a nivel global, lo mismo que su difusión nos beneficia para estar informados de cómo se toman las decisiones en el mundo.
En todo caso, en la divulgación de los cables no encontramos un delito cometido por Julian Assange, sino un descuido del gobierno de los Estados Unidos que dejó salir la información, pues si se tiene que conservar algo en privado, se guarda bajo llave; existen mecanismos para lograrlo.
Si en la forma como se obtuvo la información se violó la ley, tendría que buscarse a los responsables.
Ahora bien, si el señor Assange atentó contra los derechos individuales de otras personas, esto tendrá que ser demostrado, juzgado y castigado. De todos modos, nos causa extrañeza, que espontáneamente aparezcan otros delitos justo al día siguiente de las revelaciones.
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CONTACTO: Faride Solano Islas / Asociada 
Difunet (difunet1@prodigy.net.mx)
04455-2948-1011
Renato Consuegra Director
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04455-3578-0345;
5521-4229; 3093-1623
Nextel: 1043-4492
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