OTRO PERIODISTA ASESINADO EN MÉXICO: ¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?

OTRO PERIODISTA ASESINADO EN MÉXICO:
¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) tras expresar su permanente consternación ante la extrema violencia contra los periodistas en México demanda, una vez más, una acción efectiva del Estado mexicano que parece inerte ante los crímenes.

La FEPALC está convencida que el caldo de cultivo de estos asesinatos es que tienen garantizada la impunidad. Es terrible que a la fecha, con más de un centenar de colegas asesinados en los últimos 10 años, no haya ningún responsable en la cárcel. Es más nefasto constatar que en la mayoría de los crímenes de los últimos años el episodio que anticipa al asesinato es una amenaza que terminada siendo desestimada por las autoridades.

Tal es el caso del colega Miguel Ángel López Velasco, periodista y columnista del diario digital Notiver, quien fue acribillado en su domicilio, en el estado de Veracruz, el último 20 de junio, junto a su esposa y su hijo, Misael López Solana, quien desempañaba labor de reportero gráfico para el mismo medio.

López Velasco cubría temas de seguridad y narcotráfico, por lo que la FEPALC demanda que se privilegie la pista profesional en la investigación del crimen.
Esta explícita solicitud responde al hecho real que las autoridades locales, en todos los casos registrados a la fecha, parecen empeñadas en desvincular los crímenes del ejercicio profesional. Nos preguntamos, entonces, ¿quiénes y por qué matan a nuestros compañeros?. Queremos respuestas.

La FEPALC tras condenar este nuevo hecho de violencia con la mayor firmeza, se suma a la acción del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), su organización afiliada, que persiste en reclamar con todo derecho que el Estado cumpla con su deber de prevenir e investigar los crímenes, secuestros, intimidaciones y amenazas, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

Demandamos, además, poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la vida y seguridad de los periodistas, en particular, quienes reportan desde lugares señalados de alta peligrosidad para el ejercicio periodístico.

El asesinato de Miguel Angel López eleva a seis la cifra de colegas victimados en lo que va del 2011. A ello se suma la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del diario Novedades de Acapulco, en el estado de Guerrero, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de junio último, paradójicamente fecha en que en México se celebraba el Día de la Libertad de Expresión.

21 de junio 2011

Celso Schroder
Presidente FEPALC

Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC, a través del
e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: www.fepalc.org

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FEPALC DEMANDA INMEDIATA LIBERTAD DE PERIODISTA PERUANO ENCARCELADO HACE DOS MESES

FEPALC DEMANDA INMEDIATA LIBERTAD DE PERIODISTA PERUANO ENCARCELADO HACE DOS MESES

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) demanda la inmediata libertad del periodista peruano Paul Segundo Garay Ramírez, recluido en un centro penitenciario desde hace dos meses, por considerar que ha sido sentenciado a pena efectiva de prisión sin ponderarse debidamente las pruebas presentadas en su contra en la querella que por difamación le inició el titular del Ministerio Público del departamento de Ucayali.

El hecho que un periodista esté en prisión por una querella por difamación nos reclama la atención a un tema mayor, que es la inmediata necesidad de adecuar el ordenamiento legal peruano a lo que dicta la doctrina mundial que prescribe al ámbito civil todo proceso emprendido por presunta difamación. Para la FEPALC, lo importante es resarcir el derecho al honor lesionado y no centrarse en el castigo al periodista.

Continuar penalizando el delito contra el honor significa perseguir criminalmente a las personas y periodistas por razón de sus expresiones y opiniones, lo que resulta absurdo en una sociedad moderna, donde la libertad de expresión y opinión debe imperar en un Estado democrático y de Derecho.

Para la FEPALC la sentencia contra el periodista Garay Ramírez es desproporcionada, desmedida e inhibitoria, más cuando se trata de un proceso en el que se encuentra incurso un funcionario público, expuesto al escrutinio y la crítica ciudadana. Blindar a quienes ejercen función pública constituye un atentado al principio de igualdad de todos ante la ley e impone una cultura del silencio desfavorable al ejercicio periodístico y atentatorio contra el derecho ciudadano a saber. La propia Organización de Estados Americanos (OEA) precisa que las libertades de información y opinión son los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.

En razón a ello, la FEPALC acompaña en todas sus acciones a su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que ha iniciado una campaña gremial para lograr la libertad de Paul Garay Ramírez y hace un llamado público al titular del Poder Judicial peruano, Dr. César San Martín Castro, para que invoque una correcta administración de justicia donde no se criminalice la crítica y se respete el debido proceso sin excesos.

21 de junio 2011

Celso Schroder
Presidente FEPALC

Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP) Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

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PERÚ: CAMPAÑA GREMIAL POR LA LIBERTAD DE PERIODISTA PAUL GARAY RAMÍREZ, RECLUDIO EN PENAL DE PUCALLPA DESDE HACE DOS MESES

Estimados/as compañeros/as:

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha iniciado una campaña gremial por la libertad del periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa radial La Voz del Pueblo, transmitido en la emisora radial La Exitosa, en la provincia de Coronel Portillo.

El comunicador social está recluido en el penal de Pucallpa, desde hace dos meses, tras ser querellado por difamación por Agustín López Cruz, Fiscal Provincial en dicha jurisdicción, en razón de diversos comentarios referidos a las actividades profesionales del citado magistrado.

El periodista ha sido condenado a tres años de prisión efectiva y a pagar la suma de 20 mil nuevos soles (U$ 7,300 aprox) por concepto de reparación civil.

La situación del periodista Paul Segundo Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente aplicándosele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal medida de gravedad. Durante la tramitación del proceso el periodista adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaba en el delito materia de querella. Paul Garay Ramírez ha apelado la sentencia.

En razón a ello les hacemos un llamado solidario a remitir comunicaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César San Martín Castro, e.mail: presidente@pj.gob.pe, con copia a la ANP: anp@amauta.rcp.net.pe, solicitando un debido proceso y expresando su queja por el sistemático uso y abuso de querellas judiciales contra los periodistas que amenazan en convertirse en verdaderos instrumentos de intimidación y censura.
Hay necesidad de exhortar a las autoridades a que liberen al periodista Garay Ramírez, que revoquen la sentencia por difamación y adecúen la legislación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que considera las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación.

Anexamos una ayuda memoria sobre el caso a fin de que dispongan de mayor línea argumentativa en esta causa.

Fraternalmente,

Roberto Mejía Alarcón
Presidente ANP

Zuliana Lainez Otero
Secretaria general ANP

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CONDENAN A PERIODISTA A TRES AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA POR CRITICAR A FISCAL DE PUCALLPA

El periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa "Voz del Pueblo", de radio La Exitosa y "Polémica" que difunde la televisora Visión 47, en la provincia de Coronel Portillo, fue condenado a tres años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 20 mil nuevos soles.

Garay Ramírez fue recluido en el Penal de Pucallpa el 19 de abril del 2011.

El periodista fue sentenciado por haber criticado al fiscal Agustín López por archivar, sin darle seguimiento, dos casos de corrupción. Como prueba de la supuesta difamación sólo se presentó una breve grabación radiofónica. Paul Garay Ramírez ha desmentido que la voz grabada fuera la suya y, sobre todo, ha confirmado que él no trabajaba entonces para la radio de la que procedía la grabación.

La condena que contiene la sentencia resulta de la opción del juzgado por sobredimensionar las frases injuriosas que se afirma han sido expresadas por el periodista, pero que en realidad son frases de las que éste ha negado ser autor y aún cuando aquello hubiera ocurrido, son calificaciones que se originarían por la inconducta previamente denunciada por el citado hombre de prensa, tanto las de nivel funcional como las personales vinculadas a la imagen que debe exhibir un representante del Ministerio Público.

Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) este fallo deja visible la desigual consideración de intocable a la persona de un funcionario público, de un fiscal, al que se debe proteger no sólo de agravios y ofensas, sino de críticas, observaciones y opiniones hechas por los periodistas. En la sentencia se sugiere que la condición de fiscal del querellante convierte la infracción en un delito de mayor gravedad al que se pudiera haber inferido a cualquier otro ciudadano, en cuyo caso seguramente el fallo no hubiera sido dictado con la drasticidad que el comentado cuando se trata de un periodista.

Los hechos mencionados reflejan una realidad que no ha sido debidamente evaluada por el juzgado, el periodista hoy encarcelado no ofrece ningún tipo de peligrosidad social, no huye, ni se oculta de la justicia, etc., razón por la cual el proceso y la sentencia tienen más un carácter de represalia y de intimidación, para que no se publique ningún tipo de crítica, que de tramitar una querella por los canales constitucionales.

ANP DEMANDA GARANTÍAS PARA TRABAJO DE LA PRENSA

ANP DEMANDA GARANTÍAS PARA TRABAJO DE LA PRENSA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante los acontecimientos ocurridos en Canal 5, Panamericana Televisión, a propósito de la orden de detención del dirigente aimara Walter Aduviri y el despliegue policial para detenerlo en las instalaciones de dicha teledifusora de la ciudad de Lima.

Ante esta situación de conflicto social y de tensión entre la población civil y las fuerzas policiales, demandamos a las autoridades nacionales, decisiones firmes basadas en un razonamiento ponderado y a los dirigentes del Frente de Defensa de la Zona Sur de Puno, asumir que todo acto de violencia es contrario a los principios del Estado de Derecho y que la única manera de respetar y proteger sus intereses es sentarse a negociar buscando el bienestar de todos los peruanos y peruanas.

Tanto la preocupación de nuestro gremio y su exhortación obedecen a hechos de la misma naturaleza, que en los últimos meses se están incrementando en lugares como Chimbote, en donde la autoridad regional no tiene escrúpulos para ordenar la agresión a los periodistas y en Satipo, donde el periodista Alex Veliz Solano, de Studio 99, recientemente fue atacado en la cabina de locución por el dirigente político Alfonso Huamaní, por citar dos casos entre otras 54 agresiones físicas y amenazas registradas en los primeros seis meses del año en curso.

Por otro lado y dado que tales hechos significan una amenaza constante para que la ciudadanía no se vea perjudicada en su derecho a la información de interés público y que los periodistas y los medios cumplan su delicada función sin mayor riesgo, la ANP exige de los funcionarios de los Poderes del Estado, el fiel cumplimiento de las normas constitucionales y políticas preventivas de conflictos sociales que, en modo alguno, prive a los ciudadanos del derecho a informar y ser informado.

Lima, 16 de junio de 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP DEMANDA INVESTIGAR ACTUACIONES JUDICIALES EN PERJUICIO DE RADIO LA VOZ DE BAGUA

ANP DEMANDA INVESTIGAR ACTUACIONES JUDICIALES EN PERJUICIO DE RADIO LA VOZ DE BAGUA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que significa la reapertura de un proceso penal contra tres periodistas de radio La Voz de Bagua, por el Segundo Juzgado Penal de la provincia de Utcubamba.

La ANP manifiesta públicamente su solidaridad y apoyo a los periodistas afectados.

La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas decidió revocar la resolución del juez de la Investigación Preparatoria del Segundo Juzgado de Utcubamba, por la que se declaró fundada la Excepción de Improcedencia de Acción interpuesta a la imputada Aurora Doraliza Burgos de Flores en el procedimiento seguido por el delito contra el patrimonio en la figura de hurto agravado en agravio del Estado.

Dicha revocatoria significa una errónea decisión que no considera elementos de la realidad y pone en el centro del debate un tema que ya se había considerado esclarecido y resuelto, en razón de que las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones habían reconocido el error de haberse procedido a clausurar la radio y se devolvía dicho medio a sus propietarios. Efectivamente, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones clausuró radio La Voz, medida que duró 14 meses, procediéndose a la devolución en agosto del año 2010, reconociéndose públicamente haberse cometido un error y disculpándose de lo que constituía un atentado contra la libertad de expresión, declarando extinguidos los procesos iniciados contra los periodistas.

La devolución de dicha radio y las correspondientes satisfacciones a quienes se habían perjudicado injustamente por considerar que intervinieron en los sucesos lamentables de la Curva del Diablo-Bagua, no se han visto reproducidos en sede judicial, esto es, que no tuvo su oportuna consecuencia en el archivamiento del proceso, pues por propia decisión de la denunciante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconocía la existencia de acto arbitrario inicial, no sólo social y políticamente, sino que además ilícito inexistente que, no obstante, mantiene innegables consecuencias para el proceso, pues de esa forma se omite incorporar un elemento probatorio que deja sin sustento fáctico o realidad, los hechos en el delito investigado y por los que injustamente se acusa a los periodistas.

Debemos observar que la decisión de la sala es coincidente con el anuncio de los voceros del gobierno, de culpabilizar a terceros de los lamentables hechos ocurridos en aquella ocasión, y entre ellos se extendió la sospecha de responsabilidad a la prensa radial, en La Voz de Bagua, cuando en realidad aquello no ha sucedido y se confirma ahora que se trató de una grotesca y falsa acusación; y ello continúa a pesar de que el gobierno rectificó su error y, por tal razón, autorizó la reapertura de la radioemisora al no existir motivo o causal para sancionar a los propietarios y periodistas de la misma; de lo que se concluye que no existe conducta ilícita si se esclarecen los hechos y se rectifican errores debe considerarse que las decisiones administrativas que motivaron la denuncia igualmente carecen de realidad y fuerza probatoria como para continuar con el procedimiento de juzgar y condenar a los acusados.

Ante la grave situación expuesta, resultante de la cuestionada resolución, la ANP manifiesta su más enérgica protesta y solicitamos a los órganos competentes del Poder Judicial una investigación de tales desconcertantes actuaciones judiciales que deciden en contra de la realidad y que causan preocupación, pues constituyen grave vulneración al derecho del libre ejercicio de la profesión periodística y a la libertad de expresión, piedra angular de la democracia.

16 de junio del 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP EXPRESA PREOCUPACIÓN POR CONDENA DRÁSTICA Y DESPROPORCIONADA QUE MANTIENE EN PRISIÓN A PERIODISTA EN PUCALLPA

ANP EXPRESA PREOCUPACIÓN POR CONDENA DRÁSTICA Y DESPROPORCIONADA QUE MANTIENE EN PRISIÓN A PERIODISTA EN PUCALLPA

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), ante la prolongada detención arbitraria del periodista Paul Segundo Garay Ramírez, quien se encuentra recluido hace casi dos meses en la cárcel de Pucallpa en razón de sus actividades periodísticas, se dirige a la opinión pública para manifestar su rechazo y denuncia por la arbitrariedad que se cierne sobre el caso del periodista pucallpino.

