"RED MUNDIAL DE PERIODISTAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCION"
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Posted on Viernes, 29 diciembre a las 19:58:01
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Topic: Libertad de Expresión
Zuliana Lainez Otero.- Un total de 154 atentados se han cometido en 2006 en Perú contra los profesionales de la Comunicación, según el informe anual preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Más de setenta agresiones físicas y verbales, cuarenta amenazas u hostigamientos, así como diez detenciones arbitrarias encabezan los tipos de ataque contra los periodistas peruanos.
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La lista de agentes agresores contra la prensa peruana la lideran personas civiles con 58 atentados; seguidos por funcionarios civiles con 41; elementos no identificados con 32; y policía /militar y/o serenazgo con 23.
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Las provincias de Lima, Huaraz y Huamanga concentran el mayor número de atentados contra periodistas con 31, 27 y 12 casos respectivamente, seguidas por Chimbote con siete, Cajamarca y Maynas con seis, Aucayacu con cinco y Cusco; Huari y Recuay, con cuatro.
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Con tres le siguen Arequipa, Nazca, Otuzco, Piura, Tarapoto, Trujillo y Utcubamba. Con dos están Alto Amazonas, Casma, Chiclayo, Chincha, Huancavelica, Paita, Pomabamba y Tumbes.
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Con 74 atentados, la televisión es el medio con el mayor número de agresiones en el 2006. Se ubican a continuación la radial y escrita con 48 y 32 agresiones respectivamente.
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Los comunicadores varones han recibido 121 agresiones; 25 las mujeres y ocho los medios de comunicación.
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Pese a no haber periodistas asesinados en el año, el ejercicio de la prensa continúa siendo de alto riesgo en el Perú, debido a la intolerancia de las autoridades públicas a la crítica, que los lleva a golpear o amenazar a los comunicadores que fiscalizan su trabajo.
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En los primeros meses del año, arreciaron agresiones físicas y verbales por simpatizantes de Ollanta Humala, contra los periodistas que cubrían las actividades proselitistas del líder nacionalista.
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En noviembre, durante las elecciones regionales/municipales también se produjeron agresiones responsabilidad de militantes de los movimientos regionales y partidos contra periodistas críticos. En Nazca, Piscobamba, Ilo, Piura e Iquitos se registraron agresiones físicas por allegados a candidatos al gobierno municipal o provincial.
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Tras el fin de la campaña electoral, la preocupación de la ANP se centró también en la impunidad que prevalece en el crimen del periodista Antonio de la Torre Echandía, luego de que Amaro León León, alcalde de Yungay y presunto autor intelectual del crimen quedara en libertad por disposición de la Corte Suprema de Justicia.
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Entre los casos que despertaron reacciones enérgicas del gremio de la prensa figuran los de la, en ese entonces, periodista del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTV), Karina Borrero, quien fue despedida por opinar sobre su canal a un medio de prensa local. La comunicadora había declarado a un diario de la capital que no trabajaría en un medio de comunicación si éste se volvía “sobón” (someterse al gobierno de turno). Veinticuatro horas después la presidenta del IRTP decidiría no renovarle el contrato en clara represalia por la declaración de la víspera.
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También en Lima, en noviembre, la jueza del Trigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, Mercedes Gómez Marchisio, ordenó al director del diario Expreso, Luis García Miró, abstenerse de publicar cualquier noticia o reportaje periodístico que tengan relación con Diego García Sayán, ex ministro de Justicia. Los abogados del querellante pidieron al juez disponer que García Miró se abstuviera de publicar informaciones sobre los hechos materia del juicio.
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Ante ese hecho los periodistas recordaron que la decisión de la jueza constituía un exceso ya que la defensa de la libertad de expresión, consagrada en la Carta Política, prevalece por encima de los demás derechos, aún cuando estos también se encuentren consagrados en la Constitución, precisando que una cosa es violentar la vida privada de una persona, y otra muy distinta cuando ella es cuestionada por sus actos públicos, como es el caso materia de la querella del ex canciller Diego García Sayán con el diario Expreso.
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Atención especial mereció para la ANP el caso de Marilú Gambini Lastenau, periodista chimbotana, quien tuvo que salir del país dadas las amenazas de muerte en su contra. Desde mediados de los 90 la ANP no había registrado casos de periodistas que tuvieran que autoexiliarse para resguardar su integridad física a consecuencia de su labor periodística. Gambini, quien conducía el programa Confidencial del Canal 31 de Chimbote, investigaba temas de narcotráfico en los que estarían implicados personajes vinculados con el mundo pesquero.
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De la misma manera el archivamiento del caso del periodista Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República, desaparecido en 1984, despertó la mayor indignación ante el riesgo que el caso quede en la impunidad. Tras inmediata respuesta de la defensa legal de la familia y el gremio periodístico, el juez del Segundo Juzgado Supraprovincial de Lima, Omar Pimentel, declaró procedente el recurso de apelación interpuesto el último 14 de diciembre. Serán ahora los miembros de la Sala Penal Nacional quienes revisarán la denuncia por la desaparición forzada del comunicador social.
