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martes, agosto 16, 2011

Periodismo en Colombia: impunidad doce años después del asesinato de Jaime Garzón

PES

IFEX.- El 14 de agosto de 1999, más de 200.000 personas se reunieron sin planearlo al frente del Capitolio Nacional, en la plaza de Bolívar de Bogotá; acababan de matar al periodista y humorista Jaime Hernando Garzón Forero. Caía de nuevo un periodista, un duro crítico del Estado y una de las personas más queridas por los colombianos. Su muerte significó un duro mensaje al periodismo nacional: Nadie estaba a salvo y era el tiempo de la autocensura.


Hoy, doce años después de esos hechos, no han respondido ante la justicia todos los que deben responder. La impunidad obligó a los hermanos de Garzón, Jorge Alberto, Manuel Alfredo y María Soledad, y a su compañera, Gloria Cecilia Hernández, a presentar, el pasado 19 de julio, una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la participación de funcionarios públicos en el homicidio y por la incapacidad de la justicia nacional para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable.


La demanda fue presentada con el respaldo de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).


"Durante los doce años que han transcurrido desde el crimen, dice Manuel Alfredo Garzón, el Estado colombiano ha mantenido el caso en clima de impunidad. El primer proceso penal resultó una farsa encaminada a encubrir los hechos y el único sentenciado, Carlos Castaño Gil, jamás fue detenido y, al parecer, murió sin cumplir un solo día de su condena".


Aún así, el pasado 17 de junio de 2011 se llamó a juicio a José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el mismo que hoy está detenido por las "chuzadas" del DAS, acusado como inductor del homicidio de Jaime Garzón.


"En el asesinato de mi hermano Jaime participaron funcionarios estatales. Fue ejecutado por miembros de la banda de sicarios La Terraza, en cumplimiento de la orden partida por el líder paramilitar, Carlos Castaño Gil, quien actuó a solicitud y por encargo de varios militares y por intermediación de José Miguel Narváez Martínez. Nos estamos acercando, nos estamos acercando a que haya justicia", concluye con algo de esperanza su hermano Alfredo.


Antes de su muerte se inició una campaña de desprestigio tendiente a relacionar a Garzón con la guerrilla. Lo cierto, es que el país no solo perdió un humorista y un crítico agudo de la sociedad. El asesinato de Garzón fue un mensaje contundente al periodismo independiente que se atrevía a cuestionar y a evidenciar los abusos de los diferentes actores con poder. Por supuesto, el temor y la autocensura se tomaron las salas de redacción después de su asesinato: "El miedo mantiene al país en la ignorancia y lo lleva a un oscurantismo fatal ( . . . ) el asesinato de Jaime Garzón fue una puñalada a la inteligencia nacional", señaló Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP.


Aún así, el legado de Garzón existe hoy como un recuerdo doloroso que deja lecciones de todo tipo sobre la búsqueda de la verdad y la importancia de defender la libertad de expresión. El saceerdote Francisco de Roux, reconocido líder social y amigo de la familia Garzón, lo comentó: "Jaime nos enseñó a destruir el argumento de autoridad sobre la verdad. Ese argumento que señala y defiende el hecho de que las cosas son verdad de acuerdo a la autoridad o el poder de quien las dijo" Hoy, doce años después del asesinato de Garzón, y a pesar de la impunidad que se cierne sobre el caso, tal vez esa sea la lección más importante que dejó su muerte y que cualquier persona que se asome a su trabajo podrá descubrir; la verdad no se subordina.


La FLIP ha enviado un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de Jaime Garzón, y espera que la justicia nacional e internacional logren esclarecer los hechos y se sancione ejemplarmente a todos los responsables.


El legado que le dejó Jaime Garzón a la libertad de expresión y a la sociedad colombiana siempre se debe recordar, sostiene la FLIP.


Enlaces:


. Un funcionario de inteligencia colombiano detenido por el asesinato de un periodista. Jueves 01 de Julio de 2010
.
Colombia: El sentido del fin de la revista Cambio. Jueves 11 de Febrero de 2010
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La periodista Claudia Duque localiza el manual que utilizaba la seguridad colombiana para amenazarla. Martes 15 de Diciembre de 2009
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La SIP reclama más esfuerzo para resolver crimen del periodista colombiano Jaime Garzón. Jueves 13 de Agosto de 2009
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Felicitaciones a la Fiscalía General de Colombia por la condena de los asesinos de José Emeterio Rivas. Sábado 24 de Enero de 2009
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La periodista colombiana Claudia Julieta Duque renuncia a la escolta del gobierno por espiarla. Domingo 04 de Mayo de 2008

sábado, agosto 13, 2011

Periodismo en Nicaragua: periodista de El Nuevo Diario y su familia amenazadas

Benoit Hervieu.- La corresponsal del periódico El Nuevo Diario en Jinotega (Nicaragua), Silvia González, ha denunciado públicamente las repetidas amenazas de muerte en contra de ella y sus jóvenes hijos que ha recibido en su teléfono celular.

Respaldada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en una rueda de prensa la periodista dio cuenta del ambiente de terror que padece y de la imposibilidad de ejercer de manera normal su profesión.

Pese a que la policía detuvo recientemente en Jinotega a un individuo de 21 años de edad, como el autor de las amenazas y como simpatizante del gobierno actual, Silvia González sigue preocupada por su seguridad y teme que la investigación no se haya llevado a cabo a en profundidad.

En Reporteros Sin Fronteras ofrecemos nuestra solidaridad a Silvia González, en primer lugar por su condición de mujer periodista, corresponsal aislada y blanco de un peligro físico inmediato. Como tal, debe gozar de una verdadera protección. Por otra parte, el muy delicado tema que Silvia González trataba recientemente, tiende a darle crédito a sus afirmaciones de que no han sido exploradas todas las pistas en este caso. El ambiente que reina en vísperas de las elecciones generales del 6 de noviembre próximo pesa notablemente sobre el periódico El Nuevo Diario, cuya redacción ha sufrido amenazas similares tras hacer revelaciones sobre casos de corrupción.

Silvia González considera que las "advertencias" que ha recibido se deben a una serie de notas publicadas desde enero pasado sobre las actividades de Gabriel José Garmendia. Apodado "Yajob", este ex comandante de los "Contras" –guerrilla constituida en los años 80 y armada por Estados Unidos contra el gobierno surgido de la Revolución Sandinista de 1979– había expresado su deseo de retomar las armas contra el actual gobierno de Daniel Ortega. Algunos de sus antiguos compañeros de armas, hoy ligados a partidos de oposición, atribuyen su asesinato, ocurrido en febrero de 2011 en condiciones aún no esclarecidas, a las fuerzas especiales del ejército. Estas afirmaciones fueron desmentidas rotundamente tanto por la institución militar como por las autoridades encargadas de la investigación.

El Nuevo Diario tuvo la precaución de publicar las dos versiones. Sin embargo, la familia del ex Contra acusó a la prensa de haber mostrado sólo la versión oficial y varios periodistas de diferentes medios de comunicación fueron agredidos de forma violenta durante los funerales de "Yajob".

En RSF consideramos que esta situación no es de buen augurio ahora que apenas está por iniciar la campaña electoral. Recomendamos a los directores de medios de comunicación, cualesquiera que sea su credo político, que se muestren responsables, evitando exponer a sus corresponsales y periodistas que actúan en el terreno.

Periodismo en Irán: cancelado el permiso para la corresponsal de El País Ángeles Espinosa

Periodistas-es abonados@periodistas-es.org

PES.- Ángeles Espinosa, corresponsal de "El País" en Teherán, ha sido expulsada de Irán, al no haber sido renovado su permiso de residencia a principios del pasado mes de julio, en una actuación del Gobierno iraní que la periodista relaciona con "la política de no querer testigos molestos, que se puso en evidencia a partir de las elecciones de junio de 2009".


