Aleida Calleja.- Agentes de la policía ministerial adscrita la Procuraduría General de la República (PGR) han ejecutado una orden de aprehensión contra José Maza, integrante de la emisora comunitaria Radio Diversidad, ubicada en la comunidad campesina de Paso del Macho en Veracruz al este de México.
La detención es parte del proceso penal que se inició cuando Radio Diversidad fue cerrada el 11 de marzo de 2009 mediante un operativo de la PGR respondiendo a una orden de registro librada por un juez penal federal, por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales por la utilización de la frecuencia de radio sin el permiso correspondiente. De acuerdo con el expediente, la denuncia inicial fue interpuesta por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) en enero de 2009
Para poder enfrentar el proceso en libertad, José Maza deberá presentar una garantía de veintidós mil pesos mexicanos (aproximadamente dos mil dólares). De igual manera otros integrantes de la radio comunitaria, Juan José Hernández y Paola Ochoa, continúan enfrentando un proceso penal en su contra como parte de la misma acusación, la cual será debidamente impugnada en su momento por parte de AMARC México quien lleva su defensa legal.
Este caso se suma al de otras radios comunitarias que han sufrido persecuciones penales similares. La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa –pena proporcional para cumplir el objeto de la ley, que es recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias por parte del Estado mexicano.
El acoso penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.
Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han afirmado que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.
Para AMARC ALC es lamentable que el gobierno actual haya iniciado y mantenga una línea represiva a través de la vía penal para la radiodifusión no autorizada, incumpliendo el compromiso que ha hecho ante organismos internacionales para no continuar con esta política. En la actual situación de violencia que vive México, especialmente en contra de comunicadores, dicha política no solamente es desproporcionada, sino que afecta gravemente la ya tan minada libertad de expresión en este país.
Por tanto, AMARC ALC exige al Estado mexicano el cese estos procesos de persecución penal e implemente acciones que posibiliten a las comunidades ejercer su derecho a la libertad de expresión por medio de la radiodifusión comunitaria.
*Aleida Calleja es directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC ALC