Conforme se hizo público, en un pronunciamiento emitido con anterioridad por la ANP, el 19 de abril de 2011 en la provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, el Segundo Juzgado Penal de esta provincia dictó sentencia condenatoria contra el periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa radial La Voz del Pueblo, que se trasmite en la emisora La Exitosa, ante la querella planteada por Agustín López Cruz, quien ocupa el cargo de Fiscal Provincial, como consecuencia por diversos comentarios referidos a las actividades profesionales del citado magistrado, en la sentencia se ha dictado un fallo que causa verdadera sorpresa; se ha condenado a la pena efectiva de prisión al periodista querellado y a pagar la suma de 20 mil nuevos soles por concepto de reparación civil y cuya aplicación ha sido inmediata encontrándose el periodista Paul Segundo Garay Ramírez recluido en la cárcel pública, en mérito al mandato del referido juzgado.

Reiteramos nuestra denuncia, en el sentido de que la condena impuesta al periodista Paul Segundo Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente al aplicársele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal sentencia. Durante la tramitación del juicio, éste adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión, al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaba en el delito materia de la querella.

Se observa con preocupación que, en la decisión judicial, no se ha tenido en cuenta el interés público por el juzgador de optar por el derecho al honor y no por la libertad de información, privilegiando la condición de fiscal del querellante y resaltando las calificaciones que se han vertido, pero dejando de hacer referencia al cuestionamiento que se plantea sobre la conducta funcional de los fiscales en Pucallpa y, en particular, la del fiscal cuestionado, sin valorarse que los actos personales que se denuncian sobre relaciones con la familia de una de las partes involucradas en un proceso en trámite, el mismo que se encuentra a cargo del ahora querellante, críticas que se refieren a la imagen negativa que tiene para el informador dicha conducta, por el prestigio y autoridad del cargo que ejerce en Pucallpa.

Asimismo, la condena que contiene la sentencia resulta de la opción del juzgado por sobredimensionar las frases injuriosas que se afirma han sido expresadas por el periodista Paul Segundo Garay Ramírez, pero que en realidad son frases de las que éste ha negado ser autor y aún cuando aquello hubiera ocurrido, son calificaciones que se originarían por la inconducta previamente denunciada por el citado hombre de prensa, tanto las de nivel funcional como las personales vinculadas a la imagen que debe exhibir un representante del Ministerio Público.

Fraccionar los hechos y ocultar las circunstancias y el fondo de la noticia dejan como falsas las frases injuriosas, que se afirma en la sentencia, constituye delito agravado contra el honor, y a la que correspondería una imposición de prisión efectiva y que deja visible la desigual consideración de intocable a la persona de un funcionario público, de un fiscal, al que se debe proteger no sólo de agravios y ofensas, sino de críticas, observaciones y opiniones hechas por los periodistas. Esto es, que trata de un personaje de interés público por excelencia, al parecer más allá del bien y del mal, y por ello en la sentencia se sugiere que la condición de fiscal del querellante convierte la infracción en un delito de mayor gravedad al que se pudiera haber inferido a cualquier otro ciudadano, en cuyo caso seguramente el fallo no hubiera sido dictado con la drasticidad que el comentado cuando se trata de un periodista.

Llama la atención la drasticidad de la pena impuesta, una condena efectiva de tres años de prisión y una indemnización económica imposible de pagar. Como resultado de esta decisión, el periodista Paul Segundo Garay Ramírez permanece recluido y cumpliendo condena en la cárcel de Pucallpa, a pesar de que se planteó recurso de apelación contra la misma y que se encuentra pendiente de resolución por la Sala Penal. Los hechos mencionados reflejan una realidad que no ha sido debidamente evaluada por el juzgado, el citado profesional no ofrece ningún tipo de peligrosidad social, no huye, ni se oculta de la justicia, etc., razón por la cual el proceso y la sentencia tienen más un carácter de represalia y de intimidación, para que no se publique ningún tipo de crítica, que de tramitar una querella por los canales constitucionales, pues las consecuencias están a la vista: blindar a los funcionarios públicos, en este caso a los fiscales, para que ningún periodista de la zona se atreva a cuestionar o expresar su disconformidad con la actuación de aquellos.

Consideramos que la drástica decisión cuestionada constituye además una medida que trasgrede los términos establecidos por la Constitución, en cuanto a garantizar el derecho a la libertad de expresión, por no revestir la gravedad que se menciona y más bien aparece como un retorno a épocas pasadas de autoritarismo en las que se recurría a perseguir a la prensa, lograr la censura mediante métodos de acoso e intimidación valiéndose de los tribunales de justicia, convirtiendo en intocables a las autoridades y funcionarios públicos.

Ante los graves hechos que denunciamos públicamente, la ANP expresa su rechazo y profunda preocupación ante la amenaza a la libertad de expresión que representa la carcelería que viene sufriendo el periodista Paul Segundo Garay Ramírez en la prisión de Pucallpa, y demanda a las instancias del Poder Judicial la inmediata libertad del citado hombre de prensa.

16 de junio del 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Otro periodista asesinado en México: FEPALC CONSTERNADA POR INFRENABLE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO

Cinco trabajadores de los medios en lo que va del año


FEPALC CONSTERNADA POR INFRENABLE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresa su consternación por el asesinato de otro periodista en México. A la fecha, en el 2011, son cinco los trabajadores de los medios asesinados en ese país, sin que el Estado haya sido capaz de hacer justicia en el 98 por ciento de los casos.

En razón a ello, la FEPALC responsabiliza al Estado mexicano por la alta tasa de impunidad, que incentiva no sólo los crímenes, sino que alienta una creciente autocensura entre los medios, que han optado por el silencio como mejor herramienta para proteger la vida de los comunicadores.


El reportero Pablo Ruelas Barraza, quien trabajó para los periódicos locales El Diario del Yaqui y El Regional, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el último 13 de junio, en el estado de Sonora, había recibido, antes del crimen, amenazas de muerte que no fueron oportunamente investigadas por las autoridades -como se registra en el mayor porcentaje de crímenes previos-.


Este nuevo homicidio se suma al secuestro del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del diario Novedades de Acapulco, en el estado de Guerrero, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de junio último, paradójicamente fecha en que en México se celebraba el Día de la Libertad de Expresión.


La FEPALC, tras demandar una inmediata investigación del crimen de Ruelas Barraza y exigir la aparición inmediata y con vida de nuestro colega López Ortiz, expresa su plena solidaridad con su organización afiliada, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa de México. En ese sentido, se suma a la exigencia de su secretario general, Isaac Olmedo Lava, quien ha reclamado a las autoridades, con legítimo derecho, que asuman su responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y la libertad de los comunicadores en México, y que dejen de lado el discurso unísono enfocado sólo en entregar resultados en materia de seguridad y procuración de justicia para la platea.


Para la FEPALC y el SNRP la impunidad que ha permitido el gobierno a los enemigos de las libertades de expresión y de prensa, ha favorecido el clima de de violencia que tantas vidas ha cobrado en el país. Por ello, de manera enérgica, demandamos al Estado mexicano que asuma su papel y no permitan que ningún comunicador más sea victimado por ejercer su labor.

15 de junio 2011

Celso Schroder
Presidente FEPALC


Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC, a través del
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Alerta Perú (UTCUBAMBA) - SALA PENAL REVOCA RESOLUCIÓN DE JUEZ QUE FALLÓ A FAVOR DE RADIO LA VOZ

Alerta Perú (UTCUBAMBA)

SALA PENAL REVOCA RESOLUCIÓN DE JUEZ QUE FALLÓ A FAVOR DE RADIO LA VOZ

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El 7 de junio de 2011, en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, los magistrados Luz Carolina Vigil Curo, Francisco Santiago Delgado Paredes y Flormira Arteaga Ramírez, integrantes de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, decidieron revocar la resolución de un juez que declaró fundada la Excepción de Improcedencia de Acción a favor de Doraliza Burgos de Flores, propietaria de radio La Voz.