Según una información de Sergio J. Valera en el sitio web de la Asociación de la Prensa de Madrid, la periodista ha declarado que esta decisión iraní le supone "una gran frustración, puesto que siempre me he esforzado en recoger los puntos de vista de todas las partes y dar una visión equilibrada. Además, he invertido muchos años en tratar de entender el país. De todas formas, no solo cubro Irán, sino una región en la que ese país es importante, pero no el único, y voy a seguir con mi trabajo desde Dubái".

Desde que fue acreditada como corresponsal en Irán, a finales de 2005, Espinosa disponía de un permiso de residencia anual, vinculado a su tarjeta de periodista. Pero esta situación cambió el año pasado. Cuando la detuvieron, en el mes de julio de 2010, le quitaron la tarjeta de periodista. Aquella detención fue llevada a cabo
por entrevistar a Ahmad Montazerí, hijo del gran ayatolá disidente Hosein Ali Montazerí (fallecido en diciembre de 2009), la más alta autoridad religiosa que ha cuestionado al líder supremo y la represión de las protestas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente iraní.

Dos meses más tarde, en septiembre del año pasado, la periodista solicitó un visado de salida –como residente, no necesitaba visado para entrar, pero sí para salir–. Las autoridades iraníes retuvieron su pasaporte durante un mes y, cuando se lo devolvieron, habían cancelado su permiso de residencia.

Según Espinosa, la intervención del entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ante su homólogo iraquí, Manouchehr Mottaki, logró que readmitieran a Espinosa con un permiso de seis meses. En la comunidad periodística y diplomática de Teherán, esta readmisión llamó mucho la atención porque era la primera vez que los iraníes se retractaban en un caso así. Tenía su explicación. Era cuestión de tiempo que se le volviera a denegar el permiso de residencia. Tan solo significó un retraso en la expulsión definitiva de la corresponsal.

Pese a que Espinosa, por razones de interés informativo, apenas escribió sobre Irán durante esos seis meses –y, por lo tanto, no hubo ocasión de que el Gobierno iraní se sintiera ofendido por ninguna información–, las autoridades decidieron no renovar finalmente el permiso. De esta manera, para el Gobierno iraní, no se trata formalmente de una expulsión.

Durante los dos siguientes meses, desde que concluyó el permiso el 2 de mayo pasado hasta la negativa a renovarlo a principios de julio, las autoridades no le comunicaron a Espinosa la decisión, excusando el retraso en la entrega del visado, necesario para volver a entrar en el país, dada la tardanza de los trámites burocráticos. "Me he sentido ofendida por la desconsideración con la que me han tratado. Si hubieran sido francos cuando me puse en contacto con ellos a finales de abril, al menos hubiera tenido tiempo de despedirme de mis amigos iraníes, que han sido quienes me han hecho querer a su país", concluye Espinosa.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) galardonó a Ángeles Espinosa con el Premio Víctor de la Serna en la última edición de los Premios de Periodismo APM, reconociéndola como la periodista más destacada en 2010.


Enlaces:


jueves, agosto 11, 2011

Alto al fuego!... ni uno más


Enlace: http://tribunamultimedios.com/index.php?Ver=Articulo&id=774&pg=0&titulo=Alto al fuego!... ni uno más

Piden ayuda para destacado periodista Manuel Jesús Orbegozo

Manuel Jesús Orbegozo





El reconocido hombre de prensa está internado en el Hospital de Neoplásicas y necesita donación de sangre


UNMSM



El destacado periodista Manuel Jesús Orbegozo se encuentra en delicado estado de salud internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.


Según indicaron familiares del hombre de prensa, se requiere urgente donación de sangre, la cual puede hacerse en la sede del hospital ubicada en el distrito de San Borja.


Como se recuerda, el maestro de periodistas viajó por decenas de países en busca de la noticia y, en el Perú, trabajó desde muy joven en los diarios El Comercio, "La Crónica", "Expreso" y en "El Peruano", donde fue su director.


sábado, agosto 06, 2011

Alerta Perú (LIMA) - PRESIDENTE SALIENTE OBSERVÓ AUTÓGRAFA DE LEY QUE DESPENALIZABA PARCIALMENTE DELITOS CONTRA EL HONOR

El pasado 27 de julio, el todavía presidente del Perú, Alan García Pérez, observó la autógrafa de ley aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República que despenalizaba parcialmente el delito de difamación reemplazando la pena privativa de la libertad por servicio comunitario.

En el oficio Nº 180-2011-PR, rubricado por García Pérez y la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, con el que se devuelve el documento al Poder Legislativo, el aún mandatario precisó, que siendo el honor un bien jurídico protegido por la Constitución y "ante reiterados ataques contra el honor de las personas, principalmente de quienes hacer ejercicio abusivo del derecho de la libertad de expresión, es necesario que continúe siendo protegido penalmente".

En el texto de la norma se mantenían penas propias de los delitos como es la prestación de servicios a la comunidad entre 80 a 156 jornadas, además, de establecerse sanciones de 200 a 365 días multa.

Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) el que la ley haya sido observada constituye un retroceso. La ANP ha solicitado la despenalización plena de dichas conductas, es decir la modificatoria de lo establecido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado que prescribe que "(...) Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común".

Para la organización gremial la permanencia de las figuras delictivas de la injuria, calumnia y difamación en el Código Penal, considerados como típicos delitos de prensa, sigue constituyendo una grave amenaza a la prensa fiscalizadora, víctima frecuente de la prepotencia de quienes mal ejercen el poder político y buscan silenciar la crítica mediante el abuso de recursos jurídicos incompatibles con una sociedad moderna, democrática y constitucional.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.


Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / www.ofip.blogspot.com , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

viernes, agosto 05, 2011

CPJ: Perú debe tomar medidas para despenalizar la difamación

Estimados/as compañeros/as:

A pesar de que hoy se ha hecho pública la noticia que el ex presidente Alan García, en su último día de gobierno, observó el proyecto de ley aprobado por la Comisión Permanente que despenalizaba parcialmente la difamación, tengo a bien compartirles esta comunicación del Comité de Protección de Periodistas que no pierde actualidad ya que expresa las principales preocupaciones de los periodistas en torno al tema en mención.

Compartimos institucionalmente de principio a fin lo expresado y reiteramos nuestro compromiso congresal de seguir batallando por lograr una efectiva despenalización de los denominados delitos de prensa.

No desmayaremos además en nuestra tarea por lograr la libertad del colega Paúl Garay Ramírez (Pucallpa) y conseguir una sentencia absolutoria en favor del periodista Hans Andrade Chávez (Chepén), por ser de justicia.

Un fuerte abrazo,

Zuliana Lainez
Secretaria general ANP
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Committee to Protect Journalists

330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA Phone: (212) 465‑1004 Fax: (212) 465‑9568 Web: www.cpj.org E-Mail: media@cpj.org Facebook: http://www.facebook.com/cpjenespanol

Contact: Carlos Lauría, senior program coordinator Phone: (212) 465-9344, x120; E-mail: clauria@cpj.org

Sara Rafsky, research associate Phone: (212) 465-9344, x146; E-mail: srafsky@cpj.org

Perú debe tomar medidas para despenalizar la difamación

4 de agosto de 2011

Ollanta Humala Tasso

Presidente de la República de Perú

Lima, Perú

Estimado Presidente Humala:

Lo felicitamos por su primera semana en el cargo como presidente de Perú y quisiéramos aprovechar esta oportunidad para instarle a promulgar un proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso que elimina penas de prisión por difamación, un primer paso importante hacia la descriminalización de la injuria en su país. En un momento en el que funcionarios públicos están utilizando leyes arcaicas de difamación penal para castigar a los reporteros críticos, lo exhortamos a mantener su compromiso de proteger la libertad de expresión mediante la promulgación de este proyecto de ley y la promoción de cambios necesarios para una descriminalización completa de la injuria, dejando la reparación de este delito a los tribunales civiles.

