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miércoles, diciembre 07, 2011

Alerta Perú (HUAMANGA) - PERIODISTA ES QUERELLADO POR ASESOR DE PRESIDENTE REGIONAL

En la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, la autoridad jurisdiccional del 4to Juzgado Penal, citó para el próximo 13 de diciembre de 2011, al periodista Ascencio Canchari Sulca, articulista del diario La Calle, para que ofrezca declaración instructiva en la querella interpuesta por Magno Sosa Rojas, asesor del gobierno regional de Ayacucho.


El hombre de prensa fue acusado por el asesor del presidente regional Wilfredo Oscorima Nuñez, de haberlo difamado, luego que en una publicación relacionada con la construcción de un hospital, criticó y cuestionó no sólo la gestión de la autoridad política sino, también, la conducta ética en el trabajo de asesoramiento profesional de Sosa Rojas.


El periodista en el artículo objeto de la querella hace alusión al comportamiento profesional del asesor de prensa.


Sosa Rojas argumenta que la publicación le causa inmenso daño personal y empresarial, por lo que solicita se condene al periodista a la máxima pena, exigiendo, además, una indemnización de cien mil soles (aproximadamente 36 mil dólares americanos).

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.


Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.

Fax (51 1) 4278493. Web: www.anp.org.pe / ; E mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com

lunes, diciembre 05, 2011

ANP DEMANDÓ EN LA CORTE SUPREMA DESPENALIZAR DELITOS DE PRENSA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú reiteró este lunes último, ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el clamor de los periodistas y de amplios sectores de la sociedad civil, que plantea la despenalización de los llamados delitos de prensa y que los mismos se ventilen en el fuero civil, tal como recomienda la doctrina jurídica moderna.

El presidente de la ANP, Roberto Mejía Alarcón, explicó que en cada una de las asociaciones provinciales de periodistas del territorio nacional, se ha llegado a la conclusión que las querellas por supuesto delito de prensa, por un lado tratan de amedrentar a quienes revelan corrupciones y otros delitos en la administración pública, y por otra parte se han convertido en maniobras que afectan el libre ejercicio de la profesión y el derecho a la libertad de prensa.

La delegación del gremio decano de la prensa estuvo acompañada del letrado, Dr. Julio Falconí Gonzáles, el mismo que hizo referencia a las limitaciones que existen en la investigación de los recientes asesinatos que han sido victima tres periodistas, por el hecho de informar y denunciar a las malas autoridades.

Falconí Gonzáles subrayó que las causas penales y las investigaciones de dichas muertes sólo llegan a determinar al actor directo, al sicario que cumple la orden de matar, pero no se llega a un nivel superior de responsabilidad, ni a relacionar las denuncias periodísticas con las secuelas de muertes.

En su oportunidad el presidente de la ANP puso de manifiesto que esta campaña por la despenalización iniciada hace diez años por el gremio, lamentablemente no ha sido debidamente escuchada por las autoridades de turno y que esto obliga a tener que redoblar esfuerzos, pues se trata de situaciones graves que se deben atajar en forma inmediata, para evitar lo que viene sucediendo a los periodistas en México, Colombia y Guatemala, donde campea la impunidad.

En representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César San Martín Castro, la comisión se entrevistó con la asesora, letrada Dra. Fanny Uchuya Donayre, quien adelanto que en la Corte Suprema existe un criterio favorable para despenalización.

sábado, diciembre 03, 2011

Periodistas piden fiscal para investigar agresiones a la prensa durante manifestaciones




El Colegio de Periodistas, el Sindicato de Iberoamericana Radio Holdings y profesionales de las comunicaciones, que han sido víctimas de violencia durante las manifestaciones públicas, solicitaron este viernes al fiscal nacional, Sabas Chahuán Sarrás, el nombramiento de un fiscal que investigue de manera especial las agresiones sufridas por periodistas, fotógrafos y camarógrafos en el contexto de las movilizaciones sociales que enfrenta el país.

Expresaron su preocupación por la violencia de que son objeto durante la cobertura periodística de las movilizaciones. Los gremios explicaron que la agresión y detención sufrida por el periodista de Radio ADN, Esteban Sánchez, en la manifestación de rechazo al acto en honor a Miguel Krassnoff, el día 21 de noviembre, es sólo la muestra de una práctica sistemática cada vez que se producen incidentes entre la población y las fuerzas policiales.

En la reunión fue entregado un informe preliminar que registra 30 casos de profesionales golpeados a la fecha, la mayoría arrestados en el ejercicio de su trabajo y con su material periodístico sustraído o destruido por personal policial. Aunque en menor cantidad, también se cuentan casos perpetrados por ciudadanos no uniformados, los que consideramos igualmente graves.

Las situaciones descritas impactan no sólo en la integridad física de los profesionales, sino en un valor fundamental en democracia, el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos chilenos a informarse oportuna, diversa y verazmente tanto de las movilizaciones, actos, protestas, operativos policiales, disturbios o sobre cualquier evento considerado de interés público. Es una limitación a estos derechos fundamentales.

Solicitamos al fiscal nacional considerar los antecedentes y determinar el nombramiento de un fiscal que investigue y sancione a quienes resulten responsables para que estos graves hechos no queden impunes.

Con todo, expresamos que la preocupación se extiende, con aún mayor alarma, a todos los casos de agresión y detención injustificada de manifestantes, muchos de los cuales se encuentran documentados por el Instituto de Derechos Humanos y Asesorías Ciudadanas.


Las denuncias pueden ser enviadas a: agresionprensa@gmail.com

miércoles, noviembre 30, 2011

ANP RECHAZA ACOSO JUDICIAL A DIRECTOR DE RADIO ORIENTE Y DEMANDA GARANTÍAS PARA COBERTURA DE PROTESTAS SOCIALES



La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por el acoso judicial del que viene siendo víctima el periodista Eduardo Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente, en Alto Amazonas, para quien el Fiscal Superior de San Martín ha demandado una pena de 10 años de cárcel por informar sobre una protesta indígena en el año 2009.

La ANP llama a la ciudadanía en general a expresar su rechazo a este proceso en el que se persiste en acusar penalmente al periodista por el supuesto delito de rebelión contra el Estado, delitos contra la seguridad pública, la paz, disturbios, etc., y cuya vista oral ha sido programada para hoy 30 de noviembre.

La causa judicial que será resuelta en segundo instancia, por la Sala Penal Liquidadora de San Martín - Sede Tarapoto, se produce tras la apelación presentada por el Fiscal Provincial de Alto Amazonas quien mostró su disconformidad con el fallo dictado por el Juzgado Penal de dicha provincia que absolvió al periodista, junto a otros acusados de todos los cargos relacionados con la movilización social de diversos sectores de la población en defensa de los derechos de los nativos y de la integridad de sus territorios a mediados de mayo y junio de 2009.