Para los jueces de esta Sala Penal, constituye delito y es justiciable penalmente, la utilización del espectro radioeléctrico para la transmisión de la señal de radio La Voz, autorizada en su momento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desconocida luego de proceso administrativo que canceló la licencia y multó a la radioemisora. Hoy se pretende sancionar, nuevamente a radio La Voz, por la vía penal, bajo la figura del delito de hurto agravado.
El 21 de febrero de 2011, Olga del Carmen Bobadilla Terán, fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal, a iniciativa del procurador del MTC, Oswaldo Arroyo Novoa, formalizó denuncia penal contra Burgos de Flores, por el delito de hurto agravado exigiendo se le imponga una pena privativa de la libertad de 4 años y al pago de tres mil nuevos soles, por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La propietaria de Radio La Voz, ejerciendo su derecho de defensa interpuso el recurso de Excepción de Improcedencia de Acción, ante el juez Bernabé Orellado, del Segundo Juzgado de Utcubamba, quien declaró fundado el recurso. Hoy este último fallo ha sido revocado.

Radio la Voz, a raíz de la difusión sobre los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Bagua, viene siendo objeto de persecución política-administrativa.

El gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), le canceló la licencia durante 14 meses. En agosto del 2010, reconoció haber atentado contra la libertad de expresión por lo que mediante resolución declaró extinguidos los procesos abiertos contra la emisora y sus periodistas, otorgándole nuevamente la licencia. Pese a ello, el procurador del MTC ha impulsado la denuncia penal en contra de la propietaria de radio La Voz.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / ; E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com

Propiedad intelectual: derecho de autor de los periodistas

PES

Carmen Santos Arrarte.- Tanto la nota de prensa de la CNC del día 12 de mayo 2011 relacionada con press clipping y la autoría de artículos de prensa, como las recomendaciones de la Comisión Europea en relación a un mercado único europeo de la propiedad intelectual, de 24 de mayo 2011, coinciden en la definición e la autoría de los periodistas:

1.- La Resolución de la CNC, colgada en su página web con un detallado y laborioso trabajo de investigación de varios años, nos muestra cómo desde la entrada en vigor del nuevo texto legal, el art.32 de la TRLPI de Ley 23/2006, todos los grupos afectados (editores, asociaciones de periodistas, empresas de press clipping) interpretaron de igual manera el alcance de "autor de artículo periodístico", como se desprende de las páginas 10, 20, 21, 41, 55 y otras de la propia Resolución.

Si bien esta Resolución ha sido recurrida en la correspondiente instancia, parece que solo podrá ser revisada en cuanto a las conductas de las que deriva la sanción no pudiendo ser objeto de pronunciamiento en cuanto a los hechos probados tanto por la Dirección de Investigación como por el propio Consejo de la CNC.

2.- Las recomendaciones de la Comisión Europea (pag. 16 in fine y 17) en relación a la puesta en marcha de un mercado único europeo de la propiedad intelectual, en su apartado 3.3.5 señala "… los periodistas son los autores y su trabajo es importante no solo porque descubren, comentan e interpretan el mundo en el cual vivimos.. " y añade "Asimismo, los editores juegan también un papel importante en la difusión de los trabajos de los autores, periodistas, investigadores, fotógrafos y otros informadores".

ANP EXIGE INVESTIGAR AMENAZAS DE MUERTE CONTRA PERIODISTAS DE PROGRAMA TELEVISIVO EN TARAPOTO

ANP EXIGE INVESTIGAR AMENAZAS DE MUERTE CONTRA PERIODISTAS DE PROGRAMA TELEVISIVO EN TARAPOTO

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) pone en conocimiento de las autoridades y la opinión pública las graves y reiteradas amenazas de muerte efectuadas en forma anónima y por vía telefónica contra la periodista Glenda Mello Pinedo y miembros del equipo del programa Enfoques, que transmite Televisión Tarapoto, en la ciudad del mismo nombre, provincia de San Martín.

Las llamadas amenazantes los conminan a dejar de informar sobre la gestión del alcalde del centro poblado Nueve de Abril, Elías Pérez Vela, caso contrario sus vidas correrían serio peligro.

Tal contenido de las amenazas coincide sospechosamente con los diversos cuestionamientos y denuncias formuladas por la periodista Glenda Mello Pinedo respecto de la falta de transparencia en la gestión de la Alcaldía del centro poblado Nueve de Abril a cargo del citado Sr. Elías Pérez Vela

La ANP considera que este tipo de actos intimidatorios que se esconden en el anonimato deben ser debidamente esclarecidos e investigados razón por la cual demanda que tanto la Policía Nacional y la Fiscalía competente realicen todos los esfuerzos a su alcance para lograr tal fin, a efectos de imponer oportunamente severas sanciones a los autores y demás responsables de tales hechos, que pretenden silenciar ilícitamente las actividades periodísticas recurriendo a prácticas delictivas como las que denunciamos.

Lima, 28 de mayo del 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Libia guarda silencio sobre el fotoperiodista asesinado Anton Hammerl

PES

IFEX.- El reportero gráfico sudafricano Anton Hammerl, quien vivía en el Reino Unido, de 41 años, quien resultó muerto a tiros por tropas libias el 5 de abril cerca de Brega en el oriente de Libia, había estado trabajando con otros tres periodistas extranjeros cuando fuerzas partidarias de Gaddafi les dispararon.

Los otros periodistas fueron capturados y liberados después; y sólo después de cruzar la frontera hacia Túnez hablaron de la muerte de Hammerl, temiendo represalias del Gobierno libio si mencionaban su nombre en sus llamadas a casa. Los miembros de IFEX están exigiendo al Gobierno que entregue el cuerpo de Hammerl e investigue el papel de las fuerzas armadas en su muerte.

El Comité por la Protección de los Periodistas (CPJ), Human Rights Watch y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) también están acusando al Gobierno libio de retener información sobre la muerte de Hammerl. Durante más de seis semanas el Gobierno dijo que Hammerl estaba en custodia gubernamental o que estaba en custodia segura. Se garantizó repetidamente a los gobiernos extranjeros que estaba vivo, informan el International Press Institute (IPI) y Reporteros sin Fronteras (RSF).

"Las fuerzas gubernamentales libias mataron a Anton Hammerl hace seis semanas y luego mintieron sobre lo que ocurrió", acusó Peter Bouckaert, director de emergencias en Human Rights Watch. "Tenían su pasaporte y sabían que estaba muerto".

Retener u ofrecer intencionalmente información falsa sobre el destino de una persona en custodia, incluyendo una persona que ha muerto, podría equivaler a una desaparición forzada según las leyes internacionales de los derechos humanos, dice el CPJ.

Los periodistas estadounidenses Clare Morgana Gillis y James Foley y el fotógrafo español Manuel Varela, también conocido como Manu Brabo, estuvieron detenidos hasta el 18 de mayo y luego liberados en Trípoli, la capital. El periodista británico detenido Nigel Chandler también fue liberado al mismo tiempo. Los esfuerzos internacionales pudieron obtener su liberación, pero cuando el presidente sudafricano Jacob Zuma visitó Trípoli el 10 y 11 de abril, no habló del caso de Hammerl.

Hammerl, Gillis, Foley y Brabo habían ido para informar del combate desde el frente el 5 de abril: "Pensamos que estábamos en el fuego cruzado. Pero finalmente, nos dimos cuenta de que nos disparaban. Se podían ver y oír las balas que golpeaban el suelo cerca de nosotros"; dijo Foley al GlobalPost.

