Editado por: Equipo de Redacción OLA
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3 de agosto 2007
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ARGENTINA
UN PERIODISTA DETENIDO Y GOLPEADO POR POLICÍAS Y OTRO AMENAZADO POR CURA
El periodista Darío Illanes, del diario regional "El Tribuno", fue encarcelado arbitrariamente y golpeado, tras la detención, el último 1 de agosto en una comisaría de la provincia de Salta.
Sobre el particular Reporteros sin Fronteras precisó que Illanes ha declarado que, en compañía de otros periodistas, se presentó en un centro de detención que acoge a un centenar de menores. Quería hablar con la dirección del establecimiento acerca de un motín que tuvo lugar la víspera. Mientras los niños y adolescentes internados le contaban, desde sus celdas, los malos tratos que aseguran sufrir, tres policías de civil, llegados al lugar en un vehículo sin placas de matrícula, le empujaron y golpearon brutalmente. Después pusieron al periodista entre rejas, antes de darle una paliza lejos de las miradas de los demás.
Desde el exterior, sus colegas escucharon los gritos de socorro y consiguieron, hora y media más tarde, que saliera en libertad. Illanes, herido en varias partes del cuerpo, presentó una denuncia por agresión.
Sumado a este hecho, el 31 de julio, Alfredo Silletta, periodista de investigación independiente, así como su familia, fueron amenazados de muerte por el cura Carlos Miguel Buela, fundador de la orden religiosa de extrema derecha "Verbo encarnado", después de que publicara una obra sobre la influencia de ese tipo de movimientos en la Iglesia católica. La víspera, el periodista habló del asunto con el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, presidente del episcopado argentino.
ARGENTINA
UN PERIODISTA DETENIDO Y GOLPEADO POR POLICÍAS Y OTRO AMENAZADO POR CURA
El periodista Darío Illanes, del diario regional "El Tribuno", fue encarcelado arbitrariamente y golpeado, tras la detención, el último 1 de agosto en una comisaría de la provincia de Salta.
Sobre el particular Reporteros sin Fronteras precisó que Illanes ha declarado que, en compañía de otros periodistas, se presentó en un centro de detención que acoge a un centenar de menores. Quería hablar con la dirección del establecimiento acerca de un motín que tuvo lugar la víspera. Mientras los niños y adolescentes internados le contaban, desde sus celdas, los malos tratos que aseguran sufrir, tres policías de civil, llegados al lugar en un vehículo sin placas de matrícula, le empujaron y golpearon brutalmente. Después pusieron al periodista entre rejas, antes de darle una paliza lejos de las miradas de los demás.
Desde el exterior, sus colegas escucharon los gritos de socorro y consiguieron, hora y media más tarde, que saliera en libertad. Illanes, herido en varias partes del cuerpo, presentó una denuncia por agresión.
Sumado a este hecho, el 31 de julio, Alfredo Silletta, periodista de investigación independiente, así como su familia, fueron amenazados de muerte por el cura Carlos Miguel Buela, fundador de la orden religiosa de extrema derecha "Verbo encarnado", después de que publicara una obra sobre la influencia de ese tipo de movimientos en la Iglesia católica. La víspera, el periodista habló del asunto con el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, presidente del episcopado argentino.
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URUGUAY
ARTICLE 19 INSTA AL SENADO PARA APROBACIÓN DE LEY DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA
Article 19 hizo un llamado respetuoso para que el Senado de Uruguay apruebe el Proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria en todos los términos ya aprobados por la Cámara de Representantes en junio.
"La falta de un marco legal apropiado para la radio y TV comunitaria en Uruguay y en otras partes de la región constituye una fuerte injusticia. Como resultado de este resquicio legal, los servicios de radio y TV comunitaria son rutinariamente amenazados y atacados y son víctimas de abusos de poder, mientras las comunidades que ellos sirven son privadas de información y medios esenciales de comunicación", dijo Agnés Callamard, Directora Ejecutiva de Article 19.
El último 5 de junio, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó por amplia mayoría (49 votos de 59 presentes), un proyecto de ley que regula y reconoce la existencia de un tercer sector en la radiodifusión: la radio y TV comunitaria, que será ofrecido por asociaciones civiles sin fines de lucro.
De ser aprobado por el Senado el proyecto de Ley, el Estado Uruguayo estaría atendiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las obligaciones internacionales en la materia y también llegaría a ser el país líder en la región por la protección de la radiodifusión comunitaria, enviando así un mensaje positivo a los otros países en la región.
ARTICLE 19 INSTA AL SENADO PARA APROBACIÓN DE LEY DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA
Article 19 hizo un llamado respetuoso para que el Senado de Uruguay apruebe el Proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria en todos los términos ya aprobados por la Cámara de Representantes en junio.