La petición del Ministerio Público, cuyo titular de la fiscalía Superior Penal de San Martín - Tarapoto, Dr. Leo Mendoza, solicita la revocatoria de la absolución del periodista, significa una errónea interpretación de los hechos y la función periodística en situaciones de violencia social.

Para la ANP es erróneo el criterio del Fiscal que considera que la labor informativa del periodista Acate Coronel constituye delitos de rebelión, contra la tranquilidad, la paz pública, y disturbios, cuando en realidad su tarea a cargo del Canal 8 y Radio Oriente se encuadraba dentro de las labores que corresponden a los profesionales de la información.


Resulta absurda la pretensión de considerar que una protesta de las características que ha tenido aquella movilización social de todo un pueblo a favor de los nativos tenga como responsables a personas que ejercen funciones profesionales e informativas sin ningún tipo de vinculación o representatividad con los sectores involucrados.

Para la ANP la petición del Fiscal aludido de anular la sentencia absolutoria y reiniciar el proceso revela la intención de buscar responsables de los errores e indiferencia propios de la administración, que actuaron como detonantes de la protesta social y de la violencia ocurrida. Lo que genera más preocupación, ahora, es que se trata de desviar la responsabilidad en personas que no deciden tales reacciones o medidas de protesta sino que simplemente son testigos de los hechos.

Frente a la amenaza de revivir una verdadera persecución contra un periodista en el ejercicio de su profesión, la ANP demanda a las autoridades del Poder Judicial que se haga justicia y se confirme la sentencia apelada dando por terminada tan injusta e inquietante situación.

Es fundamental, para el gremio, que se garantice el libre ejercicio de la libertad de prensa incluso en situaciones de crisis social, protesta popular o situaciones de violencia interna, pues el periodista se encuentra en dichos lugares únicamente para cumplir con su deber de informar rechazando cualquier tipo de amenaza de censura que se pretenda imponer al respecto.



30 de noviembre del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Alerta Perú (ALTO AMAZONAS) - MINISTERIO PÚBLICO EXIGE SE REVOQUE SENTENCIA QUE ABSOLVIÓ A PERIODISTA

Hoy 30 de noviembre de 2011, la Sala Penal Liquidadora de la Provincia de San Martín, Tarapoto, en vista oral, resolverá si confirma o revoca la sentencia del 21 de diciembre de 2010, que absolvió al periodista Eduardo Geovanni Acate Coronel, de los delitos contra la tranquilidad pública y la paz pública en la figura de disturbios e instigación al delito de rebelión.

El 18 de octubre de 2011, tras haber apelado la sentencia, el fiscal superior, Leonardo Nicolás Leo Mendoza, en su dictamen Nº 244-2011-MP-1ª FSP-SM-T, exigió a la Sala Penal revoque el fallo en contra del periodista y un sacerdote y que sea otro juez quien los juzgue.

El fiscal imputa al periodista ser autor y cómplice de los disturbios ocurridos en el 2009 durante una protesta indígena y refiere que no actuó como periodista sino como "azuzador", por lo que conforme a la acusación inicial se pretendería la pena de cárcel de 10 años.

El 1 marzo 2010, Sandra Alarcón, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, en su dictamen N° 019-MP-FMP-AA-Y, solicitó para el periodista 10 años de pena privativa de la libertad y un pago de 15 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

Acate Coronel, director de Radio Oriente y Canal 8 TV, en la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, fue comprendido en un proceso como "cómplice secundario de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública en la figura de disturbios", al igual que, como "cómplice primario de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la figura de instigación al delito de rebelión", por haber informado sobre una huelga promovida por comunidades nativas, previa a los hechos ocurridos en Bagua el 5 de junio.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.


Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.

martes, noviembre 29, 2011

ANP CUESTIONA PREPOTENCIA DE PRESIDENTE REGIONAL DE ANCASH CONTRA PRENSA FISCALIZADORA



La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su solidaridad con los periodistas de Radio Santo Domingo, de la provincia del Santa, quienes han sido víctimas una vez más de la actitud prepotente, la descalificación y el despropósito del presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar.


Preocupa a la ANP la actitud reiterada de Álvarez Aguilar, quien no pierde tribuna pública para cuestionar el accionar de los periodistas críticos de la región, mellar la credibilidad de quienes osan cuestionar su gestión pública y acosar a la prensa fiscalizadora.


Esta vez el blanco de los ataques de la autoridad regional ha sido Radio Santo Domingo, una radioemisora católica a la que tildó de radio difamadora y a cuyos directores y periodistas descalificó públicamente valiéndose de adjetivos de todo calibre.


Este ataque, y no por mera coincidencia, se produjo luego que el equipo periodístico de la radio informara sobre una decisión judicial que obliga al Gobierno Regional de Ancash a someterse a la fiscalización del Estado Peruano en todas las licitaciones públicas de obras y servicios.


La ANP le recuerda a la colectividad ancashina que este nuevo ataque a un medio de comunicación se suma a otros tantos incidentes protagonizados por Álvarez Aguilar. En razón a ello hace un llamado a estar alertas y vigilantes para impedir que voces y medios de comunicación que informan con independencia, veracidad y responsabilidad social sean silenciados.

La población necesita que subsistan voces plurales ya que sólo así el pueblo estará debidamente informado para participar reflexivamente en la toma de decisiones en la vida pública.


Asimismo, la ANP le recuerda al presidente regional de Ancash, que por la gestión pública que desempeña está en el deber de garantizar plenas condiciones para el ejercicio profesional de los periodistas. El no hacerlo y, por el contrarío, constituirse en una grave amenaza para la prensa independiente no hace más que deslegitimar su rol erigiéndolo como franco enemigo de la libertad de expresión y la democracia.



29 de noviembre de 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP DEMANDA INVESTIGAR ATENTADO MORTAL CONTRA REPORTERO


La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación por el grave atentado contra la vida del que ha sido víctima el reportero Robert Jennier Carrasco Huamán, en la provincia de Jaén, Cajamarca y demanda al Ministerio Público y Ministerio del Interior una severa investigación de los hechos.

Carrasco Huamán, quien labora en el programa Habla el Pueblo, de Radio Lorito, ha revelado a la ANP haber sido atacado la noche del reciente 23 de octubre, en plena vía pública, por dos sujetos no identificados quienes le dispararon al cuerpo impactándole una de las balas en la espalda.

Dicho atentado se produjo después de que el reportero efectuase diversas denuncias periodísticas, entre ellas la muerte de una menor de 13 años ocurrida al interior de una discoteca y la actividad de una fábrica de ladrillo que estaría contaminando el medio ambiente de la zona.
El reportero ha señalado a la ANP haber recibido amenazas de muerte tras la difusión de dichas informaciones.