Gillis describió la captura a The Atlantic: "Nos quitaron nuestras pertenencias, nos ataron, en la parte posterior de un camión. Y todos vimos a Anton. Vi que no se movía y estaba en un charco de sangre. Jim trató de hablar con él: '¿Estás bien?' - y él ya no respondió".

Según la investigación del CPJ, cinco periodistas han muerto en el conflicto en Libia, al menos 50 han sido detenidos, y al menos 15 periodistas libios y extranjeros siguen secuestrados por las autoridades.

Alerta Perú (SAN MARTÍ q Y EQUIPO PERIODÍSTICO DE PROGRAMA TELEVISIVO SON AMENAZADOS DE MUERTE

El 25 de mayo de 2011, en la ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín, departamento del mismo nombre, la periodista Glenda Mello Pinedo, directora del programa periodístico Enfoques, que transmite Televisión Tarapoto, denunció que ella y su equipo han sido amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.

La periodista indicó que fueron varias llamadas telefónicas hechas desde números privados y desde cabinas de teléfono público. La voz amenazante les conminaba a dejar de informar sobre la gestión del alcalde del Centro Poblado Nueve de Abril, Elías Pérez Vela, caso contrario sus vidas corrían peligro.

Mello Pinedo, presente en la gobernación de Tarapoto, ha solicitado garantías personales y exige una investigación para encontrar a los responsables de las amenazas. El hecho -dijo- está afectando a su familia y a todos los que trabajan en el programa Enfoques.

La periodista no descarta que los responsables sean personas que defienden la gestión del alcalde, toda vez que en el informativo "se ha difundido información que compromete la actual gestión municipal en presuntos malos manejos".

"No puedo culpar directamente al señor Elías Pérez Vela, porque no tengo pruebas, sin embargo el sujeto que nos llama, nos pide evitar seguir investigando presuntos malos manejos en el municipio de Nueve de Abril", manifestó la periodista al diario Voces, de Tarapoto.

El gobernador Víctor López Villacorta, ha citado al alcalde para que se presente a la gobernación y haga sus descargos.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: http://www.anp.org.pe / ; E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com

ANP REPUDIA REITERADOS ACTOS VEJATORIOS CONTRA PERIODISTAS EN TUMBES

ANP REPUDIA REITERADOS ACTOS VEJATORIOS CONTRA PERIODISTAS EN TUMBES

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La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su más enérgico rechazo a los actos vejatorios a los que han sido sometidos, a la fecha, tres periodistas en la ciudad Tumbes, a quienes desconocidos públicamente les han arrojado excrementos como represalia por su labor periodística.

El último de los ataques se produjo el 20 de mayo actual contra Jhon Seclén Segundo, reportero del programa Notivisión, del canal Cable Visión. Ataque similar sufrieron el pasado 19 de abril, los periodistas Lesly Ventura, del diario Correo y Marlon Castillo, del diario Tumbes 21. Los tres comunicadores sociales, coincidentemente, habían cuestionado la función del presidente regional de Tumbes.

La reiteración de este tipo de atentados motiva la protesta de la ANP por tratarse de una práctica destinada a desprestigiar a las personas y las actividades de los profesionales de la información quienes, al parecer, resultan incómodos para la administración regional.

Para la ANP tales atentados reproducen ataques de corte fascista y mafioso que buscan ocultar la gravedad de los hechos en aparentes anécdotas, pero que revelan la existencia de una definida planificación, organización y peligrosidad en esta actuación claramente intimidatoria.

Estas agresiones destinadas a perjudicar el honor o la reputación de los comunicadores sociales constituyen, además, una seria advertencia de que con posterioridad las represalias pueden significar consecuencias de mayor gravedad.

Por lo antes expuesto la ANP demanda que las autoridades políticas del Gobierno Regional de Tumbes expresen públicamente su rechazo a estas ilícitas conductas y garanticen el libre ejercicio de la actividad periodística. Al mismo tiempo, la ANP solicita que las autoridades policiales y el Ministerio Público desplieguen su mayor esfuerzo y diligencia para esclarecer los hechos denunciados e identificar a los autores directos y demás responsables de estos graves atentados contra la libertad de expresión.

Lima, 26 de mayo del 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ANP CONDENA ATAQUE A REPORTERO EN ANCASH Y DENUNCIA INTOLERANCIA DE PRESIDENTE REGIONAL

ANP CONDENA ATAQUE A REPORTERO EN ANCASH Y DENUNCIA INTOLERANCIA DE PRESIDENTE REGIONAL

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su más enérgica protesta por la agresión ocurrida el último 21 de mayo, en la provincia del Santa, en perjuicio del periodista Miguel Alcántara Flores, del diario Correo, quien fuera atacado física y verbalmente por los agentes de seguridad de César Álvarez Aguilar, presidente regional de Ancash.

Tal agresión se produjo en circunstancias en que el referido reportero tomaba fotografías de una protesta de trabajadores que reclamaban al citado presidente regional de Ancash el impago de salarios. Tal actividad informativa no fue tolerada por Álvarez Aguilar quien se encontraba presente en esos instantes, acompañado de los miembros de su seguridad y policías. Dicha autoridad regional al notar la presencia del periodista le increpó con insultos y ordenó a la escolta que le acompañaba que impidiera que continúe tomando fotos y sea expulsado.


En la agresión el reportero fue vejado y empujado, pretendiendo arrebatarle ilícitamente sus equipos; sin importar que se trataba de una presencia motivada por razones profesionales, por un hecho que es noticia en la ciudad y que la población desea conocer; esto es que se trataba del cumplimiento de labores informativas conforme a Ley y no tenía como objeto afectar la intimidad ni el prestigio de las personas. De manera particular llama la atención a la ANP, la indiferencia de la policía frente a esta agresión, renunciando en todo momento a intervenir, en un acto que pudo llegar a mayores si es que el corresponsal no abandona el lugar en forma precipitada.

Ante dicho atentado la ANP formula la más enérgica protesta y demanda a las autoridades policiales y del Ministerio Público el debido esclarecimiento de estos graves hechos y su oportuna sanción y además denuncia la absoluta intolerancia de la autoridad regional respecto del periodismo y el cumplimiento de sus actividades informativas.

Lima, 26 de mayo de 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Alerta Perú (TUMBES) - DESCONOCIDOS ATACAN A PERIODISTA QUE INFORMÓ SOBRE IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DE PRESIDENTE REGIONAL

El 20 de mayo de 2011, en la provincia de Tumbes, departamento del mismo nombre, Jhon Seclén Segundo, reportero del programa Notivisión, de canal Cable Visión, fue atacado por dos sujetos desconocidos quienes le arrojaron heces sobre el cuerpo.

El hecho ocurrió a dos cuadras del domicilio del periodista, en la Urbanización José Lishner Tudela, cuando se disponía a abordar un bus de transporte público. Los dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta de color blanco, ambos con cascos, interceptaron a Seclén Segundo. El que iba de pasajero llevaba consigo un balde cargado de excremento que arrojó sobre el periodista..

El reportero, acompañado de un representante del Ministerio Público, presentó denuncia ante la policía, por considerar el hecho como un atentado contra su salud. Para Seclén Segundo el hecho constituye un acto de hostigamiento como consecuencia de los informes difundidos sobre presuntas irregularidades en la gestión del actual presidente de la Región Tumbes, Gerardo Viñas Dioses. El periodista había denunciado el uso indebido de maquinaria de propiedad del gobierno regional en beneficio de una empresa particular.