El 21 de julio, el Congreso presentó unos cambios en el código penal que eliminan las penas de prisión por difamación y aumentan multas y servicio comunitario como las sanciones para la injuria. El proyecto de ley está listo para que usted lo promulgue.

Las disposiciones de difamación han sido utilizadas con frecuencia para silenciar a los periodistas críticos, muestra la investigación del CPJ. El 6 de julio, el reportero Hans Francisco Andrade Chávez fue condenado por difamación penal con motivo de un informe periodístico que emitió el 2 de marzo que involucró a un funcionario del gobierno local. Andrade Chávez, quien trabajaba para un canal de televisión en la ciudad de Chepén, realizó una entrevista a una dirigente política que acusó a Juan José Vásquez Romero, un funcionario de Chepén, de amenazarla de muerte. El 31 de marzo, Vásquez Romero acusó oficialmente a Andrade Chávez por difamación, según indicaron los informes de prensa local. En su sentencia del 6 de julio, la justicia indicó que las afirmaciones vertidas en el informe no eran ciertas, aunque la decisión escrita no citó evidencia alguna. Una jueza también multó a Andrade Chávez por 4,000 soles (1.430 dólares estadounidenses), indicó la prensa local. El periodista, quien aún no está encarcelado, afirmó al CPJ que apelará la decisión judicial.

Otro periodista peruano, Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa "Polémica" en el canal de televisión Visión 47 y "La Voz del Pueblo" en radio La Exitosa, ha sido encarcelado desde el 19 de abril por difamar a un fiscal de Coronel Portillo, informó la prensa local. En su denuncia, el fiscal presentó un audio sin fecha en el cual, según él, Garay había insinuado que estaba involucrado en actos de corrupción y que había acosado sexualmente a unas litigantes jóvenes, el periodista indicó a CPJ. Garay niega que la voz en el audio sea suya – aunque ninguno presentó evidencia alguna en el juicio para comprobar sus afirmaciones – y considera que la denuncia fue en represalia por sus reportajes sobre corrupción. Fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 20,000 soles (7,150 dólares estadounidenses). El 27 de julio, un tribunal de apelaciones de Ucayali confirmó la sentencia pero redujo su pena de prisión a 18 meses. Actualmente, Garay está cumpliendo su condena en la cárcel Miguel Castro Castro en Lima. También es un testigo en el juicio contra un ex alcalde provincial en el asesinato de otro periodista en 2004.

En 2010, otros dos periodistas provinciales fueron procesados por difamación penal en Perú. Alejandro Carrascal Carrasco, editor del diario Nor Oriente de Bagua, y Oswaldo Pereyra Moreno de Radio San Lorenzo fueron ambos encarcelados por acusaciones de difamación originadas en su tarea informativa. La Corte Suprema de Perú revocó la decisión en el caso Carrascal y el periodista fue liberado, mientras que Pereyra salió en libertad luego de que un tribunal de apelaciones anulara la sentencia de la corte inferior en base a vicios de procedimiento.

En abril, el CPJ participó en un evento en las oficinas del grupo regional de prensa Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Lima, en el que usted afirmó que respetará el libre ejercicio del periodismo y no interferirá o enjuiciará a reporteros críticos. Nos alienta que usted haya reafirmado su compromiso al asumir el 28 de julio prometiendo ser un "defensor de los derechos humanos, la libertad de prensa y expresión".

Existe un consenso creciente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la condena de prisión para los casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó las disposiciones sobre difamación contenidas en el código penal para información de interés público. Y, en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias.

Existe un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en octubre del 2000, expresa que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

Si bien el proyecto aprobado en el Congreso incluye multas elevadas y desproporcionadas y largos períodos de servicio comunitario como sanciones para el delito de difamación, el CPJ considera que representa un paso en la dirección correcta para proteger la libertad de expresión y honrar su compromiso. Lo instamos a promulgar la ley para que los periodistas peruanos puedan trabajar sin amenaza de cárcel. La entrada en vigencia de la ley permitirá también la liberación de prisión de Paul Garay, según informó su abogado. Lo exhortamos a adecuar las leyes de Perú en concordancia con estándares internacionales en materia de libertad de expresión a través de promover legislación que despenalice por completo la difamación.

Gracias por su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.

Atentamente,

Joel Simon
Director Ejecutivo

CC:

Salomón Lerner Ghitis, Presidente del Consejo de Ministros

Rafael Roncagliolo Orbegozo, Ministro de Relaciones Exteriores

Francisco Eguiguren Praelli, Ministro de Justicia

Daniel Abugattás Majluf, Presidente del Congreso

Harold Forsyth, Embajador en los Estados Unidos

miércoles, agosto 03, 2011

FEPALC: CON PERIODISTA DOMINICANO SON 23 LOS ASESINADOS EN LATINOAMÉRICA EN EL 2011




FEPALC: CON PERIODISTA DOMINICANO SON 23 LOS ASESINADOS EN LATINOAMÉRICA EN EL 2011

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) condena el asesinato del periodista José Agustín Silvestre de los Santos, productor de televisión y editor de la revista La Voz de la Verdad, quien fuera victimado el último 2 de agosto en República Dominicana.

Según informaciones recibidas por la FEPALC, Silvestre fue asesinado tras mantener una intensa campaña de denuncia periodística en torno a supuestos actos de corrupción que involucraban al fiscal José Polanco Ramírez, quien lo sometió a la justicia bajo la acusación de difamación e injuria. También era un continuo crítico de actos contrarios a la ley de miembros de la Policía Nacional y la Dirección Nacional del Control de Drogas. En el pasado Silvestre de los Santos había sido objeto de amenazas, razón por la cual pidió garantías para su vida, solicitud que no fue atendida con oportunidad.

Para la FEPALC las circunstancias en las que se ha producido el hecho revelan sentadas evidencias para no descartar, como se estila en la región, la hipótesis del ejercicio profesional, como causa de este horrendo crimen.

La FEPALC, además, reitera su preocupación en torno a República Dominicana, país caribeño que viene registrando en los últimos cinco años altas cifras de amenazas y agresiones, que pasan inadvertidas ante la comunidad internacional, bajo el entendido que no son situaciones de mayor gravedad.

En razón a ello el secuestro y posterior asesinato de José Agustín Silvestre nos pone sobre aviso y nos obliga a desplegar nuestros mayores esfuerzos para demandar garantías para el ejercicio profesional en dicho país, de manera particular para quienes denuncian el tráfico ilícito de drogas.

La FEPALC expresa, además, su pleno respaldo a la inmediata reacción de su afiliado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que ha demandado una investigación inmediata del hecho y el sometimiento a la justicia de los asesinos.

Con este asesinato, la cifra de periodistas victimados en América Latina se eleva a 23, lo que convierte al 2011 en el año de mayor violencia contra los trabajadores periodistas.




3 de agosto 2011



Celso Schroder
Presidente FEPALC

Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC



FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)



La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 13 países de la región




Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).


Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC,



a través del e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: www.fepalc.org




Síguenos en twitter: @fepalc

ANP: SENTENCIA QUE MANTIENE EN PRISIÓN A PERIODISTA ESTÁ ALEJADA DE LA REALIDAD




ANP expresa preocupación por prolongada reclusión de Paúl Garay Ramírez

SENTENCIA QUE MANTIENE EN PRISIÓN
A PERIODISTA ESTÁ ALEJADA DE LA REALIDAD

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, al Poder Judicial, al Congreso de la República y a la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de denunciar la desproporcionada e injusta condena impuesta al periodista Paúl Segundo Garay Ramírez.

La Segunda Sala Especializada en lo Penal de Pucallpa ha resuelto sentenciar a 18 meses de pena privativa de la libertad al citado periodista, manteniendo las penas de carácter pecuniario, en razón de haber cuestionado mediante emisión radial la inconducta profesional de Agustín López Cruz, fiscal de la provincia de Coronel Portillo.