La ANP lamenta constatar que a la fecha, después de más de un mes de producido el hecho que a todas luces buscaba la eliminación física del reportero, las autoridades no hayan dado cuenta de las investigaciones destinadas a identificar a los autores del atentado y el móvil del mismo.

El ataque que denunciamos reviste particular gravedad, en cuanto su objetivo era imponer la censura más absoluta, silenciar a un profesional de la información, sancionarlo ilícitamente por el ejercicio de sus actividades y el derecho a libertad de expresión.


Por tales razones y en defensa de la vida de los periodistas peruanos, la ANP reitera su demanda al Ministerio Público y al Ministerio Público de investigar en forma exhaustiva y eficiente el atentado contra el reportero Robert Jennier Carrasco Huamán y exige que los autores de dicho acto criminal sean sancionados de forma ejemplar para atajar de ese modo cualquier ataque similar que pudiera producirse en el país.


29 de noviembre del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

jueves, noviembre 24, 2011

REACCIONES A CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON PERIODISTA TEOBALDO MELÉNDEZ FACHÍN

Tras el llamado urgente que hiciera la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) para movilizarnos en torno al caso del periodista Teobaldo Meléndez Fachín condenado a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, en la querella que por difamación agravada le interpusiera el alcalde de Yurimaguas, Juan Daniel Mesía Camus, tenemos a bien compartirles el pronunciamiento público de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.

La Relatoría deja en claro que esta no es la primera vez que expresa preocupación por un caso de esta naturaleza en Perú. Por ello llama la atención a los Poderes del Estado puesto que se ha convertido en un hecho reiterado el querellar por difamación a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos.

Dicha postura, que complementa argumentativamente a lo planteado por la ANP, en su día, nos alienta a seguir trabajando para lograr la absolución del cro. Meléndez Fachín y continuar en la brega por la despenalización de los delitos de prensa en el país.


Fraternalmente,

Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP



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COMUNICADO DE PRENSA
R123/11

RELATORIA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN
POR CONDENA PENAL CONTRA PERIODISTA



La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal por difamación agravada proferida el 7 de noviembre por un juez peruano, en contra del periodista de radio y televisión Teobaldo Meléndez Fachín, a raíz de artículos publicados acerca de presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario público.

De acuerdo con la información recibida, el Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal Unipersonal de Alto Amazonas - Yurimaguas sentenció a Meléndez Fachín a tres años de prisión, en ejecución suspendida, al pago de 30.000 nuevos soles, (US$11.100 aprox) como reparación civil y a 60 días de multa. El caso se originó en una información emitida en febrero pasado en el programa de radio y televisión "La Ribereña Noticias", en el cual el periodista habría cuestionado al alcalde de Alto Amazonas-Yurimaguas, por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. El periodista, actualmente director de noticias de Radio Activa de Yurimaguas, apelará la sentencia.

La Relatoría Especial toma nota de que la condena contra Meléndez Fachín se profiere sin embargo en un contexto favorable para la libertad de expresión en el cual el presidente peruano Ollanta Humala ha declarado públicamente, y de manera reiterada, que respetará este derecho y no acudirá a procesos penales para inhibir el debate sobre asuntos de interés público; a la vez, el Congreso de la República del Perú ha estudiado varias reformas tendientes a derogar los delitos de difamación, al menos para funcionarios públicos, o sustituyendo las penas de prisión por multas o prestación de servicios comunales. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en decisión reciente revocó una condena penal por el delito de injurias contra el periodista Paul Garay.

Esta Oficina ha manifestado reiteradamente su preocupación por la aplicación del delito de difamación a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos. El principio décimo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas". Asimismo, el undécimo principio de la misma Declaración estipula que: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

La Relatoría Especial considera importante poner de presente la doctrina y jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión y convocar a las autoridades competentes a tener en cuenta los estándares interamericanos en esta materia.
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PRESS RELEASE
R123/11

OFFICE OF THE SPECIAL RAPPORTEUR EXPRESSES

CONCERN OVER CRIMINAL CONVICTION AGAINST JOURNALIST



The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expresses its concern over the criminal conviction for aggravated defamation issued by a Peruvian judge against the radio and television reporter Teobaldo Meléndez Fachín on November 7, in response to news stories published by Meléndez Fachín about acts of corruption allegedly committed by a public official.

According to the information received, the Second Miscellaneous Court and Unipersonal Criminal Court of Alto Amazonas Yurimaguas sentenced Meléndez Fachín to 3 years in jail with suspended execution of the sentence, to the payment of 30,000 nuevos soles (approximately US$ 11,100) as civil compensation, and to a fine of 60 days at the stipulated daily rate. The case stemmed from a news story that ran last February on the radio and television program "La Ribereña Noticias", in which the journalist questioned the mayor of Alto Amazonas-Yurimaguas because of supposed irregularities in the use of public funds. The journalist, who is now the news director of Radio Activa de Yurimaguas, is appealing the verdict.

The Office of the Special Rapporteur acknowledges, though, that the conviction of Meléndez Fachín occurs in a context favorable to freedom of expression, where Peruvian President Ollanta Humala has publicly declared several times that he will respect this right and will not resort to criminal proceedings to inhibit debate on issues of public interest. At the same time, the Congress of the Republic of Peru has analyzed various proposals that would eliminate the crime of defamation, at least for public servants, or replace jail sentences with fines or community service. In addition, the Supreme Court of Justice reversed a criminal conviction for slander against the journalist Paul Garay in a recent decision.

This Office has expressed on numerous occasions its concern over the charges of criminal defamation brought against those who have denounced or criticized public officials. The tenth principle of the IACHR Declaration of Principles on Freedom of Expression states: "Privacy laws should not inhibit or restrict investigation and dissemination of information of public interest. The protection of a person's reputation should only be guaranteed through civil sanctions in those cases in which the person offended is a public official, a public person or a private person who has voluntarily become involved in matters of public interest. In addition, in these cases, it must be proven that in disseminating the news, the social communicator had the specific intent to inflict harm, was fully aware that false news was disseminated, or acted with gross negligence in efforts to determine the truth or falsity of such news". Also, the eleventh principle of such Declaration states: "Public officials are subject to greater scrutiny by society. Laws that penalize offensive expressions directed at public officials, generally known as 'desacato laws,' restrict freedom of expression and the right to information."