Ataque similar sufrieron el pasado 19 de abril, los periodistas Lesly Ventura, del diario Correo y, Marlon Castillo, del diario Tumbes 21, quienes intentaron denunciar el hecho sin éxito ante la policía. Esta incluso llegó a mofarse de lo sucedido tras no aceptar formalizar denuncia por hechos de esa naturaleza.

Los periodistas de la localidad como una expresión de rechazo y exhortación a que se respete a los hombres y mujeres de prensa realizarán una vigilia en la Iglesia San Nicolás de Tolentino, ubicada en la Plaza de Armas de Tumbes. Asimismo, el Consejo Regional ha manifestado su compromiso de investigar estos casos que pretenden mellar el espíritu crítico de los periodistas y silenciar a la prensa independiente.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Para mayor información contactar con Roberto Mejía Alarcón, responsable de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista; Zuliana Lainez y Juana Valderrama. Jirón Huancavelica 320, oficina 504, Lima-Perú. Tel (511) 4270687. Fax (51 1) 4278493. Web: www.anp.org.pe ; E-mail: anp@amauta.rcp.net.pe ; ofip.peru@gmail.com

Alerta Perú (SANTA) - MIEMBROS DE SEGURIDAD DE PRESIDENTE REGIONAL GOLPEAN A PERIODISTA

El 21 de mayo de 2011, en la provincia del Santa, Miguel Alcántara Flores, periodista del diario Correo, fue agredido física y verbalmente por los agentes de seguridad de César Álvarez Aguilar, presidente regional de Ancash.

El hecho ocurrió cuando el periodista tomaba fotografías de una protesta. Obreros que realizan trabajos del cambio de colectores del pueblo joven Esperanza Alta, se encontraban próximos al frontis del domicilio de la autoridad regional, reclamando dos meses de sueldos impagos.

La autoridad, presente en la puerta de su domicilio junto a un grupo de personas, además de miembros de su seguridad y de policías, increpó con insultos la presencia del periodista y aduciendo una supuesta invasión de su privacidad ordenó a sus custodios que lo echen del lugar e impidan que continúe tomando fotos.

Un sujeto vestido con ropa militar lo empujó violentamente y otro le arrojó arena. También, el grupo que acompañaba al Presidente Regional, lo insultó y amenazó con golpearlo, tras intentar quitarle sus equipos.

Pese a que el periodista se encontraba en un lugar público y cumpliendo con su trabajo periodístico la policía no lo protegió, por lo que tuvo que correr y ponerse a salvo ante el evidente peligro que corría.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

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ANP DENUNCIA ACTITUD INTOLERANTE DE JUEZ EN LO CIVIL DE CHOTA CONTRA PERIODISTAS

ANP DENUNCIA ACTITUD INTOLERANTE DE JUEZ EN LO CIVIL DE CHOTA CONTRA PERIODISTAS

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su más enérgica protesta ante la actitud intolerante del Juez de Primera Instancia en lo Civil de Chota, Dr. Marco Asmad Corcuera, quien sin respetar las labores informativas que cumplen los periodistas en actos públicos y oficiales, impidió, el último 20 de mayo, en forma arbitraria, la presencia de los hombres de prensa en el acto de juramentación del nuevo Gobernador Político de la provincia.
La ANP tiene conocimiento que el juez expulsó en forma descortés e intolerante a los reporteros destacados a dicho acto protocolar, solicitando incluso auxilio del personal de seguridad para cumplir la arbitraria orden.

Causa sorpresa e indignación que tal actitud de intolerancia provenga de un magistrado que hace cumplir las leyes, quien desconoce en la práctica la tarea que cumplen los periodistas al dar cobertura a un acto de carácter oficial, público, que constituye noticia para el pueblo.

La denuncia y protesta que formulamos la trasladamos al Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) a efectos de que investigue los hechos expuestos y sancione dicha inconducta sin precedentes y ajena a la que se puede esperar de cualquier funcionario público y, más aún, de un magistrado investido de mandato jurisdiccional, cuando se trata de actos que son de interés de la colectividad.

Lima, 23 de mayo del 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Alerta Perú (CHOTA) - JUEZ CIVIL IMPIDE QUE PERIODISTAS CUBRAN ACTO DE JURAMENTACIÓN DE GOBERNADOR

El 20 de mayo de 2011, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, el juez civil Marco Asmad Corcuera, impidió que periodistas de diferentes medios de comunicación cumplan con su trabajo, al restringirles el acceso al acto de juramentación del nuevo Gobernador de Chota, Gilberto Burga Castro.

Los periodistas que habían sido invitados por Burga Castro, se encontraban en la puerta principal del Poder Judicial, lugar donde se llevaría a cabo la juramentación. Al solicitar el ingreso, personal de esa institución del Estado manifestó que tenían restringido el acceso por orden del juez Asmad Corcuera.

Tras una protesta, Alex Vásquez Requejo, periodista de RTV Canal 2, ingresó para entrevistarse con el juez y solicitar reconsidere su posición y permita a los hombres y mujeres de prensa ingresar al reciento para cubrir el evento. Sin embargo, el juez, en forma prepotente, no sólo lo agredió verbalmente, sino que lo echó de su oficina.

Rodolfo Jaime Idrogo Mejía, presidente de la ANP Chota, ha expresado su preocupación por la conducta del juez, de evidente irrespeto y vulneración al trabajo de los periodistas, así como, al derecho a la información que tiene el pueblo de Chota. En razón a ello, ha remitido comunicación al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Flaminio Vigo Saldaña, para que conozca el hecho y exhorte al juez Marco Asmad Corcuera para que deponga su actitud de prepotencia frente a la prensa.

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Esta alerta es responsabilidad de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

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FEPALC EXIGE A GOBIERNO DE GUATEMALA INVESTIGAR ASESINATO DE PERIODISTA

Once periodistas asesinados en América Latina en el 2011

FEPALC EXIGE A GOBIERNO DE GUATEMALA INVESTIGAR ASESINATO DE PERIODISTA

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), tras expresar su más enérgico repudio al asesinato del periodista Yemsi Roberto Ordoñez Galdámez, presentador de noticias de canal 14, exige al gobierno de Guatemala una inmediata investigación que permita identificar las causas y a los autores del crimen.

La FEPALC ha tomado conocimiento que el cuerpo del comunicador social fue encontrado en la ciudad de Escuintla, al sur de Managua, con varias heridas de arma blanca en el pecho y el cuello.
Nuestra organización regional, hace una especial invocación a las autoridades encargadas de la investigación para que no se descarte la hipótesis del trabajo periodístico como probable causa del crimen.

Para la FEPALC el mes de mayo ha sido fatídico para la prensa. El 3 de mayo, paradójicamente Día Mundial de la Libertad de Prensa, fueron asesinados un periodista en Perú -Julio César Castillo Narváez, de Radio Ollantay- y otro en Brasil - Valério Nascimento, del diario Panorama Geral-. La semana pasada fue victimado el periodista Héctor Francisco Medina Polanco, en Honduras y a dicha oscura lista se suma hoy Ordoñez Galdámez, comunicador social guatemalteco. Se encuentra en investigación también el asesinato del periodista venezolano Wilfred Ojeda Peralta, columnista político en el periódico El Clarín de La Victoria, en el estado de Aragua.

