Benoit Hervieu.- Reporteros sin Fronteras (RSF) pide la anulación del proyecto de resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que suspendería el otorgamiento de Permisos y Licencias (frecuencias) para la operación de estaciones de baja potencia.En el contexto de persecución de que son objeto las pequeñas emisoras, como Faluma Bimetu y La Voz de Zacate Grande, entre otras, es posible sospechar que esta nueva base legal sirve en los hechos para reprimir o limitar, por razones políticas, ciertos medios de expresión. Esto constituye un verdadero peligro para los medios de comunicación minoritarios o comunitarios, conocidos por su oposición al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y que se encuentran en la mira del gobierno actual.
Para imponer esta resolución, la Conatel emprendió el 31 de enero de 2011 una consulta pública que debe finalizar el 4 de febrero. Un plazo tan corto permite preguntarse sobre las intenciones del texto y, por otro lado, ¿a quién se “consulta”? En el fondo, esta resolución es discriminatoria, pues no deja ninguna opción a las pequeñas emisoras que no pueden acceder a frecuencias de mayor amplitud por razones financieras.
En noviembre de 2010, en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Honduras se comprometió a adaptar su legislación de telecomunicaciones a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La decisión de la Conatel contradice este compromiso de manera flagrante. Además, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe toda restricción o limitación del derecho de expresión, incluso a través de medios indirectos, como el abuso de controles oficiales. En ese sentido, con esta resolución Honduras cometería una infracción respecto a los tratados internacionales que ha firmado.