The Office of the Special Rapporteur considers it important to call to mind Inter-American doctrine and jurisprudence on the subject of freedom of expression and calls upon the competent authorities to take into consideration the relevant Inter-American legal standards.

martes, noviembre 15, 2011

Alerta Perú (ALTO AMAZONAS) - SENTENCIAN A PERIODISTA A MÁXIMA PENA BAJO AMENAZA DE PRISIÓN EFECTIVA

El 7 de noviembre de 2011, en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Gladys Collazos Román, Jueza Supernumeraria del Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal Unipersonal de dicha jurisdicción, condenó al periodista Teobaldo Meléndez Fachín, director del programa "Ribereña Noticias", de radio y televisión La Ribereña, a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, en la querella que por difamación agravada le interpusiera el alcalde de Yurimaguas, Juan Daniel Mesía Camus.


En su fallo la jueza conmina al periodista al pago de 30 mil nuevos soles (11 mil dólares aproximadamente) por concepto de reparación civil "bajo apercibimiento de revocarse la pena suspendida por pena efectiva". Dicho monto se fijó -según argumentó la jueza en la sentencia- por el supuesto daño psicológico, daño a la reputación y a la imagen que habría sufrido la autoridad edil.


Asimismo, Meléndez Fachín, está obligado a cumplir con el pago de setenta días multa, según su nivel de ingresos, en favor del Estado.


El periodista Meléndez Fachín había denunciado a través de su programa radial múltiples actos de corrupción que involucrarían al alcalde Mesía Camus, entre ellos el otorgamiento de manera directa de obras públicas a empresas constructoras que habrían financiado su campaña electoral.


La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), mediante pronunciamiento gremial denunció la inconducta, falta de transparencia e indicios de corrupción de Juan Daniel Mesía Camus y precisó que el periodista Teobaldo Meléndez Fachín sólo se ha limitado, con su información y opinión, a cautelar el buen uso de los bienes y fondos públicos.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.


Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: www.anp.org.pe / ; E mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com

Alerta Perú (UTCUBAMBA) - PERIODISTAS DE RADIO LA VOZ EN JUICIO ACUSADOS DE HURTO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO


Hoy 15 de noviembre de 2011, en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, comparecerá ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Utcubamba, Aurora Flores de Burgos, propietaria de Radio La Voz, quien ha sido denunciada por el presunto delito de hurto del espectro radioeléctrico.


El encargado del juzgamiento será el juez titular, Ernesto Bernabé Orellano.


La autoridad jurisdiccional ha sido propuesta por la Sala Penal de Apelaciones, la misma que declaró infundada la excepción de Improcedencia de Acción que presentó la emisora para impedir este nuevo acoso de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsabilidad del procurador Oswaldo Arroyo Novoa y la fiscal Olga Bobadilla Terán, quien ha solicitado cuatro años de pena privativa contra la propietaria de la emisora.


Desde el 2009, radio La Voz, ha sido objeto de constante acoso de parte de autoridades del MTC. Ha tenido que sufrir una acusación de instigación a la violencia y hasta el cierre de la emisora por 14 meses, luego que informara sobre el enfrentamiento de policías e indígenas el 5 de junio del 2010, en la denominada Curva del Diablo, en Bagua.


"El actual presidente de la república Ollanta Humala, durante su candidatura, abogó por Radio La Voz. El debe saber ahora, que el MTC continúa con el absurdo acoso judicial", denunció el periodista Carlos Flores Borja, Director de Noticias de radio La Voz, quien demandó el cese de esta persecución política.

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lunes, noviembre 14, 2011

Alerta Perú (CORONEL PORTILLO) - AMENAZAN DE MUERTE A PERIODISTA TRAS DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN

El 10 de noviembre de 2011, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, el periodista Nelson Tuanama Cachique, director y conductor del informativo "La Hora de la Verdad", que se transmite a través de Canal 33 Ribereña TV, fue amenazado de muerte por un desconocido que llamó a su teléfono celular.


El sujeto no identificado dijo al comunicador que le hablaba desde un penal de Lima y, tras insultarle, le increpó sobre sus publicaciones. "Estás chocando con nuestra gente, así que cuídate porque en cualquier momento te vamos a matar", amenazó la voz.


El periodista, presumiendo que se trataba de una llamada equivocada manifestó al agresor "te confundiste de número". Sin embargo, éste, en tono amenazante, le indicó que él nunca se equivocaba. El sujeto, antes de comunicarse con el periodista, le marcó ocho veces de forma restringida y, al no encontrar que le respondieran la llamada, dejó un mensaje insultándole.


El hombre de prensa, presume que la amenaza podría estar relacionada o con una denuncia periodística que hiciese en relación al uso irregular de dineros del Estado que comprometerían la conducta funcional y moral del presidente del Gobierno Regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero o con la revelación de un caso de corrupción presuntamente promovido por la hija del alcalde de Coronel Portillo, David Yamashiro Shimabukuru que comprometería la gestión de la autoridad edil.


Ante la amenaza y temiendo por su vida, el periodista ha solicitado garantías personales ante la Gobernación de Pucallpa que despacha el gobernador Hermes Torres Dávila.


Antonio Tembladera Quiñones, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Pucallpa, ha expresado su rechazado ante este hecho que intimida y pretende silenciar la crítica y denuncia del periodista.

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Titulares de informaciones publicadas en Periodistas en español

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Alerta Perú (HUAMANGA) - VICEPRESIDENTE DE GOBIERNO REGIONAL AMENAZA CON INICIAR ACCIONES LEGALES CONTRA DIARIO Y PERIODISTA

El 10 de noviembre de 2011, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, durante una conferencia de prensa, el vicepresidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Efraín Pillaca Esquivel, amenazó con iniciar acciones legales contra el diario La Calle y la periodista Rosario Romaní Díaz.

Durante la conferencia de prensa convocada por la autoridad -según dijo- para aclarar una denuncia publicada en el diario La Calle, el funcionario acusó al medio y a la periodista Romaní Díaz de querer desprestigiarlo.

En la investigación periodística difundida por el matutino se publicaron copia de documentos que revelaron que familiares del funcionario público fueron contratados para laborar en dependencias bajo la jurisdicción del Gobierno Regional.


En la conferencia de prensa, Pillaca Esquivel, pese a que confirmó que sus familiares sí trabajaban en dependencias del Gobierno Regional y que -según dijo- no fueron contratados por él sino por directores sectoriales, amenazó con denunciar penalmente, al diario y a la comunicadora por mellar su prestigio con dicha publicación.

"Esta amenaza es una acción de blindaje de parte de la autoridad, pues presume que al denunciarnos queda libre de responsabilidad. El funcionario público ahora intenta desacreditarnos, amedrentarnos, silenciarnos, por cumplir con nuestro rol fiscalizador de la cosa pública, alertando sobre presuntos actos que lindan con la corrupción. Pero su amenaza nos nos amilana", sostuvo la periodista Romaní Díaz en comunicación con la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP.

