El 13 de octubre de 2011, en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, el Tercer Juzgado Unipersonal Supranacional de Jaén, admitió a trámite la querella interpuesta por Eduar Antonio Tantaleán Saavedra, ex trabajador de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, contra la periodista Gladys Elizabeth Abad Alvarado, por el supuesto delito de difamación por medio de comunicación social.
Tantaleán Saavedra imputa a la periodista de mentir al denunciarlo por hostigamiento sexual y pide que le pagué cien mil nuevos soles (35 mil dólares americanos aproximadamente) por concepto de reparación civil -según dice- por haber causado "desmedro en su imagen de persona honorable y honesta". Además ha solicitado que se considere al diario Ahora, representado por el periodista Pepe Goicochea Tamay, como tercero civilmente responsable, un pedido no acogido por el juez.
La periodista, el 8 de setiembre de 2011 denunció públicamente a Tantaleán Saavedra, asistente directo y trabajador de confianza de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, expresiones verbales e insinuaciones, así como, roses corporales que perturbaban su trabajo de relacionista pública en dicha dependencia del Estado.
Esta denuncia la hizo a través de los medios tras no encontrar apoyo ni amparo de sus superiores. La periodista indicó que presentó queja verbal ante su jefe inmediato superior, el Gerente Subregional de Jaén, Marco Goyzueta Valencia, quien conocido el hecho le propuso trasladarla a otro lugar y a un puesto inferior al que había ganado por concurso público. Abad Alvarado, entonces, solicitó audiencia con el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, ante quien denunció el acoso y la hostilidad laboral, pero él minimizó el hecho y salió en defensa de los agresores. En represalia, Goyzueta Valencia hostilizó a la periodista acusándola de abandono de puesto de trabajo -por haber acudido a entrevistarse con la autoridad regional- y la amenazó con iniciarle un proceso administrativo, además de discriminarla laboralmente en acciones propias de su cargo. Finalmente, fue despedida bajo la excusa que finalizó su contrato de trabajo.
Según el artículo 15 de la Ley 27942 (Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual), toda autoridad que haya conocido con antelación la denuncia de acoso sexual y no haya adoptado las medidas oportunas para investigar y sancionar los hechos será considerado responsable solidario del hecho.
Tantaleán Saavedra imputa a la periodista de mentir al denunciarlo por hostigamiento sexual y pide que le pagué cien mil nuevos soles (35 mil dólares americanos aproximadamente) por concepto de reparación civil -según dice- por haber causado "desmedro en su imagen de persona honorable y honesta". Además ha solicitado que se considere al diario Ahora, representado por el periodista Pepe Goicochea Tamay, como tercero civilmente responsable, un pedido no acogido por el juez.
La periodista, el 8 de setiembre de 2011 denunció públicamente a Tantaleán Saavedra, asistente directo y trabajador de confianza de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Cajamarca, por llamadas telefónicas, mensajes de texto, expresiones verbales e insinuaciones, así como, roses corporales que perturbaban su trabajo de relacionista pública en dicha dependencia del Estado.
Esta denuncia la hizo a través de los medios tras no encontrar apoyo ni amparo de sus superiores. La periodista indicó que presentó queja verbal ante su jefe inmediato superior, el Gerente Subregional de Jaén, Marco Goyzueta Valencia, quien conocido el hecho le propuso trasladarla a otro lugar y a un puesto inferior al que había ganado por concurso público. Abad Alvarado, entonces, solicitó audiencia con el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, ante quien denunció el acoso y la hostilidad laboral, pero él minimizó el hecho y salió en defensa de los agresores. En represalia, Goyzueta Valencia hostilizó a la periodista acusándola de abandono de puesto de trabajo -por haber acudido a entrevistarse con la autoridad regional- y la amenazó con iniciarle un proceso administrativo, además de discriminarla laboralmente en acciones propias de su cargo. Finalmente, fue despedida bajo la excusa que finalizó su contrato de trabajo.
Según el artículo 15 de la Ley 27942 (Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual), toda autoridad que haya conocido con antelación la denuncia de acoso sexual y no haya adoptado las medidas oportunas para investigar y sancionar los hechos será considerado responsable solidario del hecho.
El perjuicio ocasionado a la periodista Gladys Abad Alvarado, a la fecha, es irreparable ya que podría ser condenada ante la imposibilidad de investigación del acto de acoso y hostigamiento sexual que ha caducado por ley, pese a la existencia de pruebas.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.
