Karen Phillips.- Los equipos informáticos y de comunicación pertenecientes a la revista de noticias crítica Vanguardia han sido incautados por autoridades ecuatorianas tras un allanamiento policial efectuado un mes atrás. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha concluido que el embargo constituye represalia por la posición editorial de la revista e insta a las autoridades a devolverlos a los editores. El 17 de diciembre, miembros armados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) irrumpieron en las oficinas de Vanguardia en Quito, retuvieron a los empleados, y embargaron algunos de los bienes, incluyendo 35 discos duros, contó su editor Juan Carlos Calderón al CPJ. Las autoridades informaron que la acción fue parte de un procedimiento de desalojo que involucraba a sus oficinas pertenecientes al estado.
Una orden emitida por un organismo del estado resolvió que Gran Tauro, la empresa editora de Vanguardia, tenía tres días de plazo para pagar 14.560 dólares que supuestamente debía. Pero Calderón aclaró que el desalojo fue ejecutado de inmediato. La revista pagó la suma total que supuestamente debía a principios de enero, pero los funcionarios no han reconocido la recepción de los fondos.
Vanguardia y el grupo de prensa local Fundamedios creen que la incautación de los bienes fue ilegal y desproporcionada. El 21 de diciembre, a petición de Vanguardia, el juez de Guayas Ángel Rubio ordenó que se le permitiera al personal de la revista efectuar una copia de sus discos duros, que contenían información periodística importante. Aun no han podido obtener copias de los discos duros a pesar de haberlo intentado tres veces, Calderón indicó al CPJ. "Sospechamos que el gobierno o algún funcionario está interesado en nuestra información", agregó.
Calderón y Fundamedios creen que las acciones contra Vanguardia nacen de sus investigaciones exhaustivas sobre corrupción oficial. Vanguardia sigue publicando desde nuevas oficinas.
"El decomiso del equipo de Vanguardia parece destinado a paralizar a este medio independiente y crítico", ha señalado Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Instamos a las autoridades a devolver la propiedad de la revista y permitir que Vanguardia funcione sin obstrucción".