Romaní Díaz señaló que a pesar que hoy el vicepresidente argumenta que sus familiares fueron contratados por directores sectoriales -según dice, sin su conocimiento- fue el propio presidente regional quien manifestó en su oportunidad a la prensa que Pillaca Esquivel propuso de manera directa esas contrataciones.
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domingo, noviembre 13, 2011

Titulares de informaciones publicadas en Periodistas en español

BOLETIN APARATO CONTROLADO DE PODER BUSCA ATERRORIZAR A PERIODISTAS

Itsmania Pineda Platero itsmaniap@gmail.com

Cuatro Periodistas Latinoamericanos entre ellos la hondureña Claudia Mendoza, ex coordinadora de Revistazo.com denuncian en Madrid el acoso a la prensa


Madrid -EFE- Cuatro periodistas latinoamericanos denunciaron hoy en Madrid el acoso que sufre la prensa en sus respectivos países, en los que los reporteros tienen que hacer frente a constantes amenazas, secuestros, requerimientos judiciales e incluso asesinatos para ejercer su profesión.
En una mesa redonda organizada en la facultad de Ciencias de la Información por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), el colombiano Herbin Hoyos, la hondureña Claudia Mendoza, el ecuatoriano Luis Vivanco y la mexicana Rosa Isela Pérez, expusieron las situaciones por las que, en algunos casos, han tenido que abandonar su país.

Sólo en lo que va de año, 30 periodistas han sido asesinados en América Latina, según indicó Malén Aznárez, presidenta de RSF-España al comienzo del acto.

Colombia, Honduras, Ecuador y México suman 16 de esos fallecidos en 2011, aunque, puntualizó Aznárez, "no hay que olvidar a los que no han muerto, pero permanecen encarcelados, secuestrados o exiliados por intentar defender la libertad de expresión.

El periodista Herbin Hoyos fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1994, cuando trabajaba en Bogotá en la emisora Radio Caracol.

De su cautiverio surgió el programa "Las voces del secuestro", que no sólo permitió conectar a cientos de personas con sus familiares secuestrados, sino que ofreció a Hoyos la posibilidad de desarticular bandas de grupos terroristas y otras en las que participaban miembros de las Fuerzas de Seguridad colombianas.

"A todos los que estamos aquí nos une un factor común: la corrupción que existe en las instituciones de nuestros países. Colombia es el laboratorio, del narcotráfico, el secuestro y el dinero fácil", dijo.

Para la mexicana Rosa Isela Pérez Torres, que ejerció su profesión en Ciudad Juárez, se hacía "muy difícil vivir y trabajar en una frontera con tantas mafias, corrupción y acuerdos económicos entre los grupos de poder de la zona".

Pérez Torres, exiliada en España desde hace dos años tras haber sido amenazada reiteradamente por denunciar los casos de asesinatos y violaciones de mujeres en su ciudad, explicó que "los propios medios de comunicación guardan relación con esos grupos de poder".

"La información se revisa para que no perjudique a la relación que se tiene con ellos. En ningún momento sentí el respaldo de mis jefes, y cuando me echaron de mi empleo nadie me quiso dar trabajo. Se me hizo un boicot laboral", indicó.

Una investigación sobre un grupo de empresas de seguridad en Honduras fue el detonante de las contantes amenazas y el acoso al que se enfrenta en su trabajo la periodista Claudia Mendoza, quien afirma que desde hace dos años su país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

"Durante el golpe de estado que sacó del poder en 2009 a Manuel Zalaya los medios de comunicación se abstrajeron de forma deliberada de los que estaba pasando. Los medios independientes que intentaron informar sufrieron cierres, persecuciones y se les retiró la publicidad", subrayó.

Mendoza recordó el cobro de un "impuesto de guerra" de las maras y pandillas que operan en Honduras, y se preguntó si "también habrá que pagar uno para la libertad de expresión".

En los último cuatro años Ecuador ha pasado a ser uno de los países más restrictivos en toda la región en cuanto a libertad de prensa se refiere, según indicó Luis Vivanco, jefe de información del diario La Hora, en Quito.

Vivanco explicó el caso del periódico "El Universo", cuyos directivos han sido condenados a pagar 40 millones de dólares de multa y se enfrentan a penas de no menos de tres años de cárcel por la publicación de una columna de opinión sobre el presidente del país, Rafael Correa.

"Los constantes requerimientos judiciales sirven para atemorizar a los periodistas en un país en el que, desde la llegada de Correa al poder 19 medios de comunicación han pasado a manos públicas y en total son 1.025 cadenas nacionales las que emiten 150 horas obligatorias para atacar al resto", afirmó.

martes, noviembre 08, 2011

COMUNICADO: a todos y cada uno de nuestros asociados

Se les comunica que en los planes de formalización de nuestra Gran Red se comenzará a carnetizar, para lo cual se les hará llegar vía correo una ficha de inscripción, la que deberán llenar de acuerdo a los ítems expresados en la misma. El costo de la CREDENCIAL (tipo carnet) será de 10 US dólares americanos mas 3 US dólares americanos por costos de envió. Así mismo para los periodistas de profesión se les otorgara una PLACA METALICA encerrada en resina transparente para evitar su deterioro con la identificación correspondiente para colgarla en el cuello y lucirla en el pecho como periodista miembro de esta Organización la misma que tendrá un valor de 30 US dólares americanos y servirá como identificación permanente y la credencial tipo carnet tendrá la duración de un año a partir de su expedición, con los dineros restantes serán adquiridas las computadoras y otros elementos para el buen desenvolvimiento y formalización de la Organización.

Un cordial abrazo a todos y cada uno de nuestros asociados.

Presidente

Titulares de informaciones publicadas en Periodistas en español

Periodistas-es <abonados@periodistas-es.org>

Periodistas-es: ayúdanos con las estadísticas e incluye Periodistas en Español entre tus página de inicio en:

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Fecha: Titulares del 8 de noviembre de 2011

PRENSA RTV:

Reporteros
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Periodismo en Brasil: muere un reportero en un enfrentamiento entre policías y narcos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:


Medios de comunicación
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Periodismo en México: un grupo armado incendia un diario en Veracruz

domingo, noviembre 06, 2011

ANP CONDENA ATAQUE DE BALA CONTRA CORRESPONSAL DE DIARIO LA REPÚBLICA EN JULIACA



La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condena el ataque de bala del que ha sido víctima el periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal del diario La República, en la provincia de Juliaca y demanda la inmediata intervención de las autoridades para investigar los móviles de la agresión y se identifique y sancione, según ley, a los responsables.

