PES.- La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) del Perú ha emitido una alerta por la actitud intolerante de las autoridades estatales y funcionarios que utilizan las querellas por presuntos delitos de prensa para amedrentar a los periodistas que denuncian hechos irregulares y falta de transparencia en la gestión de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Estas querellas se suman a otros actos de amenaza, violencia directa e inclusive atentados contra la vida de los comunicadores efectuados a fin de silenciarlos, dice la ANP, que cita algunos ejemplos:
- El 18 de marzo de 2011, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, el Juez provisional Asunción Canchari Quispe, del Primer Juzgado Especializado en lo Penal, admitió a trámite una querella criminal por el delito de difamación promovida por el expresidente de la Región Ayacucho, Isaac Ernesto Molina Chávez contra la periodista Esther Valenzuela Zorrilla, propietaria y directora del diario La Calle, quien cuestionó las actividades de las autoridades de la citada Región.
- El 31 de marzo de 2011 el Juzgado Unipersonal de Chepén - Pacasmayo, en el proceso por difamación iniciado contra el periodista Hans Francisco Andrade Chávez, presentador del informativo América Noticias, abrió instrucción a instancias del querellante Juan José Vásquez Romero, subgerente de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chepén, por las emisiones periodísticas en las que se cuestionan las actividades de Vásquez Romero como funcionario de dicha comuna, que se presentan en la querella como agravio a su honorabilidad y buen nombre.
- El 19 de abril de 2011 en la Provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, el Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo, ha dictado sentencia condenatoria contra el periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa La Voz del Pueblo, que se transmite en la emisora de radio La Exitosa, ante la querella planteada por Agustín López Cruz, quien ocupa el cargo de Fiscal Provincial y quien inicia el proceso en razón de diversos comentarios periodísticos referidos a su actividad profesional. En la sentencia se ha dictado un fallo que causa verdadera sorpresa; se ha condenado a la pena efectiva de prisión al periodista querellado y a pagar la suma de 20 mil nuevos soles por concepto de reparación civil. La ejecución ha sido inmediata encontrándose el periodista Paul Segundo Garay Ramírez recluido en la cárcel pública, en mérito del mandato del referido Juzgado.
La situación del periodista Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente aplicándosele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal medida de gravedad. Durante la tramitación del proceso éste adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaban en el delito materia de querella.
Por los casos reseñados, la ANP denuncia "el desproporcionado uso y abuso de querellas por delitos contra el honor con el único fin de evitar la critica periodística a la función pública e impedir que la colectividad tenga conocimiento de los cuestionamientos que se formulan", e insta al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, a "desarrollar una actitud vigilante respecto del abuso de las referidas acciones judiciales que amenazan con convertirse en el futuro en verdaderos instrumentos de censura".
