Junio 2008
Javier
Abogado
Las declaraciones del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, han causado cierto escozor entre los participantes del Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana por la clara amenaza en contra de quienes proporcionen información extraoficial a los reporteros de los medios de comunicación al considerar un delito tales acciones.
De primera lectura, estas afirmaciones dan la impresión de intimidaciones concretas a la libertad de prensa, lo cual incomoda al gremio periodístico por considerarlas violatorias de garantías constitucionales y del derecho a la información.
Pero más detenidamente tenemos que los funcionarios se refirieron a las indiscreciones emanadas de procedimientos o investigaciones oficiales en contra del crimen organizado en el marco de una lucha que ellos sostienen contra esta perniciosa actividad.
Además de delicada, la lucha contra este tipo de delincuentes es muy peligrosa para los agentes de la misma autoridad por lo que un alto grado de secrecía con relación a estos casos es muy sana para el éxito de las indagatorias y de los resultados finales de esa lucha. Incluso, el conocimiento de este tipo de informaciones puede resultar peligroso para los profesionales del periodismo.
Si la molestia de los titulares de la Procuraduría y de Gobernación se limita a esos casos, estimo que el motivo de alarma de los comunicadores no tiene fundamento, pues como profesionales de la comunicación deben tener interés en que las acciones contra esta delincuencia organizada triunfen. De hecho quienes más han contribuido a que la cruzada nacional contra el crimen sea un hecho –que todavía no un éxito– han sido los señores de la prensa. Con sus denuncias, con su análisis y con su marcaje de miras.
Sin embargo, los titulares de estas dos importantes dependencias del gobierno federal deben ser muy claros en sus conceptos porque si las cosas se malentienden y se transpolan a otros campos de la actividad gubernamental, el divorcio de estos importantes factores sociales de progreso puede traer graves consecuencias para el país entero.
Una cosa es que un agente de la ley revele a quien sea los secretos importantes de esta clase de investigaciones y otra muy distinta es que un periodista ejerza el derecho a la información y de libertad de prensa. El primero fácilmente puede pasar por traidor a un principio de lealtad que tiene para con los secretos profesionales que le son revelados por la naturaleza de su trabajo; mientras el periodista, que da a conocer a su público el fruto de sus investigaciones de campo, cumple con un deber y satisface un derecho que tiene el ciudadano de ser enterado de cómo andan las cosas.
Los dos factores mencionados tienen una responsabilidad, pero en cada caso es muy distinta; la primera sí puede ser constitutiva de un delito, mientras que la segunda se constriñe a los principios de ética que rigen al periodismo y se orienta por criterios de bien común.
Como quiera que sea, la seguridad jurídica del periodista se encuentra tutelada por normas de rango constitucional: pero aunado a este esquema de privilegio, el periodista tiene una gran responsabilidad con su público a quien debe un hondo compromiso con la verdad, expuesta con responsabilidad y analizada con conocimiento de causa y limpieza de miras.
Máxime cuando para muchos ciudadanos la prensa es su único medio de conocer qué está sucediendo y muchos se guían por los criterios expuestos por los profesionales de la información. ¿Cuántos movimientos sociales y también cuántas desgracias comunitarias han tenido su origen en una buena o mala prensa?
Sin embargo, pienso que los titulares de estas dos secretarías deberían aclarar puntualmente este punto de controversia y en lo general pudiéramos concluir este tema con el pensamiento de San Agustín cuando nos dice "Ten miedo a hacer el mal y no tendrás miedo de nada".