A pesar de que se intuye como móvil inicial del hecho el robo -los delincuentes sustrajeron la cámara fotográfica y teléfono móvil del hombre de prensa-, la ANP, preocupada por el inusitado incremento de la violencia contra los periodista en el país, insta al Ministerio del Interior a no descartar, a priori, ninguna de las posibles hipótesis en la investigación policial, entre ellas la del trabajo periodístico.

Según información recibida por la ANP cuatro sujetos desconocidos encapuchados interceptaron al periodista y su compañera, cuando estos salían de su vivienda la noche de ayer sábado 5 de noviembre. El periodista, quien recibió dos impactos de bala en la pierna izquierda fue trasladado al hospital de la provincia, donde se viene recuperando.

La ANP recuerda a la opinión pública que durante el 2011 han sido asesinados tres periodistas, Julio Castillo Narváez, victimado en la provincia de Virú, el 3 de mayo; Pedro Flores Silva, asesinado en Casma y José Oquendo Reyes, en Chincha, ambos en el mes de setiembre
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6 de noviembre del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

miércoles, noviembre 02, 2011

Difusión de actividades en web ANP

Asociación Nacional de Periodistas del Perú anp@amauta.rcp.net.pe


Con el objetivo de darle mayor difusión a las actividades que realizan en cada una de nuestras asociaciones provinciales, departamentales y regionales, tenemos a bien solicitarles el envío periódico de textos y fotografías con el fin de publicarlas en la web institucional de la ANP (http://www.anp.org.pe/).

Los envíos deben realizarse por esta vía. La web se actualiza semanalmente.

Será, como siempre, muy grato publicar información sobre vuestras actividades, emprendimientos, tareas gremiales, profesionales y otros temas que consideren de interés.

Un fuerte abrazo,

Zuliana Lainez
Secretaria general ANP

viernes, octubre 28, 2011

CORTE SUPREMA ANULÓ SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA PERIODISTA PAUL GARAY RAMÍREZ. RECUPERARÁ SU LIBERTAD EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Estimados/as compañeros/as:

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema acaba de resolver absolviendo -en última y definitiva instancia- al periodista Paul Garay Ramírez (Pucallpa) en la querella interpuesta por el titular de la Segunda Fiscalía de Coronel Portillo (Ucayali), Agustín López Cruz, por el delito de difamación agravada. El periodista saldrá el libertad en las próximas horas.

La libertad del periodista ha sido fruto de la lucha colectiva. Todas las voces, las voluntades y los pasos en la misma dirección. Por ello este se convierte en un día de profunda alegría por lo que representa para Paul, su familia (emocionada y agradecida), para el gremio y para todos aquellos colegas que tienen procesos abiertos por difamación en el país.

El periodista, condenado a 18 meses de prisión efectiva, llevaba ya más de seis meses encarcelado. El proceso en el que se condenó a Garay adolecía de una serie de irregularidades, entre ellas la ausencia de prueba peritada que demostrara que el periodista difamó al fiscal querellante.

En razón a ello la ANP, desde la primera instancia, hizo un llamado abierto a los jueces a ponderar los argumentos de la defensa y a garantizar, en todos sus extremos, la libertad de expresión en el país. Esto porque, en los últimos años, las querellas judiciales se han convertido en peligrosos instrumentos de coacción a los periodistas críticos.

Esta vez es una buena noticia la que nos convoca. Lo celebraos, porque reiteramos, ha sido una lucha de todos.

De manera especial queremos hacer un reconocimiento a la ANP Pucallpa, en la figura de su presidente y a nuestro Secretario General de la ANP Regional IX, Omar Pérez Ruiz, periodistas que nunca desmayaron en la búsqueda incesante de justicia.

Este triunfo judicial no hace más que recargarnos de energía para seguir dando batallas en las causas pendientes.

Fraternalmente,

Zuliana Lainez
Secretaria general
Asociación Nacional de Periodistas del Perú

Alerta Perú (JAÉN) - PERIODISTA DESPEDIDA POR DENUNCIAR HOSTIGAMIENTO SEXUAL ES QUERELLADA

El 13 de octubre de 2011, en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, el Tercer Juzgado Unipersonal Supranacional de Jaén, admitió a trámite la querella interpuesta por Eduar Antonio Tantaleán Saavedra, ex trabajador de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, contra la periodista Gladys Elizabeth Abad Alvarado, por el supuesto delito de difamación por medio de comunicación social.

Tantaleán Saavedra imputa a la periodista de mentir al denunciarlo por hostigamiento sexual y pide que le pagué cien mil nuevos soles (35 mil dólares americanos aproximadamente) por concepto de reparación civil -según dice- por haber causado "desmedro en su imagen de persona honorable y honesta". Además ha solicitado que se considere al diario Ahora, representado por el periodista Pepe Goicochea Tamay, como tercero civilmente responsable, un pedido no acogido por el juez.

La periodista, el 8 de setiembre de 2011 denunció públicamente a Tantaleán Saavedra, asistente directo y trabajador de confianza de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, expresiones verbales e insinuaciones, así como, roses corporales que perturbaban su trabajo de relacionista pública en dicha dependencia del Estado.

Esta denuncia la hizo a través de los medios tras no encontrar apoyo ni amparo de sus superiores. La periodista indicó que presentó queja verbal ante su jefe inmediato superior, el Gerente Subregional de Jaén, Marco Goyzueta Valencia, quien conocido el hecho le propuso trasladarla a otro lugar y a un puesto inferior al que había ganado por concurso público. Abad Alvarado, entonces, solicitó audiencia con el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, ante quien denunció el acoso y la hostilidad laboral, pero él minimizó el hecho y salió en defensa de los agresores. En represalia, Goyzueta Valencia hostilizó a la periodista acusándola de abandono de puesto de trabajo -por haber acudido a entrevistarse con la autoridad regional- y la amenazó con iniciarle un proceso administrativo, además de discriminarla laboralmente en acciones propias de su cargo. Finalmente, fue despedida bajo la excusa que finalizó su contrato de trabajo.

Según el artículo 15 de la Ley 27942 (Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual), toda autoridad que haya conocido con antelación la denuncia de acoso sexual y no haya adoptado las medidas oportunas para investigar y sancionar los hechos será considerado responsable solidario del hecho.


El perjuicio ocasionado a la periodista Gladys Abad Alvarado, a la fecha, es irreparable ya que podría ser condenada ante la imposibilidad de investigación del acto de acoso y hostigamiento sexual que ha caducado por ley, pese a la existencia de pruebas.


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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.


Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.

Fax (51 1) 4278493. Web: www.anp.org.pe / ; E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com

jueves, octubre 27, 2011

Alerta Perú (MOYOBAMBA) - ABSUELVEN A PERIODISTA QUE FUE DENUNCIADO POR VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD


El 12 de octubre de 2011, en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, el juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Moyobamba, Antonio Abel Gastelú Uribe, falló absolviendo al periodista José Encarnación Arévalo Valles del delito contra la administración de justicia, modalidad de violencia y resistencia a la autoridad, en contra del Poder Judicial y Policía Nacional del Perú.