"La falta de un marco legal apropiado para la radio y TV comunitaria en Uruguay y en otras partes de la región constituye una fuerte injusticia. Como resultado de este resquicio legal, los servicios de radio y TV comunitaria son rutinariamente amenazados y atacados y son víctimas de abusos de poder, mientras las comunidades que ellos sirven son privadas de información y medios esenciales de comunicación", dijo Agnés Callamard, Directora Ejecutiva de Article 19.
El último 5 de junio, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó por amplia mayoría (49 votos de 59 presentes), un proyecto de ley que regula y reconoce la existencia de un tercer sector en la radiodifusión: la radio y TV comunitaria, que será ofrecido por asociaciones civiles sin fines de lucro.
De ser aprobado por el Senado el proyecto de Ley, el Estado Uruguayo estaría atendiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las obligaciones internacionales en la materia y también llegaría a ser el país líder en la región por la protección de la radiodifusión comunitaria, enviando así un mensaje positivo a los otros países en la región.
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VENEZUELA
NUEVA INJUSTICIA CONTRA REPORTEROS DE GLOBOVISIÓN
Un equipo de reporteros de Globovisión fue obligado por las autoridades de Casa Militar a borrar el material fílmico registrado. Los periodistas habían captado imágenes de la instalación del tercer gabinete móvil Explosión del Poder Comunal, en el Teatro Teresa Carreño, según denunció la reportera Gabriela Matute.
Matute aclaró que las grabaciones corresponden a los ensayos que se realizaban a la espera de la llegada del presidente Hugo Chávez. Se habían registrado las opiniones de algunos voceros de los Consejos Comunales. Según los efectivos militares, no se pueden grabar los ensayos y por lo contrario deben esperar a que comience el acto.
NUEVA INJUSTICIA CONTRA REPORTEROS DE GLOBOVISIÓN
Un equipo de reporteros de Globovisión fue obligado por las autoridades de Casa Militar a borrar el material fílmico registrado. Los periodistas habían captado imágenes de la instalación del tercer gabinete móvil Explosión del Poder Comunal, en el Teatro Teresa Carreño, según denunció la reportera Gabriela Matute.
Matute aclaró que las grabaciones corresponden a los ensayos que se realizaban a la espera de la llegada del presidente Hugo Chávez. Se habían registrado las opiniones de algunos voceros de los Consejos Comunales. Según los efectivos militares, no se pueden grabar los ensayos y por lo contrario deben esperar a que comience el acto.
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TSJ PROHÍBE A PERIÓDICOS PUBLICAR IMÁGENES DE HECHOS DE SANGRE
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó, el 20 de julio, a dos diarios del interior del país (El Progreso y El Luchador) no difundir, de forma temporal, imágenes de sucesos sangrientos. Este fallo fue respaldado por el ministro de Comunicación, Willian Lara.
Éste dijo que "tener un periódico no da derecho a vulnerar la conciencia colectiva, la dignidad de la gente, como ocurre con la publicación de fotos sangrientas en primera y última página".
Además, comentó a la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), que aunque es "necesario informar de los sucesos", no lo es "mostrar el cadáver, mucho menos de manera tan morbosa como tener en primera plana la herida, la sangre, los órganos abiertos de la persona".
El máximo tribunal tomó esta decisión por solicitud del abogado privado, Gilberto Rua, que presentó el 30 de mayo pasado una demanda de "protección de intereses difusos y colectivos" por las fotografías de accidentes y asesinatos mostradas en ambos periódicos regionales. Éste alegó que la difusión de imágenes sangrientas busca "provocar pánico en mi persona y en el conglomerado".
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó, el 20 de julio, a dos diarios del interior del país (El Progreso y El Luchador) no difundir, de forma temporal, imágenes de sucesos sangrientos. Este fallo fue respaldado por el ministro de Comunicación, Willian Lara.
Éste dijo que "tener un periódico no da derecho a vulnerar la conciencia colectiva, la dignidad de la gente, como ocurre con la publicación de fotos sangrientas en primera y última página".
Además, comentó a la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), que aunque es "necesario informar de los sucesos", no lo es "mostrar el cadáver, mucho menos de manera tan morbosa como tener en primera plana la herida, la sangre, los órganos abiertos de la persona".
El máximo tribunal tomó esta decisión por solicitud del abogado privado, Gilberto Rua, que presentó el 30 de mayo pasado una demanda de "protección de intereses difusos y colectivos" por las fotografías de accidentes y asesinatos mostradas en ambos periódicos regionales. Éste alegó que la difusión de imágenes sangrientas busca "provocar pánico en mi persona y en el conglomerado".
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Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; web: www.felatracs.org o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
Para mayor información agradeceremos contactarnos vía e-mail: felatracs@felatracs.org; web: www.felatracs.org o a los teléfonos: (51 1) 4270687, fax (51 1) 4278493
