María Pía Matta*.- Las reacciones de diferentes gobiernos ante la divulgación de información pública por parte de Wikileaks ignoran el necesario debate sobre el derecho de los ciudadanos a conocer las acciones de sus gobiernos, y la asociación mundial de radios comunitarias AMARC denuncia por ello el clima de censura y represión que afecta a los gestores y administradores de Wikileaks.
Resulta muy preocupante que en un clima hostil al debate sobre la libertad de expresión, se hayan desarrollado acciones que no reconocen el valor de la información como parte de los derechos fundamentales y que vulneran el derecho de las y los ciudadanos a tener libre acceso y conocimiento de asuntos públicos.
AMARC como una asociación mundial, que reúne a radios comunitarias de todos los continentes cree necesario enfocar esta discusión en el tema del acceso a la información como un derecho fundamental para el desarrollo de la democracia.
Nos llama poderosamente la atención que los mismos gobiernos que promueven la transparencia como valor de la convivencia democrática hoy repriman la difusión de antecedentes sobre la gestión pública que amplían el conocimiento ciudadano de las acciones del poder. En ese sentido resulta indispensable que los gobiernos reconozcan que tecnologías como Internet suponen espacios de control de la gestión pública y deben ser usadas como instrumentos para el buen gobierno y la transparencia. Esto debe llevar a cambiar la cultura del secreto que domina en las políticas de estado de las principales potencias. Se debe reconocer que las y los ciudadanos tienen el derecho de establecer formas de interacción con la gestión de sus gobiernos que amplíen los ámbitos del dominio público.
Solidarizamos con quienes liberan información reservada referida a violaciones a los derechos humanos que cometen los estados, ya que dichas acciones revindican el derecho de la ciudadanía de actuar en defensa de la plena vigencia del estado de derecho.
Creemos que es un deber de los estados abstenerse de acciones de censura indirecta ejercidas como resultado de la presión sobre proveedores de servicios asociados al desarrollo de los medios o bloqueando el libre acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación.
Afirmamos que es imprescindible que existan regulaciones claras que protejan a las y los comunicadores de represalias relacionadas con el ejercicio del derecho a la comunicación. Estas regulaciones deben basarse en el reconocimiento del derecho a la información y a la opinión de todos los miembros de una sociedad y deben constituir en la información un bien público protegido por los principios reconocidos en el derecho internacional.
Las radios comunitarias sabemos de acciones de censura y represión. Hemos aprendido que cuando se acalla un medio de comunicación toda la sociedad pierde la posibilidad de una convivencia en libertad. También sabemos que la censura es inútil porque no se pueden acallar todas las voces de una ciudadanía organizada que busca expresarse. Por eso instamos a la comunidad internacional a detener la censura a escala global contra Wikileaks y establecer el pleno respeto de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
*María Pía Matta es presidenta de Amarc