En el 2009, María Aurora Valencia Espinoza, jueza del Juzgado Mixto Permanente de Moyobamba acusó al periodista de impedir que ejerciera sus funciones. El comunicador social filmaba una diligencia de medida cautelar en el local de la discoteca "Papillon". La autoridad le exigió que abandone el lugar y que, además, entregue su equipo. Arévalo Valles, quien se resistió a abandonar su labor de prensa, fue agredido por un grupo de efectivos policiales que le arrebataron su cámara. El periodista increpó la actitud de la magistrada y denunció el hecho por abuso de autoridad ante la Corte Superior de Moyobamba.


En la sentencia absolutoria, en segunda instancia, el juez concluyó que el delito no está acreditado y que la presencia del periodista en el lugar no tuvo el objeto de impedir, obligar o estorbar a la juzgadora y a los once policías ejercer sus funciones, sino que buscó filmar el desarrollo de la diligencia para cumplir con su misión informativa de comunicador social.


El fallo condenatorio de primera instancia fue declarado nulo. La jueza solicitaba 8 años de pena privativa de libertad para el periodista.


El abogado Wagner Caballero Grandes, quien sustentó la defensa del periodista sobre la base del derecho del libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión e información, desbarató las imputaciones de la fiscalía y el pedido de cárcel en contra de su patrocinado, al carecer lo alegado por el fiscal de prueba que justifique la comisión del delito.


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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.


Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.

Fax (51 1) 4278493. Web: www.anp.org.pe / ; E mail:anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com

Corte Suprema decidirá hoy sobre condena que mantiene en prisión a periodista Paul Garay Ramírez (Pucallpa - Perú)

Como bien saben hoy es un día determinante para lograr la libertad del periodista Paul Segundo Garay Ramírez (Pucallpa). En audiencia Pública la Corte Suprema de Justicia dictaminará en torno al recurso de nulidad presentado por la defensa del comunicador social.


El compañero Garay lleva más de seis meses en prisión a consecuencia de una sentencia por delito de difamación que no tiene mayor asidero. Confiamos en que pueda hacerse justicia.


Paul Garay nos ha hecho llegar la comunicación que compartimos líneas abajo, en la que argumenta porqué debería ser absuelto.
Asimismo, compartimos comunicación de la ANP sobre el particular.


Agradeceremos darle seguimiento al proceso y seguir haciendo fuerza, nacional e internacionalmente, para lograr la libertad del colega.


Para la ANP ningún periodista debe purgar prisión en razón a sus opiniones, informaciones ni crítica o denuncia periodística.


Esperamos tenerles buenas noticias al final del día!.


Fraternalmente,

Zuliana Lainez
Secretaria general ANP


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¿POR QUÉ LA SALA SUPREMA DEBE ABSOLVER A PAUL GARAY?


Debe absolverlo por las siguientes 6 razones:

1. Porque el Periodista Paul Garay nunca ha divulgado noticia difamante contra el Fiscal querellante, por medio alguno.


2. Porque no existe ningún testigo que haya escuchado la noticia presuntamente agraviante, que atribuye el Fiscal querellante a Paul Garay.

3. Porque el querellante dice haber escuchado la difamación desde radio "La Exitosa", entre el 16 de noviembre al 15 de diciembre del año 2009. Pero, a esa fecha, Paul Garay no trabajaba en esa emisora. Por tanto, estamos ante un hecho imposible.

4. Porque el Fiscal querellante nunca dijo, ni precisó, ni sabe, cuándo se produjo la noticia presuntamente agraviante.

5. Porque en la grabación, de 52 segundos, que el Fiscal querellante presenta como medio probatorio, no se identifica la voz de Paul Garay. Tanto que EL JUEZ DE LA CAUSA NUNCA IDENTIFICÓ A QUIÉN PERTENECE LA VOZ QUE CONTIENE EL AUDIO DE 52 SEGUNDOS, que es el único medio probatorio presentado por el Fiscal querellante.

6. Porque, cuando el Juez de la causa ordena el peritaje de la voz, a pedido del Fiscal querellante, de manera por demás sospechosa e insólita, el presunto agraviado se desiste de la prueba científica.

Ruego, encarecidamente, la divulgación de esta Nota de Prensa.


Lima, 20 de octubre de 2011


PAUL SEGUNDO GARAY RAMÍREZ
Conductor del programa "POLÉMICA"
Lunes a viernes, de 8.00pm a 9.00pm
VISIÓN 47-EL CANAL CULTURAL
de la ciudad de Pucallpa


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Paul Garay Ramírez: Un caso de injusticia

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), ante la próxima decisión judicial que adoptará la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en el caso del periodista Paul Garay Ramírez, recluido en el Penal Castro Castro, expresa lo siguiente:


1.- La ANP declara su respeto a la independencia del Poder Judicial, las decisiones y funciones que cumplen los jueces conforme corresponde a un Estado democrático y de derecho, pero señala que aquello no significa el silencio o renuncia a formular las críticas o el cuestionamiento de las sentencias que puedan considerarse que vulneran los derechos y libertades de los ciudadanos, o que signifiquen actos de arbitrariedad o ilegalidad contenidas en aquellas.

2.- Lo señalado se vincula con la injusta condena e indebida carcelería que viene cumpliendo el periodista Paul Garay Ramírez al haber sido sentenciado por la Sala Penal de Pucallpa a 18 meses de pérdida efectiva de libertad por delito de difamación, supuestamente en agravio de un Fiscal Provincial y que en sus aspectos centrales ratifica la sentencia impuesta en primera instancia por el Juzgado Penal de Coronel Portillo.

3.- La decisión de la Sala Penal de Pucallpa ha sido adoptada a pesar de que se trataba de un proceso plagado de vicios procesales y con una clamorosa omisión probatoria que perjudicaba la defensa del periodista querellado, pues no se había esclarecido ni el origen, ni la autoría del audio que se ofrece como prueba, - como única prueba - cuya validez fue impugnada oportunamente, y continúa siéndolo hasta la actualidad, pues no se determinó ni el origen, la fecha de su emisión, ni se identifica a Paul Garay como autor del audio, aspectos que fueron conocidos en las instancias inferiores al haberse solicitado por su defensor y denegada por el Juzgado la respectiva pericial técnica destinada a verificar la autenticidad de la voz en un audio inaudible, breve y sesgado el mismo que inclusive no ha sido reconocido por ningún testigo y únicamente por el querellante.