Tal sentencia se dicta en el contexto de un serio cuestionamiento procesal formulado con antelación por la defensa del periodista quien planteó recusación contra los magistrados que resolvieron la causa el 27 de julio pasado. Esto porque tales magistrados, con anterioridad al proceso, habían sido objeto de información y crítica periodística por el ahora condenado, por lo que no habrían actuado con imparcialidad dada la animadversión existente hacia la actuación de Garay Ramírez.

Para la ANP resulta preocupante que los magistrados del tribunal de Pucallpa determinen una drástica condena sin considerar lo que se produce en los hechos.
Como antecedente más reciente es preciso anotar el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la República que el 21 de julio, una semana antes de la sentencia, aprobó el proyecto que despenaliza parcialmente el delito de difamación agravada que contiene el artículo 132 del Código Penal, el mismo que ha recibido el apoyo de la ciudadanía, pues existe la convicción que las querellas son mal utilizadas para imponer censura a los periodistas que se atreven a investigar, informar o denunciar la inconducta funcional y actos de corrupción de los funcionarios públicos.

Para la ANP mantener recluido en prisión a un periodista que precisamente se encuentra en los supuestos de despenalización es actuar alejado de la realidad y revela además un mensaje de excesiva drasticidad ajena al derecho a la libertad de expresión que garantizan la Constitución peruana y los tratados internacionales, así como las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuya intervención directa demandamos en forma urgente para la solución del presente caso y se proceda a la inmediata libertad del periodista.




Lima, 3 de agosto del 2011





COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

martes, agosto 02, 2011

Alerta Perú (CORONEL PORTILLO) - PERIODISTA CONTINUARÁ EN PRISIÓN: VOCALES CONFIRMAN SENTENCIA CONDENATORIA

Alerta Perú (CORONEL PORTILLO)

PERIODISTA CONTINUARÁ EN PRISIÓN: VOCALES CONFIRMAN SENTENCIA CONDENATORIA

El 27 de julio de 2011, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que preside el vocal Frederic Rivera Berrospi e integran los vocales Betty Martha Matos Sánchez y Federico Guzmán Crespo, confirmó la sentencia que condenó a prisión efectiva al periodista Paúl Segundo Garay Ramírez, por el presunto delito de difamación.

En el fallo se le impone una pena de 18 meses de prisión y se le obliga al pago de 20 mil nuevos soles (aproximadamente 7 mil 300 dólares americanos) por concepto de reparación civil en favor de Agustín López Cruz, Fiscal Provincial en lo Penal de Coronel Portillo, quien lo querelló. El periodista, además, deberá cancelar una multa de 200 días a razón del 35 por ciento de su ingreso diario que equivale al pago total de 3 mil nuevos soles (aproximadamente 1,100 dólares americanos) en favor del Estado.

Los vocales Rivera Berrospi y Matos Sánchez, responsables de la sentencia, habían sido cuestionados públicamente por el periodista por presuntos vínculos con personas involucradas en hechos de corrupción, razones fundadas para dudar de su imparcialidad. Por ello, antes de la sentencia, Garay Ramírez les recusó. Pese a ello, resolvieron confirmar la sentencia que emitió Jesús Alcibíades Morote Mescua, juez del Segundo Juzgado Penal, quien sentenció al periodista a tres años de prisión efectiva.

En primera instancia el juez Morote Mescua admitió a trámite la querella y condenó al periodista, crítico de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, pese a que debió inhibirse, por existir motivos suficientes de duda sobre su imparcialidad al estar el querellante adjudicado como fiscal en su juzgado.

Tanto el juez como el colegiado, sustentan su falló únicamente en un audio de 52 segundos, presentado por el querellante y no probado como auténtico, pues no hay certeza de que sea la voz del periodista ni que el contenido de la grabación no fuera editada.

Respecto al pago de la reparación civil, los vocales justifican el monto en razón de que López Cruz tiene la calidad de Fiscal Provincial en lo Penal, quien –según se expresa en la sentencia- "transmite y protege principios de honradez y de comportamiento moral, porque justamente son componentes esenciales de todo magistrado". Por tanto, el supuesto agravio en su contra impactó sobre su imagen muy reconocida que el periodista, supuestamente, deterioró generando en él "inquietud, desasosiego y perturbaciones. Como tal es justo que sean compensadas con una cantidad de dinero suficiente que le devuelva el bienestar perdido".

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.


Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / www.ofip.blogspot.com , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

PN investiga a 7 por crimen contra periodista José Silvestre

Santo Domingo, República Dominicana.- La sede del Comando Regional Este de la Policía, con asiento en San Pedro de Macorís investiga a por lo menos siete personas con relación al secuestro y posterior asesinato del periodista José Silvestre, de La Romana.

Por ese hecho se encuentran reunidos en esa demarcación el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez; el procurador general Radhamés Jiménez, y dos procuradores adjuntos.

Según una información publicada en el periódico El Caribe y firmada por su corresponsal Miguel Natera, el coronel Luis Fernando Sánchez Mejía, director adjunto de Investigaciones Criminales del Comando Regional Este, informó que los apresados fueron testigos oculares del secuestro y que se encontraban en los alrededores de donde se produjo la acción.

"Tenemos siete personas detenidas para investigarlas y recabar informaciones sobre los individuos que lo secuestraron, pero hasta ahora no tenemos más nada y en cuanto al vehículo, hay dos versiones que concuerdan que fue en una jeepeta, aunque unos dicen que era blanca y otros que era crema" dijo el oficial, quien se trasladó desde La Romana al lugar donde apareció el cadáver del comunicador.

Expresó que agentes de la Policía Científica se presentaron al lugar del rapto, pero no encontraron pistas ni casquillos de armas.

En tanto que el jefe de la Policía anunció que asumirá en persona las indagatorias que desde ya se están llevando a cabo.

Polanco Gómez visitó el Instituto de Ciencias Forenses en San Pedro de Macorís y luego se trasladó a La Romana, donde apareció asesinado el comunicador. El oficial manifestó que un crimen de esa magnitud no puede quedar impune porque en República Dominicana no puede haber mordazas contra la prensa.

Dijo, además, que no escatimarán esfuerzos a fin de dar con el o los responsables del crimen. Indicó también que tanto el Ministerio Público como la Policía tienen una responsabilidad con la sociedad.

El periodista José Silvestre fue encontrado muerto la mañana de este martes con dos disparos, uno en abdomen y otro en el cuello, próximo a un estanque de agua ubicado en la comunidad El Peñón en la carretera La Romana-San Pedro de Macorís.

Según informes, cuatro individuos que se transportaban en una jeepeta lo secuestraron, en La Romana, cuando éste se encontraba parado esperando un vehículo frente a un hotel, en la calle Gastón Fernando Deline próximo al lugar conocido como "El Bora-Bora".

Su cadáver fue levantado y depositado esta mañana en la morgue del hospital Regional doctor Antonio Musa de esta ciudad donde opera el Instituto Regional de Ciencias Forenses.

lunes, agosto 01, 2011

A POCOS DÍAS DE CERRAR POSTULACIONES: PRIMER CONCURSO PARA PERIODISTAS: DEMOCRACIA, PARLAMENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estimados/as compañeros/as:

Tenemos a bien invitarlos/as a participar en el 1er Concurso para periodistas, publicistas y estudiantes de comunicación, presentando trabajos periodísticos y publicitarios sobre la democracia, el Parlamento y la participación ciudadana.

Esta iniciativa tiene el objetivo de premiar a los comunicadores que mejor logren sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia del Parlamento en el sistema democrático para afianzar sus procedimientos, principios y valores en el Perú y la responsabilidad ciudadana al elegir a sus representantes.

El plazo para postular artículos de opinión, reportajes o piezas de radio y televisión (el videoreportaje, spot en vídeo o cuña radial)
vence el 7 de agosto.

Para mayor información escribir a Adriana León a: aleon@ipys.org


¡Suerte a todos/as quienes se animen a participar!