En lo que va del año han sido asesinados 11 periodistas en Latinoamérica, lo que mantiene a la región como un escenario de alta peligrosidad para el oficio, particularmente para aquellos periodistas que desarrollan sus labores alejados de las capitales de República y que se caracterizan por ser críticos a los poderes políticos de sus ciudades.

En razón a ello la FEPALC hace un firme llamado a sus 13 organizaciones afiliadas en toda América Latina-Caribe, a exigir a los Estados que los crímenes de los periodistas no queden en la impunidad. Esta sólo alimenta ese círculo vicioso que tiene como objetivo primordial silenciar al mensajero.

21 de mayo 2011

Celso Schroder
Presidente FEPALC

Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC

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FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 13 países de la región

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

Los contenidos difundidos son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). Para mayor información sírvase contactar a Zuliana Lainez, secretaria de Derechos Humanos de la FEPALC,

a través del e-mail: fepalc.derechoshumanos@gmail.com, o visite la web: www.fepalc.org

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Alerta Perú (ALTO AMAZONAS) - DEJAN LAZO FÚNEBRE EN VIVIENDA DE PERIODISTA Y HORAS DESPUÉS LO AMENAZAN DE MUERTE

Alerta Perú (ALTO AMAZONAS)

DEJAN LAZO FÚNEBRE EN VIVIENDA DE PERIODISTA Y HORAS DESPUÉS LO AMENAZAN DE MUERTE

El 20 de mayo de 2011, en la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, a las 11 y 30 de la mañana, el periodista Johnny Eduardo Pezo Tello, director de la revista "Diario al día", fue alertado de la llegada de sicarios a la ciudad para matarlo.

El informante dijo al periodista que "el alcalde del distrito de Balsapuerto, antes de viajar a Estados Unidos, habría dado orden de contratar a sicarios por una fuerte cantidad de dinero y que dos de ellos, venidos de la Costa, ya habían llegado a la ciudad para matarlo". El periodista grabó lo informado por la fuente y guarda el nombre en reserva, por ahora.

El día anterior -19 de mayo-, en horas de la mañana, el periodista encontró un lazo mortuorio en la puerta de su domicilio. El lazo de simbología fúnebre de aproximadamente 50 centímetros fue tirado en la puerta de su vivienda de la calle Mariscal Cáceres, en Yurimaguas. Pezo Tello también, fue nombrado por un sujeto que llamó al teléfono del periodista Fernando Isla, director del programa "Isla Noticias",, de radio Nova Star, para amenazarlo de muerte. En la llamada telefónica el desconocido dio lectura a una lista de nombres de personas que serían asesinadas, entre ellos ambos comunicadores sociales.

Los periodistas informaron sobre el asesinato de cerca de 12 indígenas Shawi en el distrito de Balsapuerto. Crímenes en los que testigos han sindicado como presuntos responsables al alcalde Alfredo Torres Rucoba y su hermano Augusto Torres Rucoba.

El periodista Pezo Tello, se encuentra muy preocupado por el peligro que corre. Precisó que la amenaza es consecuencia de haber distribuido en la localidad de Balsapuerto 300 ejemplares de su revista, en la que denuncia los crímenes y señala a los responsables, a quienes, más allá de las evidencias y testimonios, el Poder Judicial ha dejado en libertad.

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FEPALC PREOCUPADA POR INTOLERANCIA Y VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS PERUANOS

Los comunicadores independientes viven su momento más oscuro

FEPALC PREOCUPADA POR INTOLERANCIA
Y VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS PERUANOS

La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) expresa especial preocupación por las condiciones en las que tienen que ejercer su quehacer profesional los periodistas peruanos en circunstancias en que, en plena campaña electoral presidencial, han perdido sus empleos, por la vía del despido intempestivo o la renuncia involuntaria.

En las últimas semanas la agresión física y actos de hostigamiento han sido también una constante. La contienda electoral se ha visto empañada por el ataque del que fue víctima el reportero José Luis Lizárraga Torres, de radio Super Éxito, de Satipo y el envió de coronas fúnebres al periodista César Lévano La Rosa, director del diario La Primera, acto cobarde que condenamos y en torno al cual exigimos de las autoridades peruanas una inmediata investigación.

Para la FEPALC los periodistas en Perú viven su momento más oscuro. Los despidos de los comunicadores sociales que iniciaron en Lima con Patricia Montero y José Jara (Canal N) se han multiplicado en todo el país. Se han sumado la cancelación de los corresponsales del diario Correo en Puno, Arequipa y Cusco, el retiro del aire de los programas "Reacción", de Antares Televisión Canal 25, en Tarapoto y "Palabra viva", de radio La Caribeña, en Jaén. Ello sin contar las renuncias de cuatro periodistas Radio Líder, de Arequipa y del conductor del programa Parada 4, de la filial de América Televisión en Huancayo. En todos esos casos se ha atropellado el derecho a trabajar de los colegas y se han silenciado voces y miradas plurales dentro de las redacciones, lo que lesiona el derecho a saber de la colectividad.

Francamente, observamos que los peruanos viven horas cargadas de tinieblas, no sólo por la polarización-país que se está experimentado, sino por la perversa intención de manipulación del voto ciudadano de la que están siendo víctimas los electores.

La FEPALC coincide en todos sus extremos con la consigna de su matriz mundial, la Federación Internacional de Periodistas, que con especial claridad precisa que en un país no puede haber libertad de expresión si los periodistas desarrollan su labor en un entorno de miedo, temor o pobreza.

En razón a ello nuestra organización regional y su afiliada, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, continuarán demandando con energía, sea cual sea el gobierno elegido, el respeto a los derechos de los trabajadores de los medios y garantías reales para el ejercicio de la libertad de expresión, condición indispensable para la consolidación de la democracia.

.19 de mayo 2011

Celso Schroder
Presidente FEPALC

Juliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

La FEPALC representa a 57 mil periodistas en 13 países de la región

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Federación Nacional de Periodistas (FENAJ); Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica (SNP)
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile (FENATRAMCO); Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS); Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Prensa y Similares de Honduras (SITINPRES); Sindicato Nacional de Redactores de Prensa de México (SNRP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de la República Dominicana (SNTP); Asociación de Prensa Uruguaya (APU); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

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PRONUNCIAMIENTO ANP: PRESIDENTE REGIONAL DE AYACUCHO CENSURA A PRENSA INDEPENDIENTE

PRONUNCIAMIENTO ANP

PRESIDENTE REGIONAL DE AYACUCHO CENSURA A PRENSA INDEPENDIENTE

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú denuncia una política de intimidación y represión puesta en práctica por el Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nuñez, quien sin más argumentos que su supuesto poder económico, ha iniciado una repudiable campaña para silenciar a los periodistas que divulgan críticas a su gestión gubernamental.

El ciudadano en referencia, quien no acepta los comentarios periodísticos que no son de su agrado o satisfacción, ha llegado al extremo de calificar de "prensa mezquina, ignorante y mal hablada" a los medios que vienen dando a conocer los aspectos negativos de los primeros cien días de su gestión, olvidando que tales agravios lo califican como un funcionario intolerante y desconocedor de la función del periodismo independiente en un Estado de Derecho.

La campaña amenazadora de Oscorima Nuñez, que hace temer el retorno de los años de violencia contra el periodismo en Ayacucho, se traduce en hechos que es necesario denunciar. Recientemente se permitió llamar por teléfono a Radio Estación Wari con la intención de prohibir a la periodísta Esther Valenzuela, cualquier alusión a su persona "sin su presencia" y, de la misma manera, en forma cobarde hizo lo propio con la periodísta Gudelia Machaca Calle, a quien le expresó que no estaba autorizada para que se ocupara de su labor como funcionario político.

