El SPP denuncia nuevas violaciones a la libertad de expresión y a los derechos laborales
Por la Comisión Directiva
Rebanadas de Realidad - Paraguay, 12/07/07.- La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) repudia la nueva ola de represión desatada por el Estado contra las radios comunitarias de las organizaciones sociales, denuncia el intento de dos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de amedrentar a los comunicadores que emitan críticas contra los mecanismos utilizados para las elecciones nacionales y deplora la sistemática violación de los derechos laborales en empresas periodísticas que son protegidas por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
Canal 13 – Radio Cardinal
El Canal 13 de televisión y la radio Cardinal nuevamente incumplieron este mes el pago de la totalidad del salario de junio en la fecha establecida por la ley. Esto se enmarca en un escenario de gran zozobra, que contempló el despido de 8 trabajadores y trabajadoras, registrado la semana pasada. A la vez, unos 100 compañeros y compañeras están desempeñando funciones bajo la figura de prestadores de servicio, lo cual significa en la práctica el desconocimiento de los beneficios sociales, hecho impulsado por el propio Estado para engrosar las arcas fiscales a través del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en la realidad es un impuesto al salario del trabajador.
La mayoría accionaria del Canal 13 ya habría sido vendida por la familia López Moreira a otro grupo empresarial, que apuntaría a emular las prácticas de los canales 9 y 5, que consisten en cercenar la producción nacional de programas y privilegiar los "enlatados" foráneos. Esta empresa también avanza en la firma de contratos de prestación de servicios a las y los nuevos trabajadores, como si no hubiera relación laboral con ellos, sino sólo civil.
Radio Parque de CDE
La radio Parque de Ciudad del Este acalló su voz hace unos días, dejando desamparados a unos 20 compañeros y compañeras, sin abonarles guaraní alguno en concepto de indemnización. El SPP mantendrá una reunión esta semana con el director de dicha emisora, Carlos Barreto Sarubbi, para urgir una salida favorable para los trabajadores.
El SPP ya realizó la denuncia de ambos casos citados más arriba ante el Ministerio de Justicia y Trabajo, así como ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sin que hasta el momento estas instancias oficiales hayan mediado para lograr una solución y salvaguardar los puestos de trabajo de los compañeros. Y lo que es peor, ninguno de los dos organismos estatales estaba enterado de la situación.
Violación a la Libertad de Expresión
El escenario de terror que se impulsa desde el gobierno también incluye una maniobra emprendida por los ministros del TSJE, Juan Manuel Morales y Rafael Dendia, que presentaron un alegato ante el Ministerio Público –Fiscalía General del Estado– en el que denuncian la existencia de posibles actos ilícitos de parte del periodista de radio Cáritas, Hugo Brítez.
El colega, haciendo uso de su derecho a la libre expresión, mencionó algunos aspectos referidos al mecanismo utilizado en los comicios, lo que despertó la molestia de los citados integrantes del Tribunal Electoral, que reaccionaron a través de este aviso amedrentador. El SPP exige que se retire esta carpeta de la Fiscalía General y que se eliminen nuevos actos de este tipo.
La condescencia del gobierno de Duarte Frutos con las empresas periodísticas difiere totalmente del modo con que el Estado trata a las emisoras radiales comunitarias.
Los equipos de una radio del Movimiento Campesino Paraguayo fueron decomisados hace unos días por una delegación fiscal, acompañada de 25 agentes represores "antimotines". Asimismo, semanas atrás fue acallada la señal de la emisora "Tenondé", de Coronel Oviedo, también por iniciativa de la Conatel. Otro grave caso es la amenaza de muerte a un comunicador de la radio "Revolución" de San Lorenzo, a fin de que dejara de emitir microprogramas sobre la campaña de reforma agraria.
Estos hechos se añaden a lo acontecido en marzo, cuando se obligó a salir del aire a la emisora "Tekoporá", de Presidente Franco, con lo que la comunidad quedó imposibilitada de publicar su realidad a través de esta herramienta.
Esta lista de ataques a la libre expresión se agregan a las presiones implementadas desde junio contra los periodistas de Pilar, Mauricio Acosta y Clide Noemí Martínez, corresponsales de los diarios Ultima Hora y ABC Color en la capital de Ñeembucú, respectivamente.
El SPP reclama al gobierno la adopción de medidas efectivas que garanticen la democratización del espectro radioeléctrico, el respeto a las leyes que amparan los derechos de los trabajadores, así como el cese de la persecución a las voces críticas contra las instancias gubernamentales.
El gremio realizará las denuncias ante los estamentos internacionales correspondientes.