Fraternalmente,

Zuliana Lainez
Secretaria general ANP

miércoles, julio 27, 2011

ANP: DICTAMEN QUE DESPENALIZA PARCIALMENTE DELITO DE DIFAMACIÓN ES POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

ANP: DICTAMEN QUE DESPENALIZA PARCIALMENTE DELITO DE DIFAMACIÓN ES POSITIVO, PERO INSUFICIENTE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) saluda la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la República del dictamen que modifica las penas aplicadas al delito de difamación y establece que esos casos serán sancionados con penas de multa y prestación de servicios a la comunidad y ya no con pena privativa de la libertad conforme rige en el actual artículo 132 del Código Penal.

Sin embargo, para la ANP dicha reforma aún es insuficiente pues debe ser establecida la plena despenalización del citado delito agravado, así como el delito de injuria y calumnia de los artículos 130 y 131 del Código Penal, conforme al estándar internacional establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las reiteradas recomendaciones efectuadas por la CIDH en tal sentido.

En el texto del dictamen aprobado se mantienen penas propias de los delitos como es la prestación de servicios a la comunidad entre 80 a 156 jornadas, que pueden convertirse en pena efectiva en caso de incumplimiento; y además se establecen sanciones desproporcionadas de 200 a 365 días multa.

La ANP reitera, una vez más, su antigua demanda de la despenalización total y definitiva de tales delitos y que estos pasen a ser competencia de los juzgados civiles, en caso de que efectivamente se hubiera causado daño al honor o intimidad de las personas.

Como organización gremial representativa de los periodistas peruanos, en cumplimiento de nuestros acuerdos congresales, en reiteradas oportunidades nos hemos dirigido a las autoridades competentes y a la ciudadanía denunciando el uso malicioso y abusivo de las querellas judiciales para amedrentar a los periodistas, ocultar las denuncias e investigaciones sobre casos de corrupción y de actuaciones poco transparentes de la Administración.


En razón a ello, hacemos un abierto llamado a los congresistas de la República, recientemente juramentados, para que el Poder Legislativo, en uso de sus funciones, proceda de una vez por todas a la despenalización plena de dichas conductas, que pasa por modificar lo establecido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado que prescribe que "(.) Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común".

Para la ANP la permanencia de las figuras delictivas de la injuria, calumnia y difamación en el Código Penal, considerados como típicos delitos de prensa, sigue constituyendo una grave amenaza a la prensa fiscalizadora, víctima frecuente de la prepotencia de quienes mal ejercen el poder político, quienes buscan silenciar la crítica mediante el abuso de recursos jurídicos incompatibles con una sociedad moderna, democrática y constitucional.



27 de julio del 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

sábado, julio 23, 2011

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.

Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.

En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.

Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.

La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.





Lima, 23 de julio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE




ANP DENUNCIA FRANCA PERSECUCIÓN CONTRA RADIO LA VOZ DE BAGUA GRANDE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se dirige a la opinión pública, a las autoridades del Gobierno y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar la grave situación de franca persecución y amenaza de sufrir carcelería que existe respecto de la propietaria y periodistas de Radio La Voz, de Bagua Grande.

Radio La Voz, además de sufrir la cancelación de su autorización de funcionamiento, restituida en el 2010, tras 14 meses de cierre, es víctima hoy de una persecución judicial materializada a través de una acción penal por delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico, la misma que continúa su curso en forma contradictoria, pues la propia parte supuestamente perjudicada señaló, al autorizar la reapertura, que su actuación y decisión fue equivocada.
Sin embargo, la representación del Estado prosigue con el proceso y persiste con la respectiva acusación penal, a pesar que se han esclarecido los hechos originarios.

En razón a ello, la ANP denuncia los maliciosos actos de la administración actual, de manera particular, al Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien no cumple con solicitar el archivamiento de la causa, y al Ministerio Público como defensor de la legalidad, que no actúa ante la persistente amenaza de carcelería contra la propietaria de la radio, Aurora Burgos de Flores, quien podría ser sentenciada y enviada a la cárcel a cumplir una condena de, por lo menos, cuatro años de privación de la libertad.

Por lo antes expuesto la ANP demanda a las autoridades del Gobierno, al Ministerio Público y Poder Judicial resolver en forma oportuna y urgente la grave situación de los propietarios y periodistas de Radio La Voz de Bagua Grande, aplicando la Ley de acuerdo con la realidad existente, disponiendo el archivamiento del proceso judicial e indemnizando a las personas perjudicadas por dicha actuación de injusta y antidemocrática represalia.

La ANP recuerda a la opinión pública que radio La Voz fue cancelada arbitrariamente por disposición administrativa el 8 de junio del 2009, como injusta represalia por informar sobre los sucesos sangrientos de la Curva del Diablo, actos de violencia que ocasionaron pérdida de vidas humanas de policías y de nativos de la zona.



Lima, 23 de julio del 2011


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

lunes, julio 18, 2011

FIAN Honduras: JUSTICIA LABORAL PARA LOS PERIODISTAS HONDUREÑOS

Leonel Casco Gutierrez clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com

¿QUIÉN DEFIENDE LOS DERECHOS DE LOS PERIODISTAS EXPLOTADOS Y REPRIMIDOS?

Los derechos laborales son irrenunciables, no se pueden disminuir, restringir o negar según lo establecido en el artículo 127 y 128 de la constitución, pues son garantías sociales, protegidas y reguladas por el código del trabajo y los convenios internacionales de la OIT, por lo que la compañera Lenis Fajardo debe solicitar una inspección laboral a esta empresa de comunicación, en vista de que al firmar sucesivamente contratos adquirió permanencia laboral y no puede ser despedida sin la debida justificación por las causales establecidas en el artículo 112 del código del trabajo.

DEBER DE RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES
Toda empresa sea de un empresario de Derecha o disfrazado de Izquierda esta obligado a respetar los derechos y garantías constitucionales del trabajo y el Estado a través de la Secretaría del Trabajo debe amparar tales derechos, por lo que a partir de este caso, debería de servir para iniciar un estudio a través de una supervisión laboral no solamente de Radio Globo, donde sabemos que los trabajadores de la Comunicación no se les paga los salarios establecidos en el ARANCEL DEL PERIODISTA E IGUAL EN ALGUNOS ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL, tampoco los afilian al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y mucho menos cotizan al Instituto de Previsión del Periodista. Son diversos medios de comunicación hablados, escritos y televisados que incurren en estas violaciones, obligando a los y las periodistas a tener que venderse como mercaderes ante los políticos y empresarios corruptos para obtener publicidad y beneficiarse con un porcentaje del 20 y 30% de la misma, quedándose el empresario del medio o el Director del programa con la mayor cantidad, lo que les sirve para andar en carrazos de lujo, mientras los reporteros y camarógrafos andan a pie y ha jalón como me consta.

Estas son las bonanzas que el Estado les confiere al otorgarles frecuencias y licencias de operación hasta por 20 años y creo que ahora es hasta por 50 años, los que les da poder y por eso le temen a los movimientos sociales y políticos que plantean rescatar o reivindicar estos bienes propiedad del Estado para ponerlos al servicio de la sociedad en general y como PODER MEDIÁTICO son capaces hasta de hacer caer gobiernos, promover golpes de Estado y campañas des informativas, desmovilizadoras, calumniadoras, manipuladoras de la población, generando división y polarizaciones para mantenernos sometidos ante la oligarquía a quién le sirven y forman parte.

NECESIDAD DE ASISTENCIA JURÍDICA LABORAL
Públicamente pido a los abogados laboristas de la resistencia, como el compañero Leopoldo Enrique Romero Banegas, Miguel Zelaya y otros que apoyen y asesoren en esta materia a la periodista Lenis Fajardo y se siente un precedente judicial con esta empresa en la que tarde o temprano cada uno de los actuales periodistas, igual que los directores de programas seguirán siendo víctimas de los intereses egoístas y financieros del propietario.

