El 12 de octubre de 2011, en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, el juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Moyobamba, Antonio Abel Gastelú Uribe, falló absolviendo al periodista José Encarnación Arévalo Valles del delito contra la administración de justicia, modalidad de violencia y resistencia a la autoridad, en contra del Poder Judicial y Policía Nacional del Perú.
En el 2009, María Aurora Valencia Espinoza, jueza del Juzgado Mixto Permanente de Moyobamba acusó al periodista de impedir que ejerciera sus funciones. El comunicador social filmaba una diligencia de medida cautelar en el local de la discoteca "Papillon". La autoridad le exigió que abandone el lugar y que, además, entregue su equipo. Arévalo Valles, quien se resistió a abandonar su labor de prensa, fue agredido por un grupo de efectivos policiales que le arrebataron su cámara. El periodista increpó la actitud de la magistrada y denunció el hecho por abuso de autoridad ante la Corte Superior de Moyobamba.
En la sentencia absolutoria, en segunda instancia, el juez concluyó que el delito no está acreditado y que la presencia del periodista en el lugar no tuvo el objeto de impedir, obligar o estorbar a la juzgadora y a los once policías ejercer sus funciones, sino que buscó filmar el desarrollo de la diligencia para cumplir con su misión informativa de comunicador social.
El fallo condenatorio de primera instancia fue declarado nulo. La jueza solicitaba 8 años de pena privativa de libertad para el periodista.
El abogado Wagner Caballero Grandes, quien sustentó la defensa del periodista sobre la base del derecho del libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión e información, desbarató las imputaciones de la fiscalía y el pedido de cárcel en contra de su patrocinado, al carecer lo alegado por el fiscal de prueba que justifique la comisión del delito.
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