4.- A pesar de las deficiencias señaladas la sentencia dictada por la Sala Penal de Pucallpa ratifica la condena del periodista Garay Ramírez supliendo la ausencia probatoria y de indicios, se concluye que la voz del audio corresponde al querellado, sustituyendo de esta forma el juzgador las actividades probatorias que correspondía ejercer a la parte querellante; esto es, que se reemplaza la indispensable opinión o dictamen de una pericia técnica de voz, mediante argumentos, conjeturas y conclusiones sin un suficiente e idóneo sustento probatorio.

5.- La ANP tiene la convicción de que si se tratase de otro caso con similares omisiones probatorias, hubiera sido materia de oportuno sobreseimiento y archivamiento o de una sentencia absolutoria. Ocurre sin embargo, que el contexto existente ha sido decisivo para arribar a una sentencia condenatoria a todas luces errónea, pues ha sido determinante el que se trate de Paul Garay Ramírez, un periodista en ejercicio, vigilante de la actuación judicial y por tanto incómodo en la zona, y por otra, que el querellante sea un Fiscal Provincial, un funcionario de la administración de justicia. Todas estas circunstancias han determinado obviar criterios y principios mínimos de legalidad, de ponderación y el requisito de un mínimo probatorio para concluir un fallo condenatorio caracterizado por la inusitada drasticidad del fallo, al disponer en ambas instancias el cumplimiento efectivo de la pena, esto es, encerrar tras las rejas a un periodista, en lo que aparece más bien como un acto solidario o espíritu de cuerpo y un acto de represalia y escarmiento que una recta e independiente administración de justicia.

6.- La condena impuesta no sólo resulta injusta y arbitraria y violatoria de la legalidad interna, sino que en dicho fallo se ha vulnerado la normativa internacional y regional americana, cuya aplicación ha originado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, normativa que constituye Derecho aplicable por mandato constitucional, en la que se prohíbe expresamente a los Estados, y con ello a los tribunales de justicia, aplicar penas privativas de la libertad por el ejercicio de la libertad de expresión, en términos generales y no en forma exclusiva a los periodistas y al ejercicio de la libertad de prensa. Tal criterio o estándar internacional adoptado no significa impunidad, desatención y olvido del abuso o exceso cometido, sino que la vía adecuada, eficaz y acorde con los derechos humanos en un conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión corresponde a resarcir el daño moral que corresponde determinar a la vía civil.


7.- La omisión observada hasta la actualidad de aplicar la normativa internacional e interpretarla conforme a la jurisprudencia vinculantes para el Poder Judicial al momento de resolver tales casos por el Juzgado Penal de Coronel Portillo Juzgado Penal de Coronel Portillo y la Sala Penal de Pucallpa y mantener en la cárcel al periodista Paul Garay Ramírez, ha sido objeto de diversos comunicados de la ANP y de organizaciones internacionales en los cuales, precisamente, se indica que se incumplen obligaciones internacionales, las que de persistir en esta última instancia de la Corte Suprema significaría exponer al Estado peruano a un serio cuestionamiento del sentido democrático y de las garantías al respeto de los derechos humanos en las instancias de la Comisión Interamericana y de la OEA, con la consiguientes consecuencias legales y de desprestigio que los Estados tratan evitar por todos los medios pues la situación de prolongar la pérdida de la libertad de un periodista en cumplimiento de una decisión judicial por difamación no existe actualmente en ningún país de nuestro entorno, sino que la tendencia es disponer su total despenalización..

8.- Finalmente, la ANP manifiesta la petición de que se haga justicia en el caso del periodista Paul Garay Ramírez, esperando se dicte sentencia absolutoria que ponga fin y se disponga su inmediata puesta en libertad, rectificando la errónea sentencia recurrida y, además, cumplir con adecuar las decisiones judiciales del los tribunales peruanos a los standards internacionales y a la normativa internacional sobre la libertad de expresión, dirigida a eliminar que se utilicen formas de censura e intimidación, como lo es la del delito de difamación que amenaza a los periodistas y ciudadanos con ser recluidos en prisión por desarrollar la actividad de informarse y trasmitir la información, investigar actos de corrupción y denunciarlos, en los que no solo se encuentran amenazados los periodistas, sino también la ciudadanía en general al peligrar el derecho a formar su opinión personal, indispensable o necesaria para el ejercicio democrático.



Lima, 25 de octubre de 2010


Roberto Mejía Alarcón

Presidente ANP


Julio Falconí Gonzáles

Asesor Legal ANP

lunes, octubre 24, 2011

Titulares de informaciones publicadas en Periodistas en español



Periodistas-es un sitio de periodistas en español preocupados por los derechos fundamentales de las personas y los pueblos

Fecha: Titulares del 24 de octubre de 2011

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

Medios de comunicación
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Derecho a informar y a ser informado: principio incuestionable en España y Marruecos

martes, octubre 18, 2011

Titulares de informaciones publicadas en Periodistas en español

Los medios que queremos


Un artículo necesario e interesante que pone los puntos sobre las íes en un debate que se cae por maduro y se frena por inconveniente.

Yo quiero partir de la idea general de que los medios de comunicación brindan un servicio público. Sin entrar en los detalles de normativas, materia en la que hay gente mucho más experta que uno, cuando hacemos énfasis en esta idea de que se trata de empresas privadas que hacen algo al público (esto es, a la ciudadanía), podemos pensarlos desde su tangibilidad. Son públicos; por ende, no son autónomos: se rigen bajo leyes que son discutidas (o deberían serlo) por la ciudadanía, la sociedad civil, los partidos, las organizaciones, etcétera.

Sin embargo, hemos olvidado lo que "lo público" significa. Los medios de comunicación masiva son, en efecto, empresas privadas que lucran, pero no pueden hacer lo que les da la gana. "Lo público" tiene que ver con lo común a los ciudadanos, con aquel lugar (físico, simbólico) donde los ciudadanos y ciudadanas se encuentran, discuten, debaten, se tensan y llegan a un acuerdo sobre su uso (y disfrute) compartido: un parque, un colegio, una universidad. ¿Qué queremos de todos estos lugares? ¿Para qué nos sirven? Recuperar el sentido de lo público no solamente implica que estén a disposición de todos, sino también que reconozcamos que sin ese lugar común no hay ciudadanía posible. Es la vuelta de tuerca de ese proceso que nos llevó de ser ciudadanos a consumidores, a ser ciudadanos de nuevo. Peor aun: en una América Latina donde no todos han sido considerados ciudadanos antes ni nunca. "Lo público" tampoco es un privilegio otorgado.

"Lo público" se conquista, se toma, se reclama, se exige. Aquí hay mucha confusión incluso entre lo estatal y lo público. No se trata de "nacionalizar" o "estatizar", sino, por el contrario, de hacerlo...

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