El pasado 18 de marzo de 2011, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, el juez provisional Asunción Canchari Quispe, del Primer Juzgado Especializado en lo Penal, admitió a trámite una querella criminal por el delito de difamación promovida por el ex presidente de la región Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez contra la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, propietaria y directora del diario La Calle. El ex presidente regional acusa a la periodista de difamación por haber cuestionado públicamente en el diario La Calle presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la construcción del hospital de Ayacucho.
"La periodista lo que ha hecho es cuestionar al funcionario público como responsable de dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, así como, encargado de celebrar y suscribir, en representación del Gobierno los contratos relacionados con la ejecución o concesión de obras. Lo publicado ha sido de estricto interés público. Se han documentado irregularidades que amenazaban intereses de la población ayacuchana, no existiendo intención expresa de lesionar honor ajeno", argumentó la defensa de Valenzuela Zorrilla.
Molina Chávez, ha solicitado un pago de noventa mil nuevos soles (aproximadamente 33 mil dólares) por concepto de reparación civil, además, pretende coartar la libertad de expresión, opinión e información de la periodista al solicitar al juez que se le obligue abstenerse de realizar publicaciones en su contra mientras dure el proceso. "Esta acción jurídica promovida en mi contra no es más que un disfraz para intentar silenciar la voz del diario La Calle y sus periodistas, más ahora que existe un proceso de auditoría a la gestión del ex presidente regional y se ha conformado una comisión encargada de investigar las irregularidades que se habrían dado en torno a esta obra. Existe actualmente la posibilidad, incluso, que Molina Chávez sea denunciado penalmente", denunció la periodista. Esther Valenzuela, fue notificada para comparecer ante el juez, el próximo 15 de abril, caso contrario, "sería conducida bajo grado fuerza", precisa el juez en su auto resolutivo.
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