PROMOVER UNA INVESTIGACIÓN ESPECIAL DEL DERECHO LABORAL DE LOS PERIODISTAS EN LOS MEDIOS

Así mismo podemos pedir a la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), instancia que no tiene compromisos con sectores empresariales, para hacer una investigación especial de la situación laboral de los y las periodistas en los principales medios de comunicación del país, tal como lo han hecho con las diversas empresas de seguridad, las empresas de comidas rápidas afiliadas al grupo INTUR, quienes evaden impuestos y algunas empresas maquiladoras que niegan los derechos de maternidad y seguridad social de las mujeres.

PROHIBICIÓN DE CELEBRAR CONTRATOS CON EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
El Estado de Honduras a través del gobierno central y gobiernos locales, deberían de prohibir la celebración de contratos de publicidad con toda aquella empresa de comunicación que no tenga un certificado de cumplimiento de las garantías y derechos laborales, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de proteger a cada uno y una de las trabajadoras de la comunicación, lo que debería ser coordinado con el Colegio de Periodistas de Honduras y la Asociación de Prensa.

INTERVENCIÓN DE LA OIT
Con este reportaje del Periodista hondureño Ronnie Huete, queda clara la necesidad de que los periodistas hondureños tengan que organizarse mejor en asociaciones alternas, afiliarse a centrales obreras y solicitar la intervención de la OIT, para que elabore estudios in situ y formule recomendaciones al Estado de Honduras sobre la materia.


Leonel Casco Gutierrez

Procurador de los Derechos Humanos

Cel. 9892-6935

sábado, julio 16, 2011

ANP REPUDIA ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN AREQUIPA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) repudia públicamente los actos de violencia ocurridos el último 10 de julio, en el distrito de Uchumayo, departamento de Arequipa, contra los periodistas Miguel Ángel Avendaño, director de prensa de radio La Exitosa; Melgar Valdivia, reportero de Viva TV; Fernando Villafuerte Yábar, reportero de América TV y Julio Angulo, reportero gráfico del diario La República.


Los comunicadores sociales fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de trabajadores y del servicio de serenazgo del municipio del distrito de Uchumayo, a los que se sumó un grupo de personas desconocidas, quienes perpetraron este incalificable hecho contra los informadores quienes se encontraban cumpliendo con su deber profesional en forma independiente y sin intervenir en los conflictos sociales que estaban ocurriendo en el lugar.

En dicha ocasión los periodistas atacados trataban de dar cobertura informativa a una asamblea popular convocada por el Frente de Defensa de Uchumayo para ventilar las denuncias de corrupción contra el alcalde de la localidad, Vidal Pinto Paredes. El primero en ser atacado fue el periodista Miguel Ángel Avendaño quien decidió entrevistar a un grupo de personas que se encontraban frente a la plaza donde se realizaba la asamblea, celebrando una reunión paralela en favor del alcalde y con intención de impedir el pedido de vacancia.

Al aproximarse al grupo y sin ninguna justificación o motivo los periodistas fueron insultados y golpeados acusados parcialización y de ser contrarios al cuestionado alcalde Pinto Paredes. El grupo agresor, sin entender explicaciones, ni respetar su evidente condición de periodistas, decidieron en el extremo de tan arbitraria y sorpresiva reacción, no sólo insultarlos y golpearlos, sino inclusive, destruyeron la cámara fotográfica que portaba el reportero Julio Angulo, del diario La República.

La ANP ante actos de tal gravedad, en los que para defender a una autoridad se recurre a conductas delictivas como son el agredir, golpear, insulta y vejar a las personas sin ningún derecho ni motivo, impidiéndoles, incluso, de manera intencionada, el ejercer las actividades propias de su quehacer profesional, demanda a las autoridades policiales y al Ministerio Público una pronta y efectiva investigación a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si para perpetrar dicho ataque existió orden o disposición de alguna persona o funcionario, en particular.

Para la ANP este incalificable ataque constituye un grave atentado contra la libertad de expresión, pues mediante tales actos se ha tratado de amedrentar y silenciar a los periodistas, quienes se limitaban a cubrir la información de un acontecimiento que era de interés para la comunidad.




16 de julio del 2011




COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Perú - La Libertad: Falleció director de revista “Muchik”

CORREO

Redacción multimedia - web@epensa.com.pe


El creador de los premios "Muchik de Oro" y de la revista Muchik, Luis Fernando Gurmendi Sánchez, falleció el último martes a los 58 años de edad. Según sus familiares fue un repentino paro cardíaco el que apagó su vida en la Unidad de Emergencias del hospital Belén.


Al entusiasta organizador y hombre de prensa se le recuerda por haber trabajado muchos años en Hidrandina, así como por las premiaciones a los emprendedores más resaltantes de La Libertad gracias al reconocimiento "Muchik".

Hasta siempre Fernando.

Nota de redacción: Fernado Gurmendi fue un gran ser humano, mejor amigo, muy decente, muy colaborador, amable y de muchisima simpatia. En el medio periodistico, los que lo conocimos lamentamos su perdida.

jueves, julio 14, 2011

ANP RECHAZA PROYECTO DE LEY QUE CRIMINALIZA LABOR DE PERIODISTAS

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su público rechazo al proyecto de ley presentado por la Corte Suprema de Justicia, que penaliza la difusión de comunicaciones obtenidas a través de la interceptación telefónica ilegal, por considerar que dicha iniciativa establece una forma de censura previa que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión personal como colectiva.

Esta iniciativa, propia de regímenes autoritarios que coartan la libertad de prensa mediante acciones de fuerza o normas legales, maniata y criminaliza la labor de los periodistas convirtiendo la tarea de informar en una de las conductas más peligrosas de la sociedad, de una gravedad similar a la de los crímenes atroces, pues se sanciona con penas desproporcionadas y absurdas, que van de seis a diez años, a quienes difundan a través de la prensa audios procedentes de la interceptación telefónica. Esto es que se orienta a sancionar y atemorizar drásticamente a los periodistas, promoviendo una cultura del silencio y el secretismo.

Para la ANP pretender que la actividad informativa y el derecho de expresión puedan depender de la aprobación, decisión o arbitrio de los jueces es concederle al Poder Judicial facultades que son contrarias a la Constitución y a las disposiciones sobre libertad de expresión que garantizan las normas internacionales y regionales sobre derechos humanos, cuya doctrina y jurisprudencia rechazan todo tipo de censura y control previo.

La ANP mantiene su negativa y rechazo a la aprobación de dicho proyecto que plantea modificar el artículo 162 del Código Penal, por considerarlo no sólo atentatorio a los derechos que tienen todas las personas a la libertad de expresión sino, además, porque no se ha ponderado la naturaleza de la labor informativa que cotidianamente devela actos de inconducta pública, la actuación impune de las mafias de la corrupción, el narcotráfico y demás formas delictivas de carácter mafioso organizado, que precisamente descargan su odio y violencia contra los periodistas que descubren y denuncian sus crímenes. En razón a ello la modificación planteada constituye en el fondo una grave limitante para el libre ejercicio de la profesión periodística, más aún en un país como el nuestro que requiere de una prensa que no se encuentre amordazada.

Para la ANP es el periodista, guiado por los principios de la ética profesional, quien debe evaluar la trascendencia de la información de interés público, en tanto corresponde al juez administrar justicia contra aquellos que actúan al margen de la ley interceptando ilícitamente la privacidad de las comunicaciones.



14 de julio del 2011



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

martes, julio 12, 2011

Justicia para los periodistas mexicanos asesinados y desaparecidos

México D.F., 7 de diciembre (OCLACC).- Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) convocan al gremio periodístico, a las organizaciones políticas y a la sociedad civil a participar del foro Justicia para los Periodistas Asesinados y Desparecidos con la finalidad de rechazar la impunidad que padecen los periodistas mexicanos desde hace una década.

El foro abierto al público, en el que participarán familiares, amigos y personas cercanas a las víctimas, se llevará a cabo este 10 de diciembre de 2011 en la ciudad de México, frente al monumento a Francisco Zarco, a las 10:00 horas.

