Benoit Hervieu.- Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, ciberperiodista disidente cubano y titular del Premio Sajarov 2010 a los derechos humanos entregado por el Parlamento Europeo, fue interpelado el 27 de enero de 2011, por segunda vez en veinticuatro horas, por reclamar la libertad de informar y de circular libremente. Un derecho que sigue negándose al pueblo cubano.
La policía arrestó por primera vez a Guillermo Fariñas el 26 de enero, mientras participaba a una manifestación pacífica de solidaridad con una familia que las autoridades pretendían desalojar, en la provincia de Santa Clara (este de La Habana). Dieciséis disidentes fueron interpelados, con la acusación de “escándalo público”. Guillermo Fariñas fue retenido durante nueve horas antes de ser liberado en la mañana del 27 de febrero.
La bloguera Yoani Sánchez, alertó en su cuenta Twitter de las consecuencias que una noche de detención podría tener sobre la delicada salud de Guillermo Fariñas. La bloguera también señaló que las personas interpeladas –de las que formaba parte–, fueron puestas en libertad sin cargos, pero se les amenazó de represalias la próxima vez que mostraran “desobediencia civil” o un “comportamiento antisocial”.
Poco después de haber sido liberado Guillermo Fariñas, fue arrestado de nuevo cuando se dirigía, junto con una decena de opositores, a la comisaría de Santa Clara para informarse de la situación de otro disidente arrestado unas horas antes. “Pensaba que se le liberaría rápidamente, tal como ocurrió la víspera, pero tengo esperanzas. No tienen ninguna razón para prolongar la detención. Aún así me preocupo por su salud, todavía frágil”, nos confiesa la madre de Guillermo Fariñas, Alicia Hernández, en la mañana del 28 de enero.
Con 49 años, el ciberdisidente emprendió una huelga de hambre de más de cuatro meses en 2010 para exigir la liberación de los presos políticos enfermos. Esta acción llamó la atención de la comunidad internacional sobre el gobierno de Raúl Castro, quien finalmente se comprometió a liberar a 52 disidentes gracias a una mediación con la Iglesia católica y el gobierno español. De los 41 presos liberados hasta ahora, sólo uno ha podido permanecer en Cuba, mientras los otros 40 tuvieron que exiliarse a España. Once presos se niegan a abandonar la isla y por lo tanto siguen tras las rejas. Entre ellos figuran tres periodistas de la “Primavera Negra” de marzo de 2003: Pedro Argüelles Morán, Héctor Maseda Gutiérrez e Iván Hernández Carrillo. Recordamos que el gobierno cubano se comprometió a liberar a todos aquellos presos antes de la Navidad de 2010. Dar a los opositores la posibilidad de elegir entre la prisión y el exilio forzado constituye una violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Ningún gobierno puede convertir a sus ciudadanos en apátridas, menos aún bajo tales coacciones.
La evolución que se espera por parte del régimen de La Habana no ha tenido lugar todavía en materia de libertades públicas fundamentales. Cada vez más inquietas por la capacidad de movilización de la sociedad civil, las autoridades amenazaron, el pasado 27 de enero, con penas de prisión y fuertes multas a los proveedores de antenas y receptores ilegales de televisión por satélite. Se trata de limitar los “mensajes de desestabilización e injerencia”, según el vocabulario usado en la propaganda. La contratación legal del satélite y del cable en Cuba se reserva a las empresas públicas y turísticas, o a residentes extranjeros por un precio de 1.600 pesos convertibles (unos 1.600 dólares) al año, informa la AFP. Tal dispositivo, económicamente inaccesible para el pueblo cubano, resulta ser una discriminación.
¿Cómo un régimen que impone la censura en su propia tierra puede permitirse fustigarla en otras partes, cuando él mismo está en infracción? El sitio de propaganda oficial Cubadebate se quejó de una “censura” que le habría infligido YouTube (propiedad de Google) al cerrar su cuenta por una presunta “violación de derechos de autor”. Sin embargo, se informó del caso en YouTube y en Facebook donde el sitio Web se quejó también de “censura”.
“De hecho, el reglamento de YouTube permite suspender una cuenta tras la difusión de varios vídeos sin que se mencionen los derechos de autor. Cubadebate lo hizo cuatro veces. Por lo tanto, no se trata en ningún caso de censura sino de una violación de los derechos de autor que precisaba un requerimiento”, nos contestó un ejecutivo de Google.
El régimen cubano debe cumplir con sus compromisos internacionales, en particular con la ONU, sobre los derechos civiles y políticos. Reporteros sin Fronteras sigue manteniendo la misma postura en esta materia: a favor del levantamiento el embargo injusto que Estados Unidos impuso a la isla desde 1962, pero también a favor del mantenimiento de la posición común de la Unión Europea que subordina la normalización de las relaciones diplomáticas al respeto de los derechos humanos.
