Benoit Hervieu.- Un correo electrónico inquietante circula desde el 17 de febrero de 2011 en el que se amenaza de muerte directamente a cinco periodistas y diversos representantes sindicales y defensores de los derechos humanos, entre ellos a dirigentes de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper). Enviado desde una cuenta de gmail con el nombre de usuario Águilas Fénix, el mensaje tiene la firma del bloque central de las "Águilas negras", temible grupo paramilitar autor de campañas de terror contra la prensa.
Entre una treintena de personas designadas como "objetivos militares" se encuentran cinco periodistas: Eduardo Márquez González, presidente de Fecolper; Hollman Morris, director del programa Contravía; Daniel Coronell, director de Noticias Uno y vicepresidente de la cadena Univisión en Estados Unidos desde enero de 2011; Marcos Perales Mendoza, director del diario Periódico Portada de Bucaramanga y Claudia Julieta Duque, de Radio Nizkor.
"Es la primera vez que soy amenazado y es extraño que me identifiquen con dos apellidos. Firmo con uno solo", confió a Reporteros sin Fronteras (RSF) Eduardo Márquez González. El presidente de Fecolper, organización que representa a más de un millar de periodistas en todo el país, señala que existen dos hipótesis que explicarían la amenaza hecha contra él: "El trabajo que viene haciendo Fecolper en contra de la impunidad de la muerte de Clodomiro Castilla, periodista de Montería" o nuestro "reciente informe que responsabiliza al gobierno de la situación del periodismo en Colombia".
Por su parte, Claudia Julieta Duque consideró extraño que el bloque central de Bogotá de las "Águilas negras" se enfoque en periodistas que cubren los temas nacionales.
Esta declaración de guerra contra la sociedad civil debe tomarse muy en serio. Se dirige a periodistas conocidos por su posición crítica frente a la política llamada de "seguridad democrática" en vigor desde el doble mandato de Álvaro Uribe (2002-2010). Esos mismos profesionales de los medios de comunicación fueron las primeras víctimas del escándalo del DAS, que reveló las peligrosas relaciones entre paramilitares, los servicios de inteligencia y las más altas esferas del Estado.
Estas amenazas también muestran que los paramilitares, lejos de haber sido desarmados durante el proceso de "desmovilización" llevado a cabo entre 2003 y 2006, continúan siendo un peligro mayor y permanente para la democracia y las libertades públicas. Los paramilitares se benefician de una escandalosa impunidad en virtud de la "Ley de Justicia y Paz" adoptada en 2005. La promesa de investigación de las autoridades policiacas, en lo que respecta al mensaje del 17 de febrero, no es suficiente. El gobierno de Juan Manuel Santos debe ofrecer una fuerte garantía contra el paramilitarismo.
A inicios de este mes, en el departamento del Valle del Cauca, otros periodistas fueron declarados "objetivos militares" en un mensaje firmado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): Luis Fernando Gil, del programa "Hora 13", transmitido por la cadena CNC; Raúl Parra, director de publicación de la revista Hoja de Parra y Héctor Fabio García.
Colaboradoras del ejército en la lucha contra las guerrillas, las AUC, principal organización de los paramilitares, contaba con 30.000 combatientes antes del proceso de "desmovilización". Desde 2006, la mayoría de sus objetivos se transformaron, dedicándose al asesinato a sueldo y al narcotráfico. De 5.000 a 8.000 de ellos habrían retomado sus actividades paramilitares en una veintena de grupos –entre ellos las "Águilas negras"– presentes en doce departamentos.
