PES.- La radio comunitaria de Santa Marta, ubicada en la comunidad del mismo nombre, en Botafogo, al sur de Río de Janeiro, fue cerrada por la policía federal y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) .
Los agentes acordonaron el pasado 3 de mayo todo el equipo y se llevaron el transmisor. Durante el operativo El rapero Fiell (Emerson Claudio Nascimento) y Antonio Carlos, ambos directores de la estación, fueron llevados por el personal policial a las instalaciones de la Policía Federal, la Plaza Mauá, en Río de Janeiro.
Con base en el artículo 183 de la Ley General de Telecomunicaciones, que establece una pena de 2 a 4 años de prisión, aumentada si hay daños a terceros, y una multa de 10 mil reales, la Anatel practicó el operativo que conlleva el inicio de un proceso penal en contra de los integrantes de la emisora.
Aunque una vez que Emerson Claudio y Antonio Carlos prestaron declaración fueron liberados ese mismo día, sin embargo, tendrán que esperar a una fecha de audiencia ante un juez para que determine si hay cargos para iniciar un proceso penal, de ser así resultaría una medida desproporcionada para los fines que persigue que es la recuperación de la frecuencia
De acuerdo a la información proporcionada por el Representante de AMARC Brasil, João Malerba, esta emisora empezó sus transmisiones en el 2010 y ha sido acompañada en su crecimiento por AMARC Brasil apoyada para la obtención de su licencia ante el Ministerio de Comunicaciones. La radio comunitaria de Santa Marta fue construida colectivamente por los residentes de varias comunidades, que aportaron donaciones de equipos para su funcionamiento: cursos de informática, mobiliario y capacitación de locutores de radio y empleados – todos los residentes de la favela de Santa Marta.
El rapero Fiell, uno de los detenidos en la operación, es miembro activo del movimiento social en Brasil en defensa de los derechos de los trabajadores y habitantes de las favelas, su labor ha sido merecedora de varios premios internacionales.
La utilización de la vía penal para la radiodifusión no autorizada, sigue siendo uno de los problemas más graves de violación a la libertad de expresión, pues tiene una intencionalidad inhibitoria. Las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han manifestado en contra de esta estrategia por parte de los Estados, por considerarla desproporcionada para los fines que se persigue.
El informe 2009 de Libertad de Expresión y radiodifusión de la CIDH establece que: "en diversas ocasiones la CIDH y la Corte Interamericana han advertido que resultan sumamente gravosas para la libertad de expresión las respuestas que establezcan sanciones penales. En tanto existan medidas alternativas y menos restrictivas de la libertad de expresión que la previsión y tipificación penal de las conductas que impliquen violación a la regulación sobre radiodifusión, éstas no deberían dar lugar a respuestas de tipo penal." (CIDH 2009: 461, Párr. 141)
AMARC ALC insta al gobierno de Brasil para que cambie su marco normativo y se apegue a los más altos estándares internacionales de libertad de expresión, pues la utilización de la vía penal constituye una manera de criminalizar la expresión a través de emisoras no autorizadas, lo que es incompatible con los principios universales en materia de derechos humanos.