Entre los asistentes se contará con la presencia de Alan García, funcionario de la oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. Reporteros sin Fronteras estará representada por Benoît Hervieu, responsable del despacho Américas de la organización.


El evento contará también con la participación de Rafael Pineda, "Rapé", uno de los caricaturistas de la campaña "¡Basta de Sangre!" -
"No + sangre"

Según Reporteros sin Fronteras, México se encuentra entre los países más peligrosos para la libertad de información.

La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los 80 asesinatos registrados en contra del gremio desde el año 2000, a los cuales se suman 14 desapariciones registradas desde el año 2003. Esta situación se ha intensificado y agravado aún más desde la ofensiva federal contra el narcotráfico, emprendida en diciembre de 2006 bajo la administración del presidente Felipe Calderón, cuyo balance humano se eleva ahora a 50,000 muertos. El foro "¡Justicia para los Periodistas Asesinados y Desparecidos!", se realiza en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 y que consagra el derecho de todo ciudadano de informar, ser informado, vivir en libertad, paz, seguridad y gozar de una justicia en condiciones de igualdad.

Las mafias y los carteles, figuran en México, y en otras partes del mundo, como la principal fuente de peligro físico para los periodistas. Sin embargo la ofensiva federal que debía responder a esa amenaza ha incurrido en excesos y, "en última instancia esta estrategia ha probado su fracaso tanto en México como en los países donde ha sido aplicada", afirman los organizadores del foro.La iniciativa de Reporteros sin Fronteras y del CEPET espera integrarse al vasto movimiento ciudadano que demuestra que la sociedad civil mexicana no ha renunciado a defender los valores fundamentales de una democracia.

Los organizadores hacen un llamado a los periodistas, los defensores de los derechos humanos, las personalidades del mundo de la cultura, el derecho y la política, a unirse al foro que acontecerá este 10 de diciembre de 2011 en el monumento a Francisco Zarco, en la ciudad de México, Distrito Federal, de las 10:00 a las 13:00 horas para decir: "¡No a la impunidad!"


Fuente: Reporteros sin Fronteras

lunes, julio 11, 2011

Alerta Perú (CHEPÉN) - JUEZA CONDENA A PERIODISTA A DOS AÑOS DE PRISIÓN SIN CORRECTA VALORACIÓN DE PRUEBAS

El 6 de julio de 2011, en la provincia de Chepén, departamento La Libertad, María Elizabeth Zulueta Cabrera, jueza del Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chepén - Pacasmayo, condenó a dos años de prisión al periodista Hans Francisco Andrade Chávez, por el presunto delito de difamación agravada.En la resolución, además, se fija el pago de 4 mil nuevos soles por concepto de reparación civil y ciento veinte días multa descontados del veinticinco por ciento de su ingreso promedio diario. También, se le ordena que se rectifique y desagravie públicamente al supuesto ofendido -Juan José Vásquez Romero, subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén- por el mismo medio de comunicación televisivo por un espacio de dos días, con los costos totalmente asumidos por él. Asimismo, se le impuso costas en ejecución de sentencia y se cumpla con la inscripción de la condena, vale decir antecedentes penales. Zulueta Cabrera, concluyó que las transcripciones de un video donde sólo existen críticas y opiniones sobre la conducta e imagen del funcionario público, son suficiente prueba para condenar al periodista, sin tomar en cuenta, la causa debidamente justificada y que manda la ley, esto es el ejercicio legítimo del derecho de información, expresión y opinión del periodista sobre un hecho cierto y público.Hans Francisco Andrade Chávez, quien conducía el noticiero de América Noticias en Chepén, entrevistó a varias personas, entre ellas, a Carla Beatriz Rodríguez Herrera, coordinadora del partido político Alianza por el Progreso, en esa jurisdicción, quien denunció públicamente a Juan José Vásquez Romero de haberla amenazado de muerte en plena vía pública y en presencia de testigos. Tras informar sobre el caso, el subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén querelló al periodista, adjuntando como medio de prueba el video cercenado de la entrevista, donde sólo aparece el comunicador, más no los entrevistados.La denunciante, además, no sólo fue entrevistada por Andrade Chávez, sino por otros periodistas. El hecho veraz es consignado en una declaración jurada, un pedido de garantías personales y, testimonios de descargo presentados en el juicio. Sin embargo, para la jueza es "totalmente irrelevante si las atribuciones que realizó el querellado son verdaderas o falsas", contradiciendo reglas de ponderación del Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República, de carácter vinculante, en conflictos como el presente caso. El periodista no sólo ha sido condenado, sino que el 16 de marzo pasado, por presiones ante la gerencia de la central de América TV, en Lima, dejó de conducir el noticiero.
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687.

Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe/, http://www.ofip.blogspot.com/ , E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com

miércoles, julio 06, 2011

CARTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL PERÚ AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ELECTO OLLANTA HUMALA TASSO

Lima, 05 de julio del 2011

Señor
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional Electo de la República
Ciudad.-

De nuestra mayor consideración:


Es grato dirigirnos a usted, en representación de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), con el objeto de expresar nuestro respetuoso saludo, en vísperas de la asunción del mandato presidencial que le ha encomendado el pueblo soberano y, al mismo tiempo, para hacer de su conocimiento la posición gremial que tenemos como comunicadores en medios de prensa, respecto a los derechos sociales y económicos regulados por ley, actualmente irrespetados en el sector público y en el sector privado, así como en lo pertinente al uso que debe hacerse del espectro electromagnético, importante patrimonio de la Nación que administra por ley el Estado, pero que presenta vacíos y muestra una estructura jurídica discriminadora.

Lo anterior, de otro lado, se articula con una firme conducta de carácter institucional, que nos obliga a respetar y hacer respetar los estatutos y los acuerdos congresales de esta organización, cuya trayectoria acrisolada a lo largo de ininterrumpidos 83 años, tiene el soporte de 89 asociaciones provinciales y 9 mil afiliados en todo el territorio nacional y cuyas luchas gremiales por hacer de la información un derecho del pueblo, tal como hicieron ayer sus fundadores, entre ellos Germán Lazarte, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui, no tienen punto final, en tanto la sociedad misma evoluciona y se retroalimenta cívicamente afrontando la multiplicidad de los cambios sociales, propios de la existencia humana.

Antes de presentar una relación sucinta de nuestra posición en asuntos gravitantes para el país, debemos recalcar que la presente no es una comunicación ceñida por adhesiones u oposiciones. Va más allá de ese candor circunstancial que se da con frecuencia en la realidad política y tiene, más bien, un propósito informador a fin de que forme parte de la agenda del gobierno a instalarse constitucionalmente el 28 de julio del año en curso:

I. Derechos sociales y económicos de los periodistas:

A partir de 1990, los trabajadores periodistas y en general los trabajadores, sufren las consecuencias de una severa política de ajuste estructural, promovida políticamente para afirmar las bases de un modelo económico sustentado en la primacía del mercado. Los trabajadores han sido los más afectados por la perversidad del proceso, con la consiguiente descalificación de la fuerza de trabajo. Las modificaciones regulatorias han facilitado el incumplimientos de las normas de carácter laboral y el continuo descenso del valor de las remuneraciones, condiciones sociales y niveles de empleo.

II. La información de interés público y el uso del espectro radioeléctrico:

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -TIC- permiten integrar al ser humano, cualquiera sea el tiempo o distancia que le separen. También hay avances considerables, en materia de tratados internacionales y legislaciones de diversos rangos normativos en otras latitudes ajenas a la nuestra, que fortalecen los derechos humanos de la información y de la comunicación. Esto no sucede en nuestro país. Al contrario se niega la posibilidad de superar criterios autoritarios o monopólicos. Esto ocurre con la actual ley de radio y televisión y su aplicación en el uso del espectro radioeléctrico. La marginación de sectores trascendentes de la sociedad que deberían de participar con voz propia en el debate y en el desarrollo de una convivencia democrática, es antidemocrático. El poder político vigente cuida las espaldas de un poder económico que concentra en forma unipolar el derecho ciudadano a informar y ser informado, con frecuencia desvirtuando la verdad.

III. La despenalización de los delitos de prensa:

Las estadísticas, sobre todo a partir de 1990, señalan con frialdad una constante persecución contra periodistas que investigan y revelan actos de corrupción en la administración pública, criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas, querellándoles por supuestos delitos contra el honor. El objetivo es acallarlos, haciendo uso de normas hoy obsoletas, conforme lo expresan los informes de la Comisión para la Libertad de Prensa y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú discrepa con el silencio del Estado al respecto, más aún cuando existen mecanismos menos gravosos que, con igual eficacia, conllevarían a resarcir el derecho al honor vulnerado y en tanto, también, se concibe en estos tiempos el derecho penal como instrumento de control social que debe estar reservado a actos ilícitos que atentan contra la integridad física y la vida principalmente, así como contra los delitos que atentan contra la seguridad y el patrimonio del Estado o lo que atentan contra la salud pública y los denominados de lesa humanidad, como las ejecuciones forzadas entre otros similares. La despenalización de los delitos de prensa significaría el reconocimiento ciudadano al trabajo periodístico que no se limita a informar, toda vez que ahora opina, analiza y critica en todo cuanto es de interés público.

IV. El diálogo social, clave del desarrollo humano:

Lo social es lo humano. Es la clave central en la agenda de toda la problemática política, económica, ética y cultural del nuevo desarrollo. Para ese logro es importante el diálogo y la concertación. No existe otro camino. Lo distinto sería la represión que solo engendra más violencia y la discriminación que descalifica a los ciudadanos porque carecen de poder económico o poder político. La ANP considera que la ausencia de diálogo y de concertación es la causa de la subsistencia de una mayoría de gente condenada a la pobreza crítica, a la miseria, a la exclusión social, a la degradación más radical de su dignidad. Por eso demanda del nuevo administrador del Estado el diálogo horizontal con todos los sectores de la población, sin marginaciones. Que no se repita lo que ya se ha hecho repudiable costumbre en el sector de la prensa, donde el gobierno cree que su único interlocutor válido es el empresariado adinerado de los medios de comunicación masiva.

Señor Presidente Electo, es cuanto podemos decir en esta misiva, haciéndole recordar que así como es peligroso dejar la guerra sólo en manos de quienes disparan los cañones, también es peligroso que el futuro social y económico del país quede sólo en manos de quienes no tienen otro Dios que el dinero.


Atentamente,

Roberto Mejía Alarcón
Presidente

Zuliana Lainez Otero
Secretaria
General

lunes, julio 04, 2011

Alerta Perú (CAMANÁ) - ALCALDE QUERELLA A PERIODISTAS Y LOS DECLARA PERSONAS "NO GRATAS" AL MUNICIPIO


Los periodistas Marco Antonio Turpo Cari y Carlos Astete Espinoza, de radio Juventud, en la provincia de Camaná, departamento de Arequipa, fueron querellados por difamación agravada por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, Víctor Antonio Chávez de la Cadena, quien solicita tres años de pena privativa de libertad y una reparación civil solidaria ascendente a medio millón de soles (aproximadamente 180 mil dólares).


El reciente 21 de junio el Segundo Juzgado Unipersonal en lo Penal de Camaná resolvió admitir la querella interpuesta por la autoridad provincial quien aduce lesión a su honor por las opiniones vertidas por los comunicadores sociales sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de obras de desagüe, hipotecas de bienes inmuebles propiedad del municipio y por dar lectura a actas de sesión del Consejo Municipal, que por naturaleza tienen carácter público.


El periodista Turpo Cari asegura que el alcalde, a fin de interponer la querella, ha editado audios en los que registra opiniones de la población y se las ha atribuido.


El alcalde argumenta que los periodistas han vertido versiones malintencionadas, insultantes y carentes de toda veracidad, utilizando términos impropios, adjetivos ofensivos que atentan contra la moral y la buena imagen de las autoridades municipales.


Lo inexplicable es que teniendo oportunidad de aclarar lo que la autoridad califica como versiones malintencionadas, el alcalde hizo caso omiso al reiterado pedido formal de información sobre las obras de alcantarillado del municipio, solicitud presentada por los comunicadores, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el 15 de abril y 30 de mayo.


En la querella también han sido consignada, bajo la figura de tercera civil responsable, la dueña de la Radio Juventud, Ana Valeriano Fuentes.


Hace algunos meses (21 de marzo del 2011) los periodistas Turpo Cari y Astete Espinoza, mediante acuerdo de Concejo 028-2011-MPC-C fueron declarados personas "no gratas" al Municipio provincial argumentándose que utilizaban libertinamente la libertad de prensa para atacar el honor de las personas, poniendo en evidente peligro la formación moral, psicológica y social de la niñez y la ruptura de las relaciones humanas de los que hermanadamente viven en Camaná
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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web:
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domingo, julio 03, 2011

Alerta Perú (CHEPÉN) - INTENTAN DILATAR JUICIO ORAL EN PERJUICIO DE PERIODISTA QUERELLADO POR DIFAMACIÓN

Alegando fallas técnicas en el registro auditivo de la audiencia del reciente 27 de junio en la que testificaron personas en favor del periodista Hans Francisco Andrade Chávez, querellado por difamación agravada por Juan José Vásquez Romero, funcionario de la municipalidad de la provincia de Chepén el asistente del Juzgado Penal Unipersonal Supranacional de Chepén-Pacasmayo pretendió forzar a la jueza a repetir el juicio oral ante ausencia de una grabación que permita una transcripción completa.

Carlos Salvador Cuneo Tafur, asistente de la audiencia advirtió que "la grabación obtenida reproducía un ruido que le impedía escuchar lo que las partes habían mencionado". Esto, a pesar, que el material de otras personas presentes en la sala observaban un registro auditivo y visual nítido.

En razón a ello, y tras la decisión inicial de la jueza de reprogramar la audiencia para volver a examinar a los testigos claves en este proceso, el querellado Hans Andrade Chávez presentó ante la jueza copias de la grabación de la sesión, tanto en imagen y voz, registradas por periodistas que asisten al juicio oral.
Tras corroborar la conformidad del material y considerando que los testigos viven fuera de la ciudad, la autoridad jurisdiccional aceptó el audio proporcionado y dispuso lectura de sentencia para este lunes 4 de julio.

Hans Francisco Andrade Chávez, comunicador social, quien conducía el noticiero de América Noticias en esa ciudad, fue querellado, el pasado 31 de marzo, por el presunto delito de difamación agravada por Juan José Vásquez Romero, subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén.

El querellante acusa al periodista de lesionar su honor y buena imagen al cuestionar y criticar su calidad de funcionario público. Esto por las opiniones expresadas por el periodista tras la entrevista realizada a Carla Beatriz Rodríguez Herrera, coordinadora de un partido político, quien acusaba al funcionario público de haberla amenazado de muerte.

Para el querellado dicha noticia era de legítimo interés público y no tenía el ánimo doloso de lesionar honor ajeno. Esta información, además, fue publicada por todos los medios de comunicación de la ciudad.
Beatriz Rodríguez, precisamente, testigo de descargo, ratificó su denuncia ante la jueza.

El periodista ha denunciado el hecho como un claro ejemplo de presión jurídica que vulnera su derecho de libre expresión, opinión y crítica.

Hans Andrade Chávez, ha señalado, además, haber sido víctima de hostigamiento, primero cuestionándose su ejercicio legal de comunicador y luego atentando contra su derecho al trabajo. Esto último, porque por presiones ante la gerencia de la central de América TV, en Lima, el 16 de marzo el noticiero que dirigía fue sacado del aire.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez Otero y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / www.ofip.blogspot.com, E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe , ofip.peru@gmail.com