A lo ocurrido debe agregarse la separación del comentarista Manuel Ventura Mariluz, quien conducía el programa "Primer Plano" del Canal 21 por el hecho de haber criticado la gestión del Presidente del Gobierno Regional, pese a la advertencia del administrador de dicho medio quien había dado órdenes terminantes que "no se tocara para nada al señor Presidente" .

Ante estos nuevos episodios, que también se están produciendo en otros puntos del país, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace recordar a las autoridades elegidas por mandato ciudadano, que están en el deber de respetar el derecho a la libertad de información, que es un sustento vital de una verdadera democracia.

Lima, 11 de mayo 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ANP

COMUNICADO ANP ANTE HECHOS DE VIOLENCIA QUE PONEN EN PELIGRO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN QUE TIENE LA CIUDADANÍA

COMUNICADO

Ante hechos de violencia que ponen en peligro el derecho a la información que tiene la ciudadanía, en vísperas del acto electoral para la elección del nuevo Presidente Constitucional de la República, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en su condición de organización decana del gremio de la prensa, formula una invocación a todos los operadores de los medios de comunicación social, para que cumplan con el deber ético y profesional de informar con el mayor grado de neutralidad y objetividad.

De la misma manera, la ANP considera que todo acto de violencia, cualquiera sea su origen, resulta lesivo para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, cuya fragilidad es consecuencia, precisamente, de la falta de madurez cívica, tanto en la llamada clase política como en otros estamentos de la sociedad civil.

En tal sentido, nuestro gremio hace recordar los ingratos y funestos episodios registrados en décadas recientes al año 2010, que se caracterizaron por una violencia sin paralelo en la historia republicana, en perjuicio sobre todo del derecho a la libertad de información, con el agregado de asesinatos, encarcelamientos, amenazas, persecuciones, secuestros y querellas contra cientos de periodistas y comunicadores sociales en general.

La ANP considera que la violencia se ha instalado en el actual proceso y hay necesidad urgente de ponerle atajo mediante los argumentos de la razón y de la justicia. Por eso considera inaceptable que se haya lesionado el derecho al trabajo de periodistas en diferentes medios de comunicación social tanto en Lima con el interior del país, y de la misma manera que bajo el pretexto de protestar por determinada línea editorial se incurra en el error de amenazar a los reporteros que, por lo demás, tienen la obligación profesional de realizar su trabajo.

Lima, 11 de mayo de 2011

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Derechos humanos en Rusia: ultranacionalistas condenados por asesinato de abogado y periodista

IFEX.- Dos ultranacionalistas fueron condenados y sentenciados a largas penas de prisión por el doble asesinato en enero de 2009 del abogado de derechos humanos Stanislav Markelov y la aprendiz de reportera de la Novaya Gazeta Anastasia Baburova, en una victoria histórica contra la impunidad en Rusia, dicen la Fundación por la Defensa de la Glasnost (FDG), el Centro para el Periodismo en Situaciones Extremas (CJES).

"Por una vez se llevó a cabo una investigación seria de los asesinatos de un activista de derechos humanos y un periodista en Rusia", dijo Reporteros sin Fronteras (RSF): "Esto ocurre muy pocas veces y merece encomios".

El Comité por la Protección de los Periodistas (CPJ) informa de que Nikita Tikhonov fue encarcelado en cadena perpetua por el asesinato a Markelov y Baburova en enero de 2009 mientras salían de una conferencia de prensa en Moscú. Tikhonov disparó a quemarropa contra Markelov en la nuca con una pistola y luego disparó contra Baburova, supuestamente porque ella podría haberlo identificado.

La novia de Tikhonov, Yevgeniya Khasis, fue también juzgada y sentenciada a 18 años en una colonia penal por ayudar a coordinar el ataque, dice el CPJ.

El jurado de Moscú encontró a la pareja culpable el mes pasado tras enterarse de que había atacado a Markelov debido a su trabajo en perseguir neonazis. Tikhonov había confesado inicialmente pero ambos acusados afirmaron luego que no eran responsables de las muertas.

En contraste con las discrepancias sobre los juicios en otros asesinatos notorios como el de

Anna Politkovskaya en 2006, la familia y los colegas de las víctimas se declararon satisfechos con el resultado. El hermano de Markelov, Mikhail, comentó a RSF que "el juicio se llevó a cabo de una manera abierta y honesta".

El editor de Novaya Gazeta Dmitry Muratov dijo que confiaba en el jurado y pensaba que la evidencia presentada por la fiscalía fue "convincente".

Durante el juicio, que duró más de tres meses, los jurados se enteraron que Tikhonov, de 31 años, y Khasis, de 26, estaban implicados con un grupo de ultraderecha llamado Russky Obraz.

El móvil de Tikhonov fue la venganza porque Markelov fue el abogado que representaba a la familia de un joven activista antifascista que fue asesinado en 2006. Se emitió una orden de búsqueda contra Tikhonov en relación con ese asesinato. Aunque no fue capturado, Tikhonov fue obligado a esconderse y tres cómplices del crimen recibieron severas sentencias de cárcel gracias a los esfuerzos de Markelov.

La FDG informa de que, supuestamente, en los últimos días del juicio, tanto Tikhonov como Khasis habían intentado suicidarse "en protesta contra la ilegalidad que triunfa en los tribunales", afirmó uno de los abogados de la defensa. Pero Vladimir Zherebyonkov, representante de los intereses de las víctimas, describió sus esfuerzos como "intentos de frenar el juicio y apelar a la lástima de los jurados".

Los abogados de la defensa declararon que apelarán.

RSF dice que sigue habiendo preguntas respecto al caso. "La fiscalía mencionó varias veces la existencia de otros cómplices. ¿Quiénes fueron y cuál fue su grado de participación?" pregunta RSF.

Según el periódico "Guardian", los neonazis ya han escrito publicaciones en los foros en línea para amenazar al juez del juicio. Pero Natalya Yudina del Centro Sova, un grupo que rastrea las agresiones nacionalistas, expresó esperanza de que el resultado actuaría como un elemento disuasorio.

"Durante el año pasado hubo un incremento de veredictos de culpabilidad para los crímenes de odios de neonazis y hemos visto un descenso correspondiente en el número de ataques racistas violentos", afirmó. "Las sentencias largas sin duda tendrán un efecto, y la decisión judicial de hoy es un paso más en la dirección correcta".

Ruedas de prensa sin preguntas: periodistas, medios y políticos reaccionan en España

PES.- El "Manifiesto contra las ruedas de prensa sin preguntas y otras anomalías informativas #sinpreguntasnocobertura", cuenta ya con el apoyo de 17 medios de comunicación más: 6 diarios, una revista semanal, una red de radios municipales y nueve medios digitales, informa la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Como novedad, señala la APM, el Manifiesto, con casi 10.000 adhesiones individuales ya, cuenta con el apoyo de tres políticos: Angel Calle, alcalde de Mérida; Julián San Martín Marqués, candidato a la Alcaldía de Logroño de UP y D, y Mercedes Caballero Hueso, concejala del Ayuntamiento de Valencia (PSPV-PSOE).

Igualmente, aparecen como firmantes del Manifiesto #sinpreguntasnocobertura nueve organizaciones profesionales y otras entidades.

En total han suscrito ya el documento 60 medios de comunicación y 70 organizaciones profesionales y entidades relacionadas con el periodismo.

La firma del Manifiesto continúa abierta, tanto para personas físicas, como para medios y organizaciones en blancab@apmadrid.es